Víctor Daniel Gallardo Cuanalo
Expediente 457/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Víctor Daniel Gallardo Cuanalo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otro, lado visto el estado procesal se advierte que el treinta de octubre del presente año se dictó sentencia en el presente asunto en el que se negó el amparo y protección federal a la parte quejosa; sin embargo, se omitió ordenar notificar dicha resolución al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Zona Norte encargado de la causa penal 64/2018 y a la moral ***, que aparece como víctima dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 37-2017-0019333, la cual dio origen a la causa penal 64/2018; por tanto, se ordena notificar la sentencia de mérito, a la primera por medio de oficio y por su conducto notifique la moral señalada como víctima, a fin de que se impongan de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica y por oficio al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Zona Norte encargado de la causa penal ******************** Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, LA CUAL A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil veintitrés. V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 457/2023-III, promovido por V***********, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, el quejoso ***********, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, de quien reclamó lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la responsable, se reclama el inconstitucional auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal ******, dictado en contra del suscrito, en fecha 7 de abril de 2023, por el delito de ROBO CALIFICADO." SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa consideró transgredidos los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. De la tramitación del juicio constitucional. Mediante auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 457/2023-III, se pidió a la autoridad señaladas como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se llevó a cabo el emplazamiento de la tercero interesada por conducto de su representante legal y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en la fecha señalada para tal efecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama: El auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Control responsable, en audiencia celebrada el siete de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 64/2018. TERCERO. De la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso, de siete de abril de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ******, en contra del aquí quejoso, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). De igual manera, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Del análisis de las causas de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio oficioso. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad del del auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control responsable en contra del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal 64/2018. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: 1. El dos de abril de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la orden de aprehensión ejecutada al hoy quejoso, librada previamente en la causa penal de origen, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal 64/2018 del índice de la responsable. 2. En esa tesitura, el licenciado Jorge Enrique González Rodríguez, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, aperturó dicha audiencia y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos el Representante Social licenciado Juan Carlos García Remigio, así mismo la defensora particular del imputado licenciada Arain Patricia Ramírez González, designada previamente por el imputado, profesionistas anteriores que fueron debidamente identificados ante la responsable, mostrando ante ella las cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, siendo exhibida por la defensora particular, copia certificada de dicho documento, con número de registro de la S.E.P. 5462814, cédula registrada ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua con número de registro 1302339. (Minuto 01:06). 3. Acto seguido, la responsable cuestionó al imputado Víctor Daniel Gallardo Cuanalo, si desea que sus datos permanezcan protegidos, manifestó que sí, y si tenía conocimiento de sus derechos, a lo que manifestó que sí. Así mismo preguntó si desea nombrar como defensora particular a la licenciada Arain Patricia Ramírez González, manifestando el imputado que sí es su deseo; en el mismo acto la profesionista en comento acepta y protesta el cargo conferido. (Minuto 01:57). 4. Posteriormente, previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a Victor Daniel Gallardo Cuanalo, haciéndole saber los hechos por los cuales se sigue una investigación en su contra, indicándole lo siguiente: (minuto 02:48). 4.1 Que el día cuatro de junio del año dos mil diecisiete Víctor Manuel Gallardo Cuanalo, en compañía de diverso masculino menor de edad Jesús M.G.F., entre otros, se reunieron con el también imputado, Jonathan Alexis Sanderovichi Meza, en el domicilio ubicado en calle Ejido Robinson número 182-1, de la Colonia el Papalote, en el que concertaron el robo a la negociación denominada Little Cesar Pizza, propiedad de la moral operaciones Littce, S.A. DE CV., está ubicada en calle Puerto Dunquerque número 1321 cruce con calle Puerto de Palos de la colonia Tierra Nueva y/o Valles de América, de esta ciudad, donde Víctor Manuel Gallardo Cuanalo, se desempeñaba como encargado de la sucursal y el día cinco de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las ocho de la mañana, Jonathan Alexis Sanderovichi Meza, en compañía de un menor se constituyeron en el domicilio y con ayuda de la menor de iniciales J.M.G.F, les facilitó la entrada y por medio de la violencia física y moral utilizando armas blancas consistentes en cuchillos al privar de la libertad a Luis Karin Gallegos López, y al menor Omar V.M., encerrándolos en el cuarto frío de dicha negociación, donde Víctor Manuel Gallardo Cuanalo, haciéndose pasar como víctima les entregara dinero producto de las ventas del día anterior, por lo que lograron apoderarse con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, de la cantidad de $171,250.00 (ciento setenta y un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), así como $133.00 (ciento treinta y tres dólares 00/100 moneda americana), esto propiedad de la moral víctima para ser posteriormente detenidos por Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. (minuto 05:09). Hechos que el agente del Ministerio Público consideró constituyen el delito de robo calificado, este previsto en el 208, fracción III, en relación con el artículo 211 fracción VI y 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, consumados de manera instantánea y permanente, a título de dolo, en calidad de coautor, en términos de los artículos 17 fracción I, 18 fracción I y 21 Fracción III del Código Penal, así como el delito de secuestro exprés, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, inciso d), en relación con el 10 fracción I, incisos b), c) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, este último en perjuicio de Luis Karim Gallegos López y el menor de edad Omar V.M., y se le informa de las personas que deponen en su contra, que son, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Rosa Rivera Rodríguez, Cándido Rojas Pérez, Juan Carlos Bárcenas Aragonés y Jorge Mondragón Robles, Marco Antonio Ramírez Reyes, en su calidad de representante legal de la moral operaciones Littce, S.A. DE CV., los testigos Luis Karin Gallegos López, y el testigo menor de edad Omar V.M., la testigo Maura Daniela Galaviz Tovar, la testigo Blanca Jimena Maldonado Parral, así como el testigo menor de edad Jesús Martín G.F. (minuto 08:51). 5. Posteriormente, el Juez natural preguntó al imputado si comprendió los hechos motivo de la imputación, a lo cual respondió que sí, (minuto 8:59), acto seguido, le obsequió oportunidad para declarar, quien se reservó su derecho a hacerlo, posteriormente, otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó vincular a proceso al aquí quejoso, por lo que la responsable le dio oportunidad de que narrara los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación a fin de cuestionar al imputado respecto cuándo era su deseo resolver su situación jurídica. (minuto 10:47) 6. