Víctor Alejandro Tortajada González
Expediente 1206/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2018
Partes del expediente
- Víctor Alejandro Tortajada González
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ** autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos el veintitrés de mayo del año actual (fojas172 a 179) y acompaña el original del libelo por el que formula agravios , así como seis copias de éste; por lo tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito, los numerales 84 y 89 de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener, que la tramitación y resolución del recurso que se promueve contra la sentencia dictada en este juicio constitucional el veintitrés de mayo del año en curso, es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, toda vez que, el acto reclamado se hizo consistir en: "se reclama el cambio de nombre de los contribuyentes en el registro de propietarios que se lleva ante las autoridades responsables, dado que éste estaba inscrito con clave catastral 20-041-01-003-028-047, a nombre de los suscritos, JAVIER VALENCIA GALLARDO y MARIA TERESA CAMACHO ZUÑIGA y ahora nos acabamos de enterar que actualmente aparece a nombre de FLAMINGOS ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., sin fundamento legal y sin haber sido oídos o vencidos en un procedimiento judicial o administrativo, lo cual violenta nuestros derechos humanos protegidos por las garantías que emanan de la Constitución General de la República y que señalamos como violados." Por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el acto reclamado emana de un procedimiento civil. En las relatadas condiciones, con fundamento en el dispositivo 89 de la ley en comento, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre éstas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al órgano de control constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución terminada de engrosar el treinta de abril de este año (fojas 45 a 55); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito de dicho tribunal, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dén cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo vigente, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a las responsables en comento, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las juntas y tribunales laborales no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil quinientos quince, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "..." Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una medida de apremio, consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
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