Vicky Marlene Calderón Alcantar

Expediente 1032/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1032/2019
Año
2019
Actuaciones
35
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Vicky Marlene Calderón Alcantar
  • Delegado del IMSS en Michoacán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que mediante resolución dictada por este Juzgado, se haya SOBRESEÍDO el amparo; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IV-1032/2019, promovido por Jorge Adrián Magallán Aguilar, en representación de Vicky Marlene Calderón Alcántar, contra actos del: Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con sede en esta ciudad. Director del Hospital de Zona número 83, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Secretario de Salud, con sede en esta ciudad. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; y, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Jorge Adrián Magallán Aguilar, en representación de Vicky Marlene Calderón Alcántar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- DELEGADO DEL IMSS EN MICHOACÁN Y ENCARGADO O DIRECTOR DEL HOSPITA (sic) CLINICA 83 DEL IMSS, MORELIA, MICHOACÁN, SECRETARIO DE SALUD Y CONGRESO DE LA UNIÓN (.) ACTOS RECLAMADOS.- 1.- Negativa de proporcionar ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD, QUE RESTABLEZCA LA SALUD DE MI ESPOSA, lo cual viola el numeral 22 DEL PACTO FEDERAL ya que se está arriesgando la VIDA de mi ESPOSA, pues la dan de alta sin restablecer su salud, arriesgando su VIDA ya que tiene todavía todas las costillas del lado derecho rotas, lo que provoca pinchaduras al pulmón y con ello sobreviene su muerte. 2.- Destaco que EL DELEGADO DEL IMSS EN MICHOACÁN Y ENCARGADO O DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICA 83 DEL IMSS, MORELIA, MIHOACÁN DEL IMSS, SECRETARIO DE SALUD Y CONGRESO DE LA UNIÓN, (.) SE NIEGAN A PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD, EFICIENTE, EFICAZ, IDÓNEAS, QUE RESTABLEZCA LA SALUD DE MI ESPOSA. También reclamo en que con los actos reclamados se atenta contra su VIDA, salud, bienestar y su dignidad. TAMBIÉN RECLAMO DE QUE SE NIEGAN A TRASLADAR AL HOSPITARL (sic) DE ALTA ESPECIALIDAD DEL IMSS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y ARRIESGANDO SU VIDA POR FALTA DE GRAPAS PARA FIJAR COSTILLAS, no tiene la infraestructura, medicamentos, personal e instrumental médicos idóneos para atender el delicado estado de salud de mi ESPOSA, y de que se encuentra UBICADA EN PABELLÓN 4, CAMA 60, SIN ATENCIÓN MÉDICA IDÓNEA, OPORTUNA, EFICAZ, EFICIENTE. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4, 8, 14, 16, 17, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó formar el expediente IV-1032/2019; se concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados por el promovente del amparo por ser de carácter urgente y de análisis oficioso; se requirió a las autoridades responsables el informe respecto de la suspensión concedida; y, se requirió a la quejosa directa para que manifestara si ratificaba o no la demanda presentada en su favor, lo que así hizo. Luego, mediante auto de veintitrés de ese mismo mes y año, previo cumplimiento de prevención, en la que los promoventes señalaron como responsables a la Secretaría de Salud (porque dice, no supervisa a la Clínica 83 involucrada) y Congreso de la Unión (al no suministrar el dinero suficiente para satisfacer las necesidades de la Clínica 83, para prestar el servicio de salud. Luego, se admitió la demanda de garantías que motivó la formación del juicio en que se actúa; se requirió a las responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada -previo diferimiento- el veinte de enero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. Lo anterior porque se reclaman diversas omisiones a instituciones de salud, cuyos efectos se materializan en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables son los siguientes: Del a) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán y b) Director del Hospital de Zona número 83, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en esta ciudad: La falta de atención médica integral conforme al padecimiento que presenta, en específico: 1. El que se le dé el alta del nosocomio en que se encuentra interna sin atender previamente las costillas que aduce tener rotas del lado derecho, lo que le provoca daños al pulmón que ponen en peligro su vida; y, 2. La omisión de trasladarla al hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara o la Ciudad de México, a fin de que le realicen el procedimiento quirúrgico (engrapamiento y/o fijación de costillas) que aduce necesitar. Del c) Secretario de Salud, con sede en esta ciudad: La falta de supervisión a la Clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que diera la atención médica solicitada. De la d) Cámara de Diputados y e) Senadores del Congreso de la Unión, ambos con sede en la Ciudad de México: La falta de suministro de recursos económicos del presupuesto de egresos federal correspondiente al ejercicio de dos mil diecinueve, a fin de que la clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social estuviera en condiciones de brindar la atención médica solicitada. TERCERO. Inexistencia de los actos. Al rendir su informe justificado, la autoridad identificada con el inciso c), negó la existencia del acto que le fue atribuido, y tal negativa se corrobora atento a las siguientes consideraciones: Al ser el acto que se le reclama de naturaleza omisiva, debe establecerse en primer lugar si la normatividad que rige la existencia de la responsable le confiere la obligación cuya omisión se reclama, ya que atento al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes, pues si careciera de competencia es evidente que no tendrá la facultad de pronunciarse sobre lo pedido. Resulta aplicable la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se inserta: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese sentido, para que se actualice un acto de carácter omisivo atribuido a determinada autoridad, deben concurrir dos elementos: I. Dicha autoridad debe tener la obligación de hacer lo solicitado -conforme lo dispuesto en las disposiciones legales que prevén su competencia-; y, II. Es necesario que exista una conducta pasiva ante dicha obligación. De tal modo que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado -omisivo-, se advierte que no existe abstención por parte de la responsable de supervisar que la clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social diera la atención médica solicitada, ya que no se encuentra legalmente compelida a supervisar tal prestación de servicios. Para evidenciarlo, basta con invocar el contenido de los artículos 4, fracción III, 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 5, y 77 bis 6 de la Ley General de Salud, que son del tenor siguiente: "Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias: (.) III. La Secretaría de Salud, y (.)