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. 7. Se preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual, una vez consultado con su defensora particular, indicó que solicita la duplicidad del término constitucional, para lo cual se señalaron las once horas del siete de abril de dos mil veintitrés para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. (min 23:58 segunda parte). 8. Una vez lo anterior, el Agente del Ministerio Publico, solicito la imposición de medidas cautelares, una vez escuchado a las partes, el Juez de Control resuelve imponer la medida cautelar de prisión preventiva prevista por el artículo 155 Fracción XIV, del Código Nacional de procedimientos Penales, por un plazo que no deberá exceder de doce meses. (minuto 29:20 segunda parte). 9. Así, en fecha siete de abril de dos mil veintitrés, en audiencia señalada para efecto de resolver la situación jurídica del imputado hoy quejoso, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Víctor Daniel Gallardo Cuanalo, por el delito de Robo Calificado. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad del auto de vinculación a proceso. Así, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal 64/2018, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes: a. Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. b. Precisión del delito que se imputa. c. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. La ley señale como delito a ese hecho. Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, es decir, el doctrinalmente denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés, el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso, por su probable participación en la comisión del ilícito de Robo con penalidad agravada, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción III, 211 fracción III y VI y 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de profesional licenciada en derecho, la cual se identificó con copia certificada de su cedula profesional, se le dieron a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, concretamente el delito de robo con penalidad agravada, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción III, 211 fracción III y VI y 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen: "Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, se le impondrá: lII. Cuando exceda de mil veces, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Para estimar la cuantía del robo se atenderá al valor comercial de la cosa robada, al momento del apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En los casos de tentativa de robo, cuando no fuera posible determinar el monto, la pena será de seis meses a dos años de prisión. Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de uno a tres años, cuando el robo: (.) Ill. Se cometa quebrantando la fe o seguridad existente entre el sujeto activo y su víctima, en virtud de vínculos de trabajo, hospitalidad, servicio, vecindad o enseñanza, habidos entre ellos. Vl. Se cometa con la intervención de dos o más personas. (.) Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo: (.) II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. (.)" En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Por su parte, la defensora particular del hoy quejoso, ofertó los medios de prueba, consistentes en reporte de hechos al 911 por persona desconocida, serie de quince videos aportados por el agente del Ministerio Público en la audiencia de formulación de imputación, y oficio de actuación realizado por la agente del Ministerio Público Marisela Esmeralda Argüello Carrillo, adscrita a la Unidad Especializada en delitos de robo, de veinticinco de agosto. (minuto 03:35) Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, así como los datos ofertados por la defensora particular y que fueron desahogados en dicha audiencia y tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes: 1. Acta de aviso realizada por los agentes policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes refirieron que el cinco de junio del año dos mil diecisiete, después de recibir un reporte donde se apreciaba un robo a la negociación de Little Cesars, ubicada en cruce de la calle puerto Dunquerque y Puerto de Palos de la colonia Tierra Nueva, acudieron al mismo arribando a las nueve horas con veinte minutos donde observaron a dos masculinos, uno con unos costales, el segundo vestía pantalón de mezclilla color negro, tenis rojos, y en el hombro llevaba una mochila azul con negro, que al advertir la presencia de los agentes regresan al negocio y dejan las pertenencias, que al acercarse al negocio la puerta estaba cerrada y que por los vidrios pudieron observar a una mujer con playera verde, pantalón beige quien por comandos de voz ésta les abrió; preguntándole a la cajera qué estaba sucediendo, identificándose como Gabriela Falcón, quien estaba nerviosa, que le dijeron o le advirtieron la presencia de dos masculinos quienes habían ingresado previamente, diciendo esta que no, por lo que ingresan al local haciendo una búsqueda y encontraron en el baño un masculino con pantalón de mezclilla azul, playera gris, con la cara tapada con una coipa color negro, quien tiró al piso para asegurarlo, identificándose éste como Jonathan, luego en el cuarto frío esta otro masculino con tenis rojos y bonete con la leyenda San Francisco color rojo, así como advirtieron la presencia de un cuchillo de catorce pulgadas aproximadamente con mango de madera y cinta adhesiva color negra, este fue asegurado a Jesús Martín, quien también se tiró al piso y que tirado en el piso estaba un cuchillo de seis pulgadas con cinta adhesiva color negra, luego escondieron en el pasillo con un informe del negocio esta otra persona quien responde al nombre de Víctor, quien era encargado del lugar, revisando los costales, encontrando cuatro mil seiscientos pesos monedas de un peso, mil trescientos en monedas de dos, tres de diez y treinta y cuatro de cinco, que esta la traía Jonathan; luego en cuanto hace a la mochila tipo mezclilla, negra color azul, está la traía Jesús Martín, ciento cincuenta billetes de 500, trescientos doce de 200, ciento noventa y uno de 100, ciento tres e 50, ciento diez de 20, cinco de 10 dólares 9 de cinco dólares y treinta y ocho de 1 dólar. 2. Entrevista por parte de los agentes preventivos a Víctor y Gabriela quienes dicen que los habían amagado con cuchillo al ingresar al negocio, que esto con motivo de robar las ventas del día anterior, y que sería éste recogido en su momento por un transporte de valores, que en ese momento Jonathan señaló a Víctor y Gaby, que refiriendo que entre los cuatro habían planeado todo, que él es un ex trabajador del negocio y que también Jesús trabajaba ahí, pero había pedido su día de descanso, asegurando a todas estas personas, determinándoles formal detención y asegurando los agentes un bonete lacort, dos cuchillos, así como el dinero que se encontraba en las mochilas y costales; luego entrevistaron a Jonathan, hicieron una inspección del lugar, inspección de personas y respectivas actas de aseguramiento de los objetos ya multicitados. 3. Denuncia presentada por el representante legal de la moral víctima Operaciones Litce, S.A. de C.V, Marco Antonio Ramírez Reyes, quien manifestó que el día en cuestión a las once de la mañana le fue informado que en la sucursal de Puerto de Palos está ubicada en puerto Dunquerque 1321, se había suscitado un asalto, se entrevistó con Omar Valdivia y Luis Carin, quienes les informaron lo sucedido el día cinco de junio del año dos mil diecisiete, como habían ingresado ciertas personas quienes con unos cuchillos los amagaron en el cuello para después ingresarlos al cuarto frío y que se habían robado las ventas del día. Que posteriormente refieren como es que llegaron los agentes de la secretaría de seguridad pública municipal y dieron detención a estas personas; refiriendo el propio representante de la moral que la cantidad robada era la cantidad de $194,832.70 pesos, esto a partir del corte de caja, una vez que le fuera restado las ganancias o activos, esto con motivo de los pagos con tarjeta de crédito y débito y que únicamente se tomó a consideración el efectivo. 