Victor Arturo de Jesus Esquivel Peniche
Expediente 1711/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1711/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Arturo de Jesus Esquivel Peniche
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la demanda de amparo con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, además de que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio en el sentido de que el presente es susceptible de destrucción, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
MESA VIII. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Arturo del Jesús Esquivel Peniche, contra actos que reclama del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1711/2019-VIII. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el auto de quince de noviembre del año en curso, que afirma le fue notificado el diecinueve de ese mismo mes y año, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 151/2011, en el que no accedió a la solicitud del quejoso de declarar la prescripción del derecho para ejecutar la sentencia de la parte actora en el citado juicio. Ahora bien, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio ejecutivo mercantil, el proveído reclamado (auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve) fue emitido por un Tribunal Judicial (Juez de Distrito) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Comercio, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra las determinaciones dictadas en el juicio y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada. Para que proceda el recurso de apelación, contra los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, será necesario que lo disponga el código y que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, lo que sucederá en caso de que la suerte principal reclamada sea mayor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.), sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Por otro lado, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y será resuelto por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Lo anterior, corrobora la regla enunciada, esto es que cualquier auto o proveído dictado en un juicio mercantil puede ser impugnado a través de los recursos ordinarios, ya que son procedentes los medios de defensa citados, pues si no procede el recurso de apelación, entonces procede el de revocación. A diferencia de sentencias interlocutorias o definitivas contra las cuales sólo procede apelación, siempre que el monto de lo reclamado, supere el establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio. En el caso, como ya se dijo el proveído que se reclama fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil y si bien no se relata por el quejoso, el monto de la suerte principal reclamada, ello no obsta para invocar la causal de improcedencia del juicio de amparo, pues ya se vio que de cualquier forma, es procedente alguno de los recursos cualquiera que sea el monto de la suerte principal reclamada y por ello, lo cierto es que el acto reclamado carece de definitividad En efecto, como el quejoso instó la petición a la cual no accedió la autoridad responsable en el acto reclamado, esto es, el juez responsable le negó lo que pidió y además, le fue notificado dicho proveído emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil, en el que son procedentes los recursos, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de apelación o revocación en contra de la determinación que no accedió a decretar la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, pues a través de alguno de esos recursos podía obtener su revocación o modificación; sin embargo al no agotar dicho recurso, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedente Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." No se soslaya que si bien el quejoso no es parte formal en el juicio de origen, sino un tercero que intervino, ello no lo coloca en la excepción al principio de definitividad, a que se refiere el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a aquellas personas extrañas al juicio. Se afirma lo anterior, pues dicho supuesto se refiere a aquellas personas que no han intervenido en el juicio de donde deriva el acto reclamado y a pesar de ello resienten una afectación en su esfera jurídica, por lo que no se encuentran obligados a agotar los recursos previamente a promover la acción constitucional (Juicio de Amparo); lo que no ocurre en el caso, pues el quejoso ya intervino en el juicio de origen, realizó una petición a la autoridad responsable, la cual le fue negada de forma específica y dirigida a éste, por lo que con ello se le vinculó con esa determinación de forma directa y personal y por ende, tenía legitimación para recurrir a través de los recursos ordinarios. Cabe señalar que el recurso es la petición hecha por una de las partes, principales o secundarias, para que el mismo Juez que emitió una providencia o su superior, la revise y corrija los errores de juicio o de procedimiento que en su caso se hayan cometido; es un medio de impugnación que se interpone contra un auto o sentencia judicial pronunciada en un proceso iniciado, generalmente ante un Juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo juzgador, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Los medios de impugnación se dividen en varias categorías: ordinarios, especiales o excepcionales. a) Los ordinarios: Son los que se ocupan para combatir la generalidad de las resoluciones judiciales (recurso de apelación, revocación y reposición). b) Especiales: Son los que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales, señaladas en concreto por la ley (el recurso de queja). c) Excepcionales: Son aquellos que sirven para atacar resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada (por ejemplos en algunas legislaciones recurso extraordinario de revisión). Dentro de los recursos ordinarios el que se considera de mayor trascendencia es el de apelación, toda vez que, es a través de éste que, a petición de la parte agraviada por una resolución judicial, el tribunal de segunda instancia, examina el material del proceso tanto fáctico como jurídico, así como en su caso violaciones del procedimiento y de fondo, y como resultado de esta revisión, podrá modificar o revocar la resolución impugnada, sustituyéndose al Juez de la primera instancia, o bien ordena la reposición del procedimiento, cuando existen motivos graves de nulidad del mismo. Por otro lado, en el recurso de revocación, de manera excepcional el mismo juzgador, podrá revisar du decisión y tendrá facultad de revocar, modificar o anularla. Ahora bien, el derecho de recurrir, inicialmente es de las partes que integren la relación procesal, pero también podrán recurrir aquellos terceros vinculados con alguna decisión, pues se trata de un derecho subjetivo de todas aquellas personas que intervienen en el proceso a cualquier título y condición para que se corrijan los errores procesales en que haya incurrido el a quo, que considere le causen perjuicio. Las personas que figuran en el proceso como partes y terceros que intervengan tienen el derecho de recurrir contra las providencias del Juez en los términos que la ley procesal aplicable disponga, en el entendido de que, como el recurso es un medio para obtener la corrección de los errores del Juez que perjudican al recurrente, de una determinada providencia, sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio. En efecto, en el propio Código de Comercio se establece la legitimación de las personas que puede recurrir, y al respecto que el artículo 1337, establece lo siguiente: Artículo. 