Victor Arnulfo Sanchez Rodriguez

Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
699/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Victor Arnulfo Sanchez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintisiete de junio de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo del oficio dirigido a la autoridad responsable con sede en Motul, Yucatán. Lo anterior, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé. Ahora bien, en relación con las autoridades responsables debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, y que por tanto, no afecta el interés que pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que se sobreseyó en el presente juicio, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 699/2022-I-B, promovido por Rodrigo Ignacio Ortíz Eljure, a favor de VÍCTOR ARNULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós, ante el Secretario de guardia, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Rodrigo Ignacio Ortíz Eljure, a favor de VÍCTOR ARNULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado. SEGUNDO. Suspensión de plano. Por auto de la misma fecha (nueve de marzo del año en curso), se decretó de oficio la suspensión de plano. Asimismo, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de la notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por constancia actuarial de nueve de marzo del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado con sede en Motul, Yucatán, donde se entrevistó con el directo quejoso quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CUARTO. Ampliación de demanda. Previo cumplimiento de una prevención, por acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de demanda de la parte quejosa y se tuvo como nueva autoridad responsable a la Fiscalía General del Estado, con sede en Motul, Yucatán; así mismo, se les requirió su informe justificado y con copia simple del escrito ampliatorio se hizo lo anterior del conocimiento de las demás partes. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito ampliatorio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de la Fiscalía General del Estado, con sede en Motul, Yucatán: La incomunicación, detención y la violencia física o moral infringida en contra del directo quejoso. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (número de promoción 6631), consistentes en la incomunicación y la violencia física o moral infringida en contra del directo quejoso, pues así lo manifestó el director jurídico de la citada autoridad, al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. De igual forma, tampoco son ciertos respecto a los actos de incomunicación y violencia física o moral infringida en contra del directo quejoso, que reclama al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Motul, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en Motul, Yucatán (en su correcta denominación) (número de promoción 13417), toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, al negar categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de diverso acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, únicamente por cuanto hace a la detención del directo quejoso, pues así lo manifestó el Director Jurídico al rendir su informe con justificación. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Por lo que hace al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Motul, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Motul, Yucatán (en su correcta denominación), negó el acto que se le reclama, consistente en la detención del directo quejoso; sin embargo, su negativa se desvirtúa con base a lo expuesto en el informe de referencia, admiculado con las constancias allegadas en el mismo de la carpeta de investigación A1-A1/40/2021. En efecto, respecto al diverso acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso; es cierto, toda vez que así se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que adjuntaron al mismo, de las cuales se advierte, que el quejoso fue detenido el nueve de marzo de dos mil veintidós, a las trece horas con nueve minutos y puesto a disposición del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Motul, Yucatán, el diez de marzo siguiente, con motivo de la comisión de hechos posiblemente delictuosos; y posteriormente, fue puesto en libertad a las veinte horas con veintiún minutos de la citada fecha (diez de marzo de dos mil veintidós), con motivo de que la autoridad investigadora, no pretendió realizar imputación correspondiente en contra del aquí quejoso. El anterior criterio encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 91-96 Tercera Parte, visible en la página 7, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Máxime que lo informado por la autoridad responsable en el sentido anotado, se corrobora con las constancias procesales que anexó a su informe justificado. Dichas constancias, tienen la calidad de documentos públicos por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Se afirma lo anterior, ya que del análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Motul, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Motul, Yucatán (en su correcta denominación), se advierte que el nueve de marzo de dos mil veintidós, a las trece horas con nueve minutos, el directo quejoso Víctor Arnulfo Sánchez Rodríguez, fue puesto a disposición de la citada autoridad investigadora en Motul, Yucatán, con motivo de la comisión de hechos posiblemente delictuosos, en autos de la carpeta de investigación A1-A1/40/2021. Y que en fecha diez de marzo del año en curso, a las veinte horas con veintiún minutos fue puesto en libertad, con motivo de que la autoridad investigadora, no pretendió realizar imputación correspondiente en contra del aquí quejoso. Lo anterior, generó un cambio en su situación jurídica y, por tanto, que se actualice la causal de improcedencia en estudio, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones relacionadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra el quejoso al haber sido detenido para ser puesto a disposición de una autoridad judicial. A más de que los actos reclamados no se encuentran dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, con número de registro 199808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar en este aspecto, el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. En el entendido que, tratándose de la parte quejosa, por cuanto cuenta con autorización para acceder a la consulta del expediente electrónico, podrá proceder a la reimpresión de esta determinación que incluya la evidencia criptográfica respectiva, la cual de conformidad con el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tendrá la validez de copia certificada electrónicamente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por VÍCTOR ARNULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, contra los actos que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Motul del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Motul, Yucatán (en su correcta denominación), respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y violencia física o moral infringida en contra del directo quejoso, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por VÍCTOR ARNULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, contra el acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Motul del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Motul, Yucatán (en su correcta denominación), respecto del acto reclamado consistente en la detención, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    En nueve de junio de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el informe justificado rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Motul del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, registrado con el número 13417. Conste.Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Motul del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el escrito signado por Rodrigo Ignacio Ortiz Eljure, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en el cual hace diversas manifestaciones, mismas que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se toman en consideración como alegatos, y relaciónense en la audiencia constitucional del presente juicio. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario con quien actúa. Doy fe.

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