Víctor Alejandro Reynoso Melo
Expediente 283/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Víctor Alejandro Reynoso Melo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES LA CUAL EN LO CONDUXCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 184/2022-III, promovido por *******, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el mismo día, *******, por conducto de *******, su representante legal, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos constitucionales que la parte accionante del amparo estimó transgredidos. La parte quejosa consideró vulnerados los contemplados en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercero. Declaración de incompetencia, no aceptación de diverso juzgado y conflicto competencial. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 184/2022-II y este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocerla, por las razones ahí esgrimidas; motivo por el cual, en tal determinación, ordenó su inmediato envío al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de ese lugar. A la postre, en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad, informando que no aceptó la competencia legal que le fue propuesta; por lo que, en ese proveído, se planteó conflicto competencial y se ordenó remitir los autos de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a efecto de que lo sustanciara. Cuarto. Resolución de conflicto competencial y admisión de la demanda. De ese modo, ulteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió en el conflicto competencial *******, que este juzgado es legalmente competente para conocer del asunto; por lo que, al recibirse tal resolución, mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Asimismo, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el contenido del oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente en este juicio de amparo biinstancial: 1.- Del H. Congreso del Estado de Chihuahua: se reclama la discusión, aprobación y expedición de la Ley de ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, mediante Decreto número LXVI/APLIE/0109/2021 I P.O., en fecha veintinueve de diciembre del dos mil veintiuno, en específico el Artículos primero numerales 1, 1.5, 1.5.1, 1.8, 1.8.1, 1.8.1.1, 1.8.1.2, 1.8.2 y Articulo Noveno, los cuales contienen el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a Cargo de los Sujetos que Gravan ISN e impuesto Adicional Universitario para UACH y UACI. Así mismo, se reclama la discusión, aprobación y expedición de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al impuesto Adicional Universitario. y la modificación a la Tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75, de la Ley de Haciendo del Estado de Chihuahua, publicadas mediante Decreto N. LXVI/RFLEY/0108/2021 IP.O., en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 22 de Diciembre del 2021. 2.- Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua: con residencia en Chihuahua capital, la promulgación y publicación de tales Decretos. 3. Del Secretario General De Gobierno: con residencia en Chihuahua capital, el refrendo de tales Decretos. 4. Del Director del periódico Oficial del Estado de Chihuahua: con residencia en Chihuahua capital, la publicación de tales Decretos. 5. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, el refrendo y publicación de tales Decretos. 6. Del Recaudador de Rentas, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cobro, facturación y recepción del impuesto sobre nómina, las contribuciones extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos que Gravan ISN, y el Impuesto Adicional universitario para UACH y UACJ. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. En sus informes justificados, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Recaudador de Rentas del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, manifestaron que no es cierto el acto de ejecución que se les atribuye. Al respecto, debe precisarse que la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cálculo y la recepción del pago de los impuestos universitario e impuesto sobre nómina, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, no se puede atribuir a dichas autoridades, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en ésta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, ya que no existió por parte de las autoridades exactoras estatales responsable, requerimiento de pago alguno, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados no se les puede atribuir. En efecto, a efecto de demostrar el acto de aplicación que originó este juicio de amparo contra leyes, la quejosa exhibió, con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo, los siguientes documentos: a).- Declaración Mensual en su Normal del mes de enero del 2022, correspondiente al pago del Impuesto sobre nóminas, Impuesto Universitario, Contribución Extraordinaria del 10% y Contribución Extraordinaria de 5% contribuciones correspondientes al ejercicio fiscal 2022, periodo de pago 2022-01, con fecha 15 quince de febrero del dos mil veintidós, por la cantidad de $******* m.n. b).- Transferencia Electrónica por la cantidad de $151,402.00 m.n., realizada ante la Institución Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. en fecha quince de febrero del dos mil veintidós, con numero de referencia *******, con la cual se acredita el pago de las contribuciones señaladas en el inciso a). c).- Declaración Mensual en su Normal del mes de enero del 2022, correspondiente al pago del Impuesto Sobre Nóminas. Impuesto Universitario. Contribución Extraordinaria del 10% y Contribución Extraordinaria del 5%, contribuciones correspondientes al ejercicio fiscal 2022. Periodo de pago 2022-01, con fecha 15 quince de febrero del dos mil veintidós, por la cantidad de $******* m.n. d).