Vicente Enrique Carrillo Rendon
Expediente 492/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Vicente Enrique Carrillo Rendon
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
El veinticinco de mayo de dos mil veintitrés el Secretario da cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede. Conste.Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese la razón signada por el actuario judicial de la adscripción, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el proveído de dieciséis de mayo del año en curso a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese dicha determinación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado Notifíquese por lista a la parte quejosa el proveído de dieciséis de mayo del año en curso y el presente acuerdo. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso ***, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de veinticinco de abril del año en curso y señala domicilio procesal. Respecto el domicilio que indica en su escrito aclaratorio, de conformidad con el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal. Ahora, por lo que respecta al desahogo de la prevención formulada en autos, se procede a estudiar la procedencia o no de la demanda de amparo, para lo cual se realiza el siguiente análisis: De la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos, se desprende que el quejoso reclama esencialmente: - El proceso de creación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés; particularmente: Los artículos 30, punto 3; 31, punto 5; 61, punto 1, inciso a); 71, inciso a); 72, punto 1; 73; 74; 76, punto 1; 125 Ter; 125 Septies de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos décimo segundo y décimo tercero transitorios del citado decreto. Ahora, el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado ciertos criterios que permiten establecer cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos político-electorales, de cuyo contenido se obtiene entre otros lo siguiente: a) La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos); también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. b) El Tribunal Electoral tiene a su cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones que se presentan en los procesos electorales federales, el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones en esa materia que enuncia el numeral 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conocer del juicio para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos de votar y ser votado y asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. Otorgándole además, la facultad de conocer de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales que vulneran la norma fundamental o derechos laborales entre el Instituto y su personal. c) De la interpretación sistemática de los numerales 41, 94, 99 y 105, fracción II constitucionales, se advierte que el órgano reformador de la Constitución estableció un sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de que en el orden jurídico mexicano existieran los mecanismos para que las leyes y actos en esa materia estén sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, a través de los medios de control y los plazos que impugnación que expresamente estableció para ello. d) Asimismo, del análisis sistemático de los preceptos citados se desprende que la Carta Magna establece un sistema integral de defensa, que permite, por una parte, impugnar vía de acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de votar y ser votado; y finalmente prevé en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que, aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente de electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar alguna garantía individual y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto, esto es, el juicio de amparo se encuentra acotado, primordialmente, a que se indica en forma estricta sobre los derechos fundamentales de los individuos y, por consiguiente, no serán objeto de impugnación las disposiciones que atañen al ejercicio de derechos políticos. e) Concretamente, en relación con el sistema constitucional de justicia en materia electoral, se aprecia que el artículo 99 de la norma fundamental, establece la competencia otorgada al Tribunal Electoral para conocer de las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado. De lo anterior se sigue que el juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la Ley fundamental no podrá hacerse valer en contra de actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. La improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el sólo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, sino que es el contenido material del acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio constitucional, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. El anterior criterio dio origen a la tesis P.LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168997, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Aunando a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación. Lo anterior, conforme al criterio jurisprudencial 2a./J.61/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 162431, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Ahora, como se precisó anteriormente, los artículos impugnados en esta vía son: 30, punto 3; 31, punto 5; 61, punto 1, inciso a); 71, inciso a); 72, punto 1; 73; 74; 76, punto 1; 125 Ter; 125 Septies de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos décimo segundo y décimo tercero transitorios del citado decreto; que establecen lo siguiente: "TÍTULO PRIMERO BIS Del Instituto Nacional Electoral Artículo 30. 3. