Vicente Vasquez Flores

Expediente 1892/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1892/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Vicente Vasquez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1892/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1892/2017-III-B, promovido por Vicente Vasquez Flores, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Vicente Vasquez Flores, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, en acuerdo de diecinueve de enero de este año, se fijaron las diez horas con trece minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a la que se atribuye el acto reclamado, el cual tiene ejecución material en Morelos. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, conforme a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado de las autoridades responsables, es el siguiente: La fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada en el juicio 01/75/17. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Al rendir el informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó el acto reclamado (fojas 23 a 28). El actuario adscrito a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, también negó el acto reclamado (foja 22). El quejoso reclamó de las autoridades responsables, la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada en el juicio 01/75/17. El peticionario de amparo expresó en la demanda, que en fase de ejecución, la autoridad laboral despachó auto de ejecución por doscientos sesenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos con cincuenta y un centavos y le otorgó un término de tres días para concertar cita con el actuario, a efecto de ejecutar el mandato de ejecución (fojas tres y cuatro). Respecto a la cita para la ejecución, manifestó que le fue dada para el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Aun cuando el quejoso no proporcionó la fecha del mandato a ejecutarse el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, de las constancias que la presidenta de la Junta aportó y las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que ese auto es el de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. En efecto, a través del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 78 y 79), la presidenta de la Junta despachó auto de ejecución por doscientos sesenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos con cincuenta y un centavos y otorgó al actor un término de tres días para concertar cita con el actuario, a efecto de ejecutar el requerimiento de pago y en su caso de embargo. Lo resuelto por la autoridad en el referido auto, coindice con lo narrado por el quejoso y ello genera certeza de que el mandato que según el quejoso, habría de ejecutarse el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho porque así le fue indicado, corresponde al de veintinueve de septiembre pasado. El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, fue notificado al quejoso el quince de noviembre pasado (foja 80). Ahora bien, el otorgamiento de la cita reviste la naturaleza de un acto positivo, pues a través de éste, según el quejoso, la autoridad le fijó un día para materializar el auto de ejecución concedido en el conflicto de trabajo 01/75/17. Si bien está demostrada la emisión por parte de la autoridad laboral, del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por el que despachó en favor del quejoso auto de ejecución por doscientos sesenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos con cincuenta y un centavos y le otorgó un término de tres días para concertar cita con el actuario, a efecto de ejecutar el requerimiento de pago y en su caso de embargo; no menos cierto es que el quejoso no aportó pruebas para demostrar la existencia del otorgamiento de la cita para la ejecución del mandato, la cual, adujo, le fue programada para el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Tanto la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, como el actuario adscrito a ésta, negaron el acto reclamado. La presidenta de la Junta contestó lo manifestado por el quejoso en la demanda, por cuanto a que obtuvo cita para el requerimiento de pago hasta el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (foja 26). Al respecto, alegó que el actor fue omiso en promover para la obtención de la cita. Y el quejoso no aportó ninguna prueba para desvirtuar lo dicho por la autoridad responsable. De hecho, de las constancias que la autoridad aportó, no se advierte que la cita argüida por el quejoso, efectivamente le hubiera sido otorgada. La negativa del acto reclamado aducida por la Junta, se sustenta además en que ni siquiera refirió que hubiera sido promovido recurso de revisión en contra del supuesto acto positivo del actuario, materia del juicio de amparo, ni ello se advirtió de los autos. Por lo expuesto, el acto reclamado es inexistente, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la violación al derecho debe ser actual, esto es, debe existir a la presentación de la demanda de amparo, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica y el concepto de "actual", se determina en función de la fecha de presentación de la demanda de amparo. La falta de determinación y emplazamiento de tercero interesado, no es obstáculo para resolver el juicio, ya que esta sentencia en modo alguno le perjudica, pues no tiene efecto alguno en el juicio laboral de origen. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun cuando planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el sobreseimiento no permite estudiar cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los aludidos efectos del sobreseimiento se fundan en estas jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Vicente Vasquez Flores, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe, hoy dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1892/2017-III-B, promovido por Vicente Vasquez Flores, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Vicente Vasquez Flores, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, en acuerdo de diecinueve de enero de este año, se fijaron las diez horas con trece minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a la que se atribuye el acto reclamado, el cual tiene ejecución material en Morelos. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, conforme a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado de las autoridades responsables, es el siguiente: La fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada en el juicio 01/75/17. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Al rendir el informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó el acto reclamado (fojas 23 a 28). El actuario adscrito a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, también negó el acto reclamado (foja 22). El quejoso reclamó de las autoridades responsables, la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada en el juicio 01/75/17. El peticionario de amparo expresó en la demanda, que en fase de ejecución, la autoridad laboral despachó auto de ejecución por doscientos sesenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos con cincuenta y un centavos y le otorgó un término de tres días para concertar cita con el actuario, a efecto de ejecutar el mandato de ejecución (fojas tres y cuatro). Respecto a la cita para la ejecución, manifestó que le fue dada para el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Aun cuando el quejoso no proporcionó la fecha del mandato a ejecutarse el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, de las constancias que la presidenta de la Junta aportó y las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que ese auto es el de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. En efecto, a través del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 78 y 79), la presidenta de la Junta despachó auto de ejecución por doscientos sesenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos con cincuenta y un centavos y otorgó al actor un término de tres días para concertar cita con el actuario, a efecto de ejecutar el requerimiento de pago y en su caso de embargo. Lo resuelto por la autoridad en el referido auto, coindice con lo narrado por el quejoso y ello genera certeza de que el mandato que según el quejoso, habría de ejecutarse el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho porque así le fue indicado, corresponde al de veintinueve de septiembre pasado. El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, fue notificado al quejoso el quince de noviembre pasado (foja 80). Ahora bien, el otorgamiento de la cita reviste la naturaleza de un acto positivo, pues a través de éste, según el quejoso, la autoridad le fijó un día para materializar el auto de ejecución concedido en el conflicto de trabajo 01/75/17. Si bien está demostrada la emisión por parte de la autoridad laboral, del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por el que despachó en favor del quejoso auto de ejecución por doscientos sesenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos con cincuenta y un centavos y le otorgó un término de tres días para concertar cita con el actuario, a efecto de ejecutar el requerimiento de pago y en su caso de embargo; no menos cierto es que el quejoso no aportó pruebas para demostrar la existencia del otorgamiento de la cita para la ejecución del mandato, la cual, adujo, le fue programada para el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Tanto la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, como el actuario adscrito a ésta, negaron el acto reclamado. La presidenta de la Junta contestó lo manifestado por el quejoso en la demanda, por cuanto a que obtuvo cita para el requerimiento de pago hasta el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (foja 26). Al respecto, alegó que el actor fue omiso en promover para la obtención de la cita. Y el quejoso no aportó ninguna prueba para desvirtuar lo dicho por la autoridad responsable. De hecho, de las constancias que la autoridad aportó, no se advierte que la cita argüida por el quejoso, efectivamente le hubiera sido otorgada. La negativa del acto reclamado aducida por la Junta, se sustenta además en que ni siquiera refirió que hubiera sido promovido recurso de revisión en contra del supuesto acto positivo del actuario, materia del juicio de amparo, ni ello se advirtió de los autos. Por lo expuesto, el acto reclamado es inexistente, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la violación al derecho debe ser actual, esto es, debe existir a la presentación de la demanda de amparo, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica y el concepto de "actual", se determina en función de la fecha de presentación de la demanda de amparo. La falta de determinación y emplazamiento de tercero interesado, no es obstáculo para resolver el juicio, ya que esta sentencia en modo alguno le perjudica, pues no tiene efecto alguno en el juicio laboral de origen. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun cuando planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el sobreseimiento no permite estudiar cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los aludidos efectos del sobreseimiento se fundan en estas jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Vicente Vasquez Flores, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe, hoy dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS Y ACTUARIA ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual respetivamente rinde su informe justificado; atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido del mismo con la anticipación debida, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

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