." "Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere este Título." "Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos de coordinación a que se refiere este Título. La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, garantizarán las acciones a que se refiere el presente Título mediante la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud." "Artículo 77 bis 5. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social quedará distribuida conforme a lo siguiente: A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias; II. Coordinar la prestación de servicios de salud de alta especialidad que se brinden por las entidades agrupadas en su sector coordinado e impulsar la creación de este tipo de servicios tanto a nivel federal como por parte de las entidades federativas; III. Se deroga. IV. Se deroga. V. Elaborar el modelo y promover la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere esta Ley; VI. Se deroga. VII. Diseñar y elaborar los materiales de sensibilización, difusión, promoción y metodología de la capacitación que se utilizarán en la operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; VIII. Se deroga. IX. Se deroga. X. Se deroga. XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo de beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica, de conformidad con lo establecido en su reglamento interior; XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios; XIII. Se deroga. XIV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de la calidad de los establecimientos de salud a que se refiere el artículo 77 bis 9 de esta Ley; XV. Se deroga. XVI. Se deroga. XVII. Evaluar el desempeño de la prestación gratuita de servicio de salud, medicamentos y demás insumos asociados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad e integralidad de los servicios prestados y coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el control y fiscalización de los recursos que para tal fin se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento." "Artículo 77 bis 6. El Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para estos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas. En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente: I. Las modalidades orgánicas y funcionales de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; II. Los conceptos de gasto; III. El destino de los recursos, y IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados." De los preceptos legales recién transcritos, en lo que al caso interesa, se desprende: La Secretaria de Salud es una autoridad sanitaria; la protección de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, es para todas las personas que se encuentren en el país; asimismo, el Estado garantizara en forma gratuita la de aquellas que no cuenten con seguridad social. La prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, es el conjunto de acciones que en la materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con la entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas, a través de sus servicios estatales de salud. La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, garantizaran la prestación de los servicios de salud. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación, llevarán a cabo la prestación gratuita de los servicios de salud de referencia, por ejemplo, mediante la celebración de Acuerdos de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. De lo expuesto, se advierte que la Secretaría de Salud no es una institución que preste atención médica en específico pues no es una atribución que le competa, sino que ello es exclusivo de las dependencias y entidades de la administración que presten servicios de salud. Lo anterior debido a que el prestar atención médica no es un acto propio de la Secretaría de Salud, sino que a ésta le corresponde desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la prestación de los servicios de salubridad general. De esta manera, se advierte que la normatividad no le establece una obligación a la autoridad responsable en cita para actuar de la manera en que afirma la quejosa directa, esto es, de supervisar es específico que la clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social le dé la atención médica que requiere para su padecimiento. Se reitera, en el caso, es a las entidades federativas por conducto de Servicios de Salud, a los que les compete proporcionar directamente el referido servicio; sin que sea dable exigir a la responsable una actuación de vigilancia de cada procedimiento médico que en su caso, determine aplicar o no cada servicio de salud en el Estado, pues ello excede sus facultades, precisamente por su naturaleza de organismo público descentralizado. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados. La misma suerte debe correr el acto atribuido a las responsables identificadas con los incisos d) y e), consistente en la falta de suministro de recursos económicos del presupuesto de egresos federal correspondiente al ejercicio de dos mil diecinueve, a fin de que específicamente la clínica 83, del Instituto Mexicano del Seguro Social estuviera en condiciones de brindar la atención médica solicitada, toda vez que éstas negaron la existencia del acto que les fue atribuido. En tal sentido, no corresponde a la Cámara de Senadores la facultad constitucional de aprobar y determinar el presupuesto, mientras que, si bien es verdad que de conformidad con el ordinal 74, fracción IV Constitucional, la Cámara de Diputados está facultada para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos. Empero, en realidad dicha facultad se establece respecto de la cantidad asignada en general, a cada dependencia, que será la encargada de distribuir los recursos adecuadamente para la prestación del servicio y medicamentos. A pesar de ello, la quejosa no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tales manifestaciones; de modo que al no haber sido desvirtuada la negativa de las autoridades, con fundamento en la misma hipótesis normativa, se SOBRESEE el presente juicio constitucional por lo que a éstas corresponde. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI. 2º. J/20 que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, al rendir su informe justificado, las autoridades identificadas con los incisos a) y b) negaron la existencia de los actos reclamados. No obstante, dicha negativa se encuentra desvirtuada pues de las manifestaciones realizadas por dichas autoridades se desprende que previo a la presentación de la demanda de amparo, aunque la quejosa se encontraba ingresada en la Clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social; y presentaba fracturas costales derechas e izquierdas, entre otras, como se aprecia de las constancias remitidas junto con el expediente clínico. Empero, aún existía la falta de atención médica integral a la quejosa, de modo que tal circunstancia es suficiente para analizar en esta vía constitucional si el derecho humano a la salud se encuentra vulnerado y, de ser el caso, establecer las medidas para obligar a respetar inmediatamente el mismo. De ahí que se tenga por cierto el acto que se les reclama. QUINTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, tal y como aduce el fiscal de esta adscripción, en el particular se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, de manera que se destruyan todas sus consecuencias en forma total e incondicional de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Improcedencia que se justifica debido a que el examen constitucional se volvería ocioso frente a la paralización o destrucción del acto de autoridad, por lo que en tal aspecto la justicia federal se torna innecesaria. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal..". (Lo subrayado es propio). Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa Jurisprudencia 9/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En el caso concreto, se recuerda que el acto reclamado a las autoridades citadas se hace consistir, en la falta de atención médica integral conforme al padecimiento que presenta, en específico: 1. El que se le dé el alta del nosocomio en que se encuentra interna sin atender previamente las costillas que aduce tener rotas del lado derecho, lo que le provoca daños al pulmón que ponen en peligro su vida; y, 2. La omisión de trasladarla al hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara o la Ciudad de México, a fin de que le realicen el procedimiento quirúrgico (engrapamiento y/o fijación de costillas) que aduce necesitar. Ahora, debe destacarse que posterior a la presentación de la demanda, fue allegada por las autoridades responsables la nota de revisión médica de catorce de septiembre de dos mil diecinueve, de donde se obtiene que Jaime Alejandro Espinoza Ávila, Cirujano Ortopedista y Traumatólogo con cédula profesional 7401453 y cédula de especialidad 10417524, asentó lo siguiente: "NOMBRE DE PACIENTE: Vicky Marlene Calderón Alcántar. (.) Se trata de paciente femenino de 24 años de edad quien ingresa el día 27 de Agosto aproximadamente a las 4:00 am a sala de choque después de sufrir accidente automovilístico, la paciente de conductor (sic) con un impacto lateral directo del lado derecho. Se aplica el correspondiente protocolo de reanimación de las guías actualizadas del ACLS con revisión clínica y estudios de gabinete se terminaron los siguientes diagnósticos: Traumatismo cráneo encefálico leve (hematoma subgaleal fontopariental) Traumatismo cerrado de tórax Contusión pulmonar Hemotórax derecho Fracturas costales hemitórax derecho 6 arcos costales y hemitórax izquierdo 3 arcos costales que condiciona por definición un tórax inestable. Fractura cerrada bilateral de clavícula Allman 1 Fractura de Fémur derecho cerrada 32B3 AO Fractura de plafón tibial izquierdo 43B1 AO Fractura de lámina cuadrilátera hemiplevis izquierda multifragmentada in situ que no compromete anillo pélvico y que no afecta congruencia articular ni cuerpo condrales libres sobre la articulación coxofemoral (tratamiento conservador) Fractura de peroné tercio medio derecho (tratamiento conservador) Esquince cervical grado 2 Se le colocó sonda endopleural, se le inmovilizó tobillo izquierdo y se le coloco tracción cutánea del fémur derecho. Se intervino quirúrgicamente como control de daños para colocar fijador externo en fémur y posteriormente ingresa a UTI el 28 de agosto de 2019 para intubación orotraqueal como ferulización ventilatoria -medida preventiva para evitar el hemo/neumotórax espontáneo. Se presentó en dos ocasiones a CMN para su traslado por el motivo del tórax inestable para su pronta fijación interna y estabilización con el objeto de mejorar la función mecánica ventilatoria. Sin embargo fue rechazada en las dos ocasiones. El día 29 de Agosto se intervino mediante enclavado centro medular de fémur derecho, así como osteosíntesis bilateral de clavículas con placas de reconstrucción mejorando el patrón ventilatorio notablemente, así como también se disminuyó el riesgo latente de tromboembolia grasa y consecuente trombomebolismo pulmonar, del cual siempre estuvo con profilaxis. Se egresa de UTI el día 6 de septiembre por mejoría, después de un episodio de rabdomiolisis resuelto satisfactoriamente así como con extubación exitosa. Se interviene el día 11 de septiembre de 2019 de osteosíntesis de plafón tibial. Sus últimos laboratorios: Hb 9.9, PLAQUETAS DE 140 Glu 82 tiempos de coagulación normales cr 1.2 leu 18. Se manejó con analgesia, anticoagulación y antibiótico. Con una evolución satisfactoria, patrón ventilatorio sin disociación toracoabdominal, movilidad libre de extremidades superiores e inferiores, heridas quirúrgicas cicatrizadas, sin datos de infección, signos vitales dentro de parámetros normales así como saturación de oxígeno, neurológicamente integra y evacuaciones al corriente. Se retira la sonda endopleural el día 13 de septiembre y demás sondas Foley y catéter venoso central, sin picos febriles. Tolerando vía oral. ADENDUM. En cuanto a la función ventilatoria, el hemotórax está prácticamente resuelto, con amplexión y amplexación pulmonares adecuadas, dolor leve en costado derecho a la inspiración profunda. A la fecha después de evaluar la última radiografía de tórax, las costillas se