Vicente Flores García
Expediente 22/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Vicente Flores García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Primer Tribunal Colegiado declara infundado recurso de queja Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 18/2021; así como, el juicio de amparo 22/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, en consecuencia, comuníquese a las partes que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Vicente Flores García, en contra del auto dictado el nueve de febrero de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos -de la ejecutoria- establecen lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja interpuesto por Vicente Flores García." Acúsese de recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a la parte promovente para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Vicente Flores García, autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado de Distrito, mismo que fue registrado con el número 18/2021, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, quince de febrero de dos mil veintiuno. Recurso de queja. Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso Israel Josafath Barrios Reyna, en su carácter de defensor particular de Vicente Flores García; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el auto de desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por Israel Josafath Barrios Reyna defensor particular de Vicente Flores García, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciocho de enero del año en curso. Se desecha demanda de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". Ahora, tomando en cuenta que el quejoso señala en el escrito que se provee, bajo protesta de decir verdad, que se hizo sabedor del acto reclamado, el dos de diciembre de dos mil veinte; se considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Como excepciones a este término, se encuentran los siguientes supuestos: Normas generales autoaplicativas y el procedimiento de extradición, en donde el plazo será de treinta días, computados a partir de su entrada en vigor. Sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, supuesto en que el amparo podrá promoverse en el lapso de hasta ocho años. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Así, tomando en cuenta que el acto sobre el que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúa en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, por lo que es claro que respecto al mismo aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según en la hipótesis en que se ubique, esto es: Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento. Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tenemos que la diferencia para que se actualice la primera hipótesis relatada, es que la autoridad ante quien se sigue determinado procedimiento haya notificado a la parte quejosa el acuerdo que reclama, de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; en cambio, en los diversos supuestos, se requiere de la obtención del conocimiento fortuito de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, -como sucede en el caso que se analiza-. Resulta ilustrativo el criterio que se trascribe: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Precisado lo anterior, cabe acotar que la parte quejosa en el presente juicio de amparo, en esencia señaló los siguientes actos reclamados cometidos en contra del imputado Vicente Flores García, dentro de la causa judicial 192/2020, a) La resolución judicial emitida el dos de diciembre de dos mil veinte, en la que califica de legal la detención del imputado Vicente Flores García; b) el auto de vinculación a proceso, por hechos con apariencia del delito de feminicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, cometido en agravio de R.P.L. c) la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora, de los escritos de demanda y aclaratorio se advierte lo siguiente: Que Vicente Flores García fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil veinte, por hechos con apariencia de delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y feminicidio en grado de tentativa, dando inicio a la carpeta de investigación FED/TLAX/DEL/TLAX/0001011/2020. El uno de diciembre de dos mil veinte, fue puesto a disposición del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, iniciando la causa 192/2020. El dos de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que el juez calificó de legal la detención del imputado Vicente Flores García, decretó auto de vinculación a proceso por los hechos con apariencia del delito de feminicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército cometido en agravio de R.P.L, ilícito previsto y sancionado por los artículos 229 fracciones I, II, III, IV, 229 Bis, 79 Código Penal para el Estado de Tlaxcala, 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas de fuego y explosivos y la medida cautelar de prisión preventiva por tales hechos. De lo relatado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el quince de enero de dos mil veintiuno (juicio en línea) ya había transcurrido el plazo de quince días, que para promover el juicio de garantías establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera, pues a partir de que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado -de acuerdo a su propio dicho-, (dos de diciembre de dos mil veinte), al día en que se recibió su líbelo de amparo, transcurrieron en