Vicente Ramírez Medina

Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
529/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Vicente Ramírez Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual informa que se encuentra en vía de cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio, remitiendo copia certificada de la notificación efectuada al Instituto Mexicano del Seguro Social por conducto de su autorizado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días remita copia certificada de la notificación practicada al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tecomán, Colima, de la resolución dictada. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual se informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio; para acreditar lo anterior la autoridad responsable anexa copia certificada del laudo dictado y de la notificación a la parte quejosa. Por otra parte previo a resolver conforme a lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días remita copia certificada de la totalidad de las notificaciones practicadas a las partes de la resolución dictada. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    Colima, Colima, dos de diciembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de Colima para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, que dice: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). No se requiere al Superior Jerárquico tal y como lo establece el citado numeral 192 de la ley de la materia, en razón de que las juntas laborales, no tienen superior inmediato. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, que dice: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 529/2020, promovido por * * contra el acto de la autoridad responsable denominada Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con sede en Colima, que estima violatorio del artículo 14, 16 y 17 Constitucional; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en línea el nueve de septiembre de dos mil veinte, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, Vicente Ramírez Medina, por su propio derecho demanda el amparo y la protección de la justicia de la Unión, contra la autoridad y acto siguiente: ". III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. IV. ACTO RECLAMADO: Omisión de la responsable de dictar el laudo que considero corresponde dictar, dentro del expediente laboral 355/2015 y su acumulado 333/2019.". SEGUNDO. Admisión y trámite la demanda. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 529/2020; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se ordenó el emplazamiento al Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, parte tercera interesada; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibido en autos el informe justificado y seguidos los trámites legales, se celebra la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, registro 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La retardación en la impartición de justicia en el juicio laboral 355/2015 y su acumulado 333/2019, al ser omisa en dictar el laudo correspondiente. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado presentó la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: El Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con sede en Colima, aceptó la certeza del acto reclamado. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se le reclama; es que debe tenerse éste como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, registro 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, esa confesión de que existe el acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación la referida autoridad responsable, consistente en la copia certificada del auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 355/2015 y su acumulado 333/2019, misma que este juzgador le reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, página 262, registro IUS 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto la tesis 108K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 353, registro IUS 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Ahora bien, las partes no invocaron causa de improcedencia o sobreseimiento en el juicio, y este juzgador no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el referido ordenamiento no lo establece así; entonces, a continuación se procede al estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 268, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 288, registro IUS 1002334, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa, en su escrito de demanda expresó diversos conceptos de violación, los que por cierto se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su trascripción, atento a lo dispuesto en el ordinal 77 de la ley de la materia, pues ni de éste ni de ningún otro se advierte disposición expresa de que deban transcribirse. Es aplicable la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación hecho valer, suplido éste en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En dicho motivo de disenso, el solicitante de amparo aduce, esencialmente, que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con sede en Colima, vulnera su derecho fundamental relativo a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional, toda vez que en el juicio laboral de origen no se ha dictado el laudo correspondiente, con lo cual ha transgredido en su perjuicio el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta contemplado en el artículo 17 Constitucional, dado que no ha respetado el plazo establecido en el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, para tal efecto. Para demostrar lo anterior, es pertinente transcribir el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente prevé: "Artículo 17... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales...". Dispositivo constitucional, del cual se advierten las siguientes premisas: 1) Se garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Entre ellos, se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste que se permita a los gobernados instar ante un Órgano Jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues, los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. Es así que el derecho fundamental consistente en un efectivo acceso a la administración de justicia, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma, de las formas del procedimiento: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues, dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Derecho que tiene la correlativa obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador; esto es, debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza, se efectúen dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido. Es aplicable, en la especie, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Ahora bien, el procedimiento de origen se rige por la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta antes de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil diecinueve, cuyos artículos 885 a 890 establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De los preceptos trasuntos, se desprende que los órganos laborales, una vez concluida la fase de pruebas, y formulados los alegatos de las partes, así como previa constancia secretarial de que ya no existen pruebas por desahogar, y transcurrido el término de tres días para que expresen las partes su conformidad con dicha certificación, declarará cerrada la instrucción, contando con un término de diez días posteriores a dicho cierre, para formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo; asimismo, se citará a los miembros de la Junta Laboral a la sesión de discusión y votación a fin de emitir el laudo respectivo. En el caso, del análisis de las constancias exhibidas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con sede en Colima, se desprende que el tres de agosto de dos mil dieciocho, declaró concluido el procedimiento y ordenó turnar los autos para emitir el proyecto de laudo correspondiente, sin que a la fecha lo haya emitido. Lo anterior, pone en evidencia que la autoridad responsable ha sido omisa en cumplir con los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo, la cual rige el procedimiento de origen, promovido por el aquí quejoso, dado que tres de agosto de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción, sin que a la fecha se hubiere dictado el laudo respectivo, no obstante haber transcurrido con exceso el término que al efecto otorga dicha legislación, omisión con la cual, la autoridad responsable, retrasa injustificadamente la impartición de justicia, obstaculizando que sea pronta y expedita, por ende, causa una violación al derecho consagrado en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber transcurrido dos años tres meses (contados en días naturales), desde el cierre de instrucción. Por lo anterior, al resultar substancialmente fundado el concepto de violación que se hace valer, suplido en su deficiencia conforme a la fracción V del artículo 79, con fundamento en la fracción II del artículo 77, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada. SÉPTIMO. Efectos. De conformidad con el ordinal 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a Vicente Ramírez Medina el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con sede en Colima: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo que en derecho corresponda en el juicio laboral 355/2015 y su acumulad 333/2019, de su índice; y, Lo notifique a las partes dentro del plazo legal estipulado para tal efecto. Los efectos en mención, se establecen en función del acto reclamado, y de la etapa procesal en la que se encuentra el juicio natural de donde deriva el mismo; al respecto, cobra aplicación la tesis 2a. CV/2013 (10a) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I página 732, que en su rubro y texto establecen: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". OCTAVO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso * * contra el acto que reclamo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con sede en Colima, en los términos precisados en el sexto y para los efectos indicados en el séptimo considerando, de esta sentencia.

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