Vicente Morales Guerrero
Expediente 1182/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Vicente Morales Guerrero
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TERCERO INTERESADA CLAUDIA LORENACORONADO GUEL Y LORENZO CORONADOGUEL LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de informe previo Téngase por recibido y agréguese a estos autos el informe previo de cuenta, rendido por el Jefe de la Policía de Reacción Región Media de la Guardia Civil Estatal. Contenido del informe previo Ahora bien, del contenido del informe previo de cuenta se advierte que no es cierto el acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable lo manifiesta expresamente Vista Con su contenido, de conformidad con el artículo 140, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Piezas postales devueltas Agréguense a los autos las piezas postales devueltas, relativas a las comunicaciones oficiales 24728/2023, 24729/2023 y 24730/2023, derivadas del presente expediente, dirigidas a las autoridades responsables "Comandante de la Policía Ministerial y/o Estatal y/o Municipal de la Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí", " Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común y/o Policía Municipal del Tercer Distrito Judicial" y "Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador de Turno", las cuales contienen la leyenda "Rehusado por no existir el destinatario que cita". Requerimiento En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, proporcione la denominación correcta de las aludidas autoridades. Apercibimiento Apercibida que de no hacerlo, se tendrán como inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas. Diferimiento de audiencia incidental En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de documentos, formación y registro de expediente Se tiene por recibido el escrito inicial de demanda promovida por Vicente Morales Guerrero, contra actos del Coordinador General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado y otras autoridades, fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1182/2023-I-M Fundamentos del desechamiento De conformidad con los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, la improcedencia del juicio. Los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente de amparo señala como acto reclamado en esencia el siguiente: ? La omisión de dar contestación al escrito recibido el veintitrés de enero de la presente anualidad, en la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, en el que se solicitó en esencia, la elaboración del dictamen correspondiente para el inicio del trámite de jubilación y pago de una pensión por cesantía de edad. Antecedentes del acto reclamado De los antecedes que narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda y del anexo que a la misma se acompaña, se advierte lo siguiente: a) El justiciable presentó ante las responsables el veintitrés de enero de la presente anualidad, un escrito en el que solicitó en esencia, que fuera elaborado el dictamen correspondiente para el inicio del trámite relativo a su jubilación y el pago de una pensión por cesantía de edad; ello, por contar con la edad suficiente y tener derecho a su otorgamiento por los años de trabajo y para vivir una vejez digna. b) El quejoso aduce tener reconocida una antigüedad laboral de veinticuatro años, tres meses y contar con sesenta y ocho años de edad, por lo que cumple los requisitos necesarios para ser jubilado y le sea otorgado el pago de una pensión por cesantía de edad, por lo que la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, para quien laboró, debe iniciar el trámite relativo, pues ello ya le fue solicitado. c) Ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el promovente del amparo promovió juicio ordinario laboral en contra de las autoridades aquí señaladas como responsables, el que se radicó bajo el numeral 695/20167E-6 y se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, siendo que se condenó a las enjuiciadas al pago retroactivo de diversas prestaciones laborales, económicas y sociales y al reconocimiento del trabajador como de base. Precisiones De lo reseñado es posible advertir que el aquí quejoso es trabajador de base de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Que para el reconocimiento de tal calidad, antigüedad y pago de prestaciones de índole laboral, económico y social, promovió juicio ordinario laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se dictó laudo y se condenó a las demandadas al pago y cumplimiento de las prestaciones demandadas. El quejoso ha prestado sus servicios a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, por veinticuatro años, tres meses, por lo que manifiesta tiene derecho a su jubilación y al pago de una pensión por cesantía de edad. Actualización de causales de improcedencia En ese orden de ideas, respecto de al acto reclamado la suscrita estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Marco jurídico Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particularestendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, disponen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquélla la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/20111 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre las autoridades responsables y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquél a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquél ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: 1 Visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. i) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. ii) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. iii) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. De lo expuesto se advierte que el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo deriva de la relación de supra a subordinación de ésta con un particular. Caso concreto respecto del acto reclamado Como ya se indicó, en el presente juicio la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación al escrito recibido el veintitrés de enero de la presente anualidad, en la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, en el que se solicitó en esencia, la elaboración del dictamen correspondiente para el inicio del trámite de su jubilación y pago de una pensión por cesantía de edad, pues prestó sus servicios a la misma por veinticuatro años, tres meses y cuenta con sesenta y ocho años de edad, por lo que refiere cumple los requisitos necesarios para tal efecto. Amén de lo expuesto, es evidente que la relación entre el promovente y las demandadas, es de naturaleza laboral. Entonces, si el acto reclamado se generó dentro de una relación de carácter laboral, entre el quejoso y las autoridades responsables surge una relación de coordinación. En efecto, en el caso concreto no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación entre la quejosa (como empleado) y las autoridades responsables (como patrón), estas últimas no tienen el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio, y por ello, es improcedente. Por tanto, la solicitud del justiciable no puede desvincularse de la relación laboral que le dio origen, entonces, debe verificarse y cumplirse bajo esas reglas. Bajo ese contexto, contrario a lo apreciado por el quejoso, las autoridades que señala como responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque la petición que les dirigió no surgió de su función como ente público sino fue derivado de la prestación de sus servicios remunerados, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en su contra, en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, Constitucional; así como 1, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Es exactamente aplicable la tesis I.15o.A.36 K2 , del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones 2 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1316, Novena Época, registro 168507. encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En conclusión, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, es claro que los mismos emergen no en una relación administrativa de supra a subordinación, sino en una relación laboral existente entre las responsables y la parte quejosa, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, esto es, en un plano de igualdad, de coordinación; por lo que es evidente que las supuestas autoridades responsables no actuaron como tal, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo, en interpretación, en sentido contrario, de los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sino mediante la instancia laboral ordinaria, donde incluso como se advierte de la narración de antecedentes realizada el promovente ya tienen instaurado un juicio de tal naturaleza. Cobra apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia J/28 (10a.)3 , sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que 3 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, registro 2011343. constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." De igual forma resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 42/20014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Decisión En las condiciones expuestas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y autorizados 4 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, registro 189914. