Verónica Vera Bastida
Expediente 696/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Verónica Vera Bastida
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de veintinueve de junio del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ************** consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria de este juzgado federal, por medio de la cual, informa que acudió al domicilio procesal señalado por la quejosa ********** -sito en ****************** para notificarle el auto de veintinueve de junio del año en curso; sin embargo, hay varias numeraciones en la calle, pero ninguna es la cinco mil ochocientos diez, preguntó a vecinos del lugar por la unidad habitacional la Noria quienes informaron que por ahí no hay ninguna unidad con ese nombre, motivo por el cual no le fue posible llevar a cabo la diligencia de mérito. En consecuencia, con fundamento en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al fedatario judicial que corresponda, para que realice la notificación de la determinación indicada por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal; hasta en tanto la citada quejosa señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista. AUTO DE 29 DE JUNIO DE 2022: Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por **********, por derecho propio, contra actos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como del titular y del actuario, ambos del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de esta entidad federativa, por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1° 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente -físico y electrónico1- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 696/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, la misma debe desecharse por los motivos que se exponen a continuación: Se arriba a dicha conclusión dado que del estudio integral de la demanda de amparo2, se advierte que los actos reclamados, se hacen consistir en los siguientes: La resolución de dos de junio del año en curso, emitida por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual, determinó confirmar el auto de veintiocho de febrero anterior, dictado en el juicio -ordinario civil- promovido por *******************. Cabe destacar que, en la determinación subyacente el juez natural tuvo por contestada la demanda reconvencional. Ahora, de lo expuesto por la parte quejosa en el ocurso inicial -bajo protesta de decir verdad- se deduce lo siguiente: La peticionaria es parte formal y material en el juicio de origen, tiene el carácter de demanda -actora en la reconvención- en el juicio. No existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, se encuentra en trámite, pues aún no se ha dictado sentencia definitiva. En esas condiciones, este Juzgado Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Bien, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquéllos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la determinación conclusiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el juicio de amparo que se intente contra esa resolución que dirima la controversia. Y, es que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sentado lo precedente, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto aquí reclamado no es de imposible reparación, toda vez que, el hecho de que se confirmara el auto que tuvo por contestada la demanda reconvencional, no afecta algún derecho sustantivo de la inconforme. Lo anterior se afirma de ese modo, cuenta habida que la admisión a la contestación de la reconvención, puede o no trascender al resultado del fallo que resuelva el falle definitivo y al constituir una violación procesal acaecida en el procedimiento natural, puede impugnarse a través del juicio de amparo que se haga valer en contra de la determinación que se dicte en el procedimiento de origen, si la eventual afectación adjetiva trasciende en el resultado del fallo. Dicho de otro modo, en caso de que la actuación de la autoridad judicial llegara a ser considerada como violación procesal, la misma podrá impugnarse a través del juicio de amparo directo que