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprenderá los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente artículo. Artículo 31. 5. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa a través de sus órganos locales y auxiliares. Artículo 61. 1. El Instituto contará en su estructura con los siguientes órganos de carácter permanente: a) A nivel local, un órgano local, integrado por tres vocales: de Organización y Capacitación; del Registro Federal de Electores, y Ejecutivo, que se coordinará con los dos anteriores, y CAPÍTULO IV De los Órganos Auxiliares del Instituto Artículo 71. 1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos: a) Derogado. Sección Primera De las Oficinas Auxiliares Artículo 72. 1. Las oficinas auxiliares apoyan a los órganos locales en el cumplimiento de sus atribuciones. Artículo 73. 1. Las oficinas auxiliares, dentro del ámbito de su competencia y en lo que corresponda durante los procesos electorales, tendrán las siguientes funciones: (.) Sección Segunda De los Vocales Operativos de las Oficinas Auxiliares Artículo 74. 1. Los vocales operativos tendrán a su cargo las actividades siguientes: a) Apoyar en el ámbito que corresponda a la Oficina Auxiliar en el ejercicio de las atribuciones que tengan a su cargo los órganos locales; b) Apoyar al Instituto en sus tareas en materia de fiscalización, conforme al ámbito de actuación de las oficinas auxiliares; c) Colaborar con el Instituto con el monitoreo de la radio y televisión, conforme al ámbito de actuación de las oficinas auxiliares; d) Coadyuvar con los órganos locales en la operación y supervisión de los módulos de atención ciudadana donde se tramite la credencial para votar, dentro del ámbito que corresponda; e) Acordar con los órganos locales los asuntos de su competencia; f) Preparar, dentro del ámbito distrital, municipal o conurbado estatal que corresponda, las actividades previas al inicio del proceso electoral de que se trate, y g) Las demás que determine esta Ley. 2. Son atribuciones de las y los Vocales Operativos de las oficinas auxiliares, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes: a) Presidir el Consejo Distrital; b) Coordinar el personal administrativo a su cargo y distribuir entre éste los asuntos de su competencia; c) Someter a la aprobación del consejo distrital los asuntos de su competencia; d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores; e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos; f) Proveer al personal administrativo y, en su caso, a las oficinas municipales los elementos necesarios para el cumplimiento de sus tareas; g) Ejecutar los programas de capacitación electoral, educación cívica, paridad de género y cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; h) Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación, en los términos de esta Ley; i) Informar a la persona Vocal Ejecutiva del Órgano Local correspondiente sobre el desarrollo de sus actividades, y j) Las demás que le señale esta Ley. 3. En cada distrito electoral se integrará un Órgano Distrital de Vigilancia, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral. 4. Las mismas funciones realizarán las vocalías operativas cuyo ámbito territorial corresponda a más de un distrito o zona conurbada. Artículo 76. 1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán por: a) Una persona titular de la presidencia del consejo, designada por el Consejo General en los términos del artículo 44, párrafo 1, inciso f), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Operativo distrital; b) Una persona titular de la Secretaría del Consejo y otra persona Vocal de Organización y Capacitación, designadas por el Consejo Local mediante el procedimiento que determine el Consejo General; c) Representantes de los partidos políticos nacionales, que tendrán derecho a voz pero sin voto, y d) Cuatro personas Consejeras Electorales. CAPÍTULO III Del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional Artículo 125 Ter. 1. El Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional. 3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de mando y de supervisión. 4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades especializadas. 5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles o rangos permitirán la promoción de personas integrantes titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de personas integrantes permanentes del servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto o en el Organismo Público Local, según corresponda al sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando la persona aspirante acredite los requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Será vía de ingreso el concurso público y el examen de incorporación temporal, conforme a las normas estatutarias. 7. La permanencia de personas servidoras públicas en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto. 8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a las personas funcionarias que cubrirán los cargos establecidos por esta Ley para las direcciones y órganos del Instituto en los siguientes términos: a) La Comisión de Administración, los cargos inmediatamente inferiores a Dirección Ejecutiva así como las plazas de otras áreas que determine el Estatuto; b) En los órganos locales y oficinas auxiliares, los cargos de las vocalías, así como las demás plazas que establezca el Estatuto; c) En los Organismos Públicos Locales, las plazas que expresamente determine el Estatuto, y d) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto. 9. Las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución, conforme a lo establecido en el Libro Octavo de esta Ley. Artículo 125 Septies. 1. Todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución. 2. Los tabuladores salariales del personal del Instituto deberán ser razonables y proporcionales, conforme a los principios consignados en el artículo 127, párrafo segundo, fracción II de la Constitución. El personal del Instituto no podrá ganar mayor remuneración que las de un Director Ejecutivo. 3. El personal del Instituto será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4. Las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia. 5. Las relaciones laborales entre los órganos públicos locales y las personas trabajadoras se regirán por la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Igualmente, su personal y estructura en ningún caso será considerado dentro de la excepción de especialización y trabajo técnico calificado que justifique que su remuneración rebase el límite establecido en la fracción II del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución. Transitorios Décimo Segundo. Entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el 1o. de junio siguiente, se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto. El mismo mecanismo se seguirá respecto de las actuales Juntas Locales para diseñar el proceso de evaluación y determinar la integración de los órganos locales. A más tardar el 15 de agosto de 2023, deberán quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares de conformidad con el presente Decreto, para operar en los siguientes procesos electorales. Décimo Tercero. La Secretaría Ejecutiva revisará con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el presente Decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación." Conforme lo anteriormente expuesto, se puede advertir que el quejoso Vicente Enrique Carrillo Rendón acude a esta instancia constitucional ostentando el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, exhibiendo diversas constancias con las que acredita la relación laboral. Sin embargo, los preceptos transcritos ponen de manifiesto que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, siendo el Consejo General la institución encargada de su ejecución, en donde uno de los fines es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Así, el peticionario del amparo alega que se le dará un trato desigual y discriminatorio, ya que la relación laboral será normada por disposiciones distintas a las contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional; que será separado de su empleo que desarrolla como personal calificado; y que desaparecerá el área en la que prestaba sus servicios, con prestaciones distintas a las que recibe. En ese sentido, es evidente que la reforma electoral tiene por efecto una modificación en la estabilidad del empleo del promovente, pues se modifican las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostenta; modificación laboral que deriva de la reforma electoral reclamada no solo a autoridades legislativas, sino también a diversas dependencias del propio Instituto Nacional Electoral. Por lo anterior, se concluye que la causa de pedir versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo del peticionario del amparo, que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. Es decir, las modificaciones a las condiciones de trabajo de la parte quejosa en su carácter Vocal del Registro Federal de Electores del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el propio Instituto, tiene como finalidad modificar las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostenta la promovente, diversas a las que ahora tiene; modificaciones salariales y de funciones que constituyen conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y el promovente del amparo. Por ello, se considera que tal diferencia laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia, pues tiene que ver con la aplicación del Decreto reformatoria de leyes electorales. Al respecto, se cita como criterio de orientación y por los principios que la conforman la tesis LXXX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, página 27, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, fracciones III, VI y VIII, y párrafo quinto, de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, además de tener competencia no sólo para conocer de los conflictos o diferencias laborales que surjan entre dicho tribunal o el Instituto Federal Electoral y sus servidores, sino también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional. En estas condiciones, los actos de aplicación de leyes electorales que, como el artículo 169, inciso g), párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contengan normas en materia de trabajo o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, no pueden ser examinados dentro del juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues existe un régimen especial establecido para la resolución de tales cuestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral." Por tanto, acorde a las consideraciones previas, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia que se ha citado, se desecha la demanda de amparo promovida por Vicente Enrique Carrillo Rendón, por derecho propio y en su calidad de Vocal del Registro Federal de Electores del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Por otra parte, se considera que respecto de los actos reclamados, en todo caso se actualizaría la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, lo anterior, debido a que es un hecho notorio para el suscrito, en términos del numeral 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que por acuerdo de veinticuatro de marzo de este año, emitido en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió la medida cautelar para el efecto de que no se apliquen los artículos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Por lo tanto, si la vigencia de los actos reclamados se encuentra suspendida, se considera que por el momento no genera una afectación o incidencia negativa, precisamente por la concesión de la medida suspensional derivada de la controversia constitucional 261/2023, pues como se mencionó, el efecto de esa suspensión versó en la paralización de la aplicación de los artículos del decreto que por esta vía se combate Finalmente, agréguese el oficio remitido vía interconexión del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve el exhorto 206/2023, número de orden 206/2023, del índice de este órgano, por el cual se solicitó notificar el auto de veinticinco de abril del año en curso a la parte quejosa; diligenciado el ocho de los actuales. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en ***."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso ***, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de veinticinco de abril del año en curso y señala domicilio procesal. Respecto el domicilio que indica en su escrito aclaratorio, de conformidad con el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal. Ahora, por lo que respecta al desahogo de la prevención formulada en autos, se procede a estudiar la procedencia o no de la demanda de amparo, para lo cual se realiza el siguiente análisis: De la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos, se desprende que el quejoso reclama esencialmente: - El proceso de creación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés; particularmente: Los artículos 30, punto 3; 31, punto 5; 61, punto 1, inciso a); 71, inciso a); 72, punto 1; 73; 74; 76, punto 1; 125 Ter; 125 Septies de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos décimo segundo y décimo tercero transitorios del citado decreto. Ahora, el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado ciertos criterios que permiten establecer cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos político-electorales, de cuyo contenido se obtiene entre otros lo siguiente: a) La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos); también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. b) El Tribunal Electoral tiene a su cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones que se presentan en los procesos electorales federales, el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones en esa materia que enuncia el numeral 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conocer del juicio para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos de votar y ser votado y asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. Otorgándole además, la facultad de conocer de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales que vulneran la norma fundamental o derechos laborales entre el Instituto y su personal. c) De la interpretación sistemática de los numerales 41, 94, 99 y 105, fracción II constitucionales, se advierte que el órgano reformador de la Constitución estableció un sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de que en el orden jurídico mexicano existieran los mecanismos para que las leyes y actos en esa materia estén sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, a través de los medios de control y los plazos que impugnación que expresamente estableció para ello. d) Asimismo, del análisis sistemático de los preceptos citados se desprende que la Carta Magna establece un sistema integral de defensa, que permite, por una parte, impugnar vía de acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de votar y ser votado; y finalmente prevé en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que, aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente de electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar alguna garantía individual y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto, esto es, el juicio de amparo se encuentra acotado, primordialmente, a que se indica en forma estricta sobre los derechos fundamentales de los individuos y, por consiguiente, no serán objeto de impugnación las disposiciones que atañen al ejercicio de derechos políticos. e) Concretamente, en relación con el sistema constitucional de justicia en materia electoral, se aprecia que el artículo 99 de la norma fundamental, establece la competencia otorgada al Tribunal Electoral para conocer de las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado. De lo anterior se sigue que el juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la Ley fundamental no podrá hacerse valer en contra de actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. La improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el sólo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, sino que es el contenido material del acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio constitucional, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. El anterior criterio dio origen a la tesis P.LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168997, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Aunando a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación. Lo anterior, conforme al criterio jurisprudencial 2a./J.61/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 162431, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Ahora, como se precisó anteriormente, los artículos impugnados en esta vía son: 30, punto 3; 31, punto 5; 61, punto 1, inciso a); 71, inciso a); 72, punto 1; 73; 74; 76, punto 1; 125 Ter; 125 Septies de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos décimo segundo y décimo tercero transitorios del citado decreto; que establecen lo siguiente: "TÍTULO PRIMERO BIS Del Instituto Nacional Electoral Artículo 30. 3. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprenderá los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente artículo. Artículo 31. 5. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa a través de sus órganos locales y auxiliares. Artículo 61. 1. El Instituto contará en su estructura con los siguientes órganos de carácter permanente: a) A nivel local, un órgano local, integrado por tres vocales: de Organización y Capacitación; del Registro Federal de Electores, y Ejecutivo, que se coordinará con los dos anteriores, y CAPÍTULO IV De los Órganos Auxiliares del Instituto Artículo 71. 1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos: a) Derogado. Sección Primera De las Oficinas Auxiliares Artículo 72. 1. Las oficinas auxiliares apoyan a los órganos locales en el cumplimiento de sus atribuciones. Artículo 73. 1. Las oficinas auxiliares, dentro del ámbito de su competencia y en lo que corresponda durante los procesos electorales, tendrán las siguientes funciones: (.) Sección Segunda De los Vocales Operativos de las Oficinas Auxiliares Artículo 74. 1. Los vocales operativos tendrán a su cargo las actividades siguientes: a) Apoyar en el ámbito que corresponda a la Oficina Auxiliar en el ejercicio de las atribuciones que tengan a su cargo los órganos locales; b) Apoyar al Instituto en sus tareas en materia de fiscalización, conforme al ámbito de actuación de las oficinas auxiliares; c) Colaborar con el Instituto con el monitoreo de la radio y televisión, conforme al ámbito de actuación de las oficinas auxiliares; d) Coadyuvar con los órganos locales en la operación y supervisión de los módulos de atención ciudadana donde se tramite la credencial para votar, dentro del ámbito que corresponda; e) Acordar con los órganos locales los asuntos de su competencia; f) Preparar, dentro del ámbito distrital, municipal o conurbado estatal que corresponda, las actividades previas al inicio del proceso electoral de que se trate, y g) Las demás que determine esta Ley. 2. Son atribuciones de las y los Vocales Operativos de las oficinas auxiliares, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes: a) Presidir el Consejo Distrital; b) Coordinar el personal administrativo a su cargo y distribuir entre éste los asuntos de su competencia; c) Someter a la aprobación del consejo distrital los asuntos de su competencia; d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores; e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos; f) Proveer al personal administrativo y, en su caso, a las oficinas municipales los elementos necesarios para el cumplimiento de sus tareas; g) Ejecutar los programas de capacitación electoral, educación cívica, paridad de género y cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; h) Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación, en los términos de esta Ley; i) Informar a la persona Vocal Ejecutiva del Órgano Local correspondiente sobre el desarrollo de sus actividades, y j) Las demás que le señale esta Ley. 3. En cada distrito electoral se integrará un Órgano Distrital de Vigilancia, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral. 4. Las mismas funciones realizarán las vocalías operativas cuyo ámbito territorial corresponda a más de un distrito o zona conurbada. Artículo 76. 1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán por: a) Una persona titular de la presidencia del consejo, designada por el Consejo General en los términos del artículo 44, párrafo 1, inciso f), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Operativo distrital; b) Una persona titular de la Secretaría del Consejo y otra persona Vocal de Organización y Capacitación, designadas por el Consejo Local mediante el procedimiento que determine el Consejo General; c) Representantes de los partidos políticos nacionales, que tendrán derecho a voz pero sin voto, y d) Cuatro personas Consejeras Electorales. CAPÍTULO III Del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional Artículo 125 Ter. 1. El Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional. 3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de mando y de supervisión. 4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades especializadas. 5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles o rangos permitirán la promoción de personas integrantes titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de personas integrantes permanentes del servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto o en el Organismo Público Local, según corresponda al sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando la persona aspirante acredite los requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Será vía de ingreso el concurso público y el examen de incorporación temporal, conforme a las normas estatutarias. 7. La permanencia de personas servidoras públicas en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto. 8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a las personas funcionarias que cubrirán los cargos establecidos por esta Ley para las direcciones y órganos del Instituto en los siguientes términos: a) La Comisión de Administración, los cargos inmediatamente inferiores a Dirección Ejecutiva así como las plazas de otras áreas que determine el Estatuto; b) En los órganos locales y oficinas auxiliares, los cargos de las vocalías, así como las demás plazas que establezca el Estatuto; c) En los Organismos Públicos Locales, las plazas que expresamente determine el Estatuto, y d) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto. 9. Las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución, conforme a lo establecido en el Libro Octavo de esta Ley. Artículo 125 Septies. 1. Todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución. 2. Los tabuladores salariales del personal del Instituto deberán ser razonables y proporcionales, conforme a los principios consignados en el artículo 127, párrafo segundo, fracción II de la Constitución. El personal del Instituto no podrá ganar mayor remuneración que las de un Director Ejecutivo. 3. El personal del Instituto será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4. Las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia. 5. Las relaciones laborales entre los órganos públicos locales y las personas trabajadoras se regirán por la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Igualmente, su personal y estructura en ningún caso será considerado dentro de la excepción de especialización y trabajo técnico calificado que justifique que su remuneración rebase el límite establecido en la fracción II del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución. Transitorios Décimo Segundo. Entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el 1o. de junio siguiente, se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto. El mismo mecanismo se seguirá respecto de las actuales Juntas Locales para diseñar el proceso de evaluación y determinar la integración de los órganos locales. A más tardar el 15 de agosto de 2023, deberán quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares de conformidad con el presente Decreto, para operar en los siguientes procesos electorales. Décimo Tercero. La Secretaría Ejecutiva revisará con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el presente Decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación." Conforme lo anteriormente expuesto, se puede advertir que el quejoso Vicente Enrique Carrillo Rendón acude a esta instancia constitucional ostentando el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, exhibiendo diversas constancias con las que acredita la relación laboral. Sin embargo, los preceptos transcritos ponen de manifiesto que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, siendo el Consejo General la institución encargada de su ejecución, en donde uno de los fines es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Así, el peticionario del amparo alega que se le dará un trato desigual y discriminatorio, ya que la relación laboral será normada por disposiciones distintas a las contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional; que será separado de su empleo que desarrolla como personal calificado; y que desaparecerá el área en la que prestaba sus servicios, con prestaciones distintas a las que recibe. En ese sentido, es evidente que la reforma electoral tiene por efecto una modificación en la estabilidad del empleo del promovente, pues se modifican las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostenta; modificación laboral que deriva de la reforma electoral reclamada no solo a autoridades legislativas, sino también a diversas dependencias del propio Instituto Nacional Electoral. Por lo anterior, se concluye que la causa de pedir versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo del peticionario del amparo, que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. Es decir, las modificaciones a las condiciones de trabajo de la parte quejosa en su carácter Vocal del Registro Federal de Electores del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el propio Instituto, tiene como finalidad modificar las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostenta la promovente, diversas a las que ahora tiene; modificaciones salariales y de funciones que constituyen conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y el promovente del amparo. Por ello, se considera que tal diferencia laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia, pues tiene que ver con la aplicación del Decreto reformatoria de leyes electorales. Al respecto, se cita como criterio de orientación y por los principios que la conforman la tesis LXXX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, página 27, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, fracciones III, VI y VIII, y párrafo quinto, de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, además de tener competencia no sólo para conocer de los conflictos o diferencias laborales que surjan entre dicho tribunal o el Instituto Federal Electoral y sus servidores, sino también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional. En estas condiciones, los actos de aplicación de leyes electorales que, como el artículo 169, inciso g), párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contengan normas en materia de trabajo o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, no pueden ser examinados dentro del juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues existe un régimen especial establecido para la resolución de tales cuestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral." Por tanto, acorde a las consideraciones previas, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia que se ha citado, se desecha la demanda de amparo promovida por Vicente Enrique Carrillo Rendón, por derecho propio y en su calidad de Vocal del Registro Federal de Electores del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Por otra parte, se considera que respecto de los actos reclamados, en todo caso se actualizaría la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, lo anterior, debido a que es un hecho notorio para el