- Transferencia Electrónica por la cantidad de $******* m.n. realizada ante la Institución Bancaria ******* en fecha quince de febrero del dos mil veintidós, con numero de referencia *******, con la cual se acredita el pago de las contribuciones señaladas en el inciso a). Por otra parte, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, por conducto de su delegado, manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye consistente en el refrendo de los decretos reclamados, toda vez que no le compete el refrendo de una ley o decreto expedido por el Congreso del Estado de Chihuahua. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo por lo hace a la recaudación de las contribuciones reclamadas, atribuido al Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y al Recaudador de Rentas del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, así como por lo que hace al refrendo de dichos decretos por parte de la primera de las autoridades mencionadas. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Secretario General de Gobierno, el Director del Periódico Oficial y la Gobernadora constitucional, todos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, aceptaron los actos que les fueron endilgados; de modo que se tienen por ciertos. Por su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, con domicilio en la ciudad del mismo nombre, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que transcurrieron los quince días contados a partir del requerimiento del mismo; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se les endilga, a saber la discusión, aprobación y expedición de los decretos impugnados. Por lo que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyó. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tienen por acreditadas, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde su publicación oficial, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta Juzgadora, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicados en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que la parte quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: 1.- En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, 2.- Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y 3.- De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Así como la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Sexto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determina la hipótesis de improcedencia que se actualiza en este asunto. Respecto de los actos reclamados a la Gobernadora Constitucional y al Secretario General de Gobierno, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, consistentes en la publicación y el refrendo de los Decretos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la quejosa reclama de las citadas autoridades, la publicación y refrendo de los Decretos reclamados, descritos en el considerando segundo, que prevén y determinan el mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto sobre nómina y el impuesto adicional universitario para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que culminó con la publicación y refrendo de tales ordenamientos legales. De ahí que, con relación a la publicación y refrendo de los Decretos reclamados, atribuidos a la Gobernadora Constitucional y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II En relación con el Decreto 108/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en vigor a partir del uno de enero de dos mil veintidós, específicamente las reformas a los artículos 79 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, que modifican el impuesto universitario, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. De tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se desprenda de los demás casos previstos en la propia ley. Lo cual, concatenado con lo previsto en el segundo numeral que establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, mismo que interpretado en sentido contrario, revela que el juicio de amparo contra leyes es improcedente, cuando se reclame actos posteriores al primero. Ahora bien, el impuesto adicional universitario, está regulado por el Título Tercero, Sección I, de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, del contenido siguiente: "TÍTULO TERCERO OTROS IMPUESTOS SECCIÓN I IMPUESTO ADICIONAL UNIVERSITARIO [Denominación reformada mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/0636/2019 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 104 del 28 de diciembre de 2019] OBJETO ARTÍCULO 79. Es objeto de este impuesto, los montos que resulten a pagar por concepto de impuestos ordinarios y derechos a que se refieren esta Ley, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua y, en su caso, el Acuerdo por el que se establecen las cuotas por el uso de carreteras del Estado. [Artículo reformado mediante Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 102 del 22 de diciembre de 2021] SUJETOS ARTÍCULO 80. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes obligados al pago de los impuestos ordinarios y derechos indicados en el artículo anterior. BASE ARTÍCULO 81. Se tomará como base de este impuesto, el monto total que se cause en cada impuesto ordinario o derecho. TASA Y DESTINO ARTÍCULO 82. A la base a que se refiere el artículo 81 de esta Ley, se le aplicará la tasa del 4%, tratándose de impuestos ordinarios y derechos por el uso de carreteras de cuota estatales; y la tasa del 6%, tratándose del resto de derechos, y el importe que se obtenga será el impuesto a pagar. Los ingresos que se obtengan por la aplicación de la tasa del 4% sobre impuestos ordinarios, así como la recaudación equivalente a 4 puntos porcentuales de la tasa del 6% sobre derechos, se destinarán por partes iguales, como aportación estatal respecto a los convenios federales que firmen la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En