Víctor Adan López Ontiveros

Expediente 1347/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1347/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Víctor Adan López Ontiveros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe Noé Díaz Munguía, apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior del Director del Hospital Infantil de Morelia y del Jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil, mediante el cual acompaña diversas constancias a fin de acreditar la entrega del medicamento Emicizumab al menor quejoso, así como las gestiones administrativas realizadas para proporcionar dicho medicamento al menor. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional y se ordena tener en consideración al momento en que se califique el cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo. Se requiere a la autoridad responsable. Sin embargo, se estima necesario indicar a las autoridades responsables, que en la sentencia de amparo las obligaciones que les fueron impuestas, son las siguientes: "En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al menor quejoso VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS: a) Le sea proporcionado el tratamiento médico completo y definitivo por lo que respecta a su padecimiento hemofilia A severa. b) De igual manera que se le proporcionen los medicamentos necesarios (Emicizumab a dósis de 3 mgkgdo cada dos semanas que corresponde a 35 mg subcutáneo; y, Eptacog Alfa -factor de coagulación VII Alfa Recombinante-; solución inyectable cada frasco ámpula con liofilizado) para tal padecimiento o los equivalentes en calidad y características si no los hubiera; y se le realicen los estudios que correspondan, a efecto de determinar si se están efectuando las atenciones médicas adecuadas. Todo ello acorde a lo determinado por el médico especialista. c) En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocado al tratamiento de sus padecimientos. Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables, no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo." En consecuencia, se requiere al Secretario de Salud de Michoacán y Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior del Director del Hospital Infantil de Morelia y del Jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil, para que realice lo siguiente: 1) Se emita un acuerdo administrativo donde ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias para que se realicen los lineamientos marcados en los incisos a), b) y c) de la sentencia de amparo; y, 2) Se ordene que dicho acuerdo administrativo sea agregado al expediente clínico del menor quejoso, a fin de que surta sus efectos legales correspondientes y quede como constancia de la atención médica continua y permanente, que deberá recibir dicho menor. 3) Hecho lo anterior, deberá remitir copia certificada de dicho acuerdo administrativo y la constancia donde se asiente o se acredite que ese acuerdo fue agregado al expediente clínico del menor quejoso. Subsisten apercibimientos En el concepto de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006541 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 60/2014 (10a.) Página: 741 "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo I-1347/2022, promovido por CINTHIA ONTIVEROS LUNA, en cuanto madre y representante legal del menor VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS, contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán de esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional,1 CINTHIA ONTIVEROS LUNA, en cuanto madre y representante legal del menor VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y otras autoridades; ocurso en el que la quejosa narró los antecedentes del caso, precisó los preceptos constitucionales que estimó vulnerados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós2 se concedió la suspensión de plano de la omisión reclamada, se previno a la promovente para que acreditara la representación ostentada respecto del menor quejoso, lo cual realizó en escrito presentado ante este juzgado el catorce de diciembre 1 Fojas 1 a 24. 2 Fojas 25 a 29. de dos mil veintidós3 ; motivo por el cual en auto de quince de ese mes y año se admitió la demanda de amparo, se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede4 ; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por razón de territorio, materia y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque los actos reclamados tienen naturaleza administrativa y ejecución material dentro del territorio sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. 3 Foja 46 a 50 4 Fojas 99 y 100. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías, escrito aclaratorio y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados por el promovente del amparo a las autoridades responsables, consisten en: Del Director del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos" (1), Jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos" (2) y Secretario de Salud en el Estado de Michoacán (3), todos con residencia en esta ciudad: a) La omisión de proporcionarle de manera gratuita, oportuna y de calidad el tratamiento médico con todas las medicinas e insumos que requiere, con motivo de diversos padecimientos, como lo es diversos tipos de cáncer, deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación, como lo es hemofilia A Severa, con manejo de Emicizumab a dosis de 3 mgkgdo cada 2 semanas que corresponde a 35 mgsubcutáneo y Eptacog Alfa (factor de coagulación VII Recombinante ) solución inyectable