Víctor Arias Velásquez

Expediente 673/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
673/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2015

Partes del expediente

  • Víctor Arias Velásquez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de junio de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de dieciocho de mayo de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por por Víctor Hugo Arias Velásquez, se hizo correctamente al promovente por lista de acuerdos el veintidós de mayo de este año, notificación que surtió efectos el veinticinco siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, transcurrió del veintiséis de mayo al uno de junio de dos mil quince; descontándose los días treinta y treinta y uno de mayo de este año, por ser inhábiles con fundamento en el artículo 19 de la ley de la materia; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo se desechó la demanda respecto de todos los actos reclamados, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de CINCO AÑOS contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de mayo del dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Arias Velásquez, contra actos de los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 673/2015; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, oficiosamente se emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los preceptos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente por ser de orden público. Artículos que en lo que interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la existencia de dos criterios para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio de imposible reparación. El primero, considerado como regla general, consiste en que los actos procesales tienen una ejecución de este tipo, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse ni aún obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. El segundo criterio, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales, por excepción, tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior se sustenta en la tesis de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Todo ello se establece también en el referido precepto legal, donde el legislador estableció tales supuestos de procedencia para ejercer la acción constitucional denominada juicio de amparo. En el caso, el quejoso reclama el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil quince, dictado en el toca civil 85/2015, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso, en el que no le fueron admitidas las pruebas documentales. Al respecto, a criterio de este órgano, esa determinación no afecta derechos sustantivos públicos del agraviado, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, cuenta habida aún no se hacen efectivos los apercibimientos ahí decretados; de tal suerte que, de hacer efectivos los apercibimientos y si la resolución que se dicte trascienden al resultado del fallo que se pronuncie al resolver el asunto y si éste es desfavorable a los intereses de la parte agraviada, éste puede reclamarlas en el amparo que, en su caso, promueva contra la resolución definitiva que sobre ese aspecto se llegue a dictar en el toca civil 85/2015, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, de serle adversa; en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; de no hacerlo así, se permitiría el abuso del juicio de amparo y la multiplicación innecesaria de los asuntos, en detrimento de la impartición de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo expuesto, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada y por consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Arias Velásquez, contra actos de los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Apoya a lo anterior por que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia bajo el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Sin que lo anteriormente expuesto, atente contra el derecho humano relativo al acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo y legalidad, pues éste no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales. En esa virtud, se considera que es aplicable al caso el numeral 113 de la Ley de Amparo, pues con ello no se ve limitada la defensa de los peticionarios. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raymundo García Zavaleta, quien cuenta con cédula profesional registrada con el número 2390452, en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, por así autorizarlo expresamente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Elizabeth Mena Becerril, que autoriza y da fe. (Se notifico por lista con fundamneto en el artículo 27, fraccion I, inciso c) de la Ley de amparo.)

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