caso de que dichos convenios no sean suscritos, los ingresos recaudados se destinarán, en igual proporción, al sostenimiento de dichas universidades. El ingreso equivalente a los 2 puntos porcentuales restantes de la tasa del 6% a derechos, así como el ingreso obtenido por la aplicación de la tasa del 4% a derechos por el uso de carreteras de cuota estatales, se destinarán como aportación estatal respecto a los convenios federales que firmen otras universidades públicas estatales y al financiamiento de programas estatales de fomento educativo. [Artículo reformado mediante Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 102 del 22 de diciembre de 2021] PAGO ARTÍCULO 83. El impuesto establecido en esta sección deberá pagarse en los mismos plazos y de manera conjunta con los impuestos ordinarios y derechos que lo causen." Como se advierte, mediante el Decreto reclamado, se reformaron los artículos 79 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, este último, referente a la tasa del impuesto adicional universitario. Dicho ordenamiento legal, en su texto original, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Decreto LXV/EXLEY/0887/2018 XVIII P.E. 54, era del contenido siguiente: "TÍTULO TERCERO OTROS IMPUESTOS SECCIÓN ÚNICA IMPUESTO ADICIONAL UNIVERSITARIO OBJETO ARTÍCULO 79.- Es objeto de este impuesto, los montos que resulten a pagar por concepto de impuestos ordinarios y derechos a que se refieren esta Ley y la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua. SUJETOS ARTÍCULO 80.- Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes obligados al pago de los impuestos ordinarios y derechos indicados en el artículo anterior. BASE ARTÍCULO 81.- Se tomará como base de este impuesto, el monto total que se cause en cada impuesto ordinario o derecho. TASA Y DESTINO ARTÍCULO 82.- A la base a que se refiere el artículo 81 de esta Ley, se le aplicará la tasa del 4 %, y el importe que se obtenga será el impuesto a pagar. Los ingresos que se obtengan por este impuesto se destinarán al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por partes iguales. PAGO ARTÍCULO 83.- El impuesto establecido en esta sección deberá pagarse en los mismos plazos y de manera conjunta con los impuestos ordinarios y derechos que lo causen." Pues bien, del análisis comparativo de las normas reclamadas, se advierte que en cuanto al objeto del impuesto adicional universitario (artículo 79), a través del Decreto reclamado, se añadieron los impuestos que resulten a pagar, además de los previstos en esa Ley y la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, los previstos en la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chihuahua, y en su caso, el Acuerdo por el que se establecen las cuotas por el uso de carreteras del Estado. Es decir, dicha reforma no impactó la esfera jurídica del quejoso, pues tanto en el texto original de dicho precepto, como en el actualmente vigente, se preveía como objeto del impuesto adicional universitario, los impuestos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, como lo es el impuesto sobre nómina. Luego, respecto del artículo 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, se advierte que a través del Decreto reclamado, se reformó para añadir una tasa; en efecto, originalmente la única tasa de dicha contribución adicional era del 4% sobre la base del mismo (artículo 81, monto total que se cause en cada impuesto ordinario o derecho), pero con motivo de la reforma que nos ocupa, se precisó que la tasa del 4% se refiere a los impuestos ordinarios y derechos por el uso de carreteras de cuota estatales y se añadió una tasa del 6% para el caso del resto de los derechos. Al respecto, no se pierde de vista que la modificación de la tasa de una contribución, otorga el derecho al quejoso de reclamar ese elemento, a través del juicio de amparo indirecto; sin embargo, lo cierto es que la reforma a los citados artículos 79 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, no impactó en el monto a pagar por concepto de dicho impuesto adicional, pues como la propia Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Recaudador de Rentas del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, lo manifestaron en su informe justificado, a la empresa quejosa se le aplicó, tanto en el ejercicio dos mil veintidós, como en el ejercicio inmediato anterior dos mil veintiuno, la tasa del 4%, evidentemente, por tratarse el impuesto gravado, de una contribución ordinaria, en términos de lo señalado por el artículo 82 reclamado, vigente. Por lo tanto, ya que las citadas autoridades estatales exactoras, exhibieron copia certificada del certificado de ingreso con número de operación *******, de quince de diciembre de dos mil veintiuno y *******, de quince de febrero de dos mil veintidós, respecto del pago del impuesto adicional universitario para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintidós, respectivamente, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de las que se advierte que en ambos ejercicios, a la empresa quejosa se le aplicó la misma tarifa del 4%, ya prevista desde el nacimiento de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, vigente a partir del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y cubierto por primera vez por la empresa quejosa, según dicha documentación de valor probatorio pleno, durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, es innegable que fue en este ejercicio fiscal, y no en el dos mil veintidós, cuando se verificó el primer acto de aplicación de los preceptos 79 y 82 de la citada Ley de Hacienda, en tanto que prevén como objeto del impuesto adicional universitario las contribuciones previstas en la Ley de Ingresos, como lo es el impuesto sobre nómina, y que a la empresa quejosa se le aplicó la misma tasa, en