cada frasco ámpula con liofilizado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital Infantil de Morelia y Jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil de Morelia, Michoacán, negaron la existencia de las omisiones reclamadas5 . En efecto, la apoderada de las autoridades responsables, refiere que el Hospital Infantil en cita le ha brindado al menor quejoso la atención médica que requiere. Sin embargo, contra lo así afirmado por las responsables y su petición de sobreseimiento sustentada en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, dicha negativa se desvirtúa con el propio contenido integral del informe sobre la suspensión de plano, las documentales relativas al expediente médico del quejoso que remitió la apoderada jurídica de las autoridades responsables junto con sus propios informes y las documentales exhibidas por la promovente del amparo6 . A las documentales antes referidas, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la 5 Fojas 31, 32, 54, 55, 6 Fojas 19 a 24, 40, 41, 70, 71 y 88 a 89. interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado."7 También cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dice: 7 Registro 2014261. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.P.25 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1933. Tipo: Aislada "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".8 Lo anterior es así pues de las referidas constancias se desprende que el Hospital Infantil señalado como responsable, ha atendido al menor quejoso desde el nueve de marzo del dos mil veintidós, hasta el cinco de octubre de ese mismo año; que fue diagnosticado desde el treinta y uno de marzo del dos mil veintidós con "HEMOFILIA A SEVERA"; que para esa data se encontraba en manejo con "EMICIZUMAB a dosis de 3 mgkgdo cada 2 semanas que corresponde a 35 mg subcutáneo", medicamento que de acuerdo a la última de las recetas médicas que obran en este expediente, se advierte le fue prescrito el siete de diciembre del dos mil veintidós; y, que el último suministro de dicha sustancia se aplicó el veintidós de diciembre de dos mil veintidós9 . Sin embargo, también es verdad que no existe prueba alguna de que hubiere dado seguimiento al tratamiento médico de dichos padecimientos, por el contrario existe la manifestación realizada por la peticionaria del amparo en escrito presentado ante este juzgado el diez de enero del dos mil veintitrés, en el sentido de que el nueve de ese mes y año, acudió al Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos", a que le suministraran al hoy quejoso directo el medicamento prescrito "Emicizumab", pero que en 8 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 9 Foja 70 y 88. dicho nosocomio le informaron que no contaban por el momento con tal medicamento10 . Incluso, contra lo afirmado por las responsables, de la documental titulada "REGISTRO DE INFUSIONES DE EMICIZUMAB EN PACIENTES DE HEMOFILIA", que aquéllas exhibieron en copia certificada11, se advierte que entre el diez de agosto del dos mil veintidós y siete de diciembre de ese mismo año, no existe constancia de la aplicación de dicho medicamento al menor quejoso. Luego, si el dos de diciembre de dos mil veintidós se presentó la demanda de amparo precisamente por la omisión de aplicar tal medicamento, entre otros; entonces es inconcuso que era cierta la abstención reclamada y, que con motivo de la suspensión de plano, fue que se obtuvo su aplicación. De ahí que las omisiones reclamadas deban tenerse por ciertas. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia;12 esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público13 . 10 Foja 92. 11 Foja 88. 12 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". 13 El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, registro digital 206296, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Página: 191: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". En la especie, no se advierte que las partes hayan formulado alguna otra causal de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de ellas. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación dirigidos a controvertir la omisión de las autoridades responsables de otorgar el tratamiento y atención médica por lo que respecta al padecimiento de la quejosa. Así como para otorgarle el medicamento necesario para el padecimiento que refirió en su demanda de amparo, con lo que existe una violación del derecho humano a la salud, contenido en el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Carta Magna14 . Máxime que al tratarse de un menor, debe suplirse la deficiencia de sus motivos de disenso, acorde a lo previsto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, Jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, Séptima Época, registro digital 394239, fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 283, Página: 190: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". 14 Artículo 4. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del artículo 73, de esta Constitución". aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la P. XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación de alguna especie, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales que suscribió nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3 y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna15 . 