Vicente Castillo Jiménez

Expediente 530/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
530/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Vicente Castillo Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta secretarial, se acuerda: AVISO DESIGNACIÓN DE NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. CAUSA EJECUTORIA Ahora, como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veintidós (fojas 142 a 151), en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por ********************; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 530/2022-2, promovido por **********, contra el acto que reclama del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el doce posterior, Vicente Castillo Jiménez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO EN NINGÚN MOMENTO ME FUE NOTIFICADO LOS ESCRITOS DE CONTESTACIÓN DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PUES SE DIO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PREVENCIÓN POR LAS OMISIONES DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA MISMAS QUE FUERON SUBSANADAS MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 (.) Y DESDE DICHA FECHA EN NINGÚN MOMENTO SE ME HA NOTIFICADO ACUERDO ALGUNO EN RELACIÓN AL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS (.) " (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciocho de abril de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 530/2022-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza negativa de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. RECURSO DE QUEJA. Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós se tuvo al Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco interponiendo recurso de queja contra el auto admisorio dictado en la presente controversia, por lo que, una vez integrado y tras la admisión del recurso, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós se ordenó la suspensión del procedimiento. Medio de defensa que fue registrado con el expediente 122/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, quien mediante sesión ordinaria de seis de octubre de dos mil veintidós, resolvió: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el presente recurso de queja interpuesto por Rafael Alejandro Tapia Sánchez, Juez de Distrito adscrito al Tribunal laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado por la secretaria en funciones de Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 530/2022." CUARTO. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en atención a lo resuelto por la superioridad, se ordenó levantar la suspensión y por tanto, se reanudó el procedimiento, por lo que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO.AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco de notificar personalmente a la aquí quejosa la contestación de demanda presentada por la parte demandada en el expediente 1660/2021 y su acumulado 1661/2021. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado señalado en el considerando precedente, aun cuando lo haya negado el Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado [Fojas 58 a 60. Tal afirmación tiene sustento, tanto lo manifestado en el propio informe y el complemento al mismo, así como del análisis de la copia certificada del procedimiento laboral 1660/2021 y su acumulado 1661/2021, de las cuales no se advierte que efectivamente la responsable haya notificado personalmente el auto por el cual se ordenó dar vista con la contestación de la demanda; lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". En ese tenor, se colige que la existencia de los citados actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Ahora, de la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: a. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. c. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. d. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito descrito se actualiza conforme a las constancias de autos, de las que se advierte que, por auto de quince de febrero de dos mil veintidós dictado en el conflicto individual de seguridad social 1660/2021 y su acumulado 1661/2021, se tuvo al apoderado legal de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, dando contestación a la demanda instaurada por el actor -aquí quejoso-, motivo por el cual ordenó, correrle traslado; lo cual se instruyó notificar mediante boletín judicial. De lo anterior, se advierte la existencia de un procedimiento laboral seguido en forma de juicio, al existir contienda entre las partes, sujeta a la decisión de la autoridad en este caso distinta a una jurisdiccional. La segunda exigencia se cumple, dado que el nueve de noviembre de dos mil veintidós se dictó sentencia en el citado conflicto laboral [Fojas 134 a 141], la cual tuvo como puntos resolutivos los siguientes: "(.) RESOLUTIVO PRIMERO. Se dejan a salvo los derechos del actor, para que reclame de la parte patronal el riesgo de trabajo, en la vía y forma que estime pertinente. SEGUNDO. Infórmese lo anterior al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien conoce del amparo indirecto 530/2022-2, derivado de este expediente laboral. (.)" Respecto del tercer supuesto, es menester exponer que la omisión de notificar personalmente al quejoso el auto por el cual se tuvo a la parte demandada en el juicio natural, se encuentre intrínsecamente ligada a la resolución que pronunció el órgano jurisdiccional responsable, dado que resolvió sobre la pretensión que dio origen a esa controversia. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no puede analizarse la constitucionalidad de la omisión de notificar un auto, en razón de que en el supuesto de que se declarase inconstitucional se podría afectar el nuevo acto consistente la propia resolución del conflicto de seguridad social, el cual, por sí mismo puede ser materia de un nuevo análisis constitucional, tras cumplirse los requisitos de procedibilidad correspondientes. Finalmente, se advierte colmada la cuarta y última de la hipótesis enlistada, esto es, que tanto reclamado como, como la resolución que le dio fin, fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento del que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que la citada sentencia administrativa puede subsistir con independencia de que los actos aquí reclamados sean o no inconstitucionales. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 116/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Octubre de 2000, página 970, materia constitucional, registro digital 190961, de rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE SI POR HABER OPERADO UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CARECE DE OBJETO EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. La acción de controversia constitucional resulta improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción I a contrario sensu, de la propia Ley Suprema, si habiéndose ejercitado por un Municipio en contra de un decreto legislativo que anuló un acuerdo de Cabildo que ordenó la suspensión de uno de sus miembros, durante el curso del procedimiento concluye el periodo para el que había sido electo el munícipe suspendido, pues aun cuando subsista dicho acto, carece ya de objeto por haber operado un cambio de situación jurídica que hace inútil el estudio y pronunciamiento de fondo, ya que siendo la tutela jurídica de ese medio de control constitucional la preservación del orden establecido en la Constitución Federal, es obvio que al no poderse retrotraer, materialmente, el periodo legal de funcionamiento del mencionado integrante del Ayuntamiento, la acción de controversia constitucional es ineficaz." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Por tanto, en consideración a lo antes plasmado, surte la causal de improcedencia invocada y procede sobreseer en el juicio conforme a la fracción V del artículo 63 de la misma Ley. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 122/2022, así como un legajo de copias certificadas relativas al juicio de amparo en que se actúa. Ahora, como de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal de Alzada resolvió en su punto resolutivo: "[.] ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el presente recurso de queja interpuesto por Rafael Alejandro Tapia Sánchez, Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado por la secretaria en funciones de Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 530/2022. [.]" En consecuencia, acúsese recibo; y toda vez que el legajo de copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, son relativas al propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de éstas; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales conducentes, y realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. En razón de lo anterior, se levanta la suspensión del presente juicio, decretada en veintitrés de mayo de dos mil veintidós, y se reanuda el procedimiento. Finalmente, continúese con el procedimiento del sumario en que se actúa y se fijan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con sede en esta ciudad, en el cual transcribe el proveído de diecinueve de mayo del año en curso, emitido en el recurso de queja 122/2022, en el que se admitió a trámite el citado medio de impugnación interpuesto por la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, en contra del auto de dieciocho de abril último; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. En consecuencia, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO en el presente juicio de amparo, toda vez que a criterio de la que provee, la resolución que se dicte en la queja de mérito, puede influir en la sentencia que al respecto se pronuncie. Por lo tanto, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hasta en tanto se resuelva el citado medio de impugnación. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, recibido vía correo institucional, autoridad señalada como responsable, por medio del cual expresa que se desiste del recurso de queja interpuesto en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitido en el presente juicio de amparo. Ahora, en virtud de lo acordado en el primer párrafo de este auto, remítase el escrito de cuenta al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, previa copia certificada que del mismo se deje en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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