4. Declaración ministerial por parte de Luis Carín Gallegos López, quien ante sede ministerial manifestó que el cinco de junio del año dos mil diecisiete estaba trabajando en la sucursal de Little Cesars ya citada, que primero llegaron él y luego Daniel Gallardo y luego Omar Valdivia y luego Gabriela Falcón que cuando llegó ésta le pidió permiso al encargado quien era Daniel Gallardo para ir al Del Río, que salió y luego regresó como siete minutos después y cuando regresó Gabriela le fue a abrir la puerta y cuando la abrió justo del lado de ella venían dos hombres quienes se metieron a la sucursal, cada uno de ellos portando un cuchillo, uno de ellos vistiendo pantalón negro, camisa gris y una prenda en la cabeza que le cubría el rostro, pero con los ojos descubiertos y el otro pantalón negro, chaqueta negra, quien tenía completamente cubierto el rostro, que uno de ellos el que tiene los ojos descubiertos lo tomó del hombro y le apunto con el cuchillo en el cuello y lo llevó hasta el cuarto frío donde lo ingresó, ahí metieron a Daniel a Omar y a Gabriela, después entro al cuarto frío a quien reconoció como Jonathan, quien antes trabajaba en la pizzería, después entraron unos policías quienes los detuvieron a Jonathan y a Jesús Martín Gómez. 5. Declaración en sede Ministerial por parte de entonces menor de edad Omar Valdivia Montañez, quien en compañía de su madre, manifestó también ser empleado de Little Cesars, quien se desempeña como cocinero, que el cinco de junio del dos mil diecisiete, llegó y estaba el encargado Daniel Gallardo así como Luis Carin Gallegos López, que luego llegó Gabriela Falcón y que esta le pidió permiso al encargado de ir al Del Rio, que después se regresó y su compañero Carin le abrió la puerta y se dio cuenta que ya a Carin le apuntaban con un cuchillo. Que también después vio que a Gabriela también la llevaba otra persona con otro cuchillo y los metieron a ambos en el cuarto frío, luego que uno de ellos, de los agresores tomó a Daniel y lo estampó en una mesa junto al horno donde estaba y le apuntó con un cuchillo después lo observo a él, y lo metió al cuarto frío que ya estaban ahí sus compañeros, Gabriela y Carin, que uno de ellos vestía pantalón negro y camisa gris, tenía cubierto el rostro con una tela de color negro, pero con los ojos destapados y el otro traía una chamarra negra y un pantalón negro con todo el rostro cubierto con un bonete también color negro, que luego en el cuarto frío también ingresaron a Daniel, que éste iba golpeado del lado derecho de su cara y traía marcado el costado derecho como si le hubieran dado una patada. Luego estando todos ahí adentro pasaron como cuatro minutos, regresó el sujeto con los ojos destapados diciéndole a Daniel que había una mujer al exterior, para que le dijera que todo estaba bien, pero luego la pensó y dijo que fuera otro de ellos, siendo que fue el declarante y le dijera que todo estaba ocurriendo con normalidad; que luego uno de los que andaban con los cuchillos logró advertir que era Jonathan Sanderovich ya que se descubrió el rostro y era el que traía los ojos destapados en todo momento, que se metió al baño y decía que había llegado la policía, en eso Gaby salió a decirles, pero les abrió la puerta y los policías ingresaron; y ya una vez que los policías los tenía a todos en el lobby observó que ya todos tenía los rostros descubiertos y advirtió u observó que el otro era Jesús Martín Gómez Favela, quien también es empleado de la pizzería pero que ese día no había ido a trabajar, y también vio que en el piso del lobby había una mochila las cuales los policías tomaron cuando le dijeron que esperara diversas actuaciones. 6. Reporte de ventas, así como los faltantes de efectivo, del día cinco de junio del año dos mil diecisiete, por parte de Maura Daniela Galaviz Tovar, quien refirió trabajar para la empresa denominada corporativo Littce S.A. DE C.V., y lo presenta con motivo de los hechos acaecidos el día de referencia. 7. manifestación de Blanca Jimena Maldonado Parral, quien realizó un análisis contable de afectación del patrimonio, estableciendo a través de su metodología un faltante en efectivo de $194,832.70 (ciento noventa y cuatro mil ochocientos treinta y dos pesos moneda nacional). Asimismo presentaron un reporte de ventas un recibo del fondo morral, así como el arqueo diario con motivo de la empresa la cual también para la cual trabaja, que el Little S.A. de C.V. 8. Declaración en sede ministerial por parte del joven Jesús Martín Gómez Favela, quien en compañía de su madre así como haber designado como defensor al licenciado Ortega y hecho saber de sus derechos manifestó lo siguiente: Que fue detenido por los agentes de la secretaría de Seguridad Pública Municipal, el cinco de junio del dos mil diecisiete, aproximadamente a las ocho treinta de la mañana en la negociación Little Cesars, ubicada en calle Puerto Dunquerque y Puerto de Palos, él trabajaba en dicha pizzería, que una semana antes de que sucedieran los hechos Daniel Gallardo quien era encargado de la administración le preguntó que si quería participar en un asalto del negocio, quien le dijo que no iba a pasar nada ya que todos estaban de acuerdo. Luego que el domingo cuatro de junio del dos mil diecisiete se encontraba trabajando cuando llego Daniel y le dijo que si saliendo podían ir a tomar a casa de otro amigo, que por la tarde llegaron a dicha casa que está ubicada en la colonia Papalote, llegó quien dijo llamarse Jonathan Sanderovich, les dijo que había trabajado también en las pizzas, que esta reunión se encontraba Jonathan Sanderovich, Omar Valdivia, Daniel Gallardo y el declarante, también otro chavo que le dicen Solís, y es que Jonathan Alexis Sanderovich les empezó a decir cómo iban a estar las cosas, inclusive amenazó a Omar Valdivia para que no fuera a decir nada, que el robo iba a ser de la siguiente manera: al día siguiente el día lunes a las ocho de la mañana Gaby Falcón quien también trabajaba en Little Caesar's como cajera le iba a pedir a Daniel Gallardo permiso para ir al Del Rio como a las ocho de la mañana y que iba a regresar minutos después cuando iban a mandar a Luis Carin Gallegos para que abriera la puerta. Que atrás de Gaby iban a entrar Sanderovich y que iba a tomar del cuello a Luis Carin y que lo iba a meter al cuarto frío en lo que cerraba la puerta principal, que después de que se metieran al cuarto los iban a acorralar con carritos para que no se pudieran salir, que Daniel Gallardo iba en ese momento a abrir la bóveda y sacar el dinero ya que era el único que tenía clave y lo iba a acomodar en una mesa para donde estaba haciendo el corte, que también le dijo Sanderovich que le iba a pegar a Daniel Gallardo como simulando para que le diera el dinero y que después iban a salir de las pizzas, que en cinco minutos tenían que hacer todo eso. El cinco de junio del dos mil diecisiete en la mañana lo despertó su hermano para decirle que estaba fuera un vehículo donde lo esperaba ya Sanderovich pidiéndole que tornara unas pistolas diciéndole que no tenía y que por lo tanto tomara unos cuchillos que también algo con que taparnos por lo que ingresó a su casa, saco dos cuchillos y bonetes subiéndose a la camioneta donde ya iba Solís quien iba manejando y Sanderovich, que llegaron al Del Rio esto ubicado en Puerto de Palos parándose detrás del mismo esperando a que Gabriela saliera y cuando esto sucedió Jonathan abrió la puerta de la camioneta y le dijo que ya fueran al local, que él tomó los dos cuchillos y se llevó la capucha siguiéndole diciéndole atrás de él, cuándo llegaron al Little Caesar's en lo que Gabriela abría la puerta se le pegaron a la cortina metálica y es donde Sanderovich le paso un cuchillo y se puso la capucha le llegó y le abrieron a Gabriela que una vez adentro la empujo para adentro y tomo a Luis Carin Gallegos y se lo llevó al cuarto helado junto con Omar Valdivia que el inclusive tomo a Gabriela del hombro y se la llevó