Vicente Rodarte Delgado

Expediente 569/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
569/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2017

Partes del expediente

  • Vicente Rodarte Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    El veinte de junio de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del trece al diecinueve de junio de dos mil diecisiete, sin contar los días diecisiete y dieciocho del citado mes y año, por corresponder a sábado y domingo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de ocho de junio del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 569/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 15-22), que desechó la demanda de garantías promovida por Vicente Rodarte Delgado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase al promovente para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger las documentales que anexó a su escrito de demanda, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, secretaria que autoriza y da fe. *Alejandra

  2. Principal

    CUENTA. El ocho de junio de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: Escrito de demanda de derechos suscrita por Vicente Rodarte Delgado, registrado con el folio 7796, catorce copias y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Armando Lima Sánchez (3866196) y Vianey Islas Méndez (4235461), cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Cuauhtémoc Zempolteca Pérez, María del Rocío Lechuga Román, Daniel Romero Sánchez, Flavio Flores Cervantes, Francisco Javier Lorenzana Peña, Arturo Pérez Ixtlapale y Agustín Lechuga Román. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de junio de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Vicente Rodarte Delgado, contra actos del Presidente Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 569/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto anterior establece la posibilidad de que la demanda de amparo se deseche cuando exista una causa manifiesta e indudable de sobreseimiento. Este juzgado advierte que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, los invocados artículos disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. En ese contexto, los artículos 1, 2, fracción I, y 3 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas disponen: Artículo 1 La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores. Artículo 2 Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio. Artículo 3 Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. De los anteriores preceptos se advierte que la referida ley regula la relación laboral entre los Poderes del Estado y sus trabajadores. En ese sentido, se establece por trabajadores del Estado debe entenderse todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. Por tanto, la ley anterior constituye el ordenamiento que regula las relaciones de los trabajadores del Estado, en particular, los que desempeñan una función subordinada y remunerada para los municipios, en virtud de un nombramiento expedido. En consecuencia, por regla general, la relación de los servidores municipales es de naturaleza laboral, ya que en esos casos el municipio actúa como un patrón sui generis, tal como se advierte de la fracción I del artículo 2 de la ley en comento; con excepción de los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, debido a que su relación es administrativa, por disposición constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, por las razones que informa, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 24/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Novena Época, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página cuarenta y tres, que dispone: POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito. Luego, la relación existente entre los municipios del Estado de Zacatecas y sus empleados es de naturaleza laboral. En concordancia con lo anterior, en Título Octavo denominado Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, los artículos 146 y 158, fracción I, de la ley burocrática citada establecen: Artículo 146 Los conflictos de trabajo de su competencia serán resueltos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Artículo 158 El Tribunal será competente para: I. Conocer y resolver de los conflictos individuales o colectivos que se susciten: a. Entre titulares de una entidad pública y sus trabajadoras y trabajadores. Del normativo anterior se desprende que para resolver los conflictos laborales relacionados con los trabajadores estatales se encuentra establecido el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En particular, son competencia del tribunal citado, los conflictos individuales que se susciten entre los funcionarios públicos y las entidades públicas en comento. Sobre esa base, en principio, todo requerimiento realizado por los municipios de las entidades federativas a sus servidores públicos es de naturaleza laboral, por realizarse por éstos en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran como servidores públicos, de conformidad con los artículos 115, fracción VIII, y 123 constitucionales. Lo anterior, salvo los casos en que se trate de una sanción firme derivada de una responsabilidad en el ejercicio del servicio público, pues únicamente en este supuesto puede considerarse que el acto es de naturaleza administrativa. Es ilustrativa de lo considerado, por las razones que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Novena Época, julio de dos mil diez, página trescientos catorce, que dispone: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento. De lo expuesto se sigue que los requerimientos realizados por el municipio a sus funcionarios públicos (con excepción de los que forman parte de los cuerpos de seguridad pública), realizado fuera de un procedimiento administrativo sancionador, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, generan un conflicto entre el funcionario público como trabajador y el municipio patrón. Se afirma lo anterior, pues, como se dilucidó, los conflictos relacionados con los municipios del Estado de Jalisco y sus trabajadores se deben ventilar ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Es decir, en estos casos, corresponde a un tercero imparcial resolver el conflicto citado. De ahí que los nombramientos, destituciones y requerimientos realizados por los municipios en referencia en su calidad de patrones, no pueden constituir un acto de autoridad, dado que en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes; esto último, dado que se encuentran en un plano de igualdad, al ser un tercero ajeno a la controversia a quien corresponde resolver lo conducente de manera imparcial. Lo anterior tiene como consecuencia que las determinaciones del municipio en las que se modifiquen las condiciones laborales de sus trabajadores están sujetas a la jurisdicción del tribunal de arbitraje del Estado de Zacatecas. En consecuencia, cualquier cuestión que surja con motivo de tales actos debe ser ventilada ante el tribunal referido. Es sustento de lo determinado, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 97/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, noviembre de dos mil tres, página ciento cincuenta y dos, que dispone: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto. En suma, la recisión de las relaciones de trabajo de los trabajadores municipales no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, ya que al tratarse de una cuestión laboral, la relación subyacente es de coordinación y no de subordinación. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama del Presidente Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas: - El acta administrativa para destituirlo del cargo que desempeña en el Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, como médico para certificaciones de detenidos que aprehenden policías de dicho municipio, atender consultas enviadas por la representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y de dicho Ayuntamiento. La inconformidad toral radica en el hecho de que al presentarse el quejoso ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, a fin de solicitar un informe de una paciente, fue informado por la encargada de esa institución, que se abstuviera de preguntar, ya que ésta tenía órdenes de no enviarle pacientes a consulta en virtud a que se le había levantado un acta administrativa en la cual se le destituía de su cargo definitivamente por haberse ausentado de sus labores de manera injustificada. Luego, es evidente que la relación jurídica rescindida es de carácter laboral, es decir, se trata de un trabajador del Estado, lo que conlleva que el vínculo entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable es de coordinación (patrón-trabajador) y no de supra a subordinación. Lo anterior, pues, como se expuso, las cuestiones relativas a las relaciones laborales de los trabajadores del Estado deben plantearse ante el tribunal burocrático de dicha entidad. Sin que en el caso se reclame la imposición de una sanción de carácter administrativa que implique una determinación unilateral por parte del Estado. En consecuencia, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional. Lo expuesto resulta patente, pues la reclamación base de la demanda de derechos, se insiste, involucra únicamente una cuestión laboral, por lo que con independencia de las probanzas que pudieran allegarse, en todo caso, subsistiría el hecho de que el quejoso se encontraba en una relación de coordinación con la autoridad señalada como responsable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Armando Lima Sánchez (3866196) y Vianey Islas Méndez (4235461), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no cumplir el anterior requisito, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Cuauhtémoc Zempolteca Pérez, María del Rocío Lechuga Román, Daniel Romero Sánchez, Flavio Flores Cervantes, Francisco Javier Lorenzana Peña, Arturo Pérez Ixtlapale y Agustín Lechuga Román. Sin que haya lugar a tener como domicilio el que para tal efecto designó, en virtud a que señaló los estrados de este juzgado y estos no constituyen un domicilio propiamente dicho. En tal virtud, la notificación del presente auto así como las subsecuentes de carácter personal, se le practicarán por medio de lista, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, secretaria que autoriza y da fe. Alejandra

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