Victor Aquino Hernandez
Expediente 1409/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Victor Aquino Hernandez
- Karen Stheffany Hernandez Manzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta de junio de dos mil veintidós.********************Glósese a los autos el oficio proveniente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por medio del cual acusa recibo del oficio de este Juzgado, por el que se le devolvieron las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la justica federal; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la justicia federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase a la Presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado, solicitándole al acuse de recibo respectivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1409/2021, promovido por .., contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. .(.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Tribunal Colegiado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. De una lectura del sumario, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución emitida por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca familiar 161/2021, que confirmó el auto de catorce de abril de dos mil veinte, emitido por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en su expediente 528/2019, tramitado en la vía de controversias del orden familiar, donde suspendió la convivencia del quejoso con su menor hija. (.) TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, al señalar que en ese órgano se encuentra radicado el toca familiar 161/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Víctor Aquino Hernández contra el proveído dictado por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, el catorce de abril de dos mil veinte, en el expediente 528/2019, relativo a la controversia del orden familiar (juicio de guardia, custodia y pensión alimenticia), promovido por Karen Stheffany Hernández Manzano, en representación de la menor E.V.A.H., contra Víctor Hernández Aquino. Para demostrar la constitucionalidad de su acto, remitió original y copia certificada de constancias relativas al acto reclamado, a las que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que constituye un documento público que adquiere el valor probatorio concedido. ... CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Como antecedentes del acto reclamado destacan: Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil diecinueve, Karen Stheffany Hernández Manzano, en representación de su menor hija E. V. A. H. demandó en la vía controversia del orden familiar a VÍCTOR AQUINO HERNÁNDEZ, a quien reclamó la guarda y custodia de la menor hija y el pago de una pensión alimenticia provisional. Asunto cuyo conocimiento correspondió a la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en su expediente 528/2019, quien en audiencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, aprobó en definitiva el convenio celebrado entre las partes (donde se incluye, entre otros aspectos, el régimen de convivencia del demandado con su menor hija). Que el ocho de septiembre de dos mil veinte, la actora Karen Stheffany Hernández Manzano, presentó escrito ante la juez natural, donde le informó los desacuerdos que ha tenido con el demandado respecto a la convivencia con su menor hija, y manifestó, que en cuanto a la menor: ".y lo más preocupante a la fecha es los cambios de actitud que ha demostrado mi menor hija, sobre todo cuando regresa de ver al C. VICTOR AQUINO HERMNANDEZ, por ejemplo: comentarios donde me refiere que ella tiene secretos con su papá, otros días ha intentado besarme en la boca, asi mismo y lo que más me preocupa en este momento es que el día martes cuando me levante de la cama con mi hija, siete de abril de dos mil veinte para ser exacta, mi hija me comento que me contaría uno de los secretos que tiene con su papa, solo si prometo no contarle a nadie, y me confeso que su papa juega con ella a estar desnudos y la pone de espaldas boca abajo y estando su papa desnudo, asi mismo me dice que me acueste y me indica que abra las piernas y con su cuerpo empieza a rebotarlo con mi vagina, asi mismo me indico que podemos jugar a chocar nuestras vaginas acostándonos las dos y rosándonos las vaginas y le pregunté que en presencia de quien juega con su papa a eso me indica que solamente cuando están solos, y que también le abre las piernas para volver a chocar el cuerpo de su papa con su vagina, asi mismo trate de grabarla con mi celular pero se dio cuenta y me dijo que ya no me contaría nada." (sic). En razón de lo anterior, para salvaguardar el interés superior de la menor, y dado que existía una situación de riesgo, la juez natural, en acuerdo de catorce de abril de dos mil veinte, decretó como medida de protección la suspensión temporal del régimen de convivencia entre la menor con su progenitor. Inconforme con lo anterior, el demandado interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca familiar 161/2021, quien el uno de diciembre de dos mil veintiuno resolvió confirmar el auto apelado, con los siguientes argumentos: ". El apelante los hace consistir en que la determinación emitida por la Juez del conocimiento de manera unilateral, atenta con sus derechos fundamentales y con el principio de contradicción que debe prevalecer en todo procedimiento judicial, y por lo consiguiente, lo dispuesto en los artículos 1º, 4, 14 y 20 apartado "B" fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3 de la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño, 23.