Vicente Hernández Roldan

Expediente 340/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 33 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
340/2017
Año
2017
Actuaciones
33
Última actuación
18/01/2018

Partes del expediente

  • Vicente Hernández Roldan
  • Notificador adscrito al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dieciocho de enero de dos mil dieciocho: Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se declaró cumplida la sentencia; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV , del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último , del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero . Asimismo, dado que en el incidente de suspensión, se concedió la medida provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III , de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados al expediente principal documentos originales aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Incidental

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dieciocho de enero de dos mil dieciocho: Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se declaró cumplida la sentencia; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV , del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último , del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero . Asimismo, dado que en el incidente de suspensión, se concedió la medida provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III , de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados al expediente principal documentos originales aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  3. Incidental

    Agréguese sin mayor proveído a los autos el oficio 309 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el incidente en revisión administrativo 274/2017, interpuesto por el Auditor y Notificador del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en contra de la resolución interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete; lo anterior, toda vez que mediante auto de diez de noviembre del año próximo pasado, causó ejecutoria la sentencia dictada el once de octubre de dos mil diecisiete en el juicio de amparo principal y mediante proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se declaró cumplida la ejecutoria de mérito. En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente, agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 231 a 273), en el presente juicio de amparo indirecto número 340/2017-I, promovido por Vicente Hernández Roldán, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: ... Mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 316 y 317), asimismo al no dar cabal cumplimiento al fallo protector se le requirió nuevamente, lo que motivo que mediante oficio OFS/DAJ/1675/2017, la autoridad responsable remitió diversas constancias con las que manifestó dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con motivo de ello, en auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa desahoga la vista ordenada en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora bien, la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante oficios OFS/DAJ/2968/2017 y OFS/DAJ/1675/2017, remitió los proveídos de quince y veintisiete de noviembre del año en curso, dictada dentro del expediente 08/octubre-diciembre/2016, relativo al procedimiento administrativo para la imposición de multas por la no presentación de la cuenta pública del trimestre octubre, noviembre y diciembre del año dos mil dieciséis, del que se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento para la imposición de multas por la no presentación de la cuenta pública del trimestre octubre, noviembre y diciembre del año dos mil dieciséis, radicado bajo el número de expediente 08/octubre-diciembre/2016, únicamente por cuanto hace al quejoso Vicente Hernández Roldán, desde su citación, incluyendo su resolución final. Por otra parte el veintisiete de noviembre emitió acuerdo dentro del expediente administrativo de referencia, en el sentido de que la autoridad responsable se encuentra analizando el estado que guarda la cuenta pública del municipio de Calpulalpan, correspondiente al último trimestre del ejercicio fiscal 2016, por lo que para el caso de que determine que se reúnen las condiciones legales para la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa, contra Vicente Hernández Roldán lo realizará emplazándolo con las formalidades que exige la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en relación con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Asimismo, remitió las constancias de notificación en las que se hizo constar, que el diecisiete y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento a la parte quejosa los citados proveídos. A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. No pasan inadvertidas las manifestaciones hechas por la parte quejosa, respecto que la autoridad no da cabal cumplimiento toda vez que no se ha pronunciado si insistirá en someterlo o no a dicho procedimiento administrativo, a lo cual es menester aclarar que los efectos del fallo protector fue para que en caso de que insista en someterlo al procedimiento de responsabilidad administrativa, lo realice notificándolo con las formalidades que exige la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en relación con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, más no fue para que la autoridad se pronunciara al respecto, dado que dicha cuestión es una facultad discrecional con la que cuenta, aunado a que el término para terminar las mismas, prescribirá en el plazo de cinco años a partir de la fecha en que emita el informe respectivo a la cuenta pública de que se trate, lo anterior de conformidad con los artículos 46 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, de ahí que no le asista razón a la parte quejosa. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó el cumplimiento de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto que emita, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

Quedan 29 actuaciones en este expediente

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