Vicente Valles Valenzuela

Expediente 1408/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1408/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Vicente Valles Valenzuela
  • Jesús Valles Ordaz
  • María Vicenta Valenzuela García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Juicio de Amparo: 1408/2018 El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término transcurrió para la parte quejosa del trece al veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de febrero del dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 1408/2018. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión, toda vez que se decretó la suspensión de plano. Sí existen pruebas por devolver a las autoridades responsables agente del Ministerio Público Especializado contra el orden de la familia y libertad sexual adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Subdirectora de la Casa Cuna Placido Domingo y Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el ocho de febrero del dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Ahora bien, dese el trámite correspondiente que establece en punto décimo primero del citado acuerdo. Por último, devuélvanse a las responsables agente del Ministerio Público Especializado contra el orden de la familia y libertad sexual adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Subdirectora de la Casa Cuna Placido Domingo y Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas, las constancias que remitieron a este juzgado, consistentes en copias certificadas de las carpeta de investigación 127/2018, copias simples de los oficios y constancias medicas relativas a la valoración del menor y copia del expediente PPNNAF/01/2018, respectivamente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y motivado; SE RESUELVE: ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Vicenta Valenzuela García y Jesús Valles Ordaz, en representación de su menor hijo Vicente Valles Valenzuela, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario licenciado Jesús Romero Hernández con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de cuatro de enero del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1408/2018. El licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, residente en la ciudad del mismo nombre, asistido del licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, el secretario al hacer relación de las constancias que obran en autos da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, agente del Ministerio Publico especializada contra el orden de la familia y la libertad sexual de la citada fiscalía, Procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Zacatecas (SEDIF), así como Casa Cuna Placido Domingo dependiente de la autoridad citada en último término (fojas 51 a 54, 55 a 56, 59 a 61 y 97, respectivamente), así como con las constancias aportadas por las responsables en comento como anexos a sus informes con justificación y en la secuela procesal (fojas 62 a 67, 71 a 76, 78 a 79, 100 a 102, 116 bis, y tres tomos de pruebas). A continuación, el Juez de Distrito, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables; con las constancias relacionadas por el secretario, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa, obrantes a fojas 20 a 22, así como con las constancias relacionadas por el secretario, reseñadas en líneas previas, las cuales se tienen por desahogadas acorde a su propia y especial naturaleza; por lo que, sin pruebas diversas que relacionar, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no formularon alegatos, por lo que sin alegatos que relacionar se cierra dicho periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, el suscrito Juez de Distrito, declara vistos los autos para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1408/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, María Vicenta Valenzuela García y Jesús Valles Ordaz, en representación de su menor hijo Vicente Valles Valenzuela, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró en el libro de gobierno con el número precisado en el proemio de esta sentencia, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitaron a las autoridades responsables su informes justificados, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual, inició en los términos asentados en párrafos precedentes y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior en virtud de que los actos que la parte quejosa reclama tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuales son los actos que constituyen la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar los siguientes actos de las autoridades señaladas como responsables: La retención y/o privación ilegal de la libertad del menor Vicente Valles Valenzuela, acontecida en ocho de enero de dos mil dieciocho; La incomunicación del menor referido; y La desaparición de éste, ocurrida en dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Precisado lo anterior, procede verificar la certeza de los actos reclamados. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados precisados en el considerando precedente, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, y agente del Ministerio Publico especializada contra el orden de la familia y la libertad sexual de la citada fiscalía, pues al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que la parte quejosa les atribuyó; sin que los amparistas hubieran desvirtuado dichas negativas (fojas 59 a 61 y 97). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 284, con registro 917818, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, no son ciertos los actos reclamados en comento, cuya ejecución la parte quejosa le atribuye al Procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Zacatecas (SEDIF), así como a la Casa Cuna Placido Domingo dependiente de esta dependencia; lo anterior, pues si bien las citadas autoridades fueron omisas en pronunciarse de manera expresa en relación a la existencia o no de los actos que se les atribuyen (fojas 52 a 54 y 55 a 56), lo cierto es que ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables ordenadoras, las autoridades señaladas como ejecutoras no podrían llevar a cabo actos inexistentes. Resulta aplicable al caso concreto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 816173, cuya fuente se puede consultar en el informe 1946, a página 124, con el rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO SEGUN LOS INFORMES RENDIDOS U OMITIDOS. Si de autos se establece, en vista de los informes rendidos, de modo especial el de la autoridad ordenadora, la inexistencia de los actos que provocaron la interposición del amparo, en primer lugar la omisión de informe, por parte de una autoridad ejecutora, que en otras circunstancias daría lugar a tener por ciertos, presuntivamente los actos que le fueron atribuidos, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, cede ante la negativa de la autoridad principal, ordenadora; asimismo, en atención a la situación creada por la negativa de la repetida ordenador, es inconcuso, que la ejecutora no podría realizar órdenes inexistentes. En las condiciones anteriores deben sobreseerse, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la ley de la materia, o en otros términos, confirmar el fallo a revisión que con tal motivo acordó tal medida." Inexistencia que se robustece atento a las constancias aportadas por la agente del Ministerio Publico especializada contra el orden de la familia y la libertad sexual, consistentes en copias cotejadas de la carpeta de investigación 127/2018 de su índice, de las cuales se advierte lo siguiente: 1. Por acuerdo de radicación de nueve de enero de dos mil dieciocho, el menor Vicente Valles Valenzuela, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial como posible víctima de un hecho delictivo que a la postre se encuadró como el del violencia familiar (foja 15 del tomo de pruebas relativo a la carpeta de investigación). 2. Por oficio 21/2018 de nueve de enero de dos mil dieciocho, el fiscal investigador puso al menor a resguardo del Procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Zacatecas, autoridad que a su vez acordó de conformidad lo solicitado en el oficio referido mediante auto de esa misma data y canalizó al niño a la Casa Cuna Placido Domingo (fojas 16 y 36 del tomo de pruebas relacionado con el legajo de investigación). 3. Mediante comparecencias ministeriales de María Vicenta Valenzuela García y Jesús Valles Ordaz, ambas de nueve de enero de dos mil dieciocho, la autoridad ministerial investigadora le hizo saber a los ahora inconformes, el trámite relativo a la reintegración del menor multicitado al núcleo familiar, en términos de lo asentado en sendas actas (fojas 38 a 39 y 43 a 44 del tomo de pruebas referente a la carpeta de investigación). Finalmente por acta de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el menor fue reintegrado a su núcleo familiar, a cargo de su abuela materna de nombre Virginia García Franco, aquí tercera interesada (fojas 333 a 336 del tomo de pruebas referente al legajo de investigación). Constancias que evidencian que resultan inexistentes los actos reclamados a las responsables consistentes en la retención y/o privación ilegal de la libertad, así como la incomunicación y la desaparición del menor, pues de las actuaciones ya relacionadas se puede apreciar que el menor Vicente Valles Valenzuela en ningún momento estuvo privado de la libertad ni incomunicado de sus padres, sino que en realidad en nueve de enero de dos mil diecinueve compareció ante el Ministerio Público en su carácter de victima, respecto de un hecho con apariencia de delito cometido en su perjuicio, y precisamente por su minoría de edad, y para salvaguardar su integridad física, fue que dicha autoridad lo puso a reguardo ante el Procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, quien a su vez lo canalizó a la casa cuna Placido Domingo, siendo relevante precisar que de todo lo anterior tuvieron conocimiento los aquí quejosos, en su carácter de padres del menor referido, al haber comparecido en la propia fecha ante el Ministerio Público; menos aún se estima que exista la desaparición que refieren los aquí disidentes pues lo cierto es que en la data que precisan que esta aconteció, es decir, desde el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en realidad se le reintegró a su núcleo familiar por conducto de su abuela materna de nombre Virginia García Franco, aquí tercera interesada; amén que con dichas actuaciones se le dio vista a la parte quejosa, para que en su caso, desvirtuara su contenido, sin que los quejosos manifestaran algo al respecto, de ahí que cobra firmeza el contenido de lo ahí asentado. Máxime que, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a la responsable, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos; lo cual en el caso en concreto no aconteció. Cobra aplicación la tesis VI.2o.A.4 K, con registro 187728, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y motivado; SE RESUELVE: ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Vicenta Valenzuela García y Jesús Valles Ordaz, en representación de su menor hijo Vicente Valles Valenzuela, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario licenciado Jesús Romero Hernández con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, José Luis Cuevas Nolasco, secretario del juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: a) Que el término de tres días que se concedió a la tercero interesada Virginia García Franco por razón circunstanciada de emplazamiento de diez de enero de dos mil diecinueve, para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió del catorce al dieciséis de enero del año en curso, sin que lo hubiera hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta asentada por el secretario de este juzgado de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se le concedió a la tercero interesada Virginia García Franco por razón circunstanciada de emplazamiento de diez de enero de dos mil diecinueve, para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió del catorce al dieciséis de enero del año en curso, sin que lo hubiera hecho; por tanto, se hace efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el referido auto y se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales se les practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Luego, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que ya obran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tanto, dese vista con dichos comunicados a la referida tercero interesada a fin de que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6944/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

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