Victor Alberto Porras Arellano

Expediente 1389/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1389/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Victor Alberto Porras Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1389/2021; promovido por VICTOR ALBERTO PORRAS ARELLANO, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. R(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido en contra de un acto de autoridad dentro de la jurisdicción de este órgan de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La omisión de publicar los links de las audiencias en materia penal. La omisión de emitir los acuerdos generales necesarios para el mejoramiento de la administración de justicia por medios electrónicos. La omisión de establecer la normatividad para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos internos, así como los de servicios al público, como la publicación de los links de las audiencias en materia penal. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de emitir los acuerdos generales necesarios para el mejoramiento de la administración de justicia por medios electrónicos, pues expresó lo siguiente: ".el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, conjuntamente con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictaron los Acuerdos General Conjuntos de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, todos del año dos mil veinte.mismos que se encuentran disponibles para su consulta en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca www.tribunaloaxaca.gob.mx." Como se ve, no existe la omisión reclamada por el quejoso; además no exhibió prueba alguna que desvirtúe dicha negativa; por lo tanto, al no existir dicho acto, se sobresee en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al efecto, la jurisprudencia número 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del año 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Materia Común, página 236. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable a lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." (visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, Tomo XV, Novena Época, Materia Común). CUARTO. Certeza de actos. Como cuestión previa y de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo, lo procedente es verificar la existencia de los demás actos reclamados, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio constitucional y, en su caso, la constitucionalidad de los citados actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, página 68, Abril 1994, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Son CIERTOS los actos reclamados marcados con los números 1 y 3, en la precisión de actos, consistentes en la omisión de publicar los links de las audiencias en materia penal de los Juzgados de Control de sede en Tanivet, Oaxaca, lo que se traduce en que el quejoso se duele de que se viola en su perjuicio el principio de publicidad en el proceso penal acusatorio. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte que se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA llamada litispendencia, prevista en el numeral 61, fracción X, de la legislación en cita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". Del artículo transcrito, es posible advertir que el juicio de control constitucional es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. La causa de improcedencia de mérito, se traduce en lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de un diverso juicio de amparo -lo que implica su presentación previa-, que el mismo haya sido promovido por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades responsables y actos reclamados aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. Además, conviene precisar que la finalidad de la causa en estudio es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. En síntesis, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución en primera o segunda instancia y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En el caso en concreto, conviene destacar como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo en su numeral 2°, que en la estadística de este órgano jurisdiccional, se tramita y se encuentra pendiente de que quede firme la resolución en el diverso juicio de amparo 1232/2021, promovido por el propio quejoso VÍCTOR ALBERTO PORRAS ARELLANO, contra actos y autoridades responsables siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA. C. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA. C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA. IV. ACTOS RECLAMADOS. El oficio número PJEO/CJ/SE/4390/2021 de fecha 18 de octubre del año 2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. La negativa de hace públicos los links de las audiencias en materia penal de los Juzgados de Control con sede en Tanivet de ese H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con el objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad en el proceso penal acusatorio y oral. La omisión del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca de dar respuesta a la solicitud de fecha 17 de octubre de 2021. De lo antes transcrito, se evidencia que en el presente juicio 1389/2021, así como el diverso 1232/2021, ambos de la estadística de este órgano jurisdiccional, existe identidad de parte quejosa, una autoridad responsable y en esencia del acto reclamado, (negativa y omisión de hacer públicos los links de las audiencias en materia penal de los Juzgados de Control con sede en Tanivet, Oaxaca). Además, el citado juicio se encuentra en trámite, ya que aún no se ha dictado sentencia firme y fue promovido con anterioridad, precisamente el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mientras que el asunto que nos ocupa se está resolviendo con esta propia fecha, situación por la cual se advierte que existe litispendencia entre éstos. De ahí que, se colige que el presente juicio de amparo es improcedente, porque los actos reclamados fueron materia de otro juicio de amparo (1232/2021), pendiente de resolución firme, que fue promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y esencialmente por los propios actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, el siguiente criterio judicial: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.(Tesis I.11º.C.31 K (10ª.), visible en la página 3029, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, T.C.C., Décima Época, registro digital: 2019187). Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, lo procedente será sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (...) NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que conste como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria Ejecutiva Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, toda vez que en proveído de veintisiete de enero del año en curso, se acordó lo conducente, al haberse recibido el comunicado de cuenta, vía correo electrónico. CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado de la Secretaria Ejecutiva Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Por otra parte, atento a lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley de Amparo, téngase como delegado de su parte, a la persona que menciona. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado por la aludida responsable, únicamente por el tiempo que perdure la pandemia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

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