encuentran en una fase de consolidación grado III de IV, a pesar de micro movimiento que se realiza con la ventilación, son huesos largos que tiene un (sic) capacidad de formación de callo óseo sin ser alineadas ni fijadas internamente, la unión que resulte después de la formación del callo óseo NO tiene que ser totalmente alineación al 100%, la superposición y contacto de los fragmentos óseos en un mediano plazo restaurarán el patrón respiratorio previo. Requerirá de fisioterapia pulmonar únicamente. El riesgo de que se pueda presentar un hemo/neurotorax espontáneo es prácticamente nulo, solamente se puede presentar si hay caídas con trauma directo, y se trataría de un accidente totalmente ajeno a su lesión inicial, no desarrollará el mencionado hemo /neurotórax con el efecto tusígeno o maniobra de valsalva. Se indica movilidad libre fuera de cama con vigilancia de una tercera persona los primeros días, sin realizar esfuerzos físicos pesados ni cargar objetos. Por parte del servicio de traumatología y ortopedia puede egresarse a domicilio con seguimiento por la consulta externa así como con cita abierta a urgencias en caso de datos de alarma ya comentados con familiares y paciente; y al día de hoy NO requiere nueva valoración por cirugía de tórax." (El énfasis es añadido). Nota: que se corrobora, en lo tocante al tema de la fractura de las costillas, con las notas médicas de alta e informes médicos de los días 30, 27, 26, 24 y 17, todos de septiembre de dos mil diecinueve, que se anexaron en copia certificada al expediente médico remitido por las responsables, de las que se aprecia que a esas fechas ya se encontraba resuelta la complicación del hemotorax derecho. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 133, 197, 202 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos y uno privado; este último, no objetado por su contraria, lo que permite a este órgano arribar a la convicción de que es eficaz para acreditar lo que en él se contiene. De la anterior documental se colige que la peticionaria del amparo fue valorada integralmente por su especialista tratante, practicándose las intervenciones quirúrgicas que se estimaron necesarias, concluyendo que en esa fecha, luego de la última radiografía de tórax, sus costillas se encontraban en una fase de consolidación grado III de IV, que la unión que resulte después de la formación del callo óseo no tiene que ser totalmente alineada al cien por ciento -motivo por el que no era necesario el engrapamiento y/o fijación de costillas que aduce-. Que únicamente requerirá de fisioterapia pulmonar; y, que el riesgo de que se pueda presentar una complicación es prácticamente nulo; motivo por el cual, por parte del servicio de traumatología y ortopedia autorizaron su egreso a domicilio con seguimiento por la consulta externa así como con cita abierta a urgencias en caso de datos de alarma; sin que estimaran necesario una nueva valoración por cirugía de tórax. Lo que se patentiza que sí se le otorgó el servicio médico que requería la quejosa para tratar el estado en que se encontraba, pues incluso fueron remitidas copias certificadas del expediente clínico de la quejosa en el que se colige la atención y medicamentos que ésta recibió durante el periodo en que se encontró interna en dicha unidad médica. Las cuales son merecedoras del mismo valor probatorio que los antes valorados. Además, debe destacarse que en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, a efecto de conocer el seguimiento dado al tratamiento indicado para el padecimiento de la quejosa, el Delegado en el Estado de Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte ante el oficial de partes de este Juzgado, que la quejosa fue atendida en el Hospital General de Zona, número 83, del Instituto Mexicano del Seguro Social, sitio en el que la operaron de la clavícula, fémur y tobillo izquierdo, con tratamiento en sus costales derechos, pleurovac por un mes y trombosis venosa profunda de pierna derecha, con un periodo de seis meses post operatorio; y, que al día en que rendía dicha información, la quejosa caminaba asistida de una andadera, con marcha claudicante por acortamiento del miembro inferior derecho. Asimismo, informó que en esa data, ésta se encontraba en proceso de medicina rehabilitadora, esto es, en terapia física de rodilla y muslo derecho, además de cita médica para valoración en tres meses; y, para acreditar lo anterior remitió el original del oficio 170103200200/00149/2020, de dieciocho de febrero de dos mil veinte. De lo anterior se destaca que al día en que se emite la presente sentencia de amparo, ya se proporcionó el tratamiento necesario a la aquí quejosa, quien se encuentra en proceso de rehabilitación, de ahí que se estime que en este aspecto cesaron los efectos de proporcionar un tratamiento médico integral para los padecimientos que la aquejaban con motivo del siniestro que sufrió. Por ello es evidente que la promovente del amparo recibió la atención medica de manera regular, en el que se le suministraron medicamentos, practicaron los procedimientos quirúrgicos y terapéuticos con los cuales se pretendió combatir el malestar que le aquejaba y hasta la fecha estaba en fase de rehabilitación, para de ese modo, garantizar el derecho humano a la salud; además, de que las autoridades responsables agendaron citas para continuar valorando su evolución. Bajo este contexto, la omisión reclamada en la vía constitucional ha cesado sus efectos, de manera que la violación alegada no ha dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular, como si se hubiera concedido el amparo; actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo promovido por Vicky Marlene Calderón Alcántar, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables, las cuales quedaron precisadas con antelación. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Vicky Marlene Calderón Alcántar, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:OR V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IV-1032/2019, promovido por Jorge Adrián Magallán Aguilar, en representación de Vicky Marlene Calderón Alcántar, contra actos del: Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con sede en esta ciudad. Director del Hospital de Zona número 83, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Secretario de Salud, con sede en esta ciudad. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; y, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Jorge Adrián Magallán Aguilar, en representación de Vicky Marlene Calderón Alcántar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- DELEGADO DEL IMSS EN MICHOACÁN Y ENCARGADO O DIRECTOR DEL HOSPITA (sic) CLINICA 83 DEL IMSS, MORELIA, MICHOACÁN, SECRETARIO DE SALUD Y CONGRESO DE LA UNIÓN (.) ACTOS RECLAMADOS.- 1.- Negativa de proporcionar ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD, QUE RESTABLEZCA LA SALUD DE MI ESPOSA, lo cual viola el numeral 22 DEL PACTO FEDERAL ya que se está arriesgando la VIDA de mi ESPOSA, pues la dan de alta sin restablecer su salud, arriesgando su VIDA ya que tiene todavía todas las costillas del lado derecho rotas, lo que provoca pinchaduras al pulmón y con ello sobreviene su muerte. 2.- Destaco que EL DELEGADO DEL IMSS EN MICHOACÁN Y ENCARGADO O DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICA 83 DEL IMSS, MORELIA, MIHOACÁN DEL IMSS, SECRETARIO DE SALUD Y CONGRESO DE LA UNIÓN, (.) SE NIEGAN A PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD, EFICIENTE, EFICAZ, IDÓNEAS, QUE RESTABLEZCA LA SALUD DE MI ESPOSA. También reclamo en que con los actos reclamados se atenta contra su VIDA, salud, bienestar y su dignidad. TAMBIÉN RECLAMO DE QUE SE NIEGAN A TRASLADAR AL HOSPITARL (sic) DE ALTA ESPECIALIDAD DEL IMSS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y ARRIESGANDO SU VIDA POR FALTA DE GRAPAS PARA FIJAR COSTILLAS, no tiene la infraestructura, medicamentos, personal e instrumental médicos idóneos para atender el delicado estado de salud de mi ESPOSA, y de que se encuentra UBICADA EN PABELLÓN 4, CAMA 60, SIN ATENCIÓN MÉDICA IDÓNEA, OPORTUNA, EFICAZ, EFICIENTE. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4, 8, 14, 16, 17, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó formar el expediente IV-1032/2019; se concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados por el promovente del amparo por ser de carácter urgente y de análisis oficioso; se requirió a las autoridades responsables el informe respecto de la suspensión concedida; y, se requirió a la quejosa directa para que manifestara si ratificaba o no la demanda presentada en su favor, lo que así hizo. Luego, mediante auto de veintitrés de ese mismo mes y año, previo cumplimiento de prevención, en la que los promoventes señalaron como responsables a la Secretaría de Salud (porque dice, no supervisa a la Clínica 83 involucrada) y Congreso de la Unión (al no suministrar el dinero suficiente para satisfacer las necesidades de la Clínica 83, para prestar el servicio de salud. Luego, se admitió la demanda de garantías que motivó la formación del juicio en que se actúa; se requirió a las responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada -previo diferimiento- el veinte de enero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. Lo anterior porque se reclaman diversas omisiones a instituciones de salud, cuyos efectos se materializan en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables son los siguientes: Del a) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán y b) Director del Hospital de Zona número 83, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en esta ciudad: La falta de atención médica integral conforme al padecimiento que presenta, en específico: 1. El que se le dé el alta del nosocomio en que se encuentra interna sin atender previamente las costillas que aduce tener rotas del lado derecho, lo que le provoca daños al pulmón que ponen en peligro su vida; y, 2. La omisión de trasladarla al hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara o la Ciudad de México, a fin de que le realicen el procedimiento quirúrgico (engrapamiento y/o fijación de costillas) que aduce necesitar. Del c) Secretario de Salud, con sede en esta ciudad: La falta de supervisión a la Clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que diera la atención médica solicitada. De la d) Cámara de Diputados y e) Senadores del Congreso de la Unión, ambos con sede en la Ciudad de México: La falta de suministro de recursos económicos del presupuesto de egresos federal correspondiente al ejercicio de dos mil diecinueve, a fin de que la clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social estuviera en condiciones de brindar la atención médica solicitada. TERCERO. Inexistencia de los actos. Al rendir su informe justificado, la autoridad identificada con el inciso c), negó la existencia del acto que le fue atribuido, y tal negativa se corrobora atento a las siguientes consideraciones: Al ser el acto que se le reclama de naturaleza omisiva, debe establecerse en primer lugar si la normatividad que rige la existencia de la responsable le confiere la obligación cuya omisión se reclama, ya que atento al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes, pues si careciera de competencia es evidente que no tendrá la facultad de pronunciarse sobre lo pedido. Resulta aplicable la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se inserta: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese sentido, para que se actualice un acto de carácter omisivo atribuido a determinada autoridad, deben concurrir dos elementos: I. Dicha autoridad debe tener la obligación de hacer lo solicitado -conforme lo dispuesto en las disposiciones legales que prevén su competencia-; y, II. Es necesario que exista una conducta pasiva ante dicha obligación. De tal modo que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado -omisivo-, se advierte que no existe abstención por parte de la responsable de supervisar que la clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social diera la atención médica solicitada, ya que no se encuentra legalmente compelida a supervisar tal prestación de servicios. Para evidenciarlo, basta con invocar el contenido de los artículos 4, fracción III, 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 5, y 77 bis 6 de la Ley General de Salud, que son del tenor siguiente: "Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias: (.) III. La Secretaría de Salud, y (.)." "Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere este Título." "Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos de coordinación a que se refiere este Título. La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, garantizarán las acciones a que se refiere el presente Título mediante la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud." "Artículo 77 bis 5. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social quedará distribuida conforme a lo siguiente: A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias; II. Coordinar la prestación de servicios de salud de alta especialidad que se brinden por las entidades agrupadas en su sector coordinado e impulsar la creación de este tipo de servicios tanto a nivel federal como por parte de las entidades federativas; III. Se deroga. IV. Se deroga. V. Elaborar el modelo y promover la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere esta Ley; VI. Se deroga. VII. Diseñar y elaborar los materiales de sensibilización, difusión, promoción y metodología de la capacitación que se utilizarán en la operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; VIII. Se deroga. IX. Se deroga. X. Se deroga. XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo de beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica, de conformidad con lo establecido en su reglamento interior; XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios; XIII. Se deroga. XIV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de la calidad de los establecimientos de salud a que se refiere el artículo 77 bis 9 de esta Ley; XV. Se deroga. XVI. Se deroga. XVII. Evaluar el desempeño de la prestación gratuita de servicio de salud, medicamentos y demás insumos asociados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad e integralidad de los servicios prestados y coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el control y fiscalización de los recursos que para tal fin se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento." "Artículo 77 bis 6. El Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para estos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas. En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente: I. Las modalidades orgánicas y funcionales de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; II. Los conceptos de gasto; III. El destino de los recursos, y IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados." De los preceptos legales recién transcritos, en lo que al caso interesa, se desprende: La Secretaria de Salud es una autoridad sanitaria; la protección de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, es para todas las personas que se encuentren en el país; asimismo, el Estado garantizara en forma gratuita la de aquellas que no cuenten con seguridad social. La prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, es el conjunto de acciones que en la materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con la entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas, a través de sus servicios estatales de salud. La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, garantizaran la prestación de los servicios de salud. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación, llevarán a cabo la prestación gratuita de los servicios de salud de referencia, por ejemplo, mediante la celebración de Acuerdos de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. De lo expuesto, se advierte que la Secretaría de Salud no es una institución que preste atención médica en específico pues no es una atribución que le competa, sino que ello es exclusivo de las dependencias y entidades de la administración que presten servicios de salud. Lo anterior debido a que el prestar atención médica no es un acto propio de la Secretaría de Salud, sino que a ésta le corresponde desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la prestación de los servicios de salubridad general. De esta manera, se advierte que la normatividad no le establece una obligación a la autoridad responsable en cita para actuar de la manera en que afirma la quejosa directa, esto es, de supervisar es específico que la clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social le dé la atención médica que requiere para su padecimiento. Se reitera, en el caso, es a las entidades federativas por conducto de Servicios de Salud, a los que les compete proporcionar directamente el referido servicio; sin que sea dable exigir a la responsable una actuación de vigilancia de cada procedimiento médico que en su caso, determine aplicar o no cada servicio de salud en el Estado, pues ello excede sus facultades, precisamente por su naturaleza de organismo público descentralizado. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados. La misma suerte debe correr el acto atribuido a las responsables identificadas con los incisos d) y e), consistente en la falta de suministro de recursos económicos del presupuesto de egresos federal correspondiente al ejercicio de dos mil diecinueve, a fin de que específicamente la clínica 83, del Instituto Mexicano del Seguro Social estuviera en condiciones de brindar la atención médica solicitada, toda vez que éstas negaron la existencia del acto que les fue atribuido. En tal sentido, no corresponde a la Cámara de Senadores la facultad constitucional de aprobar y determinar el presupuesto, mientras que, si bien es verdad que de conformidad con el ordinal 74, fracción IV Constitucional, la Cámara de Diputados está facultada para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos. Empero, en realidad dicha facultad se establece respecto de la cantidad asignada en general, a cada dependencia, que será la encargada de distribuir los recursos adecuadamente para la prestación del servicio y medicamentos. A pesar de ello, la quejosa no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tales manifestaciones; de modo que al no haber sido desvirtuada la negativa de las autoridades, con fundamento en la misma hipótesis normativa, se SOBRESEE el presente juicio constitucional por lo que a éstas corresponde. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI. 2º. J/20 que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, al rendir su informe justificado, las autoridades identificadas con los incisos a) y b) negaron la existencia de los actos reclamados. No obstante, dicha negativa se encuentra desvirtuada pues de las manifestaciones realizadas por dichas autoridades se desprende que previo a la presentación de la demanda de amparo, aunque la quejosa se encontraba ingresada en la Clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social; y presentaba fracturas costales derechas e izquierdas, entre otras, como se aprecia de las constancias remitidas junto con el expediente clínico. Empero, aún existía la falta de atención médica integral a la quejosa, de modo que tal circunstancia es suficiente para analizar en esta vía constitucional si el derecho humano a la salud se encuentra vulnerado y, de ser el caso, establecer las medidas para obligar a respetar inmediatamente el mismo. De ahí que se tenga por cierto el acto que se les reclama. QUINTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, tal y como aduce el fiscal de esta adscripción, en el particular se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, de manera que se destruyan todas sus consecuencias en forma total e incondicional de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Improcedencia que se justifica debido a que el examen constitucional se volvería ocioso frente a la paralización o destrucción del acto de autoridad, por lo que en tal aspecto la justicia federal se torna innecesaria. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal..". (Lo subrayado es propio). Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa Jurisprudencia 9/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En el caso concreto, se recuerda que el acto reclamado a las autoridades citadas se hace consistir, en la falta de atención médica integral conforme al padecimiento que presenta, en específico: 1. El que se le dé el alta del nosocomio en que se encuentra interna sin atender previamente las costillas que aduce tener rotas del lado derecho, lo que le provoca daños al pulmón que ponen en peligro su vida; y, 2. La omisión de trasladarla al hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara o la Ciudad de México, a fin de que le realicen el procedimiento quirúrgico (engrapamiento y/o fijación de costillas) que aduce necesitar. Ahora, debe destacarse que posterior a la presentación de la demanda, fue allegada por las autoridades responsables la nota de revisión médica de catorce de septiembre de dos mil diecinueve, de donde se obtiene que Jaime Alejandro Espinoza Ávila, Cirujano Ortopedista y Traumatólogo con cédula profesional 7401453 y cédula de especialidad 10417524, asentó lo siguiente: "NOMBRE DE PACIENTE: Vicky Marlene Calderón Alcántar. (.) Se trata de paciente femenino de 24 años de edad quien ingresa el día 27 de Agosto aproximadamente a las 4:00 am a sala de choque después de sufrir accidente automovilístico, la paciente de conductor (sic) con un impacto lateral directo del lado derecho. Se aplica el correspondiente protocolo de reanimación de las guías actualizadas del ACLS con revisión clínica y estudios de gabinete se terminaron los siguientes diagnósticos: Traumatismo cráneo encefálico leve (hematoma subgaleal fontopariental) Traumatismo cerrado de tórax Contusión pulmonar Hemotórax derecho Fracturas costales hemitórax derecho 6 arcos costales y hemitórax izquierdo 3 arcos costales que condiciona por definición un tórax inestable. Fractura cerrada bilateral de clavícula Allman 1 Fractura de Fémur derecho cerrada 32B3 AO Fractura de plafón tibial izquierdo 43B1 AO Fractura de lámina cuadrilátera hemiplevis izquierda multifragmentada in situ que no compromete anillo pélvico y que no afecta congruencia articular ni cuerpo condrales libres sobre la articulación coxofemoral (tratamiento conservador) Fractura de peroné tercio medio derecho (tratamiento conservador) Esquince cervical grado 2 Se le colocó sonda endopleural, se le inmovilizó tobillo izquierdo y se le coloco tracción cutánea del fémur derecho. Se intervino quirúrgicamente como control de daños para colocar fijador externo en fémur y posteriormente ingresa a UTI el 28 de agosto de 2019 para intubación orotraqueal como ferulización ventilatoria -medida preventiva para evitar el hemo/neumotórax espontáneo. Se presentó en dos ocasiones a CMN para su traslado por el motivo del tórax inestable para su pronta fijación interna y estabilización con el objeto de mejorar la función mecánica ventilatoria. Sin embargo fue rechazada en las dos ocasiones. El día 29 de Agosto se intervino mediante enclavado centro medular de fémur derecho, así como osteosíntesis bilateral de clavículas con placas de reconstrucción mejorando el patrón ventilatorio notablemente, así como también se disminuyó el riesgo latente de tromboembolia grasa y consecuente trombomebolismo pulmonar, del cual siempre estuvo con profilaxis. Se egresa de UTI el día 6 de septiembre por mejoría, después de un episodio de rabdomiolisis resuelto satisfactoriamente así como con extubación exitosa. Se interviene el día 11 de septiembre de 2019 de osteosíntesis de plafón tibial. Sus últimos laboratorios: Hb 9.9, PLAQUETAS DE 140 Glu 82 tiempos de coagulación normales cr 1.2 leu 18. Se manejó con analgesia, anticoagulación y antibiótico. Con una evolución satisfactoria, patrón ventilatorio sin disociación toracoabdominal, movilidad libre de extremidades superiores e inferiores, heridas quirúrgicas cicatrizadas, sin datos de infección, signos vitales dentro de parámetros normales así como saturación de oxígeno, neurológicamente integra y evacuaciones al corriente. Se retira la sonda endopleural el día 13 de septiembre y demás sondas Foley y catéter venoso central, sin picos febriles. Tolerando vía oral. ADENDUM. En cuanto a la función ventilatoria, el hemotórax está prácticamente resuelto, con amplexión y amplexación pulmonares adecuadas, dolor leve en costado derecho a la inspiración profunda. A la fecha después de evaluar la última radiografía de tórax, las costillas se encuentran en una fase de consolidación grado III de IV, a pesar de micro movimiento que se realiza con la ventilación, son huesos largos que tiene un (sic) capacidad de formación de callo óseo sin ser alineadas ni fijadas internamente, la unión que resulte después de la formación del callo óseo NO tiene que ser totalmente alineación al 100%, la superposición y contacto de los fragmentos óseos en un mediano plazo restaurarán el patrón respiratorio previo. Requerirá de fisioterapia pulmonar únicamente. El riesgo de que se pueda presentar un hemo/neurotorax espontáneo es prácticamente nulo, solamente se puede presentar si hay caídas con trauma directo, y se trataría de un accidente totalmente ajeno a su lesión inicial, no desarrollará el mencionado hemo /neurotórax con el efecto tusígeno o maniobra de valsalva. Se indica movilidad libre fuera de cama con vigilancia de una tercera persona los primeros días, sin realizar esfuerzos físicos pesados ni cargar objetos. Por parte del servicio de traumatología y ortopedia puede egresarse a domicilio con seguimiento por la consulta externa así como con cita abierta a urgencias en caso de datos de alarma ya comentados con familiares y paciente; y al día de hoy NO requiere nueva valoración por cirugía de tórax." (El énfasis es añadido). Nota: que se corrobora, en lo tocante al tema de la fractura de las costillas, con las notas médicas de alta e informes médicos de los días 30, 27, 26, 24 y 17, todos de septiembre de dos mil diecinueve, que se anexaron en copia certificada al expediente médico remitido por las responsables, de las que se aprecia que a esas fechas ya se encontraba resuelta la complicación del hemotorax derecho. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 133, 197, 202 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos y uno privado; este último, no objetado por su contraria, lo que permite a este órgano arribar a la convicción de que es eficaz para acreditar lo que en él se contiene. De la anterior documental se colige que la peticionaria del amparo fue valorada integralmente por su especialista tratante, practicándose las intervenciones quirúrgicas que se estimaron necesarias, concluyendo que en esa fecha, luego de la última radiografía de tórax, sus costillas se encontraban en una fase de consolidación grado III de IV, que la unión que resulte después de la formación del callo óseo no tiene que ser totalmente alineada al cien por ciento -motivo por el que no era necesario el engrapamiento y/o fijación de costillas que aduce-. Que únicamente requerirá de fisioterapia pulmonar; y, que el riesgo de que se pueda presentar una complicación es prácticamente nulo; motivo por el cual, por parte del servicio de traumatología y ortopedia autorizaron su egreso a domicilio con seguimiento por la consulta externa así como con cita abierta a urgencias en caso de datos de alarma; sin que estimaran necesario una nueva valoración por cirugía de tórax. Lo que se patentiza que sí se le otorgó el servicio médico que requería la quejosa para tratar el estado en que se encontraba, pues incluso fueron remitidas copias certificadas del expediente clínico de la quejosa en el que se colige la atención y medicamentos que ésta recibió durante el periodo en que se encontró interna en dicha unidad médica. Las cuales son merecedoras del mismo valor probatorio que los antes valorados. Además, debe destacarse que en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, a efecto de conocer el seguimiento dado al tratamiento indicado para el padecimiento de la quejosa, el Delegado en el Estado de Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte ante el oficial de partes de este Juzgado, que la quejosa fue atendida en el Hospital General de Zona, número 83, del Instituto Mexicano del Seguro Social, sitio en el que la operaron de la clavícula, fémur y tobillo izquierdo, con tratamiento en sus costales derechos, pleurovac por un mes y trombosis venosa profunda de pierna derecha, con un periodo de seis meses post operatorio; y, que al día en que rendía dicha información, la quejosa caminaba asistida de una andadera, con marcha claudicante por acortamiento del miembro inferior derecho. Asimismo, informó que en esa data, ésta se encontraba en proceso de medicina rehabilitadora, esto es, en terapia física de rodilla y muslo derecho, además de cita médica para valoración en tres meses; y, para acreditar lo anterior remitió el original del oficio 170103200200/00149/2020, de dieciocho de febrero de dos mil veinte. De lo anterior se destaca que al día en que se emite la presente sentencia de amparo, ya se proporcionó el tratamiento necesario a la aquí quejosa, quien se encuentra en proceso de rehabilitación, de ahí que se estime que en este aspecto cesaron los efectos de proporcionar un tratamiento médico integral para los padecimientos que la aquejaban con motivo del siniestro que sufrió. Por ello es evidente que la promovente del amparo recibió la atención medica de manera regular, en el que se le suministraron medicamentos, practicaron los procedimientos quirúrgicos y terapéuticos con los cuales se pretendió combatir el malestar que le aquejaba y hasta la fecha estaba en fase de rehabilitación, para de ese modo, garantizar el derecho humano a la salud; además, de que las autoridades responsables agendaron citas para continuar valorando su evolución. Bajo este contexto, la omisión reclamada en la vía constitucional ha cesado sus efectos, de manera que la violación alegada no ha dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular, como si se hubiera concedido el amparo; actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo promovido por Vicky Marlene Calderón Alcántar, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables, las cuales quedaron precisadas con antelación. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Vicky Marlene Calderón Alcántar, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo IV-1032/2019 promovido por Vicky Marlene Calderón Alcantar contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la ciudad de México. Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su Delegado Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Director del Hospital Clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su Delegado Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la ciudad de México. Subdirector de Recursos Administrativos de la Oficina de la Abogada General, en representación de la Secretaría de Salud, con sede en la ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que las autoridades señaladas como responsables Instituto Mexicano del Seguro Social y Director del Hospital Clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su Delegado Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, adjuntaron como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones del expediente clínico de la quejosa con número de seguridad social 26 16 92 1430 6 2 F94OR. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y el autorizado de la parte quejosa, formularon alegatos. EL JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos. Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA.

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