Vicente Valdepeña Rey

Expediente 957/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
957/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Vicente Valdepeña Rey

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis , mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del ocho de septiembre del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada la parte quejosa, desahogó la vista contenida en el citado acuerdo, con el escrito de cuenta, el cual, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Vicente Valdepeña Rey para el siguiente efecto: ".EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Así las cosas, para salvaguardar el derecho del quejoso, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe otorgársele el amparo y protección de la justicia federal, para que el presidente municipal de Xochitepec, Morelos, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, realice lo siguiente:  De manera inmediata dé respuesta congruente y por escrito a la petición que Vicente Valdepeña Rey, le presentó el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.  Si el quejoso proporcionó domicilio para ser notificado, deberá darle a conocer su respuesta en aquél. Si no designó, deberá notificarle conforme a las reglas para las notificaciones no personales. Se precisa a la autoridad responsable que esta sentencia no la obliga a resolver de manera favorable al interés del quejoso, pero su respuesta deberá ser congruente, fundada y motivada, para que aquél esté en aptitud de desplegar los actos que a su derecho convenga si le es adversa." Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, remitió copia certificada del oficio CJM/XO/974/08-2016, mediante el cual dio respuesta congruente a la petición que la quejosa formuló el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, asimismo, procedió a notificar dicha determinación Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del referido oficio se aprecia que la autoridad responsable, dio respuesta congruente a la parte quejosa, como se advierte a continuación: "a) Que en relación a su escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, mediante el que solicita se le expedida hoja de servicios y carta de certificación, como se desprende de su expediente laboral, estos documentos ya le fueron expedidos el cinco de mayo de dos mil dieciséis, tal y como consta en las copias de dichos documentos en lo que firmo de recibido de su puño y letra." En efecto se pronunció en el sentido de negar la expedición de la copia de los documentos solicitados, por las razones que ahí expuso la autoridad responsable, razón por la cual, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Con relación a lo manifestado por la parte quejosa quien aduce que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, toda vez que la autoridad responsable no dio respuesta congruente en virtud de que se ha encontrado con la negativa rotunda de respuesta y solución a su solicitud, respecto de la diferencia entre la cantidad señalada en su constancia salarial y a la que percibía el hoy quejoso; dígasele que la concesión del amparo fue únicamente para que diera de manera inmediata diera respuesta congruente y por escrito a la petición que Vicente Valdepeña Rey, presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, asimismo, notificara su determinación. Lo cual sí realizó la autoridad responsable, pues respondió a cada una de las peticiones de manera congruente como ya se precisó en párrafos anteriores, en el entendido de que la concesión del amparo no constriñó a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido. Debe precisarse que el acto reclamado en este juicio consistió en una omisión de dar respuesta por parte de la autoridad responsable y no por una indebida o falta de motivación y fundamentación, de ahí que los argumentos del quejoso relacionados con el contenido de la respuesta de la autoridad responsables a sus peticiones, no pueden analizarse resolver sobre el cumplimiento a la sentencia, pues el efecto de la ejecutoría fue para que contestara sus peticiones pero no se le fijó un lineamiento para dar respuesta. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008030 1 de 2 Primera Sala Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 605 Jurisprudencia(Común) "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. "El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Por cuanto a las pruebas ofrecidas por la impetrante de garantías, no ha lugar a admitirlas, esto en virtud de que en esta etapa de ejecución, atendiendo a la naturaleza de la concesión del amparo, son inconducentes dichos medios probatorios en virtud que pretenden acreditar cuestiones ajenas a la materia de la concesión del amparo. De ahí que las pruebas que ofrece para acreditar sus manifestaciones, son cuestiones que no puede resolverse en el cumplimiento de esta sentencia, por tanto, se dejan a salvo sus derechos para que lo haga valer a través de la vía correspondiente. Háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa: VICENTE VALDEPEÑA REY, la resolución de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, que en lo conducente establece:... PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Vicente Valdepeña Rey, contra el acto reclamado del tesorero municipal de Xochitepec, Morelos, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Vicente Valdepeña Rey, contra el acto reclamado del presidente municipal de Xochitepec, Morelos, identificado en el considerando segundo de este fallo, por las razones y para los efectos indicados en el considerando quinto. TERCERO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hoy veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 957/2016-V-B, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos del Presidente municipal de Xochitepec, Morelos y otra autoridad; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dos de junio de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, ********************, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Presidente municipal de Xochitepec, Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de seis siguiente; se solicitaron los informes justificados y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Luego, por auto de uno de julio se fijaron las diez horas con cincuenta y nueve minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado -el cual carece de ejecución material- y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado del presidente municipal y el tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, consiste en: La falta de respuesta a la petición presentada el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado del Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, ya que así lo manifestó el Consejero Jurídico del municipio de Xochitepec, Morelos, al rendir el informe justificado en representación de aquél (fojas 14 a 16). Para emplazar a la autoridad responsable tesorero municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, se giró el oficio 33454/2016, el cual le fue notificado el nueve de junio de dos mil dieciséis, según la pieza postal agregada a foja 12. Sin embargo, pese a haber sido emplazada, no rindió su informe justificado, ni se advierte que el rendido por el Consejero Jurídico del municipio de Xochitepec, hubiere sido también en su representación. Luego, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado por cuanto al tesorero municipal de Xochitepec, Morelos, se refiere. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Respecto de la autoridad responsable tesorero municipal de Xochitepec, Morelos, el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales que fundan la improcedencia, dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a la fracción XXIII del invocado artículo 61, la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Esta porción legal no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio, tengan la posibilidad de que, a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Ahora bien, la improcedencia obedece a que el tesorero municipal de Xochitepec, Morelos, no tiene la calidad de autoridad responsable. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos de la demanda es la designación de la autoridad responsable, pero ello en modo alguno implica que efectivamente tenga ese carácter, antes, debe revestir, sino todas, alguna de las características que la fracción II del artículo 5º de la propia ley, impone para considerar que la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado, es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No se aborda la cuestión de los particulares asimilados a autoridad stricto sensu, en razón que tales autoridades no son particulares. A la luz del artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, considerando que el acto reclamado es la falta de acuerdo a una petición presentada en ejercicio del derecho de petición, conviene abordar la esencia de este derecho, tutelado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 8º de la Carta Magna dice a la letra: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto transcrito otorga un derecho a los gobernados e impone una obligación a las autoridades. El derecho que confiere a los gobernados, es el de acudir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, pero siempre de forma pacífica y respetuosa, con la salvedad que en materia política, sólo pueden hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. La obligación que impone a las autoridades, es correlativa de la recepción de la petición y tiene dos componentes: 1) Dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud aunque no necesariamente favorable al interés del gobernado y; 2) Dar a conocer su respuesta al solicitante en breve término, en el entendido que únicamente si aquél señala domicilio para ser notificado, quedará sujeta a hacer de su conocimiento la respuesta en ese domicilio, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. En el caso concreto, aun cuando ciertamente la falta de informe justificado de la referida autoridad responsable, establece la presunción legal de certeza o existencia del acto reclamado, el propio artículo 117 de la Ley de Amparo, establece que dicha presunción no exime al quejoso de acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. El acto reclamado del tesorero municipal de Xochitepec, Morelos, no es inconstitucional en sí mismo en virtud que la procedencia del derecho de petición precisa, valga la redundancia, la presentación de la petición a la autoridad, hecho que, como se dijo, da nacimiento a la obligación de la autoridad de responder. El quejoso no acreditó haber presentado la petición cuya falta de respuesta reclama, al tesorero municipal de Xochitepec, Morelos. Si bien el Consejero Jurídico de Xochitepec, Morelos, ofreció como prueba el escrito con sello de recepción de presidencia municipal [de Xochitepec, Morelos) de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, presentado por el quejoso, éste no contiene, además de ese sello, uno diverso que acredite que también fue entregado al tesorero municipal de Xochitepec, Morelos. Luego, al no estar demostrada la entrega de la petición de cuya falta de contestación se duele el quejoso, al tesorero municipal de Xochitepec, Morelos, no puede decirse que éste omite realizar el acto que crearía la situación jurídica que el quejoso pretende a través de ésa; de tal suerte que no le asiste el carácter de autoridad responsable y, por tanto, procede el sobreseimiento del juicio por cuanto a ella se refiere, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5º, fracción II, éste interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Argumentos de improcedencia hechos valer por el Consejero Jurídico del municipio de Xochitepec, Morelos. El Consejero Jurídico invocó las causas de improcedencia del juicio de amparo previstas por las fracciones X, XI y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto se reproduce para mayor ilustración: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La fracción X entraña la improcedencia contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La fracción XI supone la improcedencia contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La diversa XXI implica la improcedencia del amparo por cesación de efecto del acto reclamado. Los argumentos que sustentan la improcedencia, son básicamente dos: El primero, que lo planteado en la petición de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, no se contestó porque las constancias solicitadas por el promovente, esto es, "carta laboral" y "carta de certificación de remuneración", le fueron expedidas el seis de mayo de dos mil dieciséis. El segundo, la existencia del