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 967 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, 294 fracción II y 429 del Código Civil del Estado, al determinar suspender de manera temporal la convivencia definitiva que tiene con su menor hija, con violación a su derecho de audiencia; aduce que previamente a emitir una medida cautelar de tal naturaleza, debió darle vista con la petición realizada por la actora, para que pudiera pronunciarse al respecto y no emitir la A quo una determinación de manera unilateral, afectando directamente los intereses de su menor hija y los de él; esgrime que si bien la medida decretada por la Juez de la causa es en atención a una protección de emergencia, sin embargo la Juez dejó de observar los artículos 8.1, 9.1, 9.2, 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, transcribiendo su contenido; esgrime que la juez natural después de dictada la medida, requiere a la actora para que le informe si formuló denuncia ante el Fiscal correspondiente por los hechos que narra y si se practicaron a la menor las valoraciones ginecológicas y psicológicas a fin de recabar los resultados y tenga elementos suficientes para confirmar o levantar la medida de protección, reclamando que en este sentido, la Juez emite dicha medida basándose únicamente en aseveraciones sin prueba alguna, ya que la promovente no acreditó haber presentado la denuncia respectiva, aduciendo que de ser ciertas sus aseveraciones hubiera presentado la denuncia de manera inmediata; que no está acreditado el delito que le imputa puesto que no existe vinculación a proceso en su contra, y por ende, determinación judicial firme que lo sujete a proceso, por lo que tiene a su favor la presunción de inocencia a la que se refiere el artículo 20 apartado "b" fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de donde aduce, que en atención a dicho principio de presunción de inocencia, carece de legalidad el auto que recurre, debido a que los argumentos en que la juez sustenta su determinación los realiza sin exponer la razones especiales, reiterando, que se basa únicamente en ciertas especulaciones o en su caso omite dictar una medida completamente distinta, esto a fin de no afectar la convivencia que el progenitor realiza con su menor hija, vulnerando los derechos fundamentales de ambos, lo que conlleva todo esto a su ilegalidad. Agravios que se declaran infundados toda vez que de lo actuado en el juicio natural se advierte que el acuerdo impugnado de fecha catorce de abril de dos mil veinte, emana de un juicio que se tramitó en la vía de controversias del orden familiar sobre Pensión alimenticia y Guarda y Custodia de la menor (.) promovido por KAREN STHEFFANY HERNÁNDEZ MANZANO, en contra del aquí apelante VÍCTOR AQUINO HERNÁNDEZ, el cual concluyó por convenio celebrado por las partes en audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, mismo fue aprobado por la Juzgadora en forma definitiva y elevado a la categoría de sentencia firme, condenando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar (.); en la cláusula Tercera convinieron las partes respecto a que la guarda y custodia estaría a cargo de la progenitora; en la cláusula Cuarta, sobre convivencia de la citada menor con el progenitor no custodio, en los siguientes términos (los transcribe); en la cláusula Quinta sobre la pensión alimenticia a favor de su menor hija que le proporcione su progenitor VÍCTOR AQUINO HERNÁNDEZ. Al efecto, debe considerarse que de conformidad con el artículo 962, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la Juez Familiar está facultada para dictar medidas urgente, en aras del INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO tutelado por el artículo 4º, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que invoca la Juez primigenia en el auto impugnado, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, garantizando de manera plena sus derechos; asimismo, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, considerando que la tutela del interés superior de la niñez debe ser un principio rector en todas las decisiones y actuaciones del Estado, concernientes a menores, lo cual, desde luego, incluye a las autoridades jurisdiccionales, quienes cumplen con esta obligación garantizando los derechos de éstos y procurando, dentro del ámbito de su competencia, la satisfacción de las necesidades señaladas; luego, debe considerarse que la Juez actuó en forma correcta al haber acordado en el sentido en el que lo hizo, al existir las imputaciones de posible hechos delictivos de índole sexual que le atribuye la progenitora de la menor al aquí apelante, en su escrito presentado ante el Juzgado de origen con fecha ocho de abril de dos mil veinte, por lo que sin que previamente fijara fecha y hora para la audiencia de carácter familiar que le solicitó la propia promovente en su escrito aludido, decretó de inmediato la suspensión temporal del régimen de convivencia definitivo entre la niña y su progenitor, pactado en el convenio celebrado por la actora en el juicio natural KAREN STHEFFANY HERNÁNDEZ MANZANO y el aquí apelante, aprobado y elevado a la categoría de sentencia, en razón de que precisamente la Juez familiar estaba obligada a dictar una medida emergente encaminada a preservar la integridad de la menor involucrada, atendiendo a la gravedad de las imputaciones en contra del padre no custodio, y por ello, requirió a la promovente para que justificara si ya había presentado la denuncia ante la Fiscalía correspondiente, ordenando de oficio practicar y desahogar todas las pruebas que estimó pertinentes; entonces, no