Vicente Olivera Plascencia
Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Vicente Olivera Plascencia
- Secretario de Movilidad del Estado de Colima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece, para que las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, al haberse negado tanto la suspensión provisional como la definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del acuerdo general relativo y número 3 del punto 8.1.3. del Capítulo 8 Expedientes Destruibles, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 348/2021-I, promovido por **** contra actos del Secretario de Movilidad del Estado de Colima, por estimarlo violatorio de derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 8°, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, ****(en adelante, quejoso, agraviado o parte quejosa, o parte agraviada), presentó por su propio derecho, demanda de amparo contra actos de la autoridad antes mencionada, que hizo consistir en la omisión de dar contestación a la petición realizada mediante escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Admisión, trámite y ampliación de demanda. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 348/2021-I; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, quien no formuló pedimento; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibido en autos el informe justificado; seguidos los trámites legales se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, Tesis: P. VI/2004, página: 255, registro IUS: 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionali-dad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro IUS: 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado que presentó la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: El Secretario de Movilidad del Estado de Colima, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, de las constancias que remitió como apoyo al mismo se desprende que a la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de marzo de dos mil veintiuno) aún no daba respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, aún y cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado en forma expresa, de las constancias que remitió como apoyo a su informe se advierte que es cierto el acto reclamado por el quejoso, en razón de que el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dio respuesta al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, presentado por el quejoso Vicente Olivera Plascencia; lo que además fue notificado a dicha parte el cinco de abril de dos mil veintiuno, lo que se tiene que fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda, documentales a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, Página: 153, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el que el quejoso solicita documentación y certificación que necesita para cumplir con las bases de convocatoria para obtener una concesión de taxi, publicada el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno en el periódico oficial del Estado de Colima, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII Materia(s): Común, página 262, registro digital 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, de Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 353, registro IUS: 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." (.) Asimismo, el artículo 77, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Al respecto, de la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. De modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime en el supuesto jurídico de que se reclame la omisión de la autoridad responsable a dar contestación a un petición formulada dentro de un juicio, toda vez que para que se encuentre actualizada la causa de improcedencia en estudio, debe obrar constancia dentro del juicio de amparo de una respuesta congruente a la petición formulada y que la misma se hizo del conocimiento del promovente, con el objeto de que se desestime la violación al derecho humano reclamado en esta instancia constitucional. Tiene aplicación, en su parte conducente, la jurisprudencia 2ª./J.98/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, Materia (s): Común, página 248, registro 181149, la cual establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. (Énfasis añadido) De esta manera, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia en estudio, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: Existencia de una respuesta congruente a lo solicitado; y, Notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada. Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a verificar la actualización de cada uno de los supuestos precisados a efecto de establecer si se actualiza la causa de improcedencia invocada. De esta manera, en lo que respecta al inciso 1), la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. En este sentido, se tiene que de las documentales anexadas a su informe justificado, obra constancia del oficio número SEMOV/DS-0147/2021, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el cual dio respuesta la autoridad responsable al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno de que se duele la parte quejosa. En tales condiciones, al tomar en consideración la emisión de la respuesta en cita, y que dentro del mismo se proveyó de manera congruente con lo peticionado, es por lo que en el caso se considera que se cumplió con el inciso 1). Por otra parte, en lo que respecta al inciso 2), relativo a la notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada por el quejoso, debe indicarse que en el caso concreto dicha circunstancia también se encuentra acreditada. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el cinco de abril de dos mil veintiuno, fue notificado al quejoso Vicente Olivera Plascencia, el oficio número SEMOV/DS-0147/2021, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, con el que se da respuesta al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, con la cual se satisface el requisito antes aludido. En consecuencia, al haberse remitido por la autoridad responsable la constancia de notificación del oficio número SEMOV/DS-0147/2021, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, con el que se dio respuesta al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, es por lo que se encuentra cumplido el requisito referido en el inciso 2). Por tanto, resulta claro que al haberse dado respuesta al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, presentado por Vicente Olivera Plascencia, lo que además fue notificado a dicho quejoso, el cinco de abril de dos mil veintiuno, la omisión que se reclama de la autoridad responsable dejó de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia (s): Común, página 605, registro IUS: 168189, la cual establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, página 38, registro IUS: 193758, que a la letra reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juico de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso **** contra los actos reclamados al Secretario de Movilidad del Estado de Colima, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, mediante el cual la ocursante refiere que cumplió con el requerimiento formulado por este juzgado; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, en razón de que el tres del actual, se acordó sobre su contenido.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, cumple con el requerimiento formulado por este juzgado el veintiocho de abril del presente año, al efecto remite las constancias certificadas solicitadas. Por tanto, dichas documentales se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional.
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