Vicente García Álvarez

Expediente 1241/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1241/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Vicente García Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1241/2019 Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de seis de octubre de dos mil veinte, se ordenó archivar este expediente como asunto concluido de manera definitiva, por lo que resulta innecesaria la conservación de los cuadernos auxiliares, formados con motivo de las copias certificadas del proceso penal ******, del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, así como del diverso juicio de amparo ***** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por lo que se ordena su devolución sin necesidad de solicitarles el acuse de recibo, en virtud de que sólo se le devuelven copias de los mismos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1241/2019-I Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME CON EL RANGO DE EJECUTORIA., para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Devolución de documentos a las partes. Se ordena devolver al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, las copias certificada del proceso penal 109/2005 y sus acumulados 117/2005 y 218/2015, así como del diverso juicio de amparo 1058/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, los cuales remitió en apoyo a su informe justificado y con las cuales se formaron los cuadernos auxiliares tomos I, II, III y IV. Sin que haya lugar a requerir acuse de recibo, dado que solo se tratan de copias de los originales. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se ordenó la tramitación de una medida cautelar, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá depurarse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Caratula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones del Libro de Gobierno. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Por último, se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de amparo signada por ****, ambos por propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y otra autoridad. Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, y debido a que la demanda de amparo cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite. Acto reclamado. El acto reclamado en la demanda comprende: a) La omisión de celebrar los careos entre los quejosos y el ofendido ************ b) La omisión de no acordar el escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el cual solicitaron el cumplimiento del Protocolo de Estambul y los careos mencionados. Sin apertura del incidente de suspensión. Se descarta tramitar el incidente de suspensión porque los quejosos no solicitaron la medida cautelar, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación . En este, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. Para ello, desde este momento se ordena expedirles copia de la demanda, la cual deberá ir adjunta al oficio derivado del presente acuerdo. También, deberán remitir copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias y actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación. Incluso puede enviar su informe al correo electrónico oficial del juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Se les apercibe que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá, a la que no cumpla, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Solicitud de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que, en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá, a la que no cumpla, una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Informe de terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de cinco días , contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en el proceso penal), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se les apercibe que si no cumplen lo ordenado en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Agente tercero interesado. No obstante a lo anterior, se ordena remitir oficio con copia de la demanda de amparo al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en razón de que no fue señalado como responsable y le reviste el carácter de tercero interesado; para que haga valer los derechos que le corresponden como tal, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos y ofrecer pruebas; ello, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. Además, se le informa que desde el acto del emplazamiento, queda sujeto a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como las relativas a los informes justificados que se reciban en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Notificación de las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las responsables, que en el presente juicio solo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. Asimismo, como lo ordena el artículo 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Por tanto, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. Además, se requiere al actuario que deba notificar este acuerdo y las subsecuentes, para que en caso de que algún traslado u oficio carezca de la firma del secretario, lo haga saber de forma inmediata, en lugar de dejar pasar varios días, pues ese actuar contraviene la celeridad con la que se llevar el juicio de amparo. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar los traslados y oficios de referencia; así como firmar el espacio relativo a su cargo en la minuta correspondiente, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Emplazamiento del tercero interesado. En la demanda se advierte que fue señalado como tercero interesado, la persona de nombre ****, cuyo domicilio está fuera de la sede de este órgano jurisdiccional y la zona conurbada, motivo por el cual, con fundamento en los artículos 297, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ordeno girar despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, lleve a cabo el emplazamiento a este juicio de amparo del tercero interesado *********. Asimismo, por medio del correspondiente personal judicial, deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo y de este proveído. También comunique al tercero interesado que el emplazamiento al presente sumario, le otorga el derecho a comparecer por escrito a este juicio con el carácter de parte, a aportar pruebas y alegatos para la solución de la controversia. Asimismo, le informe al tercero interesado que puede consultar todas las constancias relacionadas con los actos reclamados, en las instalaciones de este juzgado, y deberá informarle que la audiencia constitucional está señalada para las diez horas con un minuto del veintitrés de enero de dos mil veinte. Le comunicará que desde el momento de su emplazamiento queda vinculado a este juicio, por lo que es su deber estar atento a la llegada de los informes justificados y las constancias que lo apoyen. Todos los cuales habrán de notificarse por lista, y tendrá el deber de consultarlos por los efectos que genera el emplazamiento, conforme a lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo. Asimismo, deberá requerir al citado tercero que en el plazo de tres días siguientes a que surta efectos el emplazamiento, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Deberá apercibirle que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, si no hubiese señalado por escrito un domicilio procesal. Sin que obste que al recibirse el presente despacho, haya transcurrido el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, pues en tal supuesto, este juzgado proveerá lo conducente. Se faculta al juez encargado del despacho, para que haga uso de las medidas que estime pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; se habilitan de este momento días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia. Se requiere al juez de referencia, para que una vez hecho lo anterior, se sirva devolver el presente despacho en el término de cuarenta y ocho horas, apercibido que en caso de no hacerlo, le impondré una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, de conformidad en los normativos 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio de los quejosos. Debido a que los quejosos manifiestan estar recluidos en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, y este lugar fue el único que señalaron en la demanda, se instruye al actuario se sirva notificar a los quejosos ********, el presente acuerdo, en el centro de reclusión donde se encuentran internos y para tal efecto se anexa copia autorizada del presente auto para su entrega. Requerimiento a los quejosos. Por otro lado, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos se encuentran privados de su libertad y que no señalaron algún defensor público o privado, para que los asesore y represente en este sumario constitucional. Por tanto, con fundamento en los artículos 17 de la constitución, 108, fracción IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos ******, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, ya sea al momento de recibir la notificación de este proveído o por escrito, señalen defensor o asesor jurídico particular. Apercibidos que de no cumplir el requerimiento decretado en el plazo concedido para tal efecto, de manera oficiosa se les asignará un defensor o asesor jurídico público. Ello en la inteligencia que sólo dicho defensor podrá llevar a cabo su defensa. Lo anterior, por así disponerlo la jurisprudencia 43/2019 , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si descartaran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

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