juicio de amparo 1006/2016, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. El primer argumento supone la cesación de efectos del acto reclamado, pero no actualiza dicha causal por las siguientes razones. La improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado, precisa que éstos se destruyan de forma total e incondicional y no dejen huella en la esfera jurídica del quejoso que amerite la protección constitucional para ser borrada. Lo anterior se apoya en estas tesis: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, aun cuando la autoridad responsable exhibió como prueba, copias certificadas de la "carta laboral" y la "carta de certificación de remuneración", ambas de cinco de mayo del año en curso, las cuales no fueron objetadas por el quejoso y ameritan pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de cuyo contenido se desprende que fueron recibidas por aquél en esa fecha, por virtud de la firma que aparece al calce, notoriamente parecida con la plasmada en la demanda de amparo, más la leyenda "recibí original 06 Mayo 2016", en ambos documentos, lo que ciertamente guarda relación con lo solicitado en la petición de dieciocho de mayo del año en curso sobre la que versa el acto reclamado; lo cierto es que esta última petición es, en todo caso, autónoma de la que propició la emisión de tales documentos; máxime que el artículo 8º Constitucional, no contiene disposición alguna en el sentido que la autoridad no está sujeta a responder si lo solicitado le fue propuesto con anterioridad, antes, ineludiblemente debe hacerlo, de hecho, ni siquiera su incompetencia para responder lo solicitado, la exime de la obligación, sino que en todo caso, debe hacer saber esta circunstancia al promovente. Lo anterior se sustenta en el siguiente criterio jurisprudencial: Tesis: 2a./J. 183/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 173716 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Pag. 207 Jurisprudencia(Constitucional, Administrativa) PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. Por tanto, al no estar acreditado que el presidente municipal de Xochitepec, Morelos, haya respondido la petición que el quejoso le formuló el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis y le hubiere dado a conocer la respuesta, es indudable que no opera la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado; máxime que en tratándose del derecho de petición, recae en la autoridad responsable la carga de probar que se pronunció sobre lo solicitado y dio a conocer su respuesta al peticionario, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial cuyos rubro y texto se citan a continuación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época 802744 1 de 1 Segunda Sala Volumen CXXXII, Tercera Parte Pag. 138 Jurisprudencia(Administrativa) PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación. Ahora, el segundo argumento, consistente en la existencia del juicio de amparo 1006/2016, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, no actualiza las causas de improcedencia previstas en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos. No pasa inadvertido que el Consejero Jurídico también adujo que el acto reclamado tenía relación con el juicio de amparo 1541/2015, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos; empero, si la petición sobre la que versa el acto reclamado en este juicio de amparo, es de dos mil dieciséis, es indudable que a la instauración del amparo 1541/2015, que data de dos mil quince, no podía ocuparse de éste. La copia del juicio de amparo 1006/2016, tiene pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público. El juicio de amparo 1006/2016, fue promovido por el aquí quejoso ********************, contra el presidente municipal y el tesorero municipal, ambos de Xochitepec, Morelos. Sin embargo, el acto reclamado en ese juicio es diverso del que corresponde al juicio 957/2016, en que se actúa. En efecto, en el juicio 1006/2016, el acto reclamado es la falta de respuesta a la petición presentada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; mientras que en el juicio 957/2016, lo es la falta de contestación a la petición formulada el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Luego, no existe identidad entre el acto reclamado en el juicio en que se resuelve y el del diverso 1006/2016. En consecuencia, ya que las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, tienen como elemento de la causa de improcedencia, la identidad del acto reclamado entre el juicio en trámite con otro en la misma condición, o el juicio en instrucción con aquel en que existe cosa juzgada; la ausencia de ese elemento impide que se actualice el supuesto normativo que prevén y, por ende, no se da la causa de improcedencia que contemplan. El Consejero Jurídico de Xochitepec, Morelos, también invocó las causales de improcedencia previstas por las fracciones IX, XIII y XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, no expresó razones que justifiquen su actualización, por lo que este tribunal se encuentra impedido para analizarlas. Al respecto, se invoca la jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 137/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174086 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXIV, Octubre de 2006 Pag. 365 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. También alegó el sobreseimiento del juicio de amparo con base en las fracciones IV y V del artículo 63 de la ley de la material, las cuales dictan: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Las causas de sobreseimiento no operan, por una parte, porque está demostrada la existencia del acto reclamado y, por otra, en razón que la autoridad no precisó qué causa de improcedencia diversa de las invocadas sobrevino y torna improcedente el amparo, de modo que la improcedencia alegada no es de obvia y objetiva constatación y, por tanto, no puede examinarse, sirviendo de apoyo a esta consideración, la tesis 2a./J.137/2006, ya citada; más aún, este juzgador no advierte que se actualice alguna causa que haga improcedente el amparo. Luego, procede examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, mismo que se realiza de forma conjunta, siendo innecesaria su transcripción; circunstancia que no atenta contra los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia ni deja en estado de indefensión