Vicente Uribe Medrano
Expediente 452/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Vicente Uribe Medrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez de Oralidad Laboral Regional, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciséis de junio del presente año, acusa recibo de los diversos comunicados 8385/2023 y 8386/2023 así como de los tomos de pruebas que se adjuntaron a los mismos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 20, fracción IV. Por ser innecesaria su retención, devuélvase a las autoridades responsables, los dos tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitieron en apoyo a sus informes justificados. Se solicita acusen de recibo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del juicio de amparo 348/2023 de su índice, dos DVD'S y dos cuadernillos de pruebas derivados del expediente ************; al respecto, se acuerda: a) Fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado con el número 452/2023-IV. b) Del oficio de cuenta se advierte que en proveído de veintiséis de los actuales, dentro del juicio de amparo 348/2023 del índice del juzgado oficiante, se determinó hacer la separación del juicio de amparo promovido por el quejoso *****************, en razón haberse considerado que los actos reclamados eran diversos y desvinculados entre sí; por tanto, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto y se procede a proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, por lo que hace al acto reclamado dictado dentro del expediente ************* del índice del Juzgado de Oralidad Laboral Región III, con residencia en esta ciudad. c) En ese sentido, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede se advierte que para que sea procedente el juicio de amparo, en primer término debe existir un acto u omisión de una autoridad, lo que en la especie no acontece, pues de la lectura íntegra de la demanda, así como del análisis de las constancias que como justificación a su informe remitieron las autoridades responsables, no se advierte la existencia de alguno de éstos. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso acude por propio derecho y esencialmente reclama: Todo lo actuado en el juicio ************* de la estadística del Juzgado de Oralidad Laboral Región III, con residencia en esta ciudad, incluyendo la sentencia, el embargo y la privación de la posesión de los bienes muebles que aduce son de su propiedad, derecho que pretende demostrar con base en las facturas que exhibió expedidas a su nombre; ello sin ser parte en el controvertido natural ni haber sido oído y vencido en juicio. Ahora bien, de las constancias que anexaron las autoridades responsables a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observan los siguientes antecedentes: *************, por conducto de sus apoderados legales **************, demandó en la vía ordinaria laboral a las personas jurídicas denominadas ***********, cuyo nombre comercial es ************ de quienes reclamó el pago de indemnización constitucional consistente en tres meses de salario por despido injustificado y diversas prestaciones. La demanda se radicó mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, con el número de expediente *************, y entre otras cosas se ordenó el emplazamiento de las demandadas. Seguida la secuela procesal, se tuvo como único demandado al patrón, propietario o responsable de la fuente de trabajo conocida como ************", y se dictó sentencia absolutoria el trece de marzo del año en curso, al considerar lo siguiente: Por lo que hace a las cargas probatorias respecto a la demandada quien resulte patrón, propietario y responsable de la fuente de trabajo conocida como **********, debe decirse que vista la inexistencia de la litis, dada su contumacia para comparecer a Juicio, como consecuencia, no existen cargas probatorias que distribuir respecto a ellos; pues, como ya se dijo, dicha demandada se abstuvo de contestar la demanda en tiempo y forma, no obstante de haber quedado debidamente emplazada, por lo que se le hicieron efectivos los apercibimientos decretados en autos, y se le tuvo por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que fueran contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho de ofrecer pruebas, a objetar las de la parte actora y en su caso a formular reconvención. En ese sentido respecto de quien resulte patrón, propietario y responsable de la fuente de trabajo conocida como ***************, su condena resulta inmotivada ya que durante la secuela del juicio no compareció persona alguna con dicho carácter no desprendiéndose del sumario elementos de los que se desprendiera la identidad de persona física o moral susceptible de tener derechos y contraer obligaciones y con quien se pudiera establecer el nexo de relación laboral con el trabajador actor y en consecuencia exigir el cumplimiento de una sentencia." Como consecuencia, en los puntos resolutivos se determinó: PRIMERO.- Este Tribunal de Oralidad Laboral Regional con Sede en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, es y ha sido competente para conocer y resolver del presente juicio laboral por cuestiones de materia y territorio de conformidad a lo establecido por los artículos 529, 698 y 700, fracción Il, inciso b) de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO.- La parte actora no logro acreditar su acción principal. Por lo que hace a quien resulte patrón, propietario y responsable de la fuente de trabajo conocida como ****************, se absuelve de las prestaciones reclamadas, por las consideraciones ya descritas TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR BUZON ELECTRONI0O A LA PARTE ACTORA Y POR LISTA A LA DEMANDADA Y CÚMPLASE en su oportunidad ARCHIVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido, previas las anotaciones que deban realizarse en el Libro de Gobierno Electrónico, que para el efecto lleva este Tribunal. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó demanda de amparo directo, la cual se encuentra radicada con el número 403/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, sin que a la fecha se haya resuelto. De lo antes señalado, se desprende que si bien es cierto que ************, demandó a ***************, cuyo nombre comercial es ****************, dentro del juicio**************** de la estadística del Juzgado de Oralidad Laboral Región III, con residencia en esta ciudad, también lo es que el juez responsable determinó que, atendiendo a que no existían en el sumario elementos de los que se desprendiera la identidad de persona física o moral susceptible de tener derechos y contraer obligaciones, con quien se pudiera establecer el nexo de relación laboral con la trabajadora actora y en consecuencia exigir el cumplimiento de una sentencia, se absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas; consiguientemente, en el juicio laboral de origen no se ordenó ejecutar embargo alguno de bienes muebles. De lo que se concluye que el aquí quejoso no es parte en controvertido natural y, al haberse absuelto a la parte demandada, ni se ordenó ni ejecutó la privación de bienes de su propiedad; de ahí que pueda válidamente concluirse que en el caso no existen los actos que se reclaman. Por ello, dado que la procedencia del juicio de amparo no se encuentra condicionada únicamente a las violaciones constitucionales que se hagan valer, sino que existen otros principios insertos en los artículos 103 y 107 Constitucionales, que deben ser observados, no es suficiente el hecho de que la parte quejosa acuda ante esta instancia constitucional alegando que le han sido vulnerados sus derechos fundamentales, ya que debe existir un acto proveniente de autoridad y que afecte sus derechos sustantivos. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, al contar con cédula profesional **************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a la diversa persona que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Téngasele proponiendo el correo electrónico ***************, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se hace la precisión que el correo electrónico que proporciona no puede tenérsele como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que dicho supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y el correo al que alude el indicado Acuerdo General únicamente es para establecer contacto en caso de estimarse necesario. De conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del juicio de amparo 348/2023 de su índice, dos DVD'S y dos cuadernillos de pruebas derivados del expediente ************; al respecto, se acuerda: a) Fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado con el número 452/2023-IV. b) Del oficio de cuenta se advierte que en proveído de veintiséis de los actuales, dentro del juicio de amparo 348/2023 del índice del juzgado oficiante, se determinó hacer la separación del juicio de amparo promovido por el quejoso *****************, en razón haberse considerado que los actos reclamados eran diversos y desvinculados entre sí; por tanto, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto y se procede a proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, por lo que hace al acto reclamado dictado dentro del expediente ************* del índice del Juzgado de Oralidad Laboral Región III, con residencia en esta ciudad. c) En ese sentido, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede se advierte que para que sea procedente el juicio de amparo, en primer término debe existir un acto u omisión de una autoridad, lo que en la especie no acontece, pues de la lectura íntegra de la demanda, así como del análisis de las constancias que como justificación a su informe remitieron las autoridades responsables, no se advierte la existencia de alguno de éstos. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso acude por propio derecho y esencialmente reclama: Todo lo actuado en el juicio ************* de la estadística del Juzgado de Oralidad Laboral Región III, con residencia en esta ciudad, incluyendo la sentencia, el embargo y la privación de la posesión de los bienes muebles que aduce son de su propiedad, derecho que pretende demostrar con base en las facturas que exhibió expedidas a su nombre; ello sin ser parte en el controvertido natural ni haber sido oído y vencido en juicio. Ahora bien, de las constancias que anexaron las autoridades responsables a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observan los siguientes antecedentes: *************, por conducto de sus apoderados legales **************, demandó en la vía ordinaria laboral a las personas jurídicas denominadas ***********, cuyo nombre comercial es ************ de quienes reclamó el pago de indemnización constitucional consistente en tres meses de salario por despido injustificado y diversas