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Miguel Ángel Herrera Galarza, José Dolores Martínez Arista y Maritza Alejandrina Herrera Rojas, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, por así solicitarlo. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico a través del usuario electrónico "MGEM89". Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de documentos, formación y registro de expediente Se tiene por recibido el escrito inicial de demanda promovida por Vicente Morales Guerrero, contra actos del Coordinador General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado y otras autoridades, fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1182/2023-I-M Fundamentos del desechamiento De conformidad con los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, la improcedencia del juicio. Los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente de amparo señala como acto reclamado en esencia el siguiente: ? La omisión de dar contestación al escrito recibido el veintitrés de enero de la presente anualidad, en la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, en el que se solicitó en esencia, la elaboración del dictamen correspondiente para el inicio del trámite de jubilación y pago de una pensión por cesantía de edad. Antecedentes del acto reclamado De los antecedes que narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda y del anexo que a la misma se acompaña, se advierte lo siguiente: a) El justiciable presentó ante las responsables el veintitrés de enero de la presente anualidad, un escrito en el que solicitó en esencia, que fuera elaborado el dictamen correspondiente para el inicio del trámite relativo a su jubilación y el pago de una pensión por cesantía de edad; ello, por contar con la edad suficiente y tener derecho a su otorgamiento por los años de trabajo y para vivir una vejez digna. b) El quejoso aduce tener reconocida una antigüedad laboral de veinticuatro años, tres meses y contar con sesenta y ocho años de edad, por lo que cumple los requisitos necesarios para ser jubilado y le sea otorgado el pago de una pensión por cesantía de edad, por lo que la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, para quien laboró, debe iniciar el trámite relativo, pues ello ya le fue solicitado. c) Ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el promovente del amparo promovió juicio ordinario laboral en contra de las autoridades aquí señaladas como responsables, el que se radicó bajo el numeral 695/20167E-6 y se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, siendo que se condenó a las enjuiciadas al pago retroactivo de diversas prestaciones laborales, económicas y sociales y al reconocimiento del trabajador como de base. Precisiones De lo reseñado es posible advertir que el aquí quejoso es trabajador de base de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Que para el reconocimiento de tal calidad, antigüedad y pago de prestaciones de índole laboral, económico y social, promovió juicio ordinario laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se dictó laudo y se condenó a las demandadas al pago y cumplimiento de las prestaciones demandadas. El quejoso ha prestado sus servicios a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, por veinticuatro años, tres meses, por lo que manifiesta tiene derecho a su jubilación y al pago de una pensión por cesantía de edad. Actualización de causales de improcedencia En ese orden de ideas, respecto de al acto reclamado la suscrita estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Marco jurídico Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particularestendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, disponen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquélla la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/20111 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre las autoridades responsables y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquél a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquél ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: 1 Visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. i) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. ii) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. iii) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. De lo expuesto se advierte que el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo deriva de la relación de supra a subordinación de ésta con un particular. Caso concreto respecto del acto reclamado Como ya se indicó, en el presente juicio la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación al escrito recibido el veintitrés de enero de la presente anualidad, en la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, en el que se solicitó en esencia, la elaboración del dictamen correspondiente para el inicio del trámite de su jubilación y pago de una pensión por cesantía de edad, pues prestó sus servicios a la misma por veinticuatro años, tres meses y cuenta con sesenta y ocho años de edad, por lo que refiere cumple los requisitos necesarios para tal efecto. Amén de lo expuesto, es evidente que la relación entre el promovente y las demandadas, es de naturaleza laboral. Entonces, si el acto reclamado se generó dentro de una relación de carácter laboral, entre el quejoso y las autoridades responsables surge una relación de coordinación. En efecto, en el caso concreto no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación entre la quejosa (como empleado) y las autoridades responsables (como patrón), estas últimas no tienen el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio, y por ello, es improcedente. Por tanto, la solicitud del justiciable no puede desvincularse de la relación laboral que le dio origen, entonces, debe verificarse y cumplirse bajo esas reglas. Bajo ese contexto, contrario a lo apreciado por el quejoso, las autoridades que señala como responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque la petición que les dirigió no surgió de su función como ente público sino fue derivado de la prestación de sus servicios remunerados, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en su contra, en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, Constitucional; así como 1, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Es exactamente aplicable la tesis I.15o.A.36 K2 , del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones 2 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1316, Novena Época, registro 168507. encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En conclusión, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, es claro que los mismos emergen no en una relación administrativa de supra a subordinación, sino en una relación laboral existente entre las responsables y la parte quejosa, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, esto es, en un plano de igualdad, de coordinación; por lo que es evidente que las supuestas autoridades responsables no actuaron como tal, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo, en interpretación, en sentido contrario, de los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sino mediante la instancia laboral ordinaria, donde incluso como se advierte de la narración de antecedentes realizada el promovente ya tienen instaurado un juicio de tal naturaleza. Cobra apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia J/28 (10a.)3 , sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que 3 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, registro 2011343. constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." De igual forma resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 42/20014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Decisión En las condiciones expuestas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y autorizados 4 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, registro 189914. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Miguel Ángel Herrera Galarza, José Dolores Martínez Arista y Maritza Alejandrina Herrera Rojas, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, por así solicitarlo. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico a través del usuario electrónico "MGEM89". Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
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