Vicente Morales Rubio
Expediente 3/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Vicente Morales Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el acusa de recibo del diverso 853/2021 y anexos e informa que se avoca del conocimiento del juicio de amparo 3/2021-VII del índice de este juzgado, promovido por Vicente Morales Rubio, registrándolo bajo el consecutivo laboral 12/2021, de su índice. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 3/2021-VII, se forma el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que este órgano jurisdiccional declaró su incompetencia legal para conocer de la mencionada demanda de amparo y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de trece de enero del año en curso, en atención a su contenido, se provee: Visto el contenido integral de la demanda y del escrito aclaratorio de cuenta, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la resolución emitida dentro del toca 170/2020, por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que revocó la sentencia condenatoria de dieciocho de agosto del año en curso, pronunciada por el Juez Octavo del Ramo Penal de esta ciudad y en su lugar dictó sentencia absolutoria a favor de Carlos Alberto Acosta Gutierrez, por el delito de abuso de confianza. Establecido lo anterior, conviene citar el contenido del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Por su parte, el diverso ordinal 47 de la propia ley de la materia, dispone: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." De los preceptos legales trascritos, se torna evidente que los Tribunales Colegiados de Circuito son legalmente competentes para conocer de las demandas de amparo que se promuevan en contra de las sentencias y de las resoluciones que pongan fin a un juicio. En el caso, como se ha visto, el acto reclamado versa sobre la resolución emitida dentro del toca 170/2020, por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como su ejecución. Por ende, la resolución recaída, es una sentencia definitiva dictada por un tribunal jurisdiccional, que decidió el juicio de origen en lo principal, por lo que resulta incuestionable que el conocimiento del juicio de control constitucional que se intenta en contra de dicha resolución, corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo al contenido de los precitados artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el invocado arábigo 47 de la ley de la materia, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente, por razón de vía, para conocer y resolver de la demanda de amparo en cuestión y se determina que su conocimiento corresponde, salvo mejor opinión, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; a quien por tanto, deberá remitirse el presente expediente, a través de la Oficialía de Partes Común a los Tribunales de Circuito. Fórmese cuaderno respectivo con copias certificadas de las constancias necesarias. Notifíquese personalmente
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Vicente Morales Rubio, contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con seis copias y dos anexos que se acompaña; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 3/2021-VII. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 110, 112 y 114, fracción II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias respectivas del ocurso aclaratorio, aclare su demanda y cumpla con lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, en forma cronológica y ordenada todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos que señala como reclamados; esto, porque de la lectura de su escrito de demanda, se observa que no realiza una narración cronológica, ordenada y precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el promovente en su ocurso de demanda, en el sentido de que los antecedentes que constituyen el acto reclamado son parte integrante de las constancias del toca de apelación que en su momento remitirá la responsable y que además, la citada autoridad ya efectuó una relación sucinta de dichas constancias en el considerando tercero de la resolución que por esta vía se combate, habida cuenta que el artículo 108, en su fracción V de la ley de la materia, prevé como uno de los requisitos que debe cumplir todo escrito de demanda, el señalar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación y el diverso numeral 114 fracción II de la ley en cita, dispone que en caso de incumplimiento de alguno de tales requisitos, deberá requerirse al promovente para que aclare su demanda, bajo el apercibimiento que el propio dispositivo legal contempla. De ahí que resulte procedente prevenir a la parte quejosa, para que aclare su escrito de demanda en los términos señalados. Apercíbase al citado promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término que se le concede, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, toda vez que no proporciona los datos de que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente al promovente.
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