Víctor Alejandro Sánchez García
Expediente 156/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Víctor Alejandro Sánchez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, turnada a este Juzgado el mismo día, el quejoso *******, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en la que reclamó al Director General, Director Técnico, Encargado de la Coordinación de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte" y Titular del Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez, Chihuahua, en esta ciudad, la falta de atención médica. SEGUNDO. Trámite del amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió a este órgano de control constitucional conocer de la demanda, y en auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de la federación adscrita. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, respecto a los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo vigente; 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, debido a que los actos reclamados son considerados de naturaleza penal y tienen ejecución dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por imperativo de los artículos 74 fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que el acto reclamado consiste en la falta de atención médica por parte de las responsables. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El encargado del Departamento Jurídico del Hospital General de Ciudad Juárez, en representación del Titular del Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, Director General, Encargado de la Coordinación de Servicios Médicos y Director Técnico, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes negaron los actos que se le atribuyen. A fin de corroborar su dicho las autoridades responsables penitenciarias remitieron copia certificada del expediente médico que en el Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", se lleva del quejoso (fojas 97 a 210). Además, en esta data se llevó a cabo el desahogo de la testimonial a cargo del médico otorrinolaringólogo Héctor Hugo Montes Vega ofertada por la defensa del quejoso. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. A juicio de quien esto resuelve, las probanzas antes reseñadas se consideran ineficaces para acreditar la existencia de la falta de atención médica. En efecto, al expediente médico que debidamente autorizado se exhibió se les reconoce el carácter de documento público en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, ya que por éstos se entiende, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les reconoce eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado. Sin embargo, las documentales aportadas por las autoridades responsables resultan idóneas para acreditar que el accionante del amparo ha recibido atención clínica necesaria, pues así se corrobora de las notas médicas y del medicamento que se le ha suministrado. Ello, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. En relación con la testimonial que se desahogó a cargo de *******, se advierte que manifestó trabajar en el Instituto Chihuahuense de la Salud, Hospital General de Ciudad Juárez y que el trece de enero de dos mil diecisiete, el quejoso acudió con él para ser consultado y que pudo constatar que tiene una condición genética llamada caseum que no es una enfermedad y que puede ser operada con los riesgos que ello conlleva. Tal declaración merece valor de indicio en términos del numeral 215 de la ley adjetiva civil de aplicación supletoria, sin embargo, las declaraciones son insuficientes para demostrar la existencia de las omisiones reclamadas, pues el ateste fue claro en indicar que sí se le brindó atención medica al quejoso, se le diagnosticó y se le entregó antibiótico para el dolor que presentaba. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.8o.C. J/24, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de dos mil diez, Materia Común, visible en la página 808, con registro 164440, del tenor siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. Aunque el valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus declaraciones sobre determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis. Así, dado que la negativa de las autoridades responsables se encuentra corroborada con medios de prueba y el quejoso no la desvirtuó es que se tiene como inexistente la omisión de atención médica alegada. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo *******, promovido por *******, respecto de las autoridades responsables y actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra fijada para hoy la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo en virtud de que el testigo doctor ******* no le fue posible presentar el expediente clínico del quejoso *******, el que se considera necesario para la resolución del presente juicio de amparo. En consecuencia, con el fin de contar con el expediente clínico del aquí quejoso, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del siete de junio de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, gírese atento oficio al Instituto Chihuahuense de la Salud, Hospital General Juárez, para que el testigo doctor *******, tenga conocimiento del diferimiento de la audiencia y se presente a la hora y fecha señalada en el párrafo que antecede, día de la audiencia constitucional, de manera puntual, en las oficinas de este juzgado, cito en *******, con sede en esta ciudad, quien deberá portar identificación oficial vigente, de igual manera se le requiere de nueva cuenta, para que presente las copias certificadas del expediente clínico de *******. Se apercibe al doctor *******, que de no presentarse el día de la audiencia, con fundamento en el artículo 237 y 238 de la Ley de Amparo en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una multa de $******* equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete y toda vez que la suscrita Secretaria encargada del despacho por licencia del titular, no está facultada para fallar en definitiva el presente asunto, según lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 43 Cuando un juez de distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. (.) Por tanto, toda vez que el titular de este tribunal, se encuentra haciendo uso de una licencia, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del uno de junio de dos mil diecisiete. Atento a lo anterior, gírese atento oficio al Instituto Chihuahuense de la Salud, Hospital General Juárez, para que el testigo doctor *******, tenga conocimiento del diferimiento de la audiencia y se presente a la hora y fecha señalada en el párrafo que antecede, día de la audiencia constitucional, de manera puntual, en las oficinas de este juzgado, cito en Avenida Tecnológico, número 1670, colonia Fuentes del Valle, con sede en esta ciudad, quien deberá portar identificación oficial vigente, de igual manera se le requiere para que presente el expediente clínico de *******. Se apercibe al doctor *******, que de no presentarse el día de la audiencia, con fundamento en el artículo 237 y 238 de la Ley de Amparo en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una multa de $******* equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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