Vicente Jonathan de la Sota Leon

Expediente 757/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
757/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Vicente Jonathan de la Sota Leon

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 757/2023-VII. Puebla, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 757/2023-VII. Puebla, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso, para que ratificara el escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, transcurrió del uno al tres de agosto del año en curso, sin que hubiera presentado algún escrito manifestando su imposibilidad de ratificar el escrito aclaratorio, o bien a ratificar el mismo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en acuerdo de veintisiete de julio pasado, y se tiene por no presentado el escrito aclaratorio. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que terminó el plazo de cinco días concedido al quejoso, por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, pues fue notificado el veinticuatro de julio del año en curso, sin que desahogara el requerimiento inmerso en dicho acuerdo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que originó este juicio de protección. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista) y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 757/2023-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Se integra al expediente electrónico, el escrito de cuenta del quejoso, donde pretende desahogar la prevención de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Sin embargo, se observa que la firma plasmada en el escrito aclaratorio, difiere en forma notable de la que obra en la demanda origen del presente juicio, porque resaltan diferencias notorias en los trazos que pueden implicar que una persona o personas distintas del quejoso, hayan suscrito aquél escrito. Para demostrar la afirmación previa, basta comparar las firmas que obran en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, porque al hacerlo resaltan notorias diferencias en los trazos como se aprecia en las siguientes imágenes: Entonces, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso Vicente Jonathan de la Sota León para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, comparezca ante este juzgado de distrito, para que manifieste bajo protesta de decir verdad, si la firma que obra en el escrito aclaratorio recibido el veintiséis de julio del presente año, fue estampada de su puño y letra. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en la tesis XIII. 1°. J/10, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, página 83, cuyo rubro indica: "FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL". Se le apercibe al quejoso que en caso de no ratificar la firma del escrito aclaratorio, porque es su derecho expresar que desconoce esa firma, sólo se declarará no presentado el escrito de referencia. También, se hace de su conocimiento que de no conducirse con verdad, se puede actualizar el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal. Se hace saber al promovente que la necesidad de requerirlo para que ratifique la firma del escrito aclaratorio, obedece a la importancia que ésta tiene, pues la firma plasma la voluntad de instaurar la acción constitucional. Es más, la firma como expresión de voluntad está vinculada con lo establecido por el artículo 107 de la constitución federal, pues este en su fracción primera, exige la instancia de parte agraviada para sustanciar el juicio constitucional, porque de evidenciarse la falsedad de la firma en algún escrito de instauración procesal - como el aclaratorio- se estaría ante la ausencia de la instancia de parte agraviada, la cual es exigida constitucionalmente. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , ha establecido que los jueces de distrito tienen la facultad para ordenar el desahogo de una pericial en caligrafía y grafoscopía, de considerar que las firmas plasmadas en la demanda, difieren con alguna que obra en otro escrito dentro del expediente (como en el caso la del escrito aclaratorio). No obstante, este órgano constitucional estima que para la verificación de la autenticidad de dicha firma, es necesaria la manifestación del quejoso. Lo cual se corrobora a partir de la interpretación realizada por contradicción de tesis, 3a. 24, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 385, de rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA" Notifíquese; de manera personal al quejoso, y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 757/2023-VII. Puebla, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada de manera física por +, por propio derecho contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Materia del juicio. Ahora, de la interpretación de la demanda de amparo, se advierte que se señalan como actos reclamados los siguientes: rregularidad en la demanda de amparo. Ahora, la lectura integral1 de la demanda de protección, llevó a encontrar diversas irregularidades en algunos de los actos reclamados. Es así, porque respecto a la orden de presentación el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Del enunciado normativo transcrito se advierte que, en el Sistema Penal Acusatorio únicamente pueden librarse citaciones u órdenes de comparecencia y aprehensión. Por consiguiente, es incongruente el señalamiento de ese acto, además, las autoridades responsables únicamente son del sistema penal adversarial. Ello, sin que se pierda de vista que el artículo 47 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en el Estado de Puebla, el cual estatuye que la orden de presentación puede ordenarse por el ministerio público cuando una persona que haya sido debidamente citada a declarar no comparezca sin justificación; tal y como se precisó en un principio, el acto atribuido a las autoridades responsables emana de la carpeta de investigación, la cual se rige bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, respecto a la orden de detención es importante reiterar que, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé expresamente la facultad de las autoridades judiciales para emitir una orden de detención; sin embargo, el artículo 150 de dicho ordenamiento legal, prevé: De lo que se coligue que, la única "orden de detención" que admite el Sistema Penal Acusatorio se puede dar únicamente bajo supuestos de extrema necesidad, en los cuales existan condiciones objetivas por las cuales la representación social no pueda acudir ante el juez de control a solicitar un medio para conducir al imputado al proceso. Ahora, de los hechos narrados por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte: De dicha transcripción es posible deducir de manera notoria y manifiesta que, el acto reclamado no se ubica en un supuesto de detención por caso urgente; pues, si los elementos de policía han tenido oportunidad para gestionar la ejecución de dicho mandato, es incongruente que, la autoridad ministerial se ubicara en una situación extrema que le impidiera acudir ante el juez de control a solicitar la conducción al proceso del imputado. De ahí que, ante el señalamiento de ese acto, es necesario que el quejoso aclare si fue privado de su libertad con motivo de su detención urgente; y, de ser el caso precise el lugar de su reclusión. Orden de arraigo. En relación con la orden de arraigo reclamada es indispensable resaltar lo dispuesto por el artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: De lo que se colige que, la orden de arraigo es una medida precautoria que se adopta bajo situaciones extraordinarias, con la finalidad de asegurar la disponibilidad del imputado. De igual forma, el artículo 121 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, dispone: Sin embargo, en el artículo décimo primero transitorio de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indicó: Entonces, si en la demanda de amparo únicamente se señalaron autoridades que se rigen bajo el Sistema Procesal Acusatorio, es evidente que, carecen de facultades para emitir una determinación de ésta envergadura. Tanto esa sí, que los artículos 137, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevén como medida de protección o providencia precautoria, la orden de arraigo; por consiguiente, es necesario que el quejoso precise si actualmente se encuentra sujeto a una medida de arraigo o, en su caso, las razones objetivas por las cuales realiza ese reclamo. La orden de reaprehensión. Luego, respecto a esta orden de reaprehensión es irregular frente a los antecedentes de la demanda y los conceptos de violación, porque ninguno de estos revela el número de causa (o causas) penal donde esté involucrado el quejoso y por la cual se hubiera librado una orden de esa naturaleza. Dicho de otro modo, la posibilidad de combatir una orden de reaprehensión, sólo puede darse en el marco de una (o varias) causa penal en trámite y de la cual ya tuviera conocimiento el quejoso, pues una orden de esa naturaleza se emite, por regla general, cuando el procesado desatiende alguna obligación relativa al beneficio de libertad caucional -si el proceso inició bajo las reglas del sistema penal tradicional- o cuando incumple los términos de una medida cautelar -en las causas del sistema penal acusatorio-. Así, es necesario que el promovente señale la autoridad judicial concreta a la cual pretende reclamar una orden de reaprehensión, y manifieste la etapa procesal en la cual pudiera haberse librado, para que se tengan elementos suficientes para decidir la procedencia de la suspensión provisional. Incluso puede desistir el promovente de ese acto (orden de reaprehensión) de no existir alguna causa en la que ya hubiera participado como procesado. El acto que señaló como "cualquier otra determinación similar o afin que se pretenda ejecutar en mi contra y por la que e intenta sea yo privado de mi libertad personal" En otro orden de ideas, respecto a este acto resulta genérico, porque no refirió de una manera precisa la determinación por la cual se le pretende privar de su libertad, y lo cual resulta necesario para una correcta fijación de la litis constitucional. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114 fracciones I, y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe las siguientes aclaraciones: Precise si ante los argumentos ya expuestos, prescinde de señalar como actos reclamados la presentación, detención y arraigo, así como la que refirió como "cualquier otra determinación similar o afin que se pretenda ejecutar en mi contra y por la que e intenta sea yo privado de mi libertad personal" y solo delimita el acto reclamado a la orden de aprehensión. Exprese bajo protesta de decir verdad en caso de insistir en señalar como acto reclamado la orden de reaprehensión, el proceso penal instaurada en su contra por el cual se pretende librar dicho acto, así como la autoridad judicial a quien se lo pretende atribuir. Se le informa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como una para cada autoridad responsable, y una para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III de la ley de la materia. Además, se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir con todos los requerimientos anteriores, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Autorizados, y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como medio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado de distrito, porque así lo señaló el quejoso. Asimismo se tienen por autorizados en términos del párrafo segundo, del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refirió, porque no se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Acceso a la información. Por último, con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista) y cúmplase.

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