Víctor Arturo Chávez Fernández
Expediente 612/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Víctor Arturo Chávez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de catorce de octubre del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción junto con el expediente. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de octubre de dos mil quince. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 612/2015-II, promovido por ***************, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dos de septiembre de dos mil quince, *************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, a quien reclamó la orden de desalojo y lanzamiento de la casa ubicada en Calle de la Arcada 11219 del Fraccionamiento Hacienda del Sauz, en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2, 8, 16, 17, 22, 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previa aclaración, mediante proveído de catorce de septiembre de dos mil quince, se admitió la demanda, quedando registrada como juicio de amparo 612/2015-II, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio sobre el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio. En ese sentido, al realizar el análisis citado, se obtiene que la parte quejosa reclama la orden de lanzamiento de la casa ubicada en Calle de la Arcada 11219 del Fraccionamiento Hacienda del Sauz, en esta ciudad. Sirve de sustento jurídico a lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia del acto reclamado, pues manifestó que ante ese Juzgado se tramita el Juicio Especial Hipotecario, promovido por *************** en contra de *************** y ***************, radicado bajo el número ***************, y anexó para corroborar su dicho copia certificada de todo lo actuado dentro de dicho Juicio. Documental pública que adquiere pleno valor, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Improcedencia del juicio. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. En el caso, el suscrito resolutor determina que respecto de los actos que reclama ***************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]" De conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, para la procedencia del juicio de amparo se requiere, como presupuesto procesal, que el promovente del amparo acredite fehacientemente el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución del acto reclamado, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En ese entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación del interés legítimo que pudiera tener el peticionario o peticionarios. Un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas con relación a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho, por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta su esfera jurídica, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6 de la ley de la materia. Sobre el particular, es aplicable la tesis 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, con número de registro 170500, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Enero de 2008, página 225, cuyo tenor literal es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, cobra aplicación la tesis 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Enero de 2008, página 225, cuyo texto literal es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." El quejoso comparece al juicio constitucional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de lanzamiento de la casa ubicada en ***************, en esta ciudad. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada, toda vez que el peticionario de amparo ***************, no demostró tener interés para defender en esta vía constitucional el derecho que le corresponde sobre el bien inmueble precisado en párrafos precedentes, ni que los actos de autoridad fueran dirigidos a su persona, toda vez que del informe justificado del Juez Responsable manifestó que sí existe un Juicio Especial Hipotecario, promovido por *************** en contra de *************** y ***************, radicado bajo el número ***************, esto es, un juicio donde el quejoso no fue parte. Para acreditar el interés jurídico que arguyó tener, el accionante del amparo exhibió adjuntas a su demanda de amparo, copia simple de su credencial de elector y de un recibo expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de los cuales lo único que se advierte a nivel indiciario, es que su domicilio es el ubicado en ***************, en esta ciudad, respecto del primero de aquéllos; y del segundo que tiene contratado el servicio de agua potable la persona ***************, pero no que el quejoso sea propietario o poseedor legítimo de el aludido inmueble. Por lo que, con las probanzas exhibidas por el quejoso, no puede tenerse por acreditado el interés jurídico descrito, como enseguida se pone de relieve. Del informe justificado y documental exhibida por el Juez Responsable, se desprende que el Juicio Hipotecario radicado bajo el número ***************, promovido por *************** en contra de *************** y ***************, no respecto del quejoso en este juicio de amparo (***************); de ahí que, no se advierte la afectación o su esfera jurídica con la emisión de los actos reclamados, pues el juicio de origen fue promovido en contra de quienes no se identifican con la persona del quejoso. En ese tenor, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar la orden de lanzamiento y en torno a la cual gravita el acto que reclama, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por falta de interés jurídico. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables atinentes, pues esa circunstancia no relevaba al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que el Juez Responsable, en su informe justificado refiere que la casa habitación pertenecía a Mario Alberto Chávez Cortes y Lorena Fernández Sáenz de Chávez, a quienes les correspondería en todo caso defender sus derechos. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, consultable en la hoja 15, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, el peticionario del amparo hayan narrado, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto reclamado que el deudor en el juicio de origen es su padre, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, lo que no hizo; incluso aún de haber acreditado la relación de filiación, eventualmente, tendría sólo el carácter de ocupante del inmueble, por tener una posesión simple sobre el mismo y, por ende, causahabiente de quienes sí comparecieron al juicio natural, lo que tampoco lo dotaría de un interés jurídico para ocurrir en la vía de amparo. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 612/2015-II promovido por ***************, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Incidental
Sentencia Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil quince. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 612/2015-II-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dos de septiembre del año en curso, ********** solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, a quien le reclamó la orden de desalojo y lanzamiento de la casa ubicada en Calle de la Arcada 11219 del Fraccionamiento Hacienda del Sauz, en esta ciudad. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Previa aclaración, por proveído de catorce de septiembre de dos mil quince, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado, pues manifestó que ante ese Juzgado se tramita el Juicio Especial Hipotecario, promovido por *************** en contra de ********** y **********, radicado bajo el número *****/*****. TERCERO. Estudio de la procedencia de la suspensión definitiva. Con relación a la medida cautelar, se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión, conviene precisar que en el caso reclama la orden de desalojo y lanzamiento de la casa ubicada en Calle de la Arcada 11219 del Fraccionamiento Hacienda del Sauz, en esta ciudad. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se materialice la orden de desalojo y lanzamiento del bien inmueble descrito en supralíneas; a consideración del suscrito, con las copias simples de las documentales anexas a su demanda, no demuestra tener algún interés, pues no acredita al menos indiciariamente su interés jurídico del que se pudiera advertir que le causa algún agravio personal y directo la emisión y ejecución de los actos reclamados, ya que de los datos que contienen no existe alguno que refiera que dicho inmueble es de su propiedad, ni que lo tenga en posesión, por virtud de un contrato real o personal celebrado con quien afirma es su propietario. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial número III.2º. A.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la que puede ser consultada en la página 46, del tomo 52, del mes de abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es el siguiente: SUSPENSION. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa. Así como la diversa tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 309, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, Octava Época, del rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO PARA OTORGAR LA. La negativa de la suspensión definitiva se ajusta a derecho, cuando el quejoso no acredita su interés jurídico, aun cuando sea en forma presuntiva. En ese sentido, para obtener la suspensión definitiva que solicita, el quejoso debió acreditar al menos indiciariamente la propiedad o posesión del bien inmueble citado, lo cual no hizo; de ahí que deba negarse la suspensión definitiva solicita. Encuentra sustento a la anterior determinación la tesis 2ª. LIII/97 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 333, Tomo V, Mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se niega a **********, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto y autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, atento al grosor de la documental que acompaña, apertúrese tomo por separado para un mejor manejo del mismo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.*
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