también al cuarto frío donde Jonathan la mando cuidar a los empleados, que ahí estuvo con ellos hasta que entró Sanderovich dijo que ya estuvo, y luego en ese momento una mujer parada en la puerta, que después escuchó a Jonathan diciéndole que ya había valido todo que había llegado la policía observando a Jonathan muy desesperado y mandó a Gabriela para que les dijera a los policías que todo estaba bien, que luego empezó a correr desesperado y se metió al baño, que le abriera la puerta a los agentes y que en eso cuando ingresan los agentes y Jonathan Sanderovich salió del mismo del cuarto y lo arrestaron que estuvo ahí parado y cuando Sanderovich entraron otros por él al cuarto frío tomándolo tirándolo al suelo y golpeándolo en la cara. 9. Informe pericial de seis de junio de dos mil diecisiete, elaborado por el perito Alfredo Cavazos Meléndez, adscrito a la unidad de servicios periciales y ciencias forenses de la fiscalía Zona Norte, en el área de avalúos, que consta de una serie fotográfica a los cuchillos de referencia, costales y bonetes con que cubrían sus rostros y una mochila color azul. 10. Diverso informe pericial, de seis de junio de dos mil diecisiete, elaborado por el perito de referencia Alfredo Cavazos Meléndez, consistente en 24 fotografías tomadas al numerario asegurado. 11. Acta de aseguramiento de seis de junio de dos mil diecisiete, por parte del agente investigador Mario Rubén González García, de una memoria USB, con grabaciones de seguridad del lugar y del día de los hechos. 12. Copia certificada de la carpeta de investigación bajo número 19334/2017, del índice de la Unidad especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, respecto a la detención de Jesús Martín Gómez Favela y Gabriela Falcón González, derivada de los hechos multicitados. Una vez narrados los antecedentes de investigación, el Juez de control informó al imputado acerca del término para resolver su situación jurídica, éste, una vez consultado con su defensora, solicitó la duplicidad del término constitucional, solicitando las 144 horas establecidas en el artículo 19 Constitucional para tal efecto, por lo cual se señalaron las once horas del siete de abril de dos mil veintitrés para la audiencia de vinculación a proceso. En la audiencia de vinculación a proceso, de siete de abril de dos mil veintitrés, una vez cerciorado el Juez de Control de la presencia de las partes, se encontró presente en la sala quien manifestó ser el licenciado Mario Alberto Espinoza Simental, profesionista que cuenta con número de cédula profesional con registro de la S.E.P. 993118, y en el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua con número 1302225, quien en ese mismo momento fue nombrado defensor particular por parte del imputado, profesionista que aceptó y protestó el cargo conferido. Concedido el uso de la voz a la defensa, se ofertaron los siguientes medios de prueba: Reporte de hechos al 911 por persona desconocida. Serie de quince videos aportados por el agente del Ministerio Público en la audiencia de formulación de imputación, consistentes en el lugar y día de los hechos materia de la causa penal de origen. Oficio de actuación realizado por la agente del Ministerio Público Marisela Esmeralda Argüello Carrillo, adscrita a la Unidad Especializada en delitos de robo, de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Enseguida, la defensora hizo las manifestaciones conducentes respecto de los datos emanados de la llamada al número de emergencia 911, desde un teléfono anónimo; se reprodujeron los videos contenidos en la memoria USB presentada por la representación social, que consisten en videos de seguridad dentro de la negociación víctima, así como lo conducente al oficio por parte de la agente del Ministerio Público Marisela Esmeralda Argüello Carrillo, adscrita a la Unidad Especializada en delitos de robo, por lo que hace al actuar de los agentes preventivos al atender la llamada de emergencia que trajo como consecuencia la detención del imputado así como de diversos sujetos activos el día de los hechos. Siendo dichos medios de convicción, la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por la defensa. Por su parte, el agente del Ministerio Público solicitó se tuvieran por reproducidos los antecedentes de investigación narrados en la audiencia de formulación de imputación, con los cuales fundamenta su solicitud de vinculación a proceso, por lo que, al no haber manifestación en contra, el Juez de Control los tuvo por reproducidos en esa audiencia, acto seguido, el representante social argumentó su solicitud de vinculación a proceso ante el Juez de Control en presencia del imputado acompañado de sus defensores particulares previamente nombrados. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es: El esclarecimiento de los hechos; Proteger al inocente; Procurar que el culpable no quede impune; y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía y de las pruebas ofrecidas y desahogadas en la audiencia de vinculación a proceso por parte de la defensa, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, esta Resolutora Federal considera que el auto de vinculación a proceso emitido el siete de abril de dos mil veintitrés, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, pues se advierte que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados y el desahogo de la prueba testimonial, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 356. Libertad probatoria Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código." "Artículo 359. Valoración de la prueba El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado." Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que la condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316 del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como robo calificado, imputado al hoy quejoso Víctor Daniel Gallardo Cuanalo, así como la probable participación de éste en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado que de manera probable el quejoso lo cometió, desplegando la conducta típica y antijurídica que se le reprocha. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por el agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, entre ellos el acta de aviso realizada por los agentes policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes dieron cuenta de lo sucedido el día de los hechos, asimismo, con la entrevista realizada por dichos agentes al imputado Víctor y a Gabriela, de las cuales advirtió que ese día quienes dicen que los habían amagado con cuchillo al ingresar al negocio con motivo de robar las ventas del día anterior, y que sería éste recogido en su momento por un transporte de valores, que en ese momento Jonathan señaló a Víctor y Gaby, que entre los cuatro habían planeado todo, que él es un ex trabajador del negocio y que también Jesús trabajaba ahí, pero había pedido su día de descanso. De lo anterior se obtiene que los agentes de seguridad pública llevaron a cabo el aseguramiento de dichas personas, su formal detención y aseguraron un bonete lacort, dos cuchillos, así como el dinero que se encontraba en las mochilas y costales; luego entrevistaron a Jonathan, hicieron una inspección del lugar y de las personas, así como las respectivas actas de aseguramiento de los objetos ya multicitados. Actuación, a la que el juez de control concedió valor en términos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de ésta se advierte la intervención de los agentes con motivo de sus facultades y obligaciones como agentes preventivos del delito, a partir de la respuesta hacia un reporte o llamado de emergencia y que en su momento plasmaron la información y detalles de su intervención. Lo manifestado por los policías preventivos, encuentra concordancia con la denuncia presentada por el representante legal de la moral víctima Operaciones Littce, S.A. de C.V, esto es Marco Antonio Ramírez Reyes, quien manifestó que el día en cuestión a las once de la mañana le fue informado que en la sucursal de Puerto de Palos, ubicada en puerto Dunquerque 1321, se había suscitado un asalto, se entrevistó con Omar Valdivia y Luis Carin, quienes le informaron lo sucedido el día cinco de junio del año dos