Víctor Daniel Ruiz Santiago

Expediente 851/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
851/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2017

Partes del expediente

  • Víctor Daniel Ruiz Santiago
  • Víctor Daniel Ruiz Santiago y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VI-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo para que el quejoso hiciera valer el recurso de queja en contra del acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Como se desechó de plano la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se precisa que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo citado. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de fenecido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Daniel Ruiz Santiago. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 851/2017. Desechamiento. Este órgano jurisdiccional advierte que la demanda de cuenta debe desecharse. La razón esencial, porque respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de inicio de cinco de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 182/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Nochixtlán, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. En principio, resulta oportuno transcribir los preceptos normativos que relacionados originan la causa de improcedencia referida. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación de los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso consienta tácitamente el acto reclamado, lo que sucede cuando no promueve el juicio de amparo dentro del plazo establecido en el numeral 17 de la ley de la materia. El quejoso Víctor Daniel Ruiz Santiago, reclama esencialmente el auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 182/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Nochixtlán, Oaxaca, del cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad haber quedado notificado el pasado treinta y uno de julio, notificación que surtió efectos al día siguiente en términos del numeral 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca -legislación que rige el acto reclamado-; de modo que los quince días con que contaba para instar la acción constitucional transcurrieron del dos al veintidós de agosto de dos mil diecisiete; sin embargo, no lo hizo, el quejoso prefirió esperar hasta el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete para presentar su demanda en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, como si desconociera la regla general establecida en el artículo 17 de la Ley de Amparo. El citado numeral es claro, el amparo indirecto debe promoverse dentro de los quince días. La forma de computar el plazo la establece el diverso precepto 18 del mismo cuerpo normativo, será a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. El quejoso es reiterativo en su escrito de demanda al mencionar que el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete que reclama se le notificó el treinta y uno siguiente; entonces, tal notificación, como ya se dijo, surtió efectos el día hábil siguiente que lo fue el pasado uno de agosto, de ahí que el plazo de quince días transcurrió como se ilustra a continuación: (...) De lo anterior se advierte que el quejoso tuvo hasta el veintidós de agosto del dos mil diecisiete para promover el juicio de amparo, no obstante fue hasta el veinticuatro de agosto del actual, en que presentó su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito; por lo que, evidentemente había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo aplicable; por ende, la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, con lo que se concluye que el quejoso consintió tácitamente el acto que ahora reclama. En mérito de lo anterior, de plano se desecha la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, dado no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia por contradicción de tesis, bajo el número de registro P/J27/96, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en la página 57, Novena Época, Tomo II, junio de 1996, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". No pasa inadvertido que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece supuestos de excepción a la regla general de que el amparo debe promoverse dentro de los quince días; sin embargo, el caso a estudio no encuadra en ninguno de los cuatro supuestos de excepción; lo anterior, porque en esta instancia no se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición -treinta días-; tampoco se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal -hasta ocho años-; no se trata de actos que puedan tener por objeto privar al quejoso de la propiedad o posesión de derechos agrarios del quejoso, ni este es un núcleo de población -siete años-; y mucho menos el acto reclamado implica peligro a la vida del quejoso, ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo -cualquier tiempo-. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas únicamente para tal efecto a las personas que ahí señala. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.

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