se causan al recurrente agravios que hace valer, porque tal medida fue dictada para hacer efectivo el INTERÉS SUPERIOR de la menor involucrada, en aquél entonces de tres años de edad, cuya protección y efectividad es deber constitucional y convencional de todos los Jueces familiares. (.) Por otra parte, el recurrente afirma que con motivo de que la progenitora de su hija sólo le permitía verla cuando ella lo desea u o como estaba establecido en el convenio, en el mes de febrero de dos mil veinte, presentó un escrito ante la Juez Quinto de lo Familiar del Centro, haciendo de su conocimiento tal situación; de dicho ocurso se desprende que en efecto, con fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, el aquí apelante presentó un escrito ante la referida Juez, informándole que la C. KAREN STHEFFANY HERNÁNDEZ MANZANO, ha impedido en distintas ocasiones aue se lleve a cabo la convivencia con su menor hija y para tal fin solicitó la celebración de una audiencia familiar con carácter de urgente, a efecto que le hiciera saber a la misma las consecuencias de ello y su obligación de cumplir los términos pactados en el convenio; que por proveído de once de marzo de dos mil veinte, fue acordado su ocurso, obsequiando su petición y se señalaron las once horas del día dieciocho de junio de dos mil veinte, para que tuviera verificativo una audiencia de carácter amiliar con la asistencia del Ministerio Público, en la que se exhortaría a las partes a que cumplan con el convenio celebrado en autos, y se abstengan de realizar actos o conductas que vulneren los derechos de su hija menor de edad; de donde se advierte que a escasos cuatro meses de que las partes suscribieron el convenio, ya había un conflicto entre los progenitores de la menor involucrada respecto a la convivencia de ésta con el padre no custodio. Con relación al documento que en sobre cerrado envió la Juez Quinto de lo Familiar del Centro, en el aludido oficio 2634/2021 (.) una vez abierto y extraído el cuadernillo de tres fojas relativas a las copias certificadas por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, deducidas de las copias certificadas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Licenciada Amanda Amelia López García, de los originales que obran dentro de la carpeta de investigación 12247/FMUJ/UDNA/2020, los que se mandó guardar en el secreto del Juzgado, que se valoran en los mismos términos anterior; en la foja uno y dos, se encuentra copia del dictamen rendido por la Perito Médico Legista y Forense de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Doctora Maricruz Ortega Poblano, con cédula profesional número 3164033, a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género (.) respecto al dictamen que solicitó realizara a la menor involucrada de lesiones ginecológicas, proctológico e informe de zonas erógenas; habiendo sido concluyente la perito Médico Legista Forense en el sentido de que la infanta no presenta CLASIFICACIÓN MÉDICO LEGAL DE LESIONES; en la foja tres, se encuentra informe que a solicitud también de la Agente del Ministerio Público encargada de la investigación, rindió la Psicóloga Adriana Cruz Pérez, con número de cédula profesional 11709755, del Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, de fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, refiriendo que la menor hasta esa fecha, había acudido a dos terapias preparatorias, para su declaración, concluyendo: "Hasta el momento no se encuentra en condiciones para rendir su declaración, se sugiere que la niña continúe con las sesiones preparatorias ya que hasta el momento y por la edad que tiene maneja un lenguaje poco claro y confuso, por lo que la información que hasta el momento ha referido es incompleta". Es este contexto, tomando en consideración que no consta en autos que haya concluido la indagatoria de la denuncia presentada por la señora KAREN STHEFFANY HERNÁNDEZ MANZANO en contra del aquí apelante VÍCTOR AQUINO HERNÁNDEZ, se resulta procedente CONFIRMAR el auto impugnado que decretó la suspensión temporal del régimen de convivencia definitivo entre la menor involucrada y su progenitor no custodio, hasta en tanto concluya la indagatoria que se sigue en contra de VÍCTOR AQUINO HERNÁNDEZ, se desahoguen todas las pruebas que en forma oficiosa mandó praticar la Juez de origen, y resuelva en definitiva lo conducente.". (sic) Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, se señala que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación, los que se se abordará de estricto derecho, pues quien promueve el amparo es el demandado en un juicio de alimentos; sin que se actualice alguna de las hipótesis para suplir la deficiencia de la queja. En sus conceptos de violación, el quejoso alega, en esencia: Que el acto reclamado es inconstitucional porque previo a emitir la medida cautelar, la juez familiar debió darle vista con la petición de la actora para que se pronunciara al respecto. Que la juez familiar emitió su determinación basándose solo en las aseveraciones de la actora, sin tener pruebas, lo que es insuficiente para tener por ciertas tales afirmaciones. Que no pudo cometer el delito porque la progenitora de la menor le impedía verla; además que no está acreditado el delito que se le imputa ya que no existe auto de vinculación a proceso en su contra y por ello opera a su favor el principio de presunción de inocencia. Que la sala responsable al confirmar el auto donde se decretó la suspensión de convivencia, viola el principio de presunción de inocencia y pro persona, además de que lo privan de