ambos ejercicios, del 4% sobre la base de dicha contribución adicional. Así pues, el pago que la empresa quejosa realizó el quince de febrero de dos mil veintidós, contenido en la copia simple del comprobante fiscal digital por internet, con numero de referencia *******, el cual corresponde a la operación con número *******, señalada en párrafo anterior, expedida esa misma fecha, del cual se desprende que: Por concepto de impuesto adicional universitario, pagó la cantidad de $******* (*******). Por concepto de contribución extraordinaria impuesto sobre nómina 10%, pagó la cantidad de $******* (*******), y Por concepto de contribución extraordinaria impuesto sobre nómina 5%, pagó la cantidad de $******* (*******). No constituye el primer acto de aplicación de la normatividad que lo prevé, ni aun tomando en cuenta que los artículos 79 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, que prevén el objeto y la tasa de dicha contribución adicional, fueron reformados mediante el Decreto relativo que reclama, pues lo cierto es que no impactaron, de forma alguna, en el cálculo de dicha contribución tildada de inconstitucional. Así pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia por contradicción de tesis 103/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, materias Común y Administrativa, Décima Época, con registro digital 2009871, del contenido siguiente: TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS. La modificación a la tasa o tarifa de un impuesto constituye un acto legislativo nuevo, sólo en cuanto a la transformación de la cuantía de dicho elemento esencial; y, en ese sentido, la hipótesis consistente en la decisión del legislador de modificar su importe puede impugnarse mediante el juicio de amparo, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos esenciales del impuesto de que se trata que hubieran sido consentidos; salvo que la modificación de dicha tasa o tarifa hubiere repercutido directamente sobre algún otro elemento esencial del propio impuesto. III La misma causal de improcedencia se actualiza en relación con el acto reclamado consistente en el Decreto 109/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, que entró en vigor el uno de enero de dos mil veintidós, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente el artículo primero, numeral 1, puntos 1.5; 1.5.1; 1.8; 1.8.1; 1.8.1.1; 1.8.1.2; 1.8.1.4; y, 1.8.2. A efecto de demostrar lo anterior, es conveniente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 356/2013, consideró lo siguiente: a). Que el juicio de amparo indirecto procede para impugnar normas generales, variando las reglas para su procedencia, según sean de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. b). Que en el caso de las normas generales de naturaleza heteroaplicativa, el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra su primer acto de aplicación. c). Que de no impugnarse ese primer acto de aplicación, se tendrá por consentida la norma general. d). Que el efecto de una sentencia de amparo contra normas generales heteroaplicativas, es proteger al quejoso en contra del texto declarado inconstitucional, así como del primer acto en que le fue aplicado y de cualquier acto que pudiera aplicársele en el futuro. e). Que se está en presencia de un nuevo acto legislativo cuando a partir del mismo procedimiento y formalidades exista una reforma de la ley, cualquiera que sea el contenido o alcance de ésta, o si es sustituida por otro texto distinto, similar o incluso idéntico. f). Que la concesión de amparo respecto de una norma heteroaplicativa, no surtirá efectos cuando la ley declarada inconstitucional fue modificada por un nuevo acto legislativo, aun cuando su texto no sufra alguna modificación. g). Que para la existencia de un nuevo acto legislativo se necesita otro que haya pasado por los mismos procesos que abrogue o derogue al anterior; razón por la que tratándose de leyes de ingresos municipales cuyos parámetros siguen rigiendo en ejercicios posteriores al en que entraron en vigor, al no haberse expedido las correspondientes a esos ejercicios, con fundamento en un mandato legal, no es posible atacar vía amparo indirecto la inconstitucionalidad de la ley de ingresos, a partir del acto de aplicación que se realizó en el ejercicio fiscal en que se extendió su vigencia, cuando en el ejercicio anterior ya se le había aplicado la norma de que se trata. Ello es así, porque el hecho de que una ley de ingresos válidamente pueda extender su vigencia a ejercicios posteriores, no constituye una nueva ley de ingresos; es decir, no es un nuevo acto legislativo, sino que simplemente su vigencia se amplía en el transcurso del tiempo, pero es la misma legislación que se emitió originalmente. h). Que las porciones normativas que establecían la extensión de la vigencia de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Huejotzingo, en el Estado de Puebla, así como de Cuautla y Jiutepec, ambos en el Estado de Morelos, se advertía que en relación a la primera, en su artículo transitorio primero, se estableció que regiría del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, o hasta en tanto entrara en vigor la correspondiente al siguiente ejercicio fiscal; mientras que respecto de las restantes, la Constitución de dicha Entidad Federativa contempla en su ordinal 32, la posibilidad de utilizar los parámetros aprobados para el ejercicio fiscal inmediato anterior de cada Ayuntamiento, para los meses de enero y febrero o hasta en tanto la legislatura aprobara la nueva Ley de Ingresos. i). Que en ambos casos, se estaba frente a leyes de ingresos municipales que se extendieron en su vigencia por mandato expreso de ley, sin que en ningún momento se desprendiera la existencia de un proceso legislativo originado por una iniciativa que las haya abrogado. Por tanto, entender