demasía treinta días, por lo que es de concluirse que su demanda fue presentada en forma extemporánea. El cómputo de los días transcurridos puede advertirse en el siguiente esquema: Diciembre 2020 LUNES MARTES MIERC JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 1 2 Se ostenta sabedor 3 Día uno 4 Día dos 5 Día inhábil 6 Día inhábil 7 Día tres 8 Día cuatro 9 Día cinco 10 Día seis 11 Día siete 12 Día inhábil 13 Día inhábil 14 Día ocho 15 Día nueve 16 Día diez 17 Día once 18 Día doce 19 Día inhábil 20 Día inhábil 21 Día trece 22 Día catorce 23 Día quince 24 25 Día inhábil 26 Día inhábil 27 Día inhábil 28 29 30 31 Enero 2021 LUNES MARTES MIERC JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 1 Día inhábil 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Presenta demanda 16 17 No obsta a lo anterior que, por cuanto hace a los órganos jurisdiccionales del Estado de Tlaxcala, a pesar que suspendieron labores a partir de la entrada en vigor del Acuerdo II/14/2020 de diecisiete de marzo de dos mil veinte, lo cierto es que en materia penal, se previno la implementación de guardias para la debida atención de asuntos inaplazables, (Acuerdo II/16/2020 de veinte de marzo de dos mil veinte) a efecto de llevar a cabo las diligencias establecidas en los artículos 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, no suspendieron funciones, sino que continuaron con ellas en los términos de los citados acuerdos, así como los diversos en que se prorrogaron. Aunado a lo anterior, los órganos del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado el treinta de abril de dos mil veinte, vigente a partir del seis de mayo siguiente, se recibieron demandas de amparo en las que se reclamaban los actos señalados en el artículo 4, fracción II, incisos e), f) y g) del referido acuerdo, que establece: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos II. En materia penal: [.] e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva;." Posteriormente, a partir del dieciséis de junio entró en vigor el diverso Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que incluso amplió el catálogo de asuntos a recibir por parte del Poder Judicial de la Federación. Lo que pone de manifiesto que los tribunales federales recibían demandas de amparo contra actos relativos a la materia emanados de procesos penales. Y sin lugar a duda a partir del mes de agosto (día tres) de dos mil veinte, se aperturaron todos los plazos procesales para la promoción del amparo (Acuerdo General 21/2020 emitido por el referido Pleno). Y no obstante que, mediante Circular CAP/03/2020, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de veinte de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la suspensión de plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; lo cierto es que continuaron tramitándose los asuntos catalogados como "urgentes", de acuerdo a lo dispuesto por el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo cual no impedía que se presentara la demanda en tiempo, máxime que lo realizó en línea, cuya recepción se tenía habilitada en este tipo de asuntos, como se advierte de la siguiente transcripción. "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. (.) III Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo." En esa tesitura, se precisa que el promovente no se ubica en alguna de las excepciones que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Y tampoco fueron suspendidos los plazos para los asuntos tramitados como "urgentes", en cuyo caso se ubican los actos que reclama, por lo que se concluye que la parte quejosa consintió de manera tácita dichos actos, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P/J. 27/96 consultable en la página 57, del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 200094, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así también, la tesis de la Octava Época, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XI, Marzo de 1993, página 261, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos". Así las cosas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que el actuario judicial no pudo realizar la notificación del acuerdo inicial en el domicilio señalado por la parte quejosa; así, de la lectura del escrito de demanda, se advierte que éste, señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, además de la consulta y notificación del presente expediente a través del usuario "JOSAFATH". En consecuencia, se previene a la parte quejosa a fin de que, dentro del término de tres días en que reciba la notificación del presente proveído, precise cuál vía de notificación es la que elige para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo, pues tal como se advierte, señaló un domicilio físico y la vía electrónica para ello; en el entendido que de señalar algún inmueble, éste deberá encontrarse dentro de la jurisdicción de este juzgado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal, se le harán vía electrónica a través del usuario proporcionado. Mientras tanto, la notificación del presente proveído deberá realizarse vía electrónica, a través del usuario proporcionado; con independencia de lo anterior, las notificaciones deberán ser practicadas en forma personal al interno Vicente Flores García, en el lugar donde se encuentra recluido -Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala-, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo.
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