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 15 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador". "Artículo 3. Obligación de no discriminación. - - - Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." "Artículo 10. - - - Derecho a la salud. - - - 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. - - - 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: - - - a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; - - - b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; - - - c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; - - - d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; - - - e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y - - - f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud16 . 3. El artículo 2, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios17 . 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas la personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, 16 Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía." "Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." 17 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente la dignidad humana de éstas; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada P. XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN."18 Del mismo modo resulta aplicable la tesis 1a. LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 18 Texto de la tesis: "Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". (Véase en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, página 29, Agosto de 2011). siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."19 En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales antes referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. 19 Texto de la tesis: "Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". (Véase en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, página 457, Julio de 2008). Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Como ya se precisó, la solicitante del amparo reclama la omisión de las autoridades responsables de cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 4° constitucionales, esto es, la falta de atención médica, medicamentos (emicizumab y Eptacog Alfa, -factor de coagulación VII Recombinante, solución inyectable cada frasco con ámpula con liofilizado-) y tratamiento, por conducto de las autoridades responsables, en relación con el padecimiento de su menor hijo relativo a la "hemofilia A severa", pues a la fecha de presentación de la demanda, no existía constancia de la atención médica y medicamentos prescritos regular que se le hubieren proporcionado para tratar dicho padecimiento, documentales que ya fueron descritas y valoradas en el considerando tercero de esta sentencia20 . En virtud a lo antes expuesto, suplidos en su deficiencia, se consideran fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que se encuentra violándose en su perjuicio el derecho humano a la salud, porque las autoridades responsables han incurrido en conductas omisivas, al no proporcionarle a la ahora quejosa en forma 20 Fojas 23, 24 y 88. continua, gratuita y definitiva el medicamento prescrito, la atención y el tratamiento médico que requiera con motivo de la hemofilia A severa que padece, siempre atendiendo a procurar la salud del quejoso y restablecer, en lo posible, su salud. Lo anterior se encuentra acreditado con: a) la copia simple del resumen clínico del treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, signado por el Jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos"; las recetas médicas 2211000895-E, 2211001235-E y 2212000288-E; y hoja de servicios (fojas 19, 21, 23, 24 y 70); que corroboran el diagnóstico referido así como el tratamiento y medicamentos requeridos por el menor quejoso para su atención; y, b) el documento titulado "REGISTRO DE INFUSIONES DE EMICIZUMAB EN PACIENTES DE HEMOFILIA", que corrobora la falta de aplicación del medicamento entre el diez de agosto del dos mil veintidós al siete de diciembre de ese mismo año, a más de que no hay constancia posterior al veintidós de diciembre de dos mil veintidós, sobre su aplicación.21 . En ese sentido, como los medios de prueba referidos no fueron objetados por las responsables en cuanto a su autenticidad y se encuentran debidamente relacionados entre sí, tienen pleno valor probatorio acorde a lo previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 21 Foja 23, 24 y 88 de este expediente. aplicación supleotria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por tanto, se reitera, se consideran fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que se ha violado en su perjuicio el derecho humano a la salud. Ante las circunstancias relatadas, dado que se advierte que si bien existen algunas gestiones pendientes a fin de lograr un estado óptimo de salud de la parte quejosa, es claro que nos encontramos ante una violación al derecho humano a la salud tutelado por el artículo 4 de la Carta Magna, máxime que las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a proporcionar el servicio y atención médicos, así como los medicamentos requeridos, al solicitante del amparo durante el tiempo que lo requiera. SEXTO. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, en aras de hacer cumplir el efecto protector a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: ? En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al menor quejoso VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS: a) Le sea proporcionado el tratamiento médico completo y definitivo por lo que respecta a su padecimiento hemofilia A severa. b) De igual manera que se le proporcionen los medicamentos necesarios (Emicizumab a dósis de 3 mgkgdo cada dos semanas que corresponde a 35 mg subcutáneo; y, Eptacog Alfa -factor de coagulación VII Alfa Recombinante-; solución inyectable cada frasco ámpula con liofilizado) para tal padecimiento o los equivalentes en calidad y características si no los hubiera; y se le realicen los estudios que correspondan, a efecto de determinar si se están efectuando las atenciones médicas adecuadas. Todo ello acorde a lo determinado por el médico especialista. c) En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocado al tratamiento de sus padecimientos. Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables, no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a quejoso VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS, en contra del acto reclamado consistente en la violación a su derecho a la salud, derivado de la omisión de brindar tratamiento y atención médicas, así como medicinas, que requiere para los padecimientos que presenta (hemofilia A severa), con base a las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia y para los efectos precisados en el sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE; V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo I-1347/2022, promovido por CINTHIA ONTIVEROS LUNA, en cuanto madre y representante legal del menor VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS, contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán de esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional,1 CINTHIA ONTIVEROS LUNA, en cuanto madre y representante legal del menor VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y otras autoridades; ocurso en el que la quejosa narró los antecedentes del caso, precisó los preceptos constitucionales que estimó vulnerados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós2 se concedió la suspensión de plano de la omisión reclamada, se previno a la promovente para que acreditara la representación ostentada respecto del menor quejoso, lo cual realizó en escrito presentado ante este juzgado el catorce de diciembre 1 Fojas 1 a 24. 2 Fojas 25 a 29. de dos mil veintidós3 ; motivo por el cual en auto de quince de ese mes y año se admitió la demanda de amparo, se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede4 ; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por razón de territorio, materia y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque los actos reclamados tienen naturaleza administrativa y ejecución material dentro del territorio sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. 3 Foja 46 a 50 4 Fojas 99 y 100. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías, escrito aclaratorio y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados por el promovente del amparo a las autoridades responsables, consisten en: Del Director del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos" (1), Jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos" (2) y Secretario de Salud en el Estado de Michoacán (3), todos con residencia en esta ciudad: a) La omisión de proporcionarle de manera gratuita, oportuna y de calidad el tratamiento médico con todas las medicinas e insumos que requiere, con motivo de diversos padecimientos, como lo es diversos tipos de cáncer, deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación, como lo es hemofilia A Severa, con manejo de Emicizumab a dosis de 3 mgkgdo cada 2 semanas que corresponde a 35 mgsubcutáneo y Eptacog Alfa (factor de coagulación VII Recombinante ) solución inyectable cada frasco ámpula con liofilizado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital Infantil de Morelia y Jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil de Morelia, Michoacán, negaron la existencia de las omisiones reclamadas5 . En efecto, la apoderada de las autoridades responsables, refiere que el Hospital Infantil en cita le ha brindado al menor quejoso la atención médica que requiere. Sin embargo, contra lo así afirmado por las responsables y su petición de sobreseimiento sustentada en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, dicha negativa se desvirtúa con el propio contenido integral del informe sobre la suspensión de plano, las documentales relativas al expediente médico del quejoso que remitió la apoderada jurídica de las autoridades responsables junto con sus propios informes y las documentales exhibidas por la promovente del amparo6 . A las documentales antes referidas, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la 5 Fojas 31, 32, 54, 55, 6 Fojas 19 a 24, 40, 41, 70, 71 y 88 a 89. interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado."7 También cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dice: 7 Registro 2014261. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.P.25 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1933. Tipo: Aislada "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".8 Lo anterior es así pues de las referidas constancias se desprende que el Hospital Infantil señalado como responsable, ha atendido al menor quejoso desde el nueve de marzo del dos mil veintidós, hasta el cinco de octubre de ese mismo año; que fue diagnosticado desde el treinta y uno de marzo del dos mil veintidós con "HEMOFILIA A SEVERA"; que para esa data se encontraba en manejo con "EMICIZUMAB a dosis de 3 mgkgdo cada 2 semanas que corresponde a 35 mg subcutáneo", medicamento que de acuerdo a la última de las recetas médicas que obran en este expediente, se advierte le fue prescrito el siete de diciembre del dos mil veintidós; y, que el último suministro de dicha sustancia se aplicó el veintidós de diciembre de dos mil veintidós9 . Sin embargo, también es verdad que no existe prueba alguna de que hubiere dado seguimiento al tratamiento médico de dichos padecimientos, por el contrario existe la manifestación realizada por la peticionaria del amparo en escrito presentado ante este juzgado el diez de enero del dos mil veintitrés, en el sentido de que el nueve de ese mes y año, acudió al Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos", a que le suministraran al hoy quejoso directo el medicamento prescrito "Emicizumab", pero que en 8 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 9 Foja 70 y 88. dicho nosocomio le informaron que no contaban por el momento con tal medicamento10 . Incluso, contra lo afirmado por las responsables, de la documental titulada "REGISTRO DE INFUSIONES DE EMICIZUMAB EN PACIENTES DE HEMOFILIA", que aquéllas exhibieron en copia certificada11, se advierte que entre el diez de agosto del dos mil veintidós y siete de diciembre de ese mismo año, no existe constancia de la aplicación de dicho medicamento al menor quejoso. Luego, si el dos de diciembre de dos mil veintidós se presentó la demanda de amparo precisamente por la omisión de aplicar tal medicamento, entre otros; entonces es inconcuso que era cierta la abstención reclamada y, que con motivo de la suspensión de plano, fue que se obtuvo su aplicación. De ahí que las omisiones reclamadas deban tenerse por ciertas. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia;12 esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público13 . 10 Foja 92. 11 Foja 88. 12 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". 13 El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, registro digital 206296, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Página: 191: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". En la especie, no se advierte que las partes hayan formulado alguna otra causal de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de ellas. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación dirigidos a controvertir la omisión de las autoridades responsables de otorgar el tratamiento y atención médica por lo que respecta al padecimiento de la quejosa. Así como para otorgarle el medicamento necesario para el padecimiento que refirió en su demanda de amparo, con lo que existe una violación del derecho humano a la salud, contenido en el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Carta Magna14 . Máxime que al tratarse de un menor, debe suplirse la deficiencia de sus motivos de disenso, acorde a lo previsto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, Jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, Séptima Época, registro digital 394239, fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 283, Página: 190: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". 14 Artículo 4. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del artículo 73, de esta Constitución". aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la P. XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación de alguna especie, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales que suscribió nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3 y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna15 . 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 15 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador". "Artículo 3. Obligación de no discriminación. - - - Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." "Artículo 10. - - - Derecho a la salud. - - - 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. - - - 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: - - - a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; - - - b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; - - - c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; - - - d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; - - - e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y - - - f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud16 . 3. El artículo 2, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios17 . 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas la personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, 16 Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía." "Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." 17 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente la dignidad humana de éstas; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada P. XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN."18 Del mismo modo resulta aplicable la tesis 1a. LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 18 Texto de la tesis: "Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". (Véase en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, página 29, Agosto de 2011). siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."19 En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales antes referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. 19 Texto de la tesis: "Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". (Véase en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, página 457, Julio de 2008). Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Como ya se precisó, la solicitante del amparo reclama la omisión de las autoridades responsables de cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 4° constitucionales, esto es, la falta de atención médica, medicamentos (emicizumab y Eptacog Alfa, -factor de coagulación VII Recombinante, solución inyectable cada frasco con ámpula con liofilizado-) y tratamiento, por conducto de las autoridades responsables, en relación con el padecimiento de su menor hijo relativo a la "hemofilia A severa", pues a la fecha de presentación de la demanda, no existía constancia de la atención médica y medicamentos prescritos regular que se le hubieren proporcionado para tratar dicho padecimiento, documentales que ya fueron descritas y valoradas en el considerando tercero de esta sentencia20 . En virtud a lo antes expuesto, suplidos en su deficiencia, se consideran fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que se encuentra violándose en su perjuicio el derecho humano a la salud, porque las autoridades responsables han incurrido en conductas omisivas, al no proporcionarle a la ahora quejosa en forma 20 Fojas 23, 24 y 88. continua, gratuita y definitiva el medicamento prescrito, la atención y el tratamiento médico que requiera con motivo de la hemofilia A severa que padece, siempre atendiendo a procurar la salud del quejoso y restablecer, en lo posible, su salud. Lo anterior se encuentra acreditado con: a) la copia simple del resumen clínico del treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, signado por el Jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos"; las recetas médicas 2211000895-E, 2211001235-E y 2212000288-E; y hoja de servicios (fojas 19, 21, 23, 24 y 70); que corroboran el diagnóstico referido así como el tratamiento y medicamentos requeridos por el menor quejoso para su atención; y, b) el documento titulado "REGISTRO DE INFUSIONES DE EMICIZUMAB EN PACIENTES DE HEMOFILIA", que corrobora la falta de aplicación del medicamento entre el diez de agosto del dos mil veintidós al siete de diciembre de ese mismo año, a más de que no hay constancia posterior al veintidós de diciembre de dos mil veintidós, sobre su aplicación.21 . En ese sentido, como los medios de prueba referidos no fueron objetados por las responsables en cuanto a su autenticidad y se encuentran debidamente relacionados entre sí, tienen pleno valor probatorio acorde a lo previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 21 Foja 23, 24 y 88 de este expediente. aplicación supleotria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por tanto, se reitera, se consideran fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que se ha violado en su perjuicio el derecho humano a la salud. Ante las circunstancias relatadas, dado que se advierte que si bien existen algunas gestiones pendientes a fin de lograr un estado óptimo de salud de la parte quejosa, es claro que nos encontramos ante una violación al derecho humano a la salud tutelado por el artículo 4 de la Carta Magna, máxime que las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a proporcionar el servicio y atención médicos, así como los medicamentos requeridos, al solicitante del amparo durante el tiempo que lo requiera. SEXTO. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, en aras de hacer cumplir el efecto protector a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: ? En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al menor quejoso VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS: a) Le sea proporcionado el tratamiento médico completo y definitivo por lo que respecta a su padecimiento hemofilia A severa. b) De igual manera que se le proporcionen los medicamentos necesarios (Emicizumab a dósis de 3 mgkgdo cada dos semanas que corresponde a 35 mg subcutáneo; y, Eptacog Alfa -factor de coagulación VII Alfa Recombinante-; solución inyectable cada frasco ámpula con liofilizado) para tal padecimiento o los equivalentes en calidad y características si no los hubiera; y se le realicen los estudios que correspondan, a efecto de determinar si se están efectuando las atenciones médicas adecuadas. Todo ello acorde a lo determinado por el médico especialista. c) En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocado al tratamiento de sus padecimientos. Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables, no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a quejoso VÍCTOR ADÁN LÓPEZ ONTIVEROS, en contra del acto reclamado consistente en la violación a su derecho a la salud, derivado de la omisión de brindar tratamiento y atención médicas, así como medicinas, que requiere para los padecimientos que presenta (hemofilia A severa), con base a las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia y para los efectos precisados en el sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintitrés. CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos ocurso de cuenta, remitido electrónicamente por ********************, apoderado jurídico de la Secretaría De Salud Del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico de la Directora del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos" así como jefe de la Clínica de Hemofilia, Hemostasia y Trombosis del Hospital Infantil, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de diez de enero del año en curso. Asimismo, informa que se están realizando las gestiones necesarias a efecto de que se adquieran noventa frascos del medicamento denominado Emicizumab, y anexa a su escrito copia del oficio mediante el cual se está solicitando dicho medicamento al subdirector de recursos materiales y servicios. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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