mil diecisiete, como habían ingresado ciertas personas quienes con unos cuchillos los amagaron en el cuello para después ingresarlos al cuarto frío y que se habían robado las ventas del día. Que posteriormente refieren como es que llegaron los agentes de la secretaría de seguridad pública municipal y dieron detención a estas personas; refiriendo el propio representante de la moral que la cantidad robada era la cantidad de $194,832.70 pesos, esto a partir del corte de caja, una vez que le fuera restado las ganancias o activos, esto con motivo de los pagos con tarjeta de crédito y débito y que únicamente se tomó a consideración el efectivo. Declaración a la que el Juez de Control otorgó valor pues fue presentada por quien demostró ser el representante legal de la moral afectada, que guarda congruencia con lo manifestado hasta este momento por los agentes policiacos en cuanto a cómo tuvo conocimiento de lo suscitado el día cinco de junio, ya que precisamente por las facultades que se desempeña como representante legal tuvo conocimiento de los mismos y por ende presentó la denuncia correspondiente ante el órgano técnico encargado de la investigación de los hechos delictuosos y presentó documentación idónea a efecto de poder establecer el dinero que refirieron los testigos, efectivo que se encontró en las mochilas que eran propiedad de la moral la cual representa. Lo anterior lo concatenó con lo manifestado por Luis Carín Gallegos López, quien ante sede ministerial, manifestó que el cinco de junio de dos mil diecisiete, estaba trabajando en la sucursal de Little Cesars, que primero llegaron él, luego Daniel Gallardo, en seguida Omar Valdivia y finalmente Gabriela Falcón, que cuando llegó Gabriela le pidió permiso al encargado quien era Daniel Gallardo para ir al Del Río, que salió y luego regresó como siete minutos después y cuando regresó Gabriela le fue a abrir la puerta y cuando la abrió justo del lado de ella venían dos hombres quienes se metieron a la sucursal, cada uno de ellos portando un cuchillo, uno de ellos vistiendo pantalón negro, camisa gris y una prenda en la cabeza que le cubría el rostro, pero con los ojos descubiertos y el otro pantalón negro, chaqueta negra, quien tenía completamente cubierto el rostro, que uno de ellos el que tiene los ojos descubiertos lo tomó del hombro y le apunto con el cuchillo en el cuello y lo llevó hasta el cuarto frío donde lo ingresó, ahí metieron a Daniel a Omar y a Gabriela, después entró al cuarto frío a quien reconoció como Jonathan, quien antes trabajaba en la pizzería, después entraron unos policías quienes los detuvieron a Jonathan y a Jesús Martín Gómez. Igualmente, el juez responsable tomó en consideración la declaración de Omar Valdivia Montañez, quien en compañía de su madre, manifestó ser empleado de Little Cesars, que se desempeñaba como cocinero, que el cinco de junio del dos mil diecisiete, llegó y estaba el encargado Daniel Gallardo así como Luis Carin Gallegos López, que luego llegó Gabriela Falcón y que ésta le pidió permiso al encargado de ir al Del Rio, que después se regresó y su compañero Carin le abrió la puerta y se dio cuenta que a Carin le apuntaban con un cuchillo. Asimismo, el declarante señaló que vio que a Gabriela también la llevaba otra persona con otro cuchillo y los metieron a ambos en el cuarto frío, luego que uno de ellos, de los agresores tomó a Daniel y lo estampó en una mesa junto al horno donde estaba y le apuntó con un cuchillo después lo observo a él, y lo metió al cuarto frío que ya estaban ahí sus compañeras, Gabriela y Carin, que uno de ellos vestía pantalón negro y camisa gris, tenía cubierto el rostro con una tela de color negro, pero con los ojos destapados y el otro traía una chamarra negra y un pantalón negro con todo el rostro cubierto con un bonete también color negro, que luego en el cuarto frío también ingresaron a Daniel, que éste iba golpeado del lado derecho de su cara y traía marcado el costado derecho como si le hubieran dado una patada. Luego estando todos ahí adentro pasaron como cuatro minutos, regresó el sujeto con los ojos destapados diciéndole a Daniel que había una mujer al exterior, para que le dijera que todo estaba bien, pero luego la pensó y dijo que fuera otro de ellos, siendo que fue el declarante y le dijera que todo estaba ocurriendo con normalidad; que luego uno de los que andaban con los cuchillos logró advertir que era Jonathan Sanderovich ya que se descubrió el rostro y era el que traía los ojos destapados en todo momento, que se metió al baño y decía que había llegado la policía, en eso Gaby salió a decirles, pero les abrió la puerta y los policías ingresaron; y ya una vez que los policías los tenía a todos en el lobby observó que ya todos tenía los rostros descubiertos y advirtió u observó que el otro era Jesús Martín Gómez Favela, quien también es empleado de la pizzería pero que ese día no había ido a trabajar, y también vio que en el piso del lobby había una mochila las cuales los policías tomaron cuando le dijeron que esperara diversas actuaciones. De igual manera tomó en cuenta las comparecencias consistentes en: Reporte de ventas, así como los faltantes de efectivo, del cinco de junio del año dos mil diecisiete, por parte de Maura Daniela Galaviz Tovar, quien refirió trabajar para la empresa denominada corporativo Littce S.A. DE C.V., y lo presenta con motivo de los hechos acaecidos el día de referencia. Análisis contable de afectación del patrimonio, presentado por Blanca Jimena Maldonado Parral, quien estableció a través de su metodología, un faltante en efectivo de $194,832.70 (ciento noventa y cuatro mil ochocientos treinta y dos pesos moneda nacional). Manifestaciones las anteriores a las que el Juez de Control responsable, concedió valor en términos del artículo 259 y 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dos de ellos resultan ser víctimas del delito en cuanto a haber resentido de manera directa la actuación de los activos el día cinco de junio y que describen con lujo de detalle las mecánicas o las circunstancias en que se desenvolvió aquel evento y que son coincidentes entre uno y otro, que de igual manera guarda coincidencia con lo manifestado por los agentes policiacos en cuanto a la mecánica de los mismos. Por lo que hace a la información que fuera presentada por Blanca Jimena Maldonado Parral, el Juez responsable determinó que toda vez que al no ser controvertida en esa audiencia, es útil para establecer a partir del análisis contable realizado para la empresa en la cual trabaja el faltante en efectivo de $194,832.70 (ciento noventa y cuatro mil ochocientos treinta y dos pesos moneda nacional), lo cual guarda coincidencia con lo manifestado por el representante de la moral afectada así como los hechos motivo de la imputación presentando la documentación hasta ese momento necesaria, para acreditar el detrimento patrimonial de la moral afectada. Asimismo, dio valor al informe pericial de avalúos donde se logró plasmar una serie fotográfica de dos cuchillos, uno de catorce pulgadas y otro de dieciséis pulgadas, un bonete con la leyenda San Francisco, dos costales, una mochila, así como el numerario en cuestión el cual ya fuera referido y que también dicha intervención por parte del perito en términos de los artículo 272, 273, 368 y 369, no fue controvertido y explica la metodología, lo que resulta útil y apto para establecer detrimento patrimonial, así como la existencia de los cuchillos asegurados por los activos por parte de los agentes policiacos, también ya referidos y valorados. De igual manera el Juez responsable tomó en cuenta la declaración que en sede ministerial emitió el joven Jesús Martín Gómez Favela, en compañía de su madre, así como asistido de su defensor el licenciado Ortega, quien una vez que se le hicieron saber sus derechos manifestó lo siguiente: Que fue detenido por los agentes de la secretaría de Seguridad Pública Municipal, el cinco de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las ocho treinta de la mañana en la negociación Little Cesars, ubicada en calle Puerto Dunquerque y Puerto de Palos, él trabajaba en dicha pizzería, que una semana antes de que sucedieran los hechos Daniel Gallardo