como una nueva norma, la creada a partir de la extensión de la vigencia de la anterior, sería tanto como afirmar, por ejemplo, que en el caso del Municipio de Huejotzingo, en el Estado de Puebla, se creó una legislación nueva, a través de un artículo transitorio, lo cual rompería con la naturaleza de un acto legislativo que requiere constitucional y legalmente de un proceso para su creación y expedición. j). Que aun cuando se trata de un ejercicio posterior y, por ende, distinto al que originalmente fue emitido, se estaba frente a la misma ley de ingresos municipal, pero extendida en su vigencia, a efecto de solucionar la problemática que representa la probabilidad en la demora de la aprobación de la nueva legislación, y otorgar seguridad y estabilidad económica a los Estados. Que si se continúa aplicando la ley de ingresos municipal anterior, es evidente que no se está ante un nuevo acto legislativo, por lo que si se promueve juicio de amparo indirecto en su contra y no fue impugnada desde su primer acto de aplicación, entonces fue consentida. Así pues, consideró que si se reclama la inconstitucionalidad de la ley con motivo de un acto de aplicación diverso al que fue el primero que afectó en detrimento del gobernado, debe entenderse que éste consintió la norma, al tratarse de la misma legislación y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, Ley de Amparo. k). Que tratándose de una ley de ingresos municipal que se extendió en su vigencia temporal a un ejercicio fiscal posterior, no puede ser reclamada como inconstitucional con motivo del pago del derecho por alumbrado público, efectuado durante el ejercicio fiscal en que se prolongó su vigencia, pues si en ejercicios anteriores ya se le había aplicado la misma legislación y el gobernado no la impugnó en aquel momento, entonces ha sido consentida. Dichos razonamientos dieron vida jurídica a la jurisprudencia 2a./J.158/2013, cuyos datos de localización, rubro y texto son: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL CUYA VIGENCIA SE PRORROGÓ POR MANDATO DE LEY A EJERCICIOS POSTERIORES, CON MOTIVO DEL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, QUE PREVIAMENTE SE HUBIERE CONSENTIDO POR FALTA DE IMPUGNACIÓN. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley heteroaplicativa con motivo de un acto de aplicación diverso al primero que afectó al gobernado, debe entenderse que éste la consintió, al tratarse de la misma legislación y, por ende, respecto del juicio de amparo indirecto que se promueva, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013. En mérito de lo anterior, no puede reclamarse la inconstitucionalidad de una ley de ingresos municipal cuya vigencia se extendió por mandato de ley a ejercicios fiscales posteriores -en razón de la falta de expedición de la ley correspondiente-, con motivo del pago del derecho por servicio de alumbrado público, efectuado durante los ejercicios fiscales en que se prolongó su vigencia, si en ejercicios anteriores se aplicó al gobernado sin que la hubiera impugnado en su oportunidad. Ello es así, ya que la ley de ingresos cuya vigencia se amplió no constituye un nuevo acto legislativo, pues no la abrogó otra dictada conforme al procedimiento y a las formalidades que dieron nacimiento a aquélla. En otro aspecto, la misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 136/2002, realizó un estudio de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato que entró en vigor el veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; así como de las diversas Leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, de los ejercicios fiscales del año mil novecientos noventa a dos mil dos, en la que consideró, en lo que al caso interesa, que en dichas legislaciones se establecían los elementos esenciales de la contribución de servicio de alumbrado público. Lo anterior, porque los primeros cuatro elementos esenciales de la contribución (sujeto, objeto, base y época de pago), se establecen en la legislación mencionada en primer término; en tanto que, el quinto elemento esencial (tasa), se ha previsto en las diversas leyes de ingresos, año con año, desde mil novecientos noventa. Teniendo en cuenta lo expuesto, indicó que el problema a dilucidar radicaba, en esencia, en determinar si con uno de los elementos esenciales (tasa) de la contribución que se establecía en cada ejercicio fiscal a través de la ley de ingresos respectiva, por ese solo hecho se podría impugnar también la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guanajuato que contemplaba los otros elementos de la contribución por servicio de alumbrado público, gravable en el Municipio de León, Guanajuato. Así, en primer lugar determinó: 1). Que conforme al principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, era preciso que los elementos del tributo se encontraran establecidos en la ley, sin importar que ésta sea específica o de ingresos, o que las leyes en que se establezcan dichos elementos sean diversas. Dicha precisión, se apoyó en los razonamientos plasmados en el amparo en revisión 176/94, resuelto por el Pleno del Máximo Tribunal del País, que se reflejaron en la tesis P.XXII/95, cuyos datos de localización y rubro dicen: DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN CUANDO ÉSTA SEA LA DE INGRESOS. 