Victor Armando Nava Ceja
Expediente 1300/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Armando Nava Ceja
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir, la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de revisión contra el proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada determinación que SOBRESEYÓ fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción II. INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción IV, toda vez que se declaró sin materia el incidente de suspensión; lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 720/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, por conducto de su representante legal ********************, contra actos de la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y otra autoridad, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida ********************, por conducto de su representante legal ********************, contra actos de la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y otra autoridad, con residencia en Mérida, consistentes en el emplazamiento a un juicio ordinario civil, todo lo actuado en él, y sus consecuencias. SEGUNDO. Trámite del juicio La demanda fue enviada por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán; en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, la registró con el número de expediente 2362/2022-VIII, y admitió a trámite. En la secuela procesal, se dio intervención a la representación social federal, y se emplazó a ***************, tercera interesada en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, continúe con la eventual ejecución, hasta ordenar el archivo definitivo. En atención a lo anterior, mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 720/2023-V; se continuó con el procedimiento, y el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Actuario Adscrito a la Central de Actuaria del Primer Departamento Judicial. Mérida El emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, y su litisconsorcio pasivo necesario ********************. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, negó la existencia del acto reclamado, porque el emplazamiento fue realizado siguiendo las formalidades que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, afirmación que evidencia su existencia, pues determinar su constitucionalidad es materia del análisis de fondo. Por otra parte, el Actuario adscrito a la Central de Actuaria del Primer Departamento Judicial, reconoció la existencia del acto reclamado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la fotocopia certificada del juicio civil natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo El presente asunto resulta procedente, ya que la parte quejosa se ubica en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. El juicio de amparo indirecto procede en contra de cualquier acto de autoridad, que se ubique en alguno de las hipótesis previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo contenido reglamenta las fracción III, inciso b) y c), y VII de la Constitución Federal. Entre los supuestos de procedencia, se encuentra el amparo contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Respecto al supuesto de procedencia citado, el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 7/98, página 56, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE" definió el concepto de persona extraña, la cual en principio, es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas (persona extraña natural), quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (persona extraña por equiparación). En el presente asunto, la parte quejosa reclama que el emplazamiento al juicio ejecutivo ordinario civil fue ilegal, ya que no cumplió con los requisitos que establece la legislación; es decir, se ostenta como tercera extraña por equiparación; consecuentemente, la hipótesis de procedencia del juicio constitucional es la descrita en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Antes de continuar con el análisis de constitucionalidad, es oportuno conocer el origen del acto reclamado, por lo que se resaltan los antecedentes siguientes: Admisión. El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la Jueza Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, admitió a trámite la demanda promovida por ********************, en contra de ********************, de quien demandó, en la vía ordinaria civil, el cumplimiento de contrato, la cual se registró con el número de expediente ********************. Litisconsorcio pasivo necesario. El uno de marzo de dos mil diecinueve, la Jueza reconoció como litisconsorcio pasivo necesario a ********************; ordenó su emplazamiento al juicio. Emplazamiento. Mediante diligencias de doce y trece de marzo de dos mil diecinueve, el Actuario emplazó a juicio a ********************. El llamamiento a juicio se realizó en una sucursal de la institución financiara en la ciudad de Mérida, se entendió con el gerente de la sucursal bancaria, a quien el Actuario corrió traslado con "copia de la demanda, exhibida, junto con sus anexos". Trámite del juicio. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Jueza Civil declaró la rebeldía de ********************. Además, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el apoderado del demandado principal devolvió al Juzgado Civil las constancias de emplazamiento del litisconsorcio pasivo, ya que no se encentra en su domicilio. Sentencia. El tres de septiembre de dos mil veinte, la Jueza dictó sentencia en la que condenó a la demandada principal y a ********************, en su carácter de litisconsorcio pasivo. El fallo fue recurrido por ********************, pero en sentencia de veinte de abril de dos mil veintiuno, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la resolución reclamada. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador advierte que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, ya que ejerció la acción de amparo fuera del plazo general de quince días, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Es decir, el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, esto es, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; (3) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Los supuestos descritos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición del quejoso respecto del acto que reclama, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo Una vez expuesta la configuración de la causa de improcedencia, a continuación, se demostrará su constatación en el juicio que se resuelve. En primer término, se destaca que la quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación al juicio del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, pues reclama el emplazamiento a juicio, y todo lo actuado en él, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la tercera hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa se ostentó sabedor del acto reclamado, ya que el reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Lo anterior, las manifestaciones que se equipara a una confesión de parte, con valor probatorio pleno. En efecto, los artículo 93, fracción I, 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, reconocen la confesión como medio de prueba, pues disponen que los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba, pero sólo producen efecto en lo que perjudica al que la hace. Además, conforme a los artículos 199 y 200 del citado cuerpo legal, la confesión tendrá valor probatorio pleno, cuando sea efectuada con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, por persona con capacidad jurídica para ello. Además, Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. De lo anterior se colige que las manifestaciones de hechos propios de las partes, que les perjudiquen, contendidas en los documentos o cualquier otro acto del juicio, constituyen confesiones expresas, son un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del código procesal federal en comento. Cabe acotar que si bien el primer párrafo del artículo 199 de la Ley de Amparo22 establece que "Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones."; lo cierto es que no debe perderse de vista que dicha porción normativa no revela una prohibición genérica de la prueba confesional, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Al respecto es pertinente destacar que también en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica En efecto, el precepto 95 permite distinguir los distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce o no, efectos jurídicos en el proceso; entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, que es a la que se refiere exclusivamente la prohibición consignada en el artículo 199 de la Ley de Amparo. O, a la confesión expresa que se hace al formular la demanda o, incluso al rendirse el informe justificado, que sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el propio código adjetivo civil federal. De esta forma es como la confesión expresa contenida en demanda o incluso en los informes justificados, tiene valor de prueba plena conforme a los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Precisado lo anterior, del contenido de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, la persona moral quejosa expuso lo siguiente: "PRIMERO. Con fecha uno de febrero de dos mil veintidós, una persona que dijo llamarse ******************** -misma que se ostentó como actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado de Yucatán-, se apersono a una de las sucursales de la diversa sociedad denominada '********************' -sita en la avenida ********************, colonia ********************, marcada con el número ********************, Mérida, Yucatán-, a efecto de notificarle de ésta de un acuerdo dictado dentro del juicio ordinario civil ******************** (mismo cuya existencia, hasta ese momento, desconocía plenamente la quejosa), perteneciente al índice del Juzgado Segundo Civil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a través del cual se requería el cumplimiento de una presunta sentencia dictad dentro de dicha contienda jurisdiccional. Del mismo modo, en dicho acuerdo se advertía, de manera diáfana, que, en el juicio natural de marras, la calidad de demandada también le asistía a la hoy quejosa. Por ello, la persona que recibió la notificación se lo comunicó, ipso facto, a un diverso apoderado de mi mandante. En ese orden de ideas, tal como se abordó líneas arriba., ,mi poderdante jamás fue, cuando menos de manera material, emplazada al juicio natural de marras; y, por lo tanto, la primera noticia que tuvo al respecto de aquél fue en el momento en que se recibió la notificación cuya narración constituye el objeto de este hecho." De la transcripción que antecede, se obtiene que la persona moral se enteró del juicio seguido en su contra del uno de febrero de dos mil veintidós; ello se desprende porque en esa fecha fue informada por personal de una diversa sucursal que tenía el carácter de demandada en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil del Poder Judicial del Estado de Yucatán; información suficiente para conocer la existencia del juicio seguido en su contra al cual dice que no fue emplazada. Ello porque tratándose de supuestos en los que el inconforme se ostente como tercero extraño a un juicio, bastará saber ante qué autoridad se sigue el conflicto, el número de juicio, y de ser posible el nombre de su contraparte, para considerar que una persona tiene conocimiento cierto del juicio que se sigue en su contra. Así, se pone de manifiesto que desde el uno de febrero de dos mil veintidós, la quejosa conoció del juicio seguido en su contra, y así como del emplazamiento reclamado, por lo que si ejerció la acción constitucional hasta el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, es notorio que lo hizo fuera del plazo general de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al punto, el criterio de la jurisprudencia: P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Bajo ese contexto, el suscrito concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. El sobreseimiento debe hacerse extensivo respecto de todo lo actuado en el juicio natural, y a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, al no haberse combatido por vicios propios, ya que su ilegalidad la hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÙNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su representante legal ********************, contra actos de la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y otra autoridad, con residencia en Mérida, consistentes en el emplazamiento a un juicio ordinario civil, todo lo actuado en él, y sus consecuencias, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (....)
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