quien era encargado de la administración le preguntó que si quería participar en un asalto del negocio, quien le dijo que no iba a pasar nada ya que todos estaban de acuerdo, luego que el domingo cuatro de junio de dos mil diecisiete, se encontraba trabajando cuando llegó Daniel y le dijo que si saliendo podían ir a tomar a casa de otro amigo, que por la tarde llegaron a dicha casa que está ubicada en la colonia Papalote, llegó quien dijo llamarse Jonathan Sanderovich, les dijo que había trabajado también en las pizzas, que esta reunión se encontraba Jonathan Sanderovich, Omar Valdivia, Daniel Gallardo y el declarante, también otro chavo que le dicen Solís, y es que Jonathan Alexis Sanderovich les empezó a decir cómo iban a estar las cosas, inclusive amenazó a Omar Valdivia para que no fuera a decir nada, que el robo iba a ser de la siguiente manera: al día siguiente el día lunes a las ocho de la mañana Gaby Falcón quien también trabajaba en Little Caesar's como cajera le iba a pedir a Daniel Gallardo permiso para ir al Del Rio como a las ocho de la mañana y que iba a regresar minutos después cuando iban a mandar a Luis Carin Gallegos para que abriera la puerta. Que atrás de Gaby iban a entrar Sanderovich y que iba a tomar del cuello a Luis Carin y que lo iba a meter al cuarto frío en lo que cerraba la puerta principal, que después de que se metieran al cuarto los iban a acorralar con carritos para que no se pudieran salir, que Daniel Gallardo iba en ese momento a abrir la bóveda y sacar el dinero ya que era el único que tenía clave y lo iba a acomodar en una mesa para donde estaba haciendo el corte, que también le dijo Sanderovich que le iba a pegar a Daniel Gallardo como simulando para que le diera el dinero y que después iban a salir de las pizzas, que en cinco minutos tenían que hacer todo eso. El cinco de junio del dos mil diecisiete, en la mañana lo despertó su hermano para decirle que estaba fuera un vehículo donde lo esperaba ya Sanderovich pidiéndole que tomara unas pistolas diciéndole que no tenía y que por lo tanto tomara unos cuchillos que también algo con que taparnos por lo que ingresó a su casa, sacó dos cuchillos y bonetes subiéndose a la camioneta donde ya iba Solís quien iba manejando y Sanderovich que llegaron al Del Rio ubicado en Puerto de Palos parándose detrás del mismo esperando a que Gabriela saliera y cuando esto sucedió Jonathan abrió la puerta de la camioneta y le dijo que ya fueran al local, que él tomó los dos cuchillos y se llevó la capucha siguiéndole atrás de él, cuándo llegaron al Little Cesar's en lo que Gabriela abría la puerta se pegaron a la cortina metálica y es donde Sanderovich le pasó un cuchillo y se puso la capucha, entonces Carin le abrió a Gabriela, y Sanderovich la empujó para adentro del local y tomó a Luis Carin Gallegos y se lo llevó al cuarto helado junto con Omar Valdivia que inclusive tomó a Gabriela del hombro y se la llevó también al cuarto frío donde Jonathan la mandó cuidar a los empleados, que ahí estuvo con ellos hasta que entró Sanderovich y dijo que ya estuvo, luego en ese momento vio una mujer parada en la puerta, que después escuchó a Jonathan diciéndole que ya había valido todo pues había llegado la policía, observó a Jonathan muy desesperado y mandó a Gabriela para que les dijera a los policías que todo estaba bien, que luego empezó a correr desesperado y se metió al baño, que mandó a Gabriela a abrir la puerta a los agentes y que cuando ingresan los agentes, Jonathan Sanderovich salió del cuarto frío y lo arrestaron, que estuvo ahí parado y entraron otros por él al cuarto frío tomándolo tirándolo al suelo y golpeándolo en la cara. Ante dicha actuación, el Juez de Control advirtió que al joven Jesús Martín Gómez Favela, se le hicieron saber sus derechos de guardar silencio, de no declarar en cuanto a hechos que le podrían suponer responsabilidad penal, asimismo estuvo asesorado por un abogado particular que en su momento lo aconsejó y por ende, tomada la decisión de declarar, refirió la mecánica de hechos, más aun cuando ésta fuera planeada un día anterior, misma mecánica en cuanto a la planeación como en su ejecución, la que es coincidente con los testigos presenciales del mismo y que inclusive se les ha advertido la calidad de víctima de los presentes hechos y que también guarda relación con lo declarado por los agentes policiacos. Por lo anterior, el Juez responsable, ante el cúmulo de datos de prueba, estableció precisamente que los activos, entre ellos el hoy quejoso, actuaron con un ánimo de dominio y no existió consentimiento alguno por parte de quien legalmente pudiera otorgarlo; ya que advirtió la inexistencia del mismo por la presencia del representante de la moral víctima quien denunciara los hechos ante el órgano técnico investigador, y presentó diversas pruebas documentales que robustecieron el detrimento patrimonial del cual se quejó y por ende motivó la intervención ante la fiscalía. Luego, por lo que hace al ánimo de dominio, lo advirtió precisamente en cuanto a que los activos depositaron en las mochilas, donde fuera encontrado, el numerario reconocido e identificado como propiedad de la moral de Little Cesar's, por su representante legal, es decir el egreso del numerario propiedad de la moral víctima y el ingreso del mismo a la mochila de los activos, es donde se advierte el ánimo de dominio. Luego, en cuanto que la cosa fuera mueble, se advierte que se trata del numerario a través de las periciales contables, así como los documentales privadas como el arqueo de caja, que como ya se dijo no fuera controvertida en la presente audiencia, fue en relevancia con el numerario fijado en cuanto con motivo de la imputación en decir $171,250.00 (ciento setenta y un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), así como $133.00 (ciento treinta y tres dólares 00/100 moneda americana), lo cual guarda también coincidencia con lo establecido y fijado por la fracción III, del artículo 208, toda vez que excede mil veces el salario el valor de lo robado. Por lo que hace a las agravantes, el Juez de Control consideró que se actualizó la establecida en el artículo 211, fracción VI, la cual tuvo por acreditada ya que con la información de los testigos presenciales y víctimas, así como de los agentes captores quienes en su momento detuvieron a los intervinientes, se advierte la intervención de dos o más personas a partir de la mecánica de los hechos, así mismo la agravante contemplada en el artículo 212 fracción II, en cuanto a que el hecho se cometió por medio de la violencia de las personas, al utilizarse arma de fuego o empleándose arma blanca u otro instrumento punzocortante o punzo penetrante, también de la mecánica de los hechos descritas por quienes sufrieron o recibieron de manera directa la conducta desplegada por los activos, refieren precisamente la utilización en todo momento desde el inicio de la consumación del delito, de las armas blancas, que al final de cuentas fueron aseguradas por la policía preventiva y que a su vez fueran allegadas al perito en materia de avalúos quien lograra plasmar a través de su metodología en serie fotográfica de los cuchillos de 14 y 16 pulgadas aproximadamente, los que fueron respectivamente asegurados a las personas quienes se les identificaron como los activos y perpetradores del ilícito de robo. Por lo anterior, es que el Juez de Control consideró acreditado el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado en términos del artículo 208 fracción III, en relación con los artículos 211 fracción VI y 212 fracción II, todos del Código Penal. Ahora bien, por lo que hace a la probable participación del imputado en el hecho que se ha quedado por demostrado, el Juez de Control determinó que de los mismos antecedentes de investigación de los cuales se desprenden datos de prueba, son suficientes para poder establecer de manera probable, la participación del quejoso, primordialmente lo que refirió el joven Jesús Martín Gómez Favela, con la asesoría de su abogado, quien refiere con claridad cómo es que fraguaron el plan un día antes, esto con motivo de sustraer dinero de las ventas a la negociación en la cual trabajaba, y en todo momento identificó a