Vicente Efrain Pech Can
Expediente 1213/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1213/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Vicente Efrain Pech Can
Actuaciones
- Principal
IV. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.
- Principal
IV. Visto el estado que guardan los presentes autos se acuerda: agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, junto con el anexo que acompañó al mismo, los cuales remitió para acreditar la legalidad de su actuar. Es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "Reclamo el hecho de que ha omitido dictar el laudo respectivo en el expediente número 135/2013 que se lleva ante la autoridad responsable, situación que considero atenta contra el principio de celeridad que contempla la ley laboral y el artículo 17 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, circunstancia que atenta contra los principios de justicia que le otorga la Constitución." Ahora bien, tomando en consideración que la materia del asunto es en esencia, la denegación de justicia en que incurrió el Tribunal responsable, esto es, el no dictar resolución de laudo en autos del juicio laboral 135/2013, promovido por Vicente Efraín Pech Can; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, se procederá a su estudio. Por tanto, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación, se advierte que mediante resolución de diez de octubre del año en curso, emitió el laudo correspondiente, en autos del juicio reclamatorio laboral 135/2013, promovido por Vicente Efraín Pech Can aquí quejoso, el cual le fue notificado por conducto de su apoderada legal, el dieciocho de octubre del año en curso, según se advirtió de la cédula de notificación, lo que pone de manifiesto que con dicho actuar subsano a la parte quejosa del acto que reclama, en el sentido de dictar el laudo correspondiente del juicio reclamatorio laboral 135/2013, promovido por el hoy quejoso antes referido; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Luego, si de tales constancias se advierte que la responsable resolvió respecto del acto que se duele la parte quejosa, tal como lo señaló en su apartado de actos reclamados, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto al laudo dictado en el juicio reclamatorio laboral 135/2013, y la notificación de dicha resolución aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el dos de octubre del año en curso. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe puntualizar que este Juzgador Federal no desatiende el contenido del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." El párrafo segundo del numeral transcrito prevé expresamente que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia, no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de tres días. A primera vista, el contenido del numeral en comento conduce a sostener que, en todos los juicios de amparo, cuando se advierta oficiosamente una causa de improcedencia que no hayan alegado las partes, debe darse vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. Interpretada en dicho sentido, la norma en examen lleva a concluir que es ilegal sobreseer en el juicio de amparo si se advierte oficiosamente la actualización de una causa de improcedencia que no alegó ninguna de las partes y respecto de la que no se le dio vista a la parte quejosa antes de resolver para que alegara lo que a su interés conviniera. Sin embargo, si se examina con detenimiento el contenido del numeral en estudio, se arriba a una conclusión distinta. En efecto, el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo prevé una obligación que requiere de la concurrencia de dos condiciones para su actualización, como se ve a continuación: Obligación: Dar vista a la parte quejosa por tres días cuando se advierta una causa de improcedencia de manera oficiosa. Primera condición: Que ninguna de las partes haya alegado, propuesto o hecho valer la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo. Segunda condición: Que la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo no haya sido analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Se dice que las condiciones precisadas deben concurrir necesariamente para que se actualice la obligación de dar la vista a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo, en virtud de que están redactadas en sentido negativo en el texto legal y están unidas por la conjunción copulativa "ni", que funciona como enlace de palabras o frases que denotan negación. De ese modo, como una de las condiciones aludidas para que se actualice la obligación comentada consiste en que la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo no haya sido analizada por un órgano jurisdiccional "inferior", se concluye que dicho imperativo no vincula a los Jueces de Distrito ni a los Tribunales Unitarios de Circuito. Ello es así, dado que las autoridades acabadas de mencionar son las competentes para conocer del juicio de amparo indirecto en primera instancia y los actos que juzgan no provienen exclusivamente de órganos jurisdiccionales "inferiores", pues también conocen de actos de autoridades administrativas emitidos de manera unilateral, no dentro de un procedimiento jurisdiccional; por tanto, no hay forma de que esa obligación se actualice en un juicio de amparo seguido ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito. En esa tesitura, la interpretación del artículo 64 de la Ley de Amparo revela que la obligación de dar vista a la parte quejosa que ahí se contiene únicamente vincula a los órganos jurisdiccionales de amparo que conocen del recurso de revisión (Suprema Corte -Pleno o Salas- y Tribunales Colegiados de Circuito), dado que ese medio de impugnación constituye la segunda instancia del juicio de amparo indirecto y, necesariamente, proviene de un órgano jurisdiccional inferior, a saber: Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo anterior, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por otro lado, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Motul, Yucatán, y que aún no obra constancia alguna de su emplazamiento a este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 661/2017, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea el presente juicio de amparo; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la Materia, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio.
- Principal
III. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto que reclama del TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, con residencia en esta ciudad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora, en cuanto al carácter de tercero interesado que le pudiera recaer al AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercero interesado en este juicio, por conducto de quien legalmente lo represente, por ser la contraparte del ahora quejoso, en el juicio de donde deriva el acto impugnado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, gírese atento oficio al Ayuntamiento de Motul, Yucatán, por conducto de quien legalmente lo represente, para efectos de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere, y comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tienen por ofrecidas la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legales y humanas, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, en el predio que señala en su demanda de amparo, y como autorizadas para tal fin, a Dianely Grissel Canché Panty, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y a Cinthya Isabel López Lara, Ángela Carolina Maldonado Cachón, Carlos Enrique Ortegón Medina, Edwin Gabriel Zozaya González y Jahuri Elinor González Solís, con las limitaciones que establece el segundo párrafo de dicho numeral por así solicitarlo la parte quejosa; asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza para que hagan uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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