prestaciones. La demanda se radicó mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, con el número de expediente *************, y entre otras cosas se ordenó el emplazamiento de las demandadas. Seguida la secuela procesal, se tuvo como único demandado al patrón, propietario o responsable de la fuente de trabajo conocida como ************", y se dictó sentencia absolutoria el trece de marzo del año en curso, al considerar lo siguiente: Por lo que hace a las cargas probatorias respecto a la demandada quien resulte patrón, propietario y responsable de la fuente de trabajo conocida como **********, debe decirse que vista la inexistencia de la litis, dada su contumacia para comparecer a Juicio, como consecuencia, no existen cargas probatorias que distribuir respecto a ellos; pues, como ya se dijo, dicha demandada se abstuvo de contestar la demanda en tiempo y forma, no obstante de haber quedado debidamente emplazada, por lo que se le hicieron efectivos los apercibimientos decretados en autos, y se le tuvo por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que fueran contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho de ofrecer pruebas, a objetar las de la parte actora y en su caso a formular reconvención. En ese sentido respecto de quien resulte patrón, propietario y responsable de la fuente de trabajo conocida como ***************, su condena resulta inmotivada ya que durante la secuela del juicio no compareció persona alguna con dicho carácter no desprendiéndose del sumario elementos de los que se desprendiera la identidad de persona física o moral susceptible de tener derechos y contraer obligaciones y con quien se pudiera establecer el nexo de relación laboral con el trabajador actor y en consecuencia exigir el cumplimiento de una sentencia." Como consecuencia, en los puntos resolutivos se determinó: PRIMERO.- Este Tribunal de Oralidad Laboral Regional con Sede en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, es y ha sido competente para conocer y resolver del presente juicio laboral por cuestiones de materia y territorio de conformidad a lo establecido por los artículos 529, 698 y 700, fracción Il, inciso b) de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO.- La parte actora no logro acreditar su acción principal. Por lo que hace a quien resulte patrón, propietario y responsable de la fuente de trabajo conocida como ****************, se absuelve de las prestaciones reclamadas, por las consideraciones ya descritas TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR BUZON ELECTRONI0O A LA PARTE ACTORA Y POR LISTA A LA DEMANDADA Y CÚMPLASE en su oportunidad ARCHIVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido, previas las anotaciones que deban realizarse en el Libro de Gobierno Electrónico, que para el efecto lleva este Tribunal. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó demanda de amparo directo, la cual se encuentra radicada con el número 403/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, sin que a la fecha se haya resuelto. De lo antes señalado, se desprende que si bien es cierto que ************, demandó a ***************, cuyo nombre comercial es ****************, dentro del juicio**************** de la estadística del Juzgado de Oralidad Laboral Región III, con residencia en esta ciudad, también lo es que el juez responsable determinó que, atendiendo a que no existían en el sumario elementos de los que se desprendiera la identidad de persona física o moral susceptible de tener derechos y contraer obligaciones, con quien se pudiera establecer el nexo de relación laboral con la trabajadora actora y en consecuencia exigir el cumplimiento de una sentencia, se absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas; consiguientemente, en el juicio laboral de origen no se ordenó ejecutar embargo alguno de bienes muebles. De lo que se concluye que el aquí quejoso no es parte en controvertido natural y, al haberse absuelto a la parte demandada, ni se ordenó ni ejecutó la privación de bienes de su propiedad; de ahí que pueda válidamente concluirse que en el caso no existen los actos que se reclaman. Por ello, dado que la procedencia del juicio de amparo no se encuentra condicionada únicamente a las violaciones constitucionales que se hagan valer, sino que existen otros principios insertos en los artículos 103 y 107 Constitucionales, que deben ser observados, no es suficiente el hecho de que la parte quejosa acuda ante esta instancia constitucional alegando que le han sido vulnerados sus derechos fundamentales, ya que debe existir un acto proveniente de autoridad y que afecte sus derechos sustantivos. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, al contar con cédula profesional **************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a la diversa persona que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Téngasele proponiendo el correo electrónico ***************, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se hace la precisión que el correo electrónico que proporciona no puede tenérsele como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que dicho supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y el correo al que alude el indicado Acuerdo General únicamente es para establecer contacto en caso de estimarse necesario. De conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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