Vicente García García
Expediente 1582/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1582/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Vicente García García
- Vicente García García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Presidente y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual acusan de recibo a la similar 8724/2022, en la que se les comunico la sentencia de nueve de marzo del año actual. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Vicente García García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a las partes que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1582/2021-3, promovido por Vicente García García, contra los actos que reclama de la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el seis del citado mes y año y turnado a este órgano jurisdiccional el siete siguiente, Vicente García García, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridad responsable, siguientes: Autoridad responsable: Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de atender y pronunciarse congruentemente con respecto a los argumentos planteados en el recurso de queja por defecto promovido ante la Sala Regional de Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al emitir la sentencia interlocutoria de fecha 29 de octubre de 2021 en los autos del juicio 1048/19-26-01-3". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 1582/2021-3; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La omisión de pronunciarse congruentemente respecto a los argumentos planteados en el recurso de queja por defecto promovido ante la responsable, al emitir la sentencia interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en los autos del juicio 1048/19-26-01-3. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aceptó el acto que se le reclama, pues así se advierte de su respectivo informe justificado; y al constituir éste en documentales públicas, se le otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Así, la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Esto es, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo. Al efecto, en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace al acto reclamado, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que se debe sobreseer en el presente juicio de amparo. Estos preceptos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; .". De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV, del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL". No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el período de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Luego, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la resolución interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declaró fundada la queja interpuesta y concedió a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el término de veinte días para que emita una nueva resolución administrativa en la que dé el debido cumplimiento a la sentencia definitiva, deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Se estima lo anterior ya que dicha actuación no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, lograr el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de nulidad 1048/19-26-01-3, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, al requerir a la autoridad demandada aquí tercera interesada su acatamiento. Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluidas las relativas a la nulidad del oficio SP/1190/2021, de veinte de agosto de dos mil veintiuno, que se entiende es una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia. Tampoco se está en el caso de que lo reclamado constituya un acto que goce de autonomía destacada en relación con la ejecución que se pretende, lo que torna la improcedencia del amparo manifiesta. Esto porque los actos de autonomía propia y destacada en la fase ejecutiva, son aquellos que resuelven cuestiones accesorias a la propia ejecución, dictados con independencia del resultado final con que concluya dicha ejecución, esto es, no son aquellos que pueden estimarse reparables en la última resolución que se pronuncie; ahora, en el caso, como ya se anticipó, el acto que se impugna guarda relación con la ejecución de la sentencia dictada en el expediente natural, pues precisamente lo que se pretende es lograr su cumplimiento, sin que esté dotado de autonomía destacada. Entonces, será hasta que mediante resolución definitiva provea lo concerniente a la conclusión de la fase ejecutiva, es decir, hasta la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando se pueda activar el proceso judicial de amparo y reclamar, en su caso, las violaciones cometidas por la autoridad responsable. En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, pues de acuerdo a lo antes expuesto existe un fehaciente motivo de improcedencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V la legislación de la materia, que establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la Ley de Amparo; como en el caso sucede, en términos del diverso precepto 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la citada legislación. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, materia común, página 49, con registro digital 239006, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Vicente García García, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecido en el considerandos CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad y anexos que adjunta, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante las copias certificadas de las constancias que anexó a su informe de cuenta, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sustenta lo anterior, el precedente con registro 191995, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa Vicente García García, reclama la sentencia interlocutoria dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno en el juicio contencioso administrativo 1048/2019-26-01-3 de su registro y de la revisión realizada a las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en dicha resolución se requirió a la autoridad demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal de Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cumplimiento a dicha resolución definitiva. En consecuencia, en términos de la fracción III, inciso b) del artículo 5, en relación con el numeral 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de terceros interesados a 1) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 2) Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal de Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por lo tanto emplácese por medio de oficios a las citadas dependencias, adjuntando una copia simple de la demanda de amparo y auto admisorio, para que en caso de que lo estimen conveniente, se apersonen a juicio a hacer valer sus derechos, informándole que la audiencia constitucional se llevará a efecto en la hora y fecha señalada en líneas anteriores. Notifíquese.
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