suscrito, en términos del numeral 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que por acuerdo de veinticuatro de marzo de este año, emitido en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió la medida cautelar para el efecto de que no se apliquen los artículos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Por lo tanto, si la vigencia de los actos reclamados se encuentra suspendida, se considera que por el momento no genera una afectación o incidencia negativa, precisamente por la concesión de la medida suspensional derivada de la controversia constitucional 261/2023, pues como se mencionó, el efecto de esa suspensión versó en la paralización de la aplicación de los artículos del decreto que por esta vía se combate Finalmente, agréguese el oficio remitido vía interconexión del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve el exhorto 206/2023, número de orden 206/2023, del índice de este órgano, por el cual se solicitó notificar el auto de veinticinco de abril del año en curso a la parte quejosa; diligenciado el ocho de los actuales. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en ***.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticinco de abril de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al cual adjunta el juicio de amparo 653/2023 de su índice, promovido por Vicente Enrique Carrillo..., por derecho propio y en su calidad de Vocal del Registro Federal de Electores del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, del que se desprende que la titular de ese órgano federal se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del citado juicio. Así, una vez impuesto de las constancias recibidas, este juzgado de distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo recibida; fórmese el expediente relativo con el número 492/2023-III que le correspondió en el libro de gobierno. Acúsese recibo. PREVENCIÓN De inicio, debe indicarse que el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está facultado para requerir al promovente con el propósito de que aclare su demanda cuando existan deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Así, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma que impiden a este órgano federal proveer lo que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: 1. Deberá precisar con claridad los preceptos que reclama, lo anterior, toda vez que en el apartado intitulado "OPORTUNIDAD" hace mención a los preceptos 30, 61, 71, 72, 73, 76, 125 y 125 Ter de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mientras que en el primer y segundo conceptos de violación alude a los preceptos 30, 31, 61, 71, 72, 73, 74, 125, 125 Ter, 125 Septies, Décimo segundo transitorio y Décimo tercero transitorio, pero en el motivo de inconformidad cuarto se duele de los numerales 71, 72, 73, 74, 75 y 76 de la legislación invocada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con registro digital 202853, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.". Cabe precisar que los datos exigidos son de gran importancia, en la medida de que la adecuada comprensión de los actos reclamados por parte del juzgador trasciende para resolver adecuadamente sobre la admisión o no del ocurso constitucional, tomando en consideración que, conforme al precepto 113 de la Ley de Amparo, la autoridad de amparo sólo está en aptitud de desecharla si advierte la configuración de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que será posible únicamente si se tiene claro cuáles son los actos que el gobernado reclama y el contexto fáctico en que éstos surgieron. Además, la falta de precisión de los datos solicitados genera incertidumbre no sólo al suscrito por desconocer qué aspecto será materia de la litis en este sumario, sino también a las autoridades responsables, pues no sabrán con precisión qué acto o actos se les atribuye y consecuentemente no estarán en aptitud de rendir sus informes previos y justificados. 2. Se hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir copias suficientes para correr traslado a las partes, como lo dispone el artículo 110 de la Ley de Amparo; lo que no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica, pero aquél tendría que cumplir con los requisitos que debe colmar para ese supuesto. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización,2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir en sus términos las prevenciones formuladas, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal; con arreglo en los artículos 27, fracciones II y III, inciso b) de la Ley de Amparo, así como 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique la presente determinación a la parte quejosa Vicente Enrique Carrillo Rendón, en el domicilio ubicado en cerrada de Perpetua 25-2, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Asimismo, deberá requerirlo para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza o Huixquilucan); con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días, legalmente computado, sin ulterior acuerdo, se tendrán las listas, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la normatividad de la materia y 297, fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se faculta al juez que reciba la presente comunicación oficial para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la antes señalada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se autorizan a las personas que refiere el promovente en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado, a través del cual se podrá entablar comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía exhorto a la parte quejosa.
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