al quejoso, porque no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución. Es aplicable esta tesis: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. El quejoso alega violación a su derecho de petición tutelado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La causa de la violación, es la omisión de la autoridad responsable de contestar la solicitud que presentó el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. El concepto es esencialmente fundado y suficiente para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal. El derecho de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier autoridad, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. El referido precepto emplea el término "autoridad", lo que denota que la relación se da en un plano de supra a subordinación, esto es, entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. Así, podemos decir que el artículo 8º Constitucional, protege el derecho del gobernado a recibir respuesta de la autoridad a la que formule una pregunta o solicitud, siempre que lo haga de forma pacífica y respetuosa, en la medida que impone a la autoridad el deber de responder de manera congruente, por escrito y en breve término y, en caso que el promovente señale domicilio para ser notificado, quedará sujeta a hacer de su conocimiento la respuesta en ese domicilio. Si el aludido precepto no obligara a la autoridad (con ciertas salvedades desde luego) a responder la petición del gobernante, a causa que aquélla, por su solo carácter de autoridad está en un estatus superior, podría simplemente no responder. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.42/2001, en la parte que alude a que el derecho de petición en cuanto a su existencia como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda, requiere que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación de gobernante y gobernado, de supra a subordinación, no de coordinación regulada por el derecho privado. La jurisprudencia P./J.42/2001, dice a la letra: Tesis: P./J. 42/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 189914 1 de 1 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Pag. 126 Jurisprudencia(Común) PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Ahora bien, en el caso concreto, no hay dudas sobre la existencia de la petición aducida por la parte quejosa y la falta de respuesta a ella. La existencia de la petición se acredita con el escrito con sello de recepción de presidencia municipal [de Xochitepec, Morelos) de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, presentado por el quejoso, exhibido por el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos (foja 17); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La falta de respuesta fue aceptada en el informe justificado. El artículo 8º Constitucional establece que la autoridad debe dar a conocer su respuesta al solicitante en "breve término". El derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deben ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto. Así, para fijar el "breve término" es válido atender a circunstancias tales como la complejidad técnica, jurídica y material de la petición, el tiempo entre la presentación de la solicitud y la exigencia de su respuesta, la actividad desplegada por la autoridad para responder y sus cargas de trabajo. El razonamiento que precede encuentra apoyo en la siguiente tesis aislada: Tesis: I.1o.A.E.64 A (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009510 1 de 73 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 19, Junio de 2015, Tomo III Pag. 2003 Tesis Aislada(Constitucional) DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO " A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término ", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. En el caso, la autoridad responsable no brindó argumentos que permitan a este tribunal analizar el breve término, por lo que no puede decirse que está dentro de éste. Ahora, para considerar que la autoridad cumple con la obligación que le impone el artículo 8º Constitucional, debe dar respuesta congruente y por escrito a la petición del solicitante y hacerla de su conocimiento en breve término y, si aquél señaló domicilio para ser notificado, la autoridad queda sujeta a comunicarle su decisión en ese domicilio, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Al respecto, se invoca como apoyo esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 98/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 181149 1 de 1 Segunda Sala Tomo XX, Julio de 2004 Pag. 248 Jurisprudencia(Común) DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Al estar acreditada la entrega a la autoridad responsable del escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis y la falta de respuesta a éste, se considera violado el derecho de petición tutelado en favor del quejoso por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Así las cosas, para salvaguardar el derecho del quejoso, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe otorgársele el amparo y protección de la justicia federal, para que el presidente municipal de Xochitepec, Morelos, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, realice lo siguiente: De manera inmediata dé respuesta congruente y por escrito a la petición que ********************, le presentó el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Si el quejoso proporcionó domicilio para ser notificado, deberá darle a conocer su respuesta en aquél. Si no designó, deberá notificarle conforme a las reglas para las notificaciones no personales. Se precisa a la autoridad responsable que esta sentencia no la obliga a resolver de manera favorable al interés del quejoso, pero su respuesta deberá ser congruente, fundada y motivada, para que aquél esté en aptitud de desplegar los actos que a su derecho convenga si le es adversa. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado del tesorero municipal de Xochitepec, Morelos, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado del presidente municipal de Xochitepec, Morelos, identificado en el considerando segundo de este fallo, por las razones y para los efectos indicados en el considerando quinto. TERCERO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hoy veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

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