Victor Alfredo Covarrubias Chi
Expediente 1957/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1957/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Alfredo Covarrubias Chi
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME ACUERDO. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. (...) EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la demanda de amparo; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, así como la certificación secretarial que antecede, se aprecia que feneció el plazo de tres días otorgado a las partes para que señalaran las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal revisor, con motivo de los recursos de queja interpuestos por las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México; sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. Además, que obran la totalidad de las constancias de notificación relativas a dichos recursos de queja interpuestos contra los autos de siete de junio y cinco de julio de dos mil veintitrés, así como de los propios acuerdos. En consecuencia, para la substanciación del medio de defensa, ríndase el informe correspondiente y remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, lo siguiente: (...) Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Se hace constar que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito actualmente conoce del amparo en revisión 325/2023, por lo que los autos originales se encuentran en dicho órgano federal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa ************ el acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, que en síntesis dice: Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con residencia en esta ciudad, se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1957/23. PERSONALIDAD. Sin mayor pronunciamiento toda vez que la presente demanda se promueve por propio derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La boleta de infracción de veintiuno de agosto de este año con número de folio ********************, y su consecuencia consistente en la retención del vehículo marca ******************** tipo ********************, modelo ********************, con número de placa ******************** del Estado de ********************. DESECHAMIENTO. En el presente asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que antes de acudir a la presente instancia constitucional, la parte promovente debió agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, de la intelección de la indicada porción normativa se advierte el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos. Lo anterior, siempre y cuando dicha legislación contemple la suspensión de los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Existiendo dichos medios ordinarios de impugnación, sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente, ya que el juicio de amparo es una vía extraordinaria para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Esto, porque en caso de existir la posibilidad de entablar un recurso o medio ordinario de defensa y el juicio de amparo, simultáneamente, para impugnar un acto de autoridad, evidentemente se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa. Bajo esa premisa, resulta pertinente traer a colación el artículo 4°, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que establece: "Artículo 4. (.)." Del citado precepto se desprende que los juicios que se promuevan contra los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por su parte, los preceptos 1°, 7° y 8° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: "Artículo 1°. (.)." "Artículo 7(.)." "Artículo 8°. (.).". De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. Con lo anterior, se tiene la posibilidad de instar un juicio en el que se nulifique el acto impugnado, pues el artículo 59 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establece que cuando se demande la nulidad de una resolución, las sentencias que declaren fundada la pretensión del actor dejarán sin efecto el acto impugnado y fijarán en su caso, el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho afectado. Partiendo de las anteriores premisas, conforme a lo dispuesto por el artículo 4°, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, así como los artículos 1, 7, 8, 16, 23 y 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, contra la boleta de infracción de veintiuno de agosto de este año con número de folio ******************** emitida por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con residencia en esta ciudad, procede el juicio administrativo, al ser el órgano del Estado encargado de revisar la legalidad de los actos administrativos. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, tal como se explicará a continuación: En primer lugar, porque la ley que rige el juicio contencioso administrativo prevé la suspensión de los efectos del acto sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la medida suspensional se advierte en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo, tal y como se desprende de los numerales 23, 24, 25 y 26 de la citada Ley, que disponen: "Artículo 23. (.)". "Artículo 24. (.)". "Artículo 25. (.)". "Artículo 26. (.)". Así del análisis comparativo de los señalados artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: - Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla; Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva; Conforme al artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, el magistrado deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida; Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, como el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable; El artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de contribuciones, aprovechamientos o créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). Ahora, en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el Juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la suspensión de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación con el diverso 16 de la misma legislación, se tiene que tratándose del juicio de nulidad, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, ya que refiere "tan luego como sea presentada". Así las cosas, de los numerales trascritos en párrafos precedentes, para la solicitud de la suspensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y dado el carácter del acto que por esta vía se pretende impugnar, no se requieren mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, por lo que pueden ser combatidos ante dicho Tribunal Administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (IV Región)2o.10 A (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, visible a página 2932, del rubro y texto siguientes: "MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN O SU REGLAMENTO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, PREVIO AL AMPARO, AL NO ESTABLECER LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL UN PLAZO MAYOR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN QUE EL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO. (.)." Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Abril de 1991, visible a página 152, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. (.)." Por otro lado, se advierte que la parte quejosa no alega que los indicados actos reclamados carezcan de fundamentación, pues al respecto únicamente refiere que no se encuentran debidamente fundados y motivados. Por ende, se aprecia que no se alegan transgresiones directas a la Constitución, ya que los argumentos hechos valer por la parte quejosa conllevan el análisis indefectible entre el acto reclamado y los preceptos constitucionales violados para arribar a una conclusión, lo que permite concluir que no existe una violación directa y patente a la Norma Suprema. Aunado a que el indicado medio de defensa, esto es, el juicio de nulidad, no se encuentra previsto en un reglamento, pues es precisamente la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán contemplan su existencia y su procedencia. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por********************, contra la boleta de infracción de veintiuno de agosto de este año con número de folio ********************. Desechamiento que se hace extensivo al diverso acto consistente en la retención del vehículo marca ******************** tipo ********************, modelo ********************, con número de placa ******************** del Estado de ********************, pues éste lo reclama en vía de consecuencia y no por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia VI. 2o. J/7 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, visible a página 690, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. (.)." RESGUARDO. Asimismo, por lo que respecta a la documentación que adjunta en original a su escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa solicito la devolución de dichas documentales, por tanto, previa copia certificada que se deje en autos, manténgase la misma BAJO RESGUARDO en la Secretaría de este órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Asimismo tómense en consideración el correo el electrónico y número telefónico que refiere la parte quejosa, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.
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