Víctor Alejandro Tortajada González
Expediente 1472/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1472/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2018
Partes del expediente
- Víctor Alejandro Tortajada González
- Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, Con Sede En Xalisco, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo vigente, en contra de la sentencia de dos de agosto del año en curso (fojas 25 a 29). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Xalisco, Nayarit, las copias certificadas del Juicio Civil Ordinario 317/2015 de su índice, en un tomo, que acompañó en apoyo a su informe con justificación (foja 22), solicitándosele el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta, suscrito por *, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con sustento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias que indica el promovente, a su costa, previa toma de razón y constancia de recibo que deje en autos.
- Principal
Tepic, Nayarit, dos de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Guadalupe Mancillas Castillo, respecto de los actos atribuidos al Congreso, Gobernador, así como al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de $4,506.61 (cuatro mil quinientos seis pesos con sesenta y un centavos moneda nacional) por la inscripción registral del instrumento público, en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.." En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que la autoridad responsable referida, esencialmente, realizara lo siguiente: Desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fraccion I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los numerales 12, 13 y 14 de dicho ordenamiento legal, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales hasta en tanto no sean modificados. Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $4,506.61 (cuatro mil quinientos seis pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional), que pagó por diversos conceptos. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En atención a lo anterior, la responsable pretendió dar cumplimiento por comunicado signado en la oficialía de partes de este juzgado federal el veinte de diciembre de dos mil diecisiete registrado con el folio 36002, sin embargo, no se tuvo por cumplido pues la responsable remitió documentales correspondientes a diversa persona. Por otra parte, el dos de abril de dos mil dieciocho se tuvo por recibido el comunicado registrado con número de folio 8338, por el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, informó que el veintiocho de marzo del año que cursa entregó al quejoso el cheque 0000387 valioso por la cantidad de $121.57 (ciento veintiún pesos con cincuenta y siete centavos 57/100 moneda nacional), por concepto de la actualización de la cantidad erogada en favor del fisco. Ahora, el quejoso mediante escrito presentado el once de abril de este año en la oficialía de partes de este juzgado federal, manifestó que había recibido el cheque antes mencionado. Posteriormente, este juzgado federal requirió a la responsable por el monto correspondiente al pago de $4,226.61 (cuatro mil doscientos veintiséis pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional). Por lo que, esta mediante el comunicado presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el cinco de julio de dos mil dieciocho, registrado con el número de folio 18137, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, realizó la entrega del cheque número 0000151 por la cantidad $4,226.61 (cuatro mil doscientos veintiséis pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional), cantidad que en su momento erogó el solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva, y al efecto remitió copia de dicha entrega. No pasa inadvertido para este juzgado federal que fue hasta en cinco de julio de este año, que la responsable informara el cumplimiento dado, pues, anteriormente mediante oficio signado el veinte de diciembre de dos mil dieciséis pretendió informar lo anterior expuesto. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y les devolvió la contribución principal erogada por éstos, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $4,506.61 (cuatro mil quinientos seis pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional), por los siguientes conceptos: No. Concepto Cantidad 1 INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO. $2,964.876 2 FOM. EDUCACIÓN $741.219 3 ASIST. SOCIAL $444.7314 4 U.A.N. $355.78512 TOTAL $4,506.61 Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se le tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documentos públicos o privados en que se transmita la propiedad de un inmueble y la de otros contratos, títulos o documentos de cualquier clase, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 13, 14, 16 y 21, fracciones I, XVIII y XL de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $4,226.61 (cuatro mil doscientos veintiséis pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, se advierte que el pago del quejoso se realizó el veintiuno de julio de dos mil diecisiete y, como se asentó anteriormente, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete la autoridad responsable realizó la entrega del cheque por la cantidad antes referida a la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio al de diciembre, ambos de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de noviembre de diecisiete, al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil diecisiete, aun no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues dicho pago se llevó a cabo el veinte de diciembre de dos mil diecisiete (foja 244), por lo que es evidente que al momento en que se realizó el pago correspondiente por medio del cheque 0000151 referido todavía no se publicaba el citado índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de noviembre del año en cita. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue de 126.408; y para el mes de noviembre de dicho año fue de 130.044, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.028764. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $4,348.18 (cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos con dieciocho centavos 18/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $121.57 (ciento veintiún pesos con cincuenta y siete centavos 57/100 moneda nacional). Así, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, el recaudador responsable devolvió a la quejosa, primero, la cantidad de $4,226.61 (cuatro mil doscientos veintiséis pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional), y posteriormente, el monto de actualización correspondiente a dicha cantidad, esto es, de $121.57 (ciento veintiún pesos con cincuenta y siete centavos 57/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad capital DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, en virtud de lo ya expuesto archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Vocal del Registro Federal de Electores, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al proveído de veintiuno de junio del año en curso (fojas 72 y 73), informa el domicilio que se encontró en el Padrón Electoral de la entidad del tercero interesado Hugo Alberto Flores Nungaray; en consecuencia, agréguense a sus autos para los efectos legales conducentes. Luego, déjese en sobre cerrado el libelo de cuenta, por contener información considerada como confidencial. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que mediante el aludido acuerdo de veintiuno del mes próximo pasado (fojas 72 y 73), se ordenó girar oficio a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ruiz, Nayarit; así como a las dependencias denominadas Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y Directores Generales de Catastro Estatal y Municipal, todos con residencia en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días, informaran si dentro de sus expedientes o registros obraba algún domicilio donde pudiera ser emplazado al presente juicio de garantías el mencionado tercero interesado Hugo Alberto Flores Nungaray; sin que a la presente fecha el Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad hubiere informado lo conducente, por lo que gírese oficio recordatorio, con copia del diverso de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, para tal efecto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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