2) Aunado a lo anterior, la Segunda Sala consideró la posibilidad de que los elementos de los tributos se encuentren en diversas leyes, según se advierte del contenido de la tesis 2a. CLXXVI/2000, cuyos datos de localización y rubro son: LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, PARA EFECTOS DEL AMPARO, DE LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA CONTRIBUCIÓN, TIENE LUGAR EN LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA REALIZADA POR UNA AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 3). Que debe analizarse si al estar establecidos los elementos esenciales de un tributo en diversas leyes y una de éstas es modificada, es procedente combatir en amparo los elementos previstos en la ley modificada; o ello permite controvertir, incluso, los elementos establecidos en las leyes no reformadas; o al no haberse atacado estas últimas se tienen por consentidos todos los elementos. Al respecto, trajo a colación las consideraciones expuestas en el incidente de inejecución 142/94, así como en el amparo en revisión 2695/96, resueltos por el Pleno del Alto Tribunal del País, que dio origen a los criterios siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. y "ACTIVO. LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR EL DECRETO DEL 10 DE MAYO DE 1996, NO DA DERECHO A IMPUGNAR AQUELLOS PRECEPTOS QUE NO FUERON REFORMADOS Y QUE HAYAN SIDO CONSENTIDOS POR EL QUEJOSO. 4). Que tomando en cuenta que los elementos esenciales de la contribución de servicio de alumbrado público (sujeto, objeto, base y época de pago), se establecen en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guanajuato, la que no ha variado desde el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa, en la Ley de Ingresos para el Municipio de León y que este último ordenamiento se modifica año con año, al ser esta norma general con cada emisión un nuevo acto legislativo, surge, a través de su puesta en vigor o su primera aplicación, la posibilidad de impugnar la contribución sólo donde existió el cambio formal, es decir, respecto del elemento esencial "tasa" previsto en la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato para el ejercicio fiscal del dos mil dos. 5). Que si en el amparo que se promovió en contra de la contribución a que se ha hecho referencia, se señalaron como actos reclamados destacados tanto la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del dos mil dos, como la Ley de Hacienda Municipal vigente desde mil novecientos noventa, se debía sobreseer por esta última, ya que la emisión anual de la primera sólo da una nueva oportunidad para atacar el elemento esencial "tasa" ahí previsto. Ello es así, ya que al no modificarse el sistema integral del tributo, la nueva ley de ingresos anotada sólo da otra oportunidad de atacar la contribución respecto del elemento tasa, por lo que en el supuesto de no haberse combatido oportunamente la ley de hacienda municipal de mérito, ésta debe tenerse por consentida, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, Ley de Amparo. 6). Que para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de tal tributo, debe tomarse en consideración que si no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de la mencionada ley de hacienda, en relación con la contribución de mérito, dicha ley debe tenerse tácitamente consentida y sobreseerse al respecto, pero no cabe la misma determinación, en vía de consecuencia, respecto de la impugnación de la tasa establecida en la ley de ingresos, pues al ser ésta un nuevo acto legislativo cada año, es evidente que con motivo de su entrada en vigor o de su primer acto de aplicación, se dé la oportunidad de promover la acción de amparo en su contra, atendiendo a la novedad formal de la norma respectiva, pues aunque se reitere la tasa, ya es otra disposición; por tanto, la oportunidad de la demanda de garantías en contra de ambas leyes debe examinarse por separado. Dichos razonamientos dieron origen a la jurisprudencia 2a./J.158/2002, cuyos datos de localización, rubro y texto dicen: ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO. La citada Ley de Hacienda publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve establece, en sus artículos 245, 246 y 247, estos dos últimos reformados en mil novecientos noventa y siete, la contribución por servicio de alumbrado público, pero de los elementos esenciales del tributo sólo fija los sujetos, el objeto, la base y la época de pago, mientras que para las tasas, que es el otro elemento esencial, remite a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guanajuato que, como es obvio, sólo tiene vigencia anual. Por tanto, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de tal tributo, debe tomarse en consideración que si no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Hacienda en relación con la contribución de mérito, dicha Ley debe tenerse tácitamente consentida y sobreseerse al respecto, pero no cabe la misma determinación, en vía de consecuencia, respecto de la impugnación de la tasa establecida en la Ley de Ingresos, pues al ser ésta un nuevo acto legislativo cada año, es evidente que con motivo de su entrada en vigor o de su primer acto de aplicación, se dé la oportunidad de promover la acción de amparo en su contra, atendiendo a la novedad formal de la norma respectiva, pues aunque se reitere la tasa, ya es otra disposición. La oportunidad de la demanda de garantías en contra de ambas Leyes, por tanto, debe examinarse por separado. Bajo la óptica jurídica anterior, se pone de manifiesto que, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción I9, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, pues, pese a que la parte quejosa acreditó que el quince de febrero de dos mil veintidós, realizó el pago del impuesto sobre nóminas, así como las contribuciones extraordinarias del diez y cinco por ciento a cargo de los sujetos de este impuesto, correspondientes al mes de enero de dos mil veintidós, los mismos no constituyen el primer acto de aplicación, sino uno ulterior. En efecto, al momento de la presentación de la demanda de amparo indirecto, la quejosa no se encontraba frente a un nuevo acto legislativo, que le permitiera reclamar la inconstitucionalidad de las contribuciones referidas, aun cuando se hayan creado los decretos reclamados, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que el referido decreto que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, pese a ser un nuevo acto legislativo que se expide año con año, no le confiere derecho alguno a la moral quejosa para reclamar el impuesto sobre nómina para el ejercicio fiscal mencionado, toda vez que en la citada legislación no se contiene ninguno de los elementos esenciales del tributo; no obstante que, en sus dispositivos 1. 