quienes participaron en la planeación del ilícito y la repartición de funciones con motivo de la empresa criminal para cometer el robo el día cinco de junio y que el plan se fraguó en su momento fuera desarrollado ese día según en manifestaciones del propio declarante como los testigos presenciales ya referidos y valorados, por lo tanto se advierte una repartición de funciones, esto con motivo de las atribuciones que desempeñan cada uno de ellos dentro de la propia moral en la cual trabajaron como es Little Caesar's y se advierte la necesidad de intervención por parte del hoy quejoso en cuanto que refiere uno de los intervinientes que este es el único que conocía la contraseña para poder abrir la caja fuerte donde se encontraba el numerario a lo cual era el motivo de la intervención ilícita por parte de los activos. Luego también, los otros testigos refieren precisamente la presencia del hoy imputado en el lugar de los hechos, así como las circunstancias de que lo hayan golpeado, también es coincidente con lo que fuera planificado, advertido y expuesto por el joven Jesús Martín Gómez Favela, luego también los videos que fueron representados el día de la audiencia se logró apreciar la presencia del imputado, hoy quejoso, en el lugar y fecha de los hechos motivo de la imputación, así como de los datos emanados de las actuaciones por parte de los agentes de seguridad pública. Por lo tanto, del cúmulo de señalamientos que existen, el Juez de Control considero que se advierte, de manera razonable, la probable participación del hoy imputado en el hecho ilícito que se le reprocha. Por lo que hace a los argumentos expuestos por la defensa en audiencia de vinculación a proceso, el Juez de Control atendió los mismos de la siguiente manera: Primeramente, en cuanto a que el ilícito de robo no llegó a consumarse, toda vez que a su parecer no hubo una desapoderamiento real del numerario ya que no lograron sacar del local comercial las mochilas, tal apreciación lógica o jurídica no fue compartida por dicho resolutor, ya que consideró que el numeral 214 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, refiere que se entenderá por consumado el robo desde el momento que el agente tiene el control y dominio sobre la cosa, aun y cuando éste la abandone y desapodere, ya que los datos de prueba referidos y valorados, tanto los expuestos por la representación social, como los propios de la defensa, seria de manera razonable que los activos tuvieron pleno dominio sobre la cosa, aun cuando esta fuera abandonada por los mismos al advertir la presencia de los agentes preventivos, dicho control y dominio nació a partir de que el numerario entró al radio de acción y disponibilidad de los activos, esto en el instante que lo sacaron de la caja fuerte y lo ingresaron a la mochila de los perpetradores. Por tanto, aunque no hayan tenido la oportunidad de gozar del botín o siquiera salir del local comercial, lo cierto es que el activo ejerció un poder de hecho sobre los bienes al momento de ingresarlos a su mochila para así poderlos trasladarlos al exterior una vez consumado el delito, ya que subordinar la consumación del mismo a que el agente tenga intención de usar, gozar o vender la cosa, es condicionar para el perfeccionamiento del delito, a una posibilidad futura e innecesaria para su integración, criterio sustentado en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Nación, publicada el siete de mayo del dos mil tres, con número de registro digital 183703, bajo el rubro "ROBO COMETIDO EN TIENDA DE AUTOSERVICIO", para tenerlo por consumado basta con la justificación de la conducta típica de apoderamiento, en la cual agrega que el hecho de haber sido despojado de los bienes o su abandono únicamente repercutirá en el juicio injustificado solo respecto a la obligación de reparar el daño proveniente del delito mas no para justificar una declaratoria de un delito tentado. Por otra parte, no compartió el Juez responsable, el argumento presentado acerca de que no se acreditó la calificativa prevista en el numeral 212 fracción II, en cuanto a la coacción en el ánimo de la víctima a efecto de que entregue lo que se pretende robar, ya que por la misma imputación realizada al hoy quejoso por parte de la fiscalía, se presupone no existe coacción en el ánimo del pasivo puesto que es incongruente que si este formaba parte de una empresa criminal, objetivamente la utilización del cuchillo en nada afecta el ánimo del mismo, puesto que ya existe una disposición voluntad previa con los agresores, sin embargo no se puede pasar por alto que el hoy quejoso no fue el único de quien en su momento amagaron con un arma blanca con el propósito de consumar el ilícito de robo, ya que de los datos de prueba son idóneos para sustentar el hecho de imputación en su parte que refiere y con el uso de cuchillos, privaron de la libertad con motivo del robo a diversa persona, esto es Luis Carin, quien en ningún momento se le ha imputado participación alguna en los presentes hechos, lo que conlleva estimar que el ánimo de esta persona si se vio coaccionado por los activos, al portar y amedrentar con las armas blancas, como lo es con cuchillos. Por lo que hace al argumento consistente en que los dichos de los policías no se debe tomar en consideración ya que existe una serie de incongruencias entre lo plasmado en su parte informativo con lo apreciado en los videos de seguridad interna, inclusive dichas discrepancias fueron suficientemente válidas para que en su momento se diera vista a la unidad especializada en investigación de delitos contra la paz, esto para verificar la posible comisión de un ilícito por parte de los agentes policiacos. A este respecto, el Juez de Control consideró que tal información que proporcionan los agentes con motivo de su intervención no es la única fuente ni el único caudal probatorio expuesto por la fiscalía para sustentar su petición de vinculación, ya que se cuenta además con las declaraciones de diversos testigos presenciales que a su vez son víctimas del delito, quienes expusieron la mecánica de los hechos así como circunstancias de tiempo, modo y lugar mismos que fueron coincidentes en su mayoría con lo plasmado por los agentes, por lo que dichas discrepancias no son suficientemente válidas para desvirtuar la investigación realizada por la fiscalía. Por último, el Juez responsable consideró que el criterio anterior, sustentado por la defensa, no es suficiente para desacreditar la teoría fáctica de la fiscalía con motivo de la imputación, en cuanto a que el imputado hoy quejoso, manifestó ser víctima del delito y no participar en el mismo ya que en los videos se aprecia cómo es que lo golpean con motivo de que ingresara el dinero a la mochila del asaltante, esto es puesto que quien refiera la participación al imputado, corresponde también al coimputado Jesús Martinez Gomez Favela, quien a su vez es conocedor de sus derechos y con representación legal de su abogado describió con lujo de detalle cómo es que planearon el ilícito y como este coincide con la mecánica de consumación del mismo, este medio de prueba, en su momento y hasta ahora no ha sido desestimado por ninguna razón lógica jurídica, por lo que si bien no se descarta la versión de la defensa, tampoco es descartable la versión de la fiscalía, criterio que el juez responsable encontró sustento en los datos de prueba y en apoyo en la tesis con número de registro digital 2025379 que al rubro dice: AUTO DE VINCULACION A PROCESO, LA CIRCUNSTANCIA QUE EL INDICIADO EXPONGA UNA VERSIÓN ALTERNA A LOS HECHOS IMPUTADOS TAMBIÉN VEROSÍMIL Y PROBABLE COMO LA PLANTEA EL MINISTERIO PÚBLICO, ESTO CON MOTIVO DE LA IMPUTACIÓN, NO IMPIDE SU DICTADO. En ese tenor, tal y como lo señaló el Juez responsable, dado que no se actualizó una causa de extinción penal o excluyente del delito, por lo que se estimó acreditado en la audiencia de vinculación a proceso, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del señor Víctor Daniel Gallardo Cuanalo, por el hecho que la ley señala de delito de robo calificado en los términos y consideraciones ya expresadas. OCTAVO. Del análisis de los conceptos de violación. Culminado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 