1,337. Pueden apelar de una sentencia: I. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio; II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas, y III. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele la admisión de ésta, o dentro de los tres días siguientes a esa notificación. En este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste, y IV. El tercero con interés legítimo, siempre y cuando le perjudique la resolución. Del precepto que antecede, se aprecia con toda claridad que entre las personas que pueden interponer un recurso, se encuentran los terceros que tengan un interés legítimo, siempre y cuando les perjudica la resolución. En efecto, con el objeto de respetar la garantía de audiencia de los terceros que pudieran verse afectados con una determinación, el legislador creó una excepción a la regla general de que sólo las partes pueden recurrir y en la fracción IV del artículo 1337 del ordenamiento legal, les otorgó el derecho de recurrir a los terceros que aparecen en el juicio, esto en virtud de que existen varias personas que como terceros podrán intervenir en los juicios en que no son parte, e impugnar los actos que consideren atentatorios de sus derechos, por lo que se les reconoce el derecho humano a un recurso judicial efectivo, con el objeto de que el Juez o la Alada garantice sus derechos, mediante un medio ordinario de defensa. En el caso, ya se dijo que si bien el quejoso es tercero en el juicio de origen, pues no es parte formal, lo cierto es que se encontraba en aptitud de hacer valer alguno de los recursos ordinarios, pues tiene un interés legítimo derivado del hecho de que el propio quejoso promovió una petición concreta en la que solicitó la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia y dicha petición, le fue contestada y negada en forma específica, esto es, lo resuelto por el juez fue dirigido en forma concreta al quejoso, sin que la autoridad responsable le desconociera legitimación por no ser parte, sino que le atendió su petición y le dio una respuesta destinada a él que lo vinculó y ante ese perjuicio que afirma resentir, se encontraba en aptitud de hacer valer alguno de los recursos ordinarios que la ley establece, pero no lo hizo y por ello el acto reclamado carece de definitividad y el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, Registro: 223314, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, Materia(s): Civil, Página: 273, que señala: "TERCERO, DEBE SER CONSIDERADO COMO TAL EL QUE HA SALIDO AL JUICIO Y ESTA EN CONDICIONES DE HACERSE OIR A TRAVES DE UN RECURSO ORDINARIO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la que en el caso resultaría ser el auto que aprobara el remate que al efecto se hubiese efectuado; evento que no ha sucedido. Sin embargo, cabe advertir que si bien el peticionario de garantías se ostentó como tercero extraño al juicio natural, ello no impide que, llegado el remate y su aprobación, deba interponer el recurso de apelación, pues en términos del artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no sólo el litigante puede apelar, sino los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quiénes perjudique la resolución judicial. No obsta a lo anterior, lo dispuesto en la fracción XIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, respecto de los terceros extraños, porque en la especie, no se trata de un simple tercero extraño a juicio, sino de un tercero que ha salido al juicio y que está en condiciones de hacerse oír mediante el recurso de apelación, el cual podría reparar las ilegalidades que invoca. Asimismo, se cita en apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, Registro: 253708, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 90, Sexta Parte, Materia(s): Civil, Página: 84, que señala: TERCERO LLAMADO A JUICIO. PUEDE APELAR. El artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal establece el derecho para apelar en favor del litigante que creyere haber recibido algún agravio, al igual que para los terceros que hayan salido al juicio y para los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. Dada la amplitud del texto de ese precepto legal, si la ahora recurrente en la primera instancia del juicio ordinario fue llamada a juicio porque uno de los litigantes pidió que se le denunciara el pleito, y como consecuencia de ello se le emplazó para que ocurriese al juicio y le parase perjuicio la sentencia, tiene derecho para hacer valer todos los recursos que la ley concede a las partes, máxime que el citado artículo 689 procesal concede tal facultad a cualquier interesado a quien perjudique la resolución judicial de que se trate, independientemente de que sea parte o extraño a la relación procesal. De igual forma, se cita en apoyo al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil del Segundo Circuito. Novena Época, Registro: 188809 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Civil, Página: 1328, que señala: INTERVENTOR DE UNA NEGOCIACIÓN MERCANTIL. DEBE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD E INTENTAR EL RECURSO PERTINENTE, PREVIAMENTE A ACUDIR AL AMPARO, POR ESTAR LEGITIMADO AL RESPECTO. Es de reconocido derecho que no sólo las partes en un juicio pueden interponer un recurso o medio de defensa, sino también todos aquellos interesados a quienes afecte una determinación de autoridad en el curso del proceso jurisdiccional. De consiguiente, cuando un interventor de cierta negociación mercantil tenga injerencia en el juicio de origen, le asiste un interés procesal respecto de los acuerdos que ahí se dicten relativos a su encargo, en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México y, por ende, se encuentra debidamente legitimado para impugnar a través del recurso ordinario correspondiente el auto que tenga por revocado su cargo, a efecto de que dicha resolución judicial pueda ser revocada, modificada o nulificada por el superior; así, en conclusión, para el ejercicio de la acción constitucional debe acatar previamente uno de los requisitos de procedencia que imperan en el juicio de garantías, relativo a la obligación de cumplir con el principio de definitividad que establece la fracción XIII del precepto 73 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede desechar de plano la demanda promovida por Víctor Arturo del Jesús Esquivel Peniche, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nelson Roysseel Molina Vidal, Ismael Ignacio Martínez Palmero, Edgar García Vera y Reyna Celene Canche Gamboa, y con las limitaciones del citado numeral a José Luis Balam Canul, Jorge Gabriel Tuyub Dzib y Francisco Lázaro Rodríguez Serrano, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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