1.5, 1.5.1, 1.8, 1.8.1, 1.8.1.1, 1.8.1.2, y 1.8.2., se encuentre prevista la tasa del diez y cinco por ciento de las contribuciones extraordinarias, respectivamente. Con la finalidad de contextualizar lo anterior, es oportuno recordar que los elementos esenciales de tales contribuciones se encuentran contenidos de la siguiente manera: Elementos esenciales de las contribuciones. Impuesto sobre nómina, Código Fiscal del Estado de Chihuahua Contribución extraordinaria del 5% sobre el ISN. Decretos 842/2012 y 916/2015 Contribución extraordinaria del 10% sobre el ISN. Decretos 266/94 y 1131/2012 Sujeto Artículo.- 167.-Las personas físicas y morales, mexicanas o extranjeras; la Federación, el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y demás entidades paraestatales, así como los entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y las unidades económicas que realicen pagos por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado en los términos a que se refiere el artículo 166 de este Código. Artículo segundo.- Los sujetos del Impuesto Sobre Nóminas que establecen los ordinales 166 a 72, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua. Artículo primero.- Los sujetos del Impuesto Sobre Nóminas que establecen los ordinales 166 a 172, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua. Objeto Artículo 166.- Los egresos en efectivo o en especie, que habitual o accidentalmente se realicen por concepto de remuneración al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón. La erogación por el Impuesto Sobre Nóminas. La erogación por el Impuesto Sobre Nóminas. Base Artículo 168.- El monto total de los pagos a que se refiere el artículo 166. Artículo tercero.- El entero que realicen o deban realizar los sujetos del Impuesto Sobre Nóminas. Artículo segundo.- El entero que realicen o deban realizar los sujetos del Impuesto Sobre Nóminas. Tasa Artículo 69. La tasa del 3%. Artículo cuarto.- La tasa del 5%. Artículo tercero.- La tasa del 10%. Época del Pago Artículo 170. El impuesto se causará mensualmente y el pago deberá efectuarse dentro de los días 1al 20 del mes siguiente a aquel en que se hayan efectuado las erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal, presentándose al efecto una declaración en la oficina recaudadora correspondiente. Artículo Quinto. El gravamen se causará mensualmente. Artículo Cuarto. El gravamen se causará mensualmente. . Indicado lo anterior, es necesario señalar que, conforme a las documentales exhibidas por la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Recaudador de Rentas del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, ya descritas y valoradas, se aprecia que la parte quejosa es contribuyente del impuesto sobre nóminas, por lo menos a partir del ejercicio fiscal dos mil veintiuno y como tal, desde ese entonces ha enterado no solamente dicho tributo, sino también las contribuciones extraordinarias reclamadas, ya que del historial de pago del sistema de ingresos padrones del Gobierno Estatal, se aprecia que realizó el entero el quince de diciembre de dos mil veintiuno. Luego, al quedar de manifiesto que el primer acto de aplicación, en perjuicio de la parte quejosa, respecto de las normas de que se tratan, tuvo lugar desde el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que fue cuando la persona moral quejosa enteró tal contribución al cubrir el tributo de que se trata, es decir, quince de diciembre de dos mil veintiuno, no puede menos que colegirse que, el acto de aplicación que reclama en esta instancia constitucional se trata de uno ulterior. Se afirma lo anterior, en virtud de que todos los elementos esenciales del tributo se individualizaron en la esfera jurídica de la moral quejosa desde el primer pago que realizó del impuesto sobre nóminas, así como de las contribuciones accesorias; por ende, era aquél y no uno ulterior el que le confirió la posibilidad de acudir al juicio de amparo biinstancial a reclamar la inconstitucionalidad de tales normas. Por tanto, al no proceder el amparo, por virtud de cualquier acto de aplicación, sino únicamente contra aquellos que se apliquen por vez primera, desde luego, en perjuicio de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Son aplicables al caso, por identidad de razón, tanto la tesis P. XCVII/95, como la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.), emitidas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, cuyos datos de localización, rubro y texto señalan: LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente. IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos. A mayor abundamiento, conviene puntualizar que al momento de la presentación de la demanda de amparo que en este asunto se revisa, las normas que prevén y regulan el impuesto sobre nóminas y sus contribuciones accesorias, así como las que establecen el impuesto universitario que fueron reclamadas; no han sido reformadas para que se esté frente un nuevo acto legislativo, ni tampoco la creación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, le otorgan la posibilidad a la parte quejosa de acudir al juicio de amparo, a través del segundo acto de aplicación. Por tanto, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, porque el primer acto de aplicación que permite la impugnación de normas a través del juicio de amparo, es aquel en el que por primera vez se actualizaron las hipótesis