muchos meses de convivencia con su hija pues han pasado más de un año con ocho meses sin verla; aunado a que estima que ese lapso es suficiente para que el ministerio público hubiere llevado el caso ante un juez de control. Que en la resolución reclamada, no se ponderaron diversas constancias como aquella consistente en el informe de dos de septiembre de dos mil veinte, donde se advierte que el veinte de julio de ese año, la perito psicóloga Adriana María Cruz Pérez, refirió que a preguntas realizadas a la menor, no evidencia hasta el momento hechos con apariencia de delito cometido en su agravio. Que la sala responsable no tomó en consideración que en la carpeta de investigación que se sigue en su contra no existen datos que demuestren que cometió el delito de violación equiparada; que cuando acudió ante el ministerio público investigador no le fue proporcionado el número de carpeta; ni tampoco se le dio intervención en ésta, por lo que no tiene carácter de detenido o imputado. Que la sala responsable no consideró las valoraciones psicológicas realizadas a los progenitores de la menor y que resolvió confirmar la suspensión de la convivencia hasta en tanto concluyera la indagatoria que se sigue en su contra y se desahogaran todas las pruebas ordenadas por la juez familiar, sin precisar cuáles son esas. Que la sala responsable debió optar por otra medida diversa, considerando que está pendiente de resolverse la carpeta de investigación, por lo que pudo optar por decretar convivencias bajo la supervisión de alguna autoridad o del juzgado ante el cual se tramita el expediente familiar. Los sintetizados conceptos de violación marcados con los números 1, 2 y 3 resultan inoperantes; en razón a que solo tienden a combatir la resolución de la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, emitida el catorce de abril de dos mil veinte, en el expediente 528/2019, no así la determinación del Tribunal responsable, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 161/2021, que confirmó aquella, y que constituye el acto reclamado en esta instancia. Así, los conceptos de violación que obran en la demanda de amparo se tornan inoperantes, ya que no expresan los razonamientos jurídicos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; en ese orden, toda vez que los conceptos de violación, constituyen el requisito establecido en la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, no se puede juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ante la ausencia de formulación de verdaderos conceptos de violación y en consecuencia, al no expresar los razonamientos tendentes a poner de manifiesto que las consideraciones que rigen la resolución reclamada, son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica, éstas deben de permanecer incólumes para sostener su sentido. . Respecto a los restantes conceptos de violación, resultan INFUNDADOS, en razón de las siguientes consideraciones. Primeramente, cabe traer a cuenta, que los artículos 962 a 965 del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Oaxaca, disponen. "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea índucido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". "Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento". "Artículo 964. No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial". "Artículo 965. Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea". Como se observa de los numerales transcritos, en lo que interesa, los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público en cuyo caso el Juez tomará las medidas urgentes y necesarias para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Que el Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, en especial tratándose de menores, alimentos y violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Que no se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente tratándose de la investigación de paternidad, así como cuando se alegue el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. Además, se señala que al acudir ante el Juez de lo Familiar, se debe exponer de manera breve y concisa los hechos; que con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la demandada, quien deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, que en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Que el Juez, tratándose de alimentos, fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. En los casos de investigación de la paternidad se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda y se proveerá lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea. Así, los conceptos de violación donde la parte quejosa indica que la resolución de la responsable es inconstitucional porque viola el principio de presunción de inocencia, dado que no existe un auto de vinculación en su contra ya que incluso no se le ha dado intervención en ella y no tiene el carácter de detenido o imputado; que no se ponderó el informe de dos de septiembre de dos mil veinte, donde la perito psicóloga Adriana María Cruz Pérez, refirió que a preguntas realizadas a la menor, no evidencia hasta el momento hechos con apariencia de delito cometido en su agravio; y que el acto reclamado es inconstitucional porque la sala responsable pudo adoptar diversas medidas donde, salvaguardando la integridad de la menor, se permitiera la convivencia con su menor hija; además de permitir que la suspensión de convivencia dure hasta en tanto se desahoguen todas las pruebas ordenadas en la indagatoria correspondiente, como se dijo, son INFUNDADOS. Lo que se afirma, pues la sala responsable