Vicente Aceves Morales
Expediente 1042/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Vicente Aceves Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito del quejoso, mediante el cual señala autorizados, domicilio procesal, solicita copias y la devolución de documentos; en ese sentido, se acuerda: Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, en cuanto a las personas que autoriza, dígase al promovente que se esté a lo acordado en auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, con excepción de las que tengan el carácter de confidencial o reservada para dicha parte, expídase la copia solicitada, previa razón de recibo. Finalmente en cuando a su solicitud de que se expidan copias del incidente de suspensión y la devolución de los documentos que exhibió, dígase al promovente que no ha lugar a proveer lo conducente, ello en virtud a que en el presente asunto no se tramitó el cuaderno incidental y no fueron exhibidas documentales. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
En doce de julio de dos mil dieciocho, se notifica por lista a LA QUEJOSA auto de cinco de julio del año en curso, dictado por el juzgado de mi adscripción, en el juicio de amparo, promovido por no haberse presentado la (s) parte (s) antes mencionada (s) a notificarse dentro del término indicado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Doy fe.Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de la parte quejosa mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos por lo que se procede a proveer al respecto. ACTO RECLAMADO Vista la demanda promovida por Vicente Aceves Morales, quien señala como acto reclamado el consiste en: a) Todas las actuaciones realizadas o llevadas a cabo dentro de la carpeta de investigación número TLA/TLA/NAU/060/012775/18/01; y, b) No permitirle conocer las imputaciones que se le realizan dentro de la carpeta de investigación en comento. DESECHAMIENTO Ahora bien, en cuanto al acto reclamado señalado con el inciso a), la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos que a continuación se precisan. "Dichos preceptos establecen: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.' 'Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.' De tales dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Ahora bien, como se advierte de lo anterior, la persecución y/o investigación de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, si la parte quejosa reclama de dicha autoridad todas y cada una de las actuaciones realizadas dentro de la carpeta de investigación TLA/TLA/NAU/060/012775/18/01, y la negativa de la autoridad de dar fecha para comparecer a rendir su declaración. Entonces, debe decirse que los actos y diligencias efectuados dentro de la carpeta de investigación, misma que está encaminada a probar la comisión de un delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia del imputado, no causan daño o perjuicio a la parte quejosa, por ser de orden público dicha integración, según lo establece el artículo 21 de la Constitución Federal. Ello, es así porque aun cuando el Ministerio Público al integrar una carpeta de investigación, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos. Sustenta la anterior afirmación, el contenido de la jurisprudencia I.2o.P. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Materia(s): Penal, registro 226462, página 689, de la voz: 'IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso.' De igual forma se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo toda vez que el acto que por esta vía se combate no tiene una afectación directa a los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no acredita que el acto reclamado le causa un agravio personal y directo, por los siguientes motivos. Dichos preceptos dicen: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;' 'Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.' 'Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.' De dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º, de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; así como que son partes en el juicio de amparo, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. Así y toda vez que el acto reclamado consiste en todas y cada una de las actuaciones realizadas dentro de la carpeta de investigación TLA/TLA/NAU/060/012775/18/01, y la negativa de la autoridad de dar fecha para comparecer a rendir su declaración, instaurada en contra de la parte quejosa por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho del Centro de Atención Ciudadana de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Al efecto, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función; cuestiones estas consideradas de orden público, pues la sociedad se encuentra interesada en que se cumpla con dicha disposición. Lo anterior, pone de manifiesto que las actuaciones de investigación practicadas en la carpeta de investigación de mérito, no les irrogan perjuicio alguno a la aquí quejosa, ya que la autoridad responsable, lleva a cabo la actividad encomendada por disposición constitucional; por lo que, en todo caso, el acto que les depararía algún perjuicio a la quejosa, lo sería la determinación con que culminara la carpeta de investigación, siempre y cuando fuera en su perjuicio; sostener lo contrario llevaría al extremo de entorpecer la función esencial del Ministerio Público, en contravención de una cuestión de orden público, a la que de manera alguna se debe de anteponer el interés particular. Sustenta la anterior afirmación, el contenido de la tesis aislada 1a. CXXXV/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Penal, registro 180028, página 351, de la voz: 'ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad.' Y el contenido de la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, registro 2015368, página 2601, de la voz: 'SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente.' Ahora bien Ahora bien, en cuanto al acto reclamado señalado con el inciso b), la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables en el caso concreto. Los citados preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.' "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.) "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo 20, apartado C, fracción VII, se desprende que se deberán impugnar ante autoridad judicial entre otras las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; mientras que los diversos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan como derechos de la víctima u ofendido, entre otros, impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público, en la investigación de los delitos; quien podrá hacerlo valer ante el juez de control dentro de un plazo de diez días. Luego entonces la víctima u ofendido, deberá impugnar, entre otras, la abstención de investigar ante el Juez facultado para tal efecto dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de México, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su contra procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional. Sustenta la anterior afirmación, por analogía el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, registro 162669, página 17, de la voz y contenido: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." De ahí que en el nuevo proceso penal acusatorio, deba estarse a lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, el cual constituye una prerrogativa que se otorga al pasivo del delito, la cual no es opcional, ya que se le reconoce a nivel de la Carta Magna como un derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la fase procesal correspondiente e interponer los recursos que establezca la ley, como así se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad(.) Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley(.) Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses(.) Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Carta Magna consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, que retoma el legislador secundario en relación con el numeral 109, fracción XXI y 258 del código adjetivo de la materia. Entonces, es de concluirse que para que el amparo biinstancial resulte procedente, es indispensable que previo a su promoción, el Juez de Control correspondiente, haya decidido en definitiva sobre la abstención del agente del Ministerio Público, de la investigación de los delitos; lo que es así, porque será el pronunciamiento del Juez de Control, la resolución respecto de la cual procederá el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la parte quejosa de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sustenta la anterior afirmación, por analogía el contenido de la tesis jurisprudencial 27/2018 (10ª), derivada de la contradicción de tesis 233/2017 entre las sustentadas Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, aun sin datos de publicación, de la voz y contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo el contenido de la tesis jurisprudencial 28/2018 (10ª), derivada de la contradicción de tesis 233/2017 entre las sustentadas Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, sin datos de publicación, de la voz y contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En consecuencia es que se actualiza las causas de improcedencia previstas por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación los artículos 20, apartado C, fracción VII y 21 Constitucionales, 21109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que procede desechar el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Resolución que es acorde, al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, al resolver el recurso de queja 15/2017, derivado del juicio de amparo indirecto 9/2017, del índice de este juzgado.
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