Vicente Flores Briceño

Expediente 824/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
824/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Vicente Flores Briceño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos la copia del oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, dirigido al Fiscal General del Estado de Yucatán, mediante la cual informa que canalizó la vista por tortura en relación a la parte quejosa. De lo que se toma conocimiento únicamente para lo que corresponda, ya que el veinticuatro de los corrientes se ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ellos se advierte que mediante notificación electrónica de fecha quince de junio del año en curso, se hizo del conocimiento de la parte quejosa, el contenido del acuerdo de nueve de junio del año en curso, mediante el cual se le dio vista con el oficio signado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, y el anexo que adjuntó, con los cuales informó que recibió las constancias conducentes por parte de la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, a fin de que se iniciara la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso Vicente Flores Briceño, por lo que se abrió la carpeta de investigación V1-G4/0068/2022, misma que se encuentra en etapa de integración, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició. Asimismo también se advierte que mediante proveído de veintisiete de abril del año en curso, se reservó a proveer lo conducente en cuanto al archivo definitivo del presente juicio, hasta en tanto la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción de contestación a la vista relativa a la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso Vicente Flores Briceño, lo cual ya aconteció; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con un anexo que adjuntó, con el que, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que recibió las constancias conducentes por parte de la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, a fin de que se iniciara la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso Vicente Flores Briceño, por lo que se abrió la carpeta de investigación V1-G4/0068/2022, misma que se encuentra en etapa de integración. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación V1-G4/0068/2022, ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la copia del oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, en el cual informa que canalizó la vista por tortura en relación al quejoso Vicente Flores Briceño, a la Fiscalía General del Estado; en consecuencia requiérase al Fiscal General del Estado, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe a esta potestad judicial, respecto al estado procesal de la indagatoria correspondiente en relación a la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso antes citado. Con el apercibimiento que de no remitir las constancias requerida, se le impondrá la multa de diez unidades de medida y actualización, en términos del numeral 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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