Victor Arturo de Jesus Esquivel Peniche
Expediente 1465/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1465/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Arturo de Jesus Esquivel Peniche
Actuaciones
- Principal
MESA I. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Vista la demanda de amparo promovida ... contra actos que reclama del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, de la lectura de la demanda de amparo, se advierten dos motivos manifiestos e indudables de improcedencia; por tanto, lo procedente en este caso, es DESECHAR, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de mérito. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, la determinación contenida en la parte conducente del auto de treinta de octubre del año en curso, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 153/2017, del índice de dicha autoridad, en el cual se determinó no decretar la aclaración del nombre de uno de los demandados como pretende, ya que eso equivaldría a enderezar su escrito de demanda lo que no se encuentra permitido atento al principio de Litis cerrada que rige y opera con mayor rigor en el proceso mercantil, por lo que atendiendo a dicho principio, en ese estado del juicio no se puede corregir o mejorar el escrito de demanda, pues ello generaría un desequilibrio procesal entre las partes. Ahora bien, en párrafos precedentes, este órgano de control constitucional dejó sentado que en el caso se actualizaban dos causales que hacían improcedente el presente juicio de amparo. Por tanto, acto seguido procede a indicarse cuál es la primera de las que se consideran actualizadas. En ese sentido, es menester dejar asentado que el artículo 1340 del Código de Comercio, a la letra dice: "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Por tanto, se advierte que el citado juicio ejecutivo mercantil 153/2017, es de los llamados de cuantía menor, dado el monto de $48,402.00 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos dos pesos 00/100 moneda nacional) que por concepto de suerte principal se reclama en el mismo. Ahora bien, el suscrito considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales concede la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, precisamente respecto de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; mismos principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo; así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de alguno de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Expuesto lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque se ejerció el medio de control constitucional, sin colmar de forma previa, contra el acto reclamado, el principio de definitividad, que rige el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues si bien el juicio ejecutivo mercantil de origen, cae entre los llamados de cuantía menor, los numerales 1334 y 1335 del Código de Comercio, a la letra dicen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De lo anterior se colige que, en el caso particular, se debió agotar el recurso de revocación a que se refiere el citado arábigo 1334, pues si bien las resoluciones emitidas en juicios de cuantía menor no son apelables, si puede pedirse la revocación de las mismas, lo cual no aconteció en la especie, como se aprecia de la demanda de amparo; y sin embargo, con dicho recurso o medio de defensa, podría la parte afectada, obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución reclamada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa que contempla el artículo 1334 del Código de Comercio, siendo que contra la determinación reclamada, no obstante fue emitida en un juicio de los denominados de cuantía menor, procedía el recurso de revocación, al no ser de las apelables, con apoyo en el numeral 1340 de ese mismo código. Por tales motivos, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es obvio que la parte peticionaria debió agotar dicho recurso, antes de acudir al juicio de amparo, y si tal medio de impugnación no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que en la especie no se está en el caso de una excepción al principio de definitividad que caracteriza al juicio de amparo, ya que el medio ordinario no exige los mismos requisitos para conceder la suspensión definitiva que la Ley de la Materia señala en el artículos 128, 132 y 136, pues se toma en cuenta que acorde a lo dispuesto por los preceptos reseñados con antelación del Código de Comercio, procede el recurso de revocación, siempre que la solicite el promovente por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar; en estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclaman los demandantes de amparo, la pudieron solicitar al interponer el recurso de revocación que contempla la citada ley de la materia. Luego, si la parte quejosa no se ubica en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad antes referidos, es incuestionable, que para efectos del juicio de amparo, debió de agotar primeramente el medio defensa descrito, antes de acudir a la vía constitucional. En consecuencia, y como ya se dijo, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pudo revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Una vez sentado lo anterior, procede a continuación exponer la diversa causal de improcedencia que en la especie se estima actualizada. Por tanto, es conveniente reiterar que la parte quejosa señala, en esencia, como acto reclamado el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez responsable, en el que declaró que no ha lugar a decretar la aclaración del nombre de uno de los demandados como pretende, en el juicio ejecutivo mercantil 153/2017, ya que eso equivaldría a enderezar su escrito de demanda lo que no se encuentra permitido atento al principio de Litis cerrada que rige y opera con mayor rigor en el proceso mercantil, y que atendiendo a dicho principio, en ese estado del juicio no se puede corregir o mejorar el escrito de demanda, pues ello generaría un desequilibrio procesal entre las partes. Al respecto el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo aplicable, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Ello, tal y como reza la tesis de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como actos de imposible reparación, ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuanto el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, el acto reclamado en el juicio de amparo, consiste en el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de origen 153/2017, en la que no se estimó procedente decretar la aclaración del nombre de uno de los demandados en dicho juicio. Luego, resulta claro que dicha determinación que declaró no decretar la aclaración del nombre relativo en el auto dictado en el juicio de origen, atendiendo a la connotación que respecto a este tipos de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través de dicha cuestión incidental no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que la parte afectada obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución de marras. En mérito de lo antes expuesto, se surte de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, y la diversa prevista en la fracción XVIII, de la propia legislación; lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, atendiendo a que no se está en alguna de las excepciones que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la tramitación del amparo biinstancial. Por tanto, y tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por VÍCTOR ARTURO DEL JESÚS ESQUIVEL PENICHE, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado las causales de improcedencia invocadas a lo largo de la presente determinación. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de amparo; y como sus autorizados para tal efecto a Alejandro Andrés Meza Corrales y Sara Orquídea Morales Puc, en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, pero con las limitaciones que establece el citado ordenamiento legal a Ana Beatriz Corrales Navarrete, Ángel Gamaliel Matey Tun y Medé Beatriz Esquivel Madrigal, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.Esta foja corresponde a la parte final del acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno bajo el número I-1465/2017 Conste. *mcc.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Victor Antonio Alba Mex478/2021
- Victor Antonio Castro Suaste825/2017
- Victor Antonio Lara Cervantes1646/2023
- Victor Antonio Montero Canto1627/2022
- Victor Armando Nava Ceja1521/2023
- Victor Arturo de Jesus Esquivel Peniche379/2021
- Victor Arturo de Jesus Esquivel Peniche1042/2019
- Victor Arturo de Jesus Esquivel Peniche1711/2019
- Victor Arturo del Jesus Esquivel Peniche615/2019
- Victor Arturo del Jesus Esquivel Peniche986/2020
- Victor Arturo del Jesus Esquivel Peniche277/2022
- Victor Arturo del Jesús Esquivel Peniche53/2023