16, 17 y 19 todos de la Carta Magna, pues aduce que el Juez responsable realizó una valoración ilegal e incongruente de los datos de prueba expuestos en audiencia, apartándose de lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta infundado el motivo de disenso, puesto que el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso, únicamente requiere que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así mismo, señala que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, por lo que en el caso en estudio, de los antecedentes de investigación expuestos por la Representación Social en la audiencia inicial, así como de la reproducción de los videos de la sucursal de la persona moral víctima, del día de los hechos, realizada en audiencia de vinculación a proceso, quedó demostrado el hecho señalado por la ley como delito así como la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión. Lo anterior, entre otros datos de prueba, con el señalamiento directo que realiza la victima menor de edad, Jesús Martinez Gómez Favela, hacia la persona del hoy quejoso como la persona quien el día el domingo cuatro de junio del dos mil diecisiete, lo invito a una casa que está ubicada en la colonia Papalote, en al cual se encontraban el quejoso Daniel Gallardo, Jonathan Sanderovich, Omar Valdivia y el declarante, también otra persona que le dicen Solís, y ahí Jonathan Alexis Sanderovich les contó los detalles del plan para llevar a cabo el robo, inclusive amenazó a Omar Valdivia para que no fuera a decir nada al respecto. Dicha información la concatenó con la información obtenida a través de la entrevista por parte de los agentes preventivos a Víctor Daniel Gallardo y Gabriela Falcón quienes en esencia manifestaron que el cinco de junio de dos mil diecisiete, dos sujetos ingresaron al negocio y los amagaron con cuchillo, que esto con motivo de robar las ventas del día anterior, que en ese momento los agentes detuvieron a Jonathan Alexis, quien señaló a Víctor y Gaby, que refiriendo que entre los cuatro habían planeado todo, que él es un ex trabajador del negocio y que también Jesús Gómez trabajaba ahí, pero había pedido su día de descanso. De igual manera sustentó su resolución con la denuncia presentada por el representante legal de la moral victima Operaciones Litce, S.A. de C.V, Marco Antonio Ramírez Reyes, quien manifestó que el día en cuestión a las once de la mañana le fue informado que en la sucursal de Puerto de Palos, ubicada en puerto Dunquerque 1321, se había suscitado un asalto, posteriormente se entrevistó con Omar Valdivia y Luis Carin, quienes son empleados de dicha moral, quienes le informaron lo sucedido el día cinco de junio del año dos mil diecisiete, que ingresaron ciertas personas quienes con unos cuchillos los amagaron en el cuello para después ingresarlos al cuarto frío y que se habían robado las ventas del día. Asimismo, corroboró lo anterior con la información rendida en declaración ministerial por parte de Luis Carín Gallegos López, quien ante sede ministerial manifestó que el día de los hechos se encontraba trabajando en la sucursal de Little Cesars ya citada, que entraron dos hombres quienes se metieron a la sucursal, cada uno de ellos portando un cuchillo, que uno de ellos lo tomó del hombro y le apunto con el cuchillo en el cuello y lo llevó hasta el cuarto frío donde lo ingresó, ahí metieron a Daniel a Omar y a Gabriela, después entro al cuarto frío a quien reconoció como Jonathan, quien antes trabajaba en la pizzería, después entraron unos policías quienes los detuvieron a Jonathan y a Jesús Martín Gómez. Por lo anterior, esta resolutora considera que el juez responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, pues, adverso a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable omitió valorar correctamente los datos de prueba expuestos en el juicio, el tribunal responsable no sólo valoró los datos existentes en la causa penal, sino también lo hizo adecuadamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. Esto se debe a que el juez responsable, al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, el juez del conocimiento se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, si bien a reforma al artículo 1o. de la carta magna de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.), del tenor literal que siguen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.) En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, infundado el concepto de violación esgrimido, como se puntualizó en los párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado el siete de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 64/2018. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez, el día treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en esta ciudad, al cual adjunta diversas constancias que remite el agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada de Delitos de Robo, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, derivadas de la carpeta de investigación con numero único de caso *******, de su índice. En otro orden, se desprende que de las respectivas constancias del oficio de cuenta, se encuentra constancia de notificación de fecha diecinueve de junio del año en curso, realizada al licenciado ******* apoderado legal de la moral *******, que aparece como víctima dentro de la carpeta de investigación con número único de caso *******, la cual dio origen a la causa penal *******, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, donde se hace constar la entrega de copia simple de la demanda y del auto admisorio del presente juicio de amparo. Con lo anterior se tiene por emplazada a la moral antes señalada, a la cual le recae el carácter de tercero interesado dentro del presente juicio de garantías. Lo anterior, se tiene al agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada de Delitos de Robo, del Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado mediante proveído doce de junio de la presente anualidad. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que el dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado y anexo enviado por la responsable Juez de Primer Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, y en razón de que de las constancias remitidas, se advierte que a quien le pudiera revestir el carácter de tercero interesado es al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Zona Norte encargado de la causa penal *******; por tanto, emplácese a dicho agente; para tal efecto, se le deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio. Asimismo, se le hace del conocimiento que las constancias enviadas por la responsable anexa a su informe justificado estarán a su disposición en las instalaciones de este juzgado, para su debida consulta. Se requiere al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Zona Norte encargado de la causa penal *******, para que, en auxilio a las labores de este Juzgado, emplace a quien tenga el carácter de victimas u ofendidos en dicha causa penal, para lo cual se le otorga un plazo de cinco días, legalmente computado. Lo anterior, haciéndole entrega del escrito inicial de demanda, así como del auto de admisión y de este auto. Para ello, anexas al oficio relativo a este proveído, deberán remitírsele las constancias señaladas en el párrafo que antecede. Asimismo, se requiere al mencionado agente del Ministerio Público, para que, una vez que logre el emplazamiento de la parte tercero interesada de mérito, remita a este Juzgado el acta de notificación correspondiente, o bien, informe sobre la imposibilidad que haya tenido para tal efecto. Apercibimiento Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omiso, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el ordinal 26, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Igualmente, con apoyo en lo establecido por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la Actuaria Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la parte tercera interesada Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Zona Norte, encargado de la causa penal *******. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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