en esencia no sustenta su determinación en la circunstancia de que se esté integrando una carpeta de investigación contra el quejoso, o en las pruebas en ella desahogadas; sino más bien porque ante la juez familiar, la progenitora de la menor presentó el escrito de ocho de abril de dos mil veinte, donde informó hechos graves, de índole sexual, cometidos contra una menor de edad; lo que se estima correcto, pues, como lo expuso el tribunal responsable, la juez familiar estaba obligada, conforme a los numerales expuestos con antelación, a dictar una medida urgente que preservara la integridad de la menor involucrada, atendiendo al interés superior que en el caso debe prevalecer, y sin dar intervención al aquí quejoso. Así, se estima correcto que la sala responsable modificara el convenio de convivencia, considerando la petición de la madre de la menor, en su escrito de ocho de abril de dos mil veinte, y ordenara la suspensión absoluta para preservar el interés superior de la menor. Ahora, el derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4º Constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia (en el caso a estudio a cargo de la progenitora), debe prevalecer el interés superior del menor, lo que significa que se deben tomarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio. La convivencia entre padres e hijos se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, las medidas que se asuman al respecto deben buscar invariablemente su prevalencia, de modo que sólo podrá ser objeto de suspensión temporal, en los casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. Esto es, la suspensión de esas relaciones debe imponerse en los casos de extrema gravedad, en que la autoridad judicial, como garante de los derechos de los menores, considere que existe una afectación al interés superior, precisando la situación de hecho y el grado de afectación que produce, con la finalidad de que el familiar que se vea afectado por la decisión judicial, conozca las causas que justificaron el menoscabo a su derecho de convivencia. Así, dadas las razones expuestas por la madre de la menor, y que ésta denunció hechos que se estiman graves ante el Ministerio Público, a fin de realizar las indagatorias respectivas, fue acertado que la sala responsable privilegiara el derecho a la integridad de la menor al confirmar la suspensión absoluta de la convivencia, pues hasta en tanto se desahoguen las pruebas en la carpeta de investigación correspondiente; se conocerá si la integridad personal y psicológica de la menor, no se encuentra en peligro. Así, contrario a lo que afirma la parte quejosa, la sala responsable no vulnera en su contra los principios pro persona y de presunción de inocencia, ya que, como se expuso, la suspensión de la convivencia no es resultado de un castigo por la conducta narrada por Karen Stheffany Hernández Manzano, si no que atiende a la salvaguarda de la integridad de la menor involucrada. Y la alegada circunstancia consistente en que la sala responsable no ponderó el informe de la perito psicóloga Adriana María Cruz Pérez, quien refirió que a preguntas realizadas a la menor, no se evidencia hasta el momento hechos con apariencia de delito cometido en su agravio; que en apreciación del quejoso no existen datos que demuestren que cometió el delito de violación equiparada; que no está detenido ni tiene carácter de imputado; que no se consideró las valoraciones psicológicas realizadas a los progenitores de la menor, se tornan infundadas, pues las anotadas particularidades no desvirtúan de manera fehaciente que la integridad física y psicológica de la menor no esté en riesgo; y por tanto, ante la falta de certeza por parte de la sala responsable en el sentido de que la integridad de la menor no corre peligro, no puede actuar en modo distinto al que lo hizo al emitir el acto reclamado. En consecuencia, al resultar INFUNDADOS los conceptos de violación expresados, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con siete minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, por tal motivo en audiencia pública, Rodolfo Zepeda Sánchez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de ********************, Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe, la declara abierta, sin presencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022 del aludido pleno. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Acto continuo, se relacionan las constancias de autos y hace constar que las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la publicación de datos personales. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales consiguientes y respecto a la publicación de datos personales acuérdese lo conducente en la etapa considerativa de la sentencia. PRUEBAS Y ALEGATOS Abiertos en su orden los periodos de pruebas y alegatos se hace constar que la autoridad responsable, aportó diversas documentales que tienen relación con el acto reclamado; asimismo, que no se formularon alegatos. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas relacionadas. No habiendo más pruebas que desahogar, ni alegatos que reproducir, se cierran ambos periodos y se procede a dictar la siguiente resolución. A lo que el Juez acuerda: ténganse por reproducidos los alegatos expuestos por la parte quejosa, dado que las partes no formularon alegatos, se cierra dicho período y se procede a dictar la siguiente resolución.Rodolfo Sánchez Zepeda Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca ******************** Secretario de Juzgado
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