Vicente Patiño Salinas
Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Vicente Patiño Salinas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Agréguese el primero de los escritos de cuenta, que signa vía electrónica ********************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de ocho de los actuales. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Como se desprende de la citada transcripción, el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona a quien perjudique el acto reclamado, esto es, quien haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela mediante las garantías individuales, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, o bien, tratándose de una causa criminal a través de su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. En el caso concreto, del escrito inicial de demanda de advierte que ******************** manifiesta que acude a esta instancia constitucional en su calidad de defensor particular de ********************, señalando como acto reclamado el siguiente: La resolución de fecha 26 de Enero del año actual, que se notificara de forma personal al segundo de los que suscribimos, por haber sido producida en la audiencia pública y oral de aquella fecha, mediante la cual, determinó que con anterioridad al desahogo de la diligencia que motivara la presencia del Defensor ********************, se habría declarado el abandono de la defensa de los intereses del encausado ********************, no obstante que éste último reiteraba la designación a favor del equipo de defensa que ahora demanda." Ahora, se tiene la certeza que por la naturaleza del juicio que nos ocupa existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover el juicio de amparo a nombre del quejoso, a saber: i) Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 6 de la ley de la materia; ii) Por el defensor, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 de la Ley de Amparo), en el que bastará que manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter; y, iii) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo, conforme lo dispone el artículo 15 de la ley de la materia. En el caso, se estima que el gestionante carece de legitimación para promover la demanda a nombre y en representación de ********************, porque: a. No acredita que tenga la calidad de representante legal o apoderado, en términos del artículo 6 de la ley de la materia; b. No tiene el carácter de defensor dentro del procedimiento judicial del que aduce emana el acto reclamado; y, c. No están acreditados los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Acerca del primer supuesto, se afirma que no tiene la calidad de representante legal o apoderado, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, ya que el promovente no se ostentó con dicha carácter, ni exhibe documental alguna con la que acredite dicha calidad. En lo que atañe al segundo de los supuestos, se asevera que no tiene el carácter de defensor dentro del procedimiento judicial del que aduce emana el acto reclamado, pues de las manifestaciones vertidas por el solicitante del amparo tanto en su escrito inicial, como en el de cuenta, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que dicha representación le fue interrumpida al desahogarse la audiencia de preparación a juicio oral, y que mediante el desahogo de la audiencia intermedia se le negó el reconocimiento de esa calidad, amén de que, si bien, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es el abogado del directo quejoso, no así que tenga el carácter de defensor, tal y como lo establece el numeral 14 de la Ley de Amparo. Máxime que de los hechos narrados en la demanda de amparo, y en el escrito de cuenta, no se advierte que actualmente el promovente ejerza la defensa de ******************** en proceso penal ********************, del índice del Juzgado de Control de la Tercera Región, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato. En el precepto de referencia se prevé una excepción al principio de instancia de parte agraviada previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, que implica que sólo la persona que se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad puede instar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, por sí o por conducto de su representante legal. Esto es, el numeral transcrito regula la posibilidad de que cualquier persona pueda promover un juicio de amparo indirecto a favor de otra, sin necesidad de ser su legítimo representante, siempre y cuando concurran dos requisitos: 1) que los actos reclamados sean de aquéllos expresamente indicados en el precepto en comento; y, 2) que el agraviado se encuentre imposibilitado para solicitar directamente la protección constitucional. A este respecto, se reitera, para que una persona pueda promover a favor de otra, necesariamente deben actualizarse ambas situaciones; es decir, no basta que se reclame alguno de los actos enumerados en ese dispositivo legal, sino que también se debe señalar, o cuando menos inferir de los hechos narrados en la demanda, que el agraviado está imposibilitado para promover por sí o por conducto de un representante legal; de igual forma, si el quejoso no puede promover por sí mismo, sólo puede actuarse en su nombre sin ser representante legal, en caso de que el acto reclamado encuadre en alguno de los mencionados en el citado numeral. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del ocurso de cuenta, no se advierte que el directo quejoso se encuentre en alguno de los supuestos antes invocados, por lo que en el caso no se colman los requisitos establecidos en el artículo 15 de la ley de la materia. Además, tampoco se observa de la narración de hechos que el directo agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, pues del contexto íntegro del escrito no se pone de relieve dicha situación, tal como lo dice el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, como en la especie el promovente de la demanda de amparo no acredita ser actualmente el defensor particular del directo agraviado, ni la calidad de representante legal, ni se colman los requisitos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, es inconcuso que carece de legitimación procesal activa para acudir a la presente instancia constitucional. Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta que dice suscribir ********************; sin que sea tomando en consideración, en virtud de que el mismo carece de firma autógrafa de quien dice suscribirla, pues se encuentra firmada vía electrónica por ********************, y resulta indispensable que en las promociones conste en original la firma de quien promueve, o en su caso, la firma electrónica, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe.
- Principal
Vista la demanda de amparo y tomando en consideración que únicamente se encuentra signada electrónicamente por ***************, no así por *****************, téngase sólo al primero de los citados suscribiéndola y ostentándose defensor particular de Vicente Patiño Salinas; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 90/2023-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, primeramente se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, ya que resulta ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Así como con el numeral 14 de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impodrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, *************, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en su calidad de defensor particular de ***************; sin embargo, omitió manifestar bajo protesta de decir verdad que tener reconocida dicha calidad en la causa penal ************, del que afirma emana el acto reclamado, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. Ello, amén de que con la narración de los antecedentes del acto, este Tribunal no se encuentra en posibilidad de analizar si a la fecha cuenta con la personalidad con la que se ostenta. Entonces, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda, como se estatuye en la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Conclusivamente, con fundamento en los artículos108, fracción I, en relación con el 114, fracciones II y III, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique: Acredite con las constancias respectivas tener el carácter de defensor de Vicente Patiño Salinas, en la causa penal de la que afirma emana el acto reclamado, o bien, lo manifieste así bajo protesta de decir verdad. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Amén, de que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. En otro contexto, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ***********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, no se le tiene señalado el domicilio físico que precisa, ya que al habérsele tenido el electrónico, se la notificarán por esa vía las siguientes determinaciones que lo ameriten, en tanto no revoque la referida solicitud. Asimismo, téngasele proponiendo el correo electrónico que cita, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. De igual forma, téngase al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado **************, al contar con cédula profesional número ************, ingresada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
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