Victor Arturo del Jesus Esquivel Peniche

Expediente 2879/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2879/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Victor Arturo del Jesus Esquivel Peniche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y el oficio de cuenta presentado de manera electrónica en uso de la FIREL por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento el proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el toca relativo a la queja ********************, por el cual causó estado el auto que desechó el recurso de queja interpuesto por ******************** autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ********************, contra el proveído dictado en estos autos el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo vía electrónica. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del propio acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de enero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y el oficio de cuenta presentado de manera electrónica en uso de la FIREL por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado en el toca relativo a la queja ********************, por el que se desechó el recurso de queja interpuesto por ******************** autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ********************, contra el proveído dictado en estos autos el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, al ser un juicio de amparo que se desechó y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN Visto lo de cuenta, agréguese el escrito de la parte quejosa********************, por medio del cual desahoga la prevención formulada el diecinueve de diciembre actual y al efecto señala 1) el domicilio de los terceros interesados; bajo protesta de decir verdad, como parte de los antecedentes que constituyen el acto reclamado precisa 2) el extracto de lo que se acordó en el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós emitido en el juicio ejecutivo mercantil 124/2018, el cual constituye el acto reclamado; y, 3) informa que el monto al que asciende la suerte principal en dicho juicio es $117,000 (ciento diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional). DETERMINACIÓN DE ESTE JUZGADO Atento lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y, seguidamente, se provee lo que conforme a derecho corresponde. Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio signado por********************, contra el acto del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: ACTO RECLAMADO - El remate llevado a cabo el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, sobre el cien por ciento (100%) del predio marcado con el número 200 letra E, de la calle 33, por 28 y 30, de la colonia Francisco Ignacio Madero, de esta ciudad; lo que se ordenó realizar por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 124/2018. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Al respecto el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea alguna resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativa o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1.4o.C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Lo anterior es así, pues en contra del acto precisado, procede un medio ordinario de defensa con el que se puede obtener su insubsistencia. En efecto, atendiendo al monto al que asciende la suerte principal del juicio de origen, que lo es la suma de ciento diecisiete mil pesos, moneda nacional, contra el referido acto reclamado procede el recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes." De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Así como el diverso numeral 1339 del citado código vigente en la época de los hechos, que establecía: "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.]" Del análisis de los preceptos transcritos con anterioridad, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado proviene de la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los numerales acabados de transcribir, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pueden hacer valer las partes en el procedimiento, como lo es el recurso de revocación. La tercera de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud de que el auto en que se finca el remate que constituye el acto reclamado puede ser revocada, a través del citado recurso, pues dada su naturaleza tiene como finalidad, que el Juez revoque la actuación en comento. En ese contexto, se colige que, el acto que reclama la parte promovente consiste en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós emitido en el juicio ejecutivo mercantil 124/2018, por el que se aprueba el remate sobre el cien por ciento (100%) del predio marcado con el número 200 letra E, de la calle 33, por 28 y 30, de la colonia Francisco Ignacio Madero, de esta ciudad, debe ser combatido, previo a la interposición del juicio de amparo, a través del recurso de revocación ante la autoridad que lo emitió. De manera que, el promovente, al encontrarse obligado a agotar el recurso de revocación previo a promover la instancia constitucional, da lugar a la actualización de la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cabe citar, en apoyo a esta consideración, la Jurisprudencia 1ª./J.70/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, con registro digital: 2005047; de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." En esas condiciones, al no haberse promovido el recurso procedente antes de acudir al amparo, el acto reclamado carece de definitividad para efectos de este juicio; en virtud de que la ley que rige esa determinación prevé un recurso o medio de defensa a través del cual puede ser revocado. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, al haberse actualizado de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por********************. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y cúmplase.

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