jurídicas relativas, mas no el segundo o ulterior, tal como ocurrió en el caso concreto. No es obstáculo para concluir en los términos expuestos, que los decretos 266/94 y 842/2012, fueron reformados en sus artículos sextos por los diversos decretos 1131/2012 y 916/2015, publicados el treinta de enero de dos mil trece y dieciocho de julio de dos mil quince, respectivamente, a través de los cuales se amplió su vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, lo que constituyó en ese momento un nuevo acto legislativo que permitía impugnar la inconstitucionalidad de los elementos esenciales de las contribuciones extraordinarias del cinco y diez por ciento sobre el impuesto sobre nóminas. Se expone tal aserto, porque hubo un proceso de creación, a saber, discusión, votación, aprobación, expedición, promulgación y publicación, de los referidos decretos 1131/2012 y 916/2015; entonces, si se expidieron nuevos decretos, los cuales aun cuando sólo hayan expresado que extendían la vigencia de los anteriores decretos, ello es suficiente para determinar que en ese momento se estaba en presencia de un nuevo acto legislativo, puesto que, de acuerdo con el principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o extinción de un acto legislativo se produce a través de otro, dictado conforme al mismo procedimiento y a las mismas formalidades que dieron nacimiento a aquél. En ese sentido, conforme al principio de que la ley nueva abroga a la anterior, los nuevos decretos abrogaron los anteriores, con independencia de su contenido; esto es, que sólo hayan establecido que reformaban, en lo que al caso interesa, los artículos sextos de los decretos 266/94 y 842/2012, ampliando su vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, reiterando implícitamente con ello los elementos de las contribuciones extraordinarias del cinco y diez por ciento sobre el impuesto sobre nóminas. Además, el hecho de que en diversas legislaciones, como lo son decretos y ley de ingresos, se encuentran contenidos los elementos esenciales del tributo, pues como se ha dado noticia en párrafos que preceden, todos están inmersos en los decretos mencionados con antelación, así como en el Código Fiscal del Estado de Chihuahua; máxime que, sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho la nota distintiva que cuando en una ley no se encuentren todos los elementos referidos válidamente puede auxiliarse de otra para poder complementarlos, lo que en el caso, se reitera no ocurre. Así pues, conforme a la técnica que regula el juicio de amparo contra leyes, precisada en el considerando quinto, ya que no se reclamó el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, en relación con los actos reclamados a que se hizo referencia en este considerando, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por *******, por conducto de su representante legal, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******* quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren únicamente como antecedentes los oficios y anexos enviados por parte del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales desahoga los requerimientos efectuado el treinta de enero y quince de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que el veintiocho de febrero siguiente, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ello, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el informe remitido por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos en la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración en suplencia por Ausencia del Titular de la Oficina; con lo que se tienen por hechas las manifestaciones que deja vertidas la autoridad de referencia, a través del cual da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad, designando como delegado a la persona que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los que refieren en su informe. Respecto la dirección del correo electrónico institucional ********************@inami.gob.mx, se tiene únicamente para cuestiones no procesales. En atención a que el usuario que menciona aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario "********************", dada la solicitud expresa de la responsable y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica bajo los usuarios que indican, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: - Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. - Se faculta a la responsable para que las promociones que presente en este asunto, puedan formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, **********, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, **********. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia de notificación de cinco de marzo del presente año, realizada por la Actuaria Judicial de la adscripción, se advierte que el directo quejoso ********** no ratifico la demanda de amparo que fue promovida a su favor por el licenciado **********. En tal sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cinco de marzo del año actual y; con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, quedando sin efectos las providencias decretadas en dicho auto. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que cause estado este acuerdo, provéase sobre el archivo del presente asunto, como totalmente concluido. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Víctor Adrián Aguirre Zuñiga421/2021
- Victor Adrian Punina Medina y Otros.819/2023
- Víctor Aguilar González593/2016
- Víctor Alberto Arano Reyes232/2019
- Víctor Alberto Tovar López787/2022
- Victor Alejandro Ayala657/2015
- Víctor Alejandro Sánchez García320/2017
- Víctor Alejandro Sánchez García156/2017
- Víctor Alejandro Sánchez García368/2018
- Víctor Alejandro Sánchez García1004/2016
- Víctor Alejandro Sánchez García303/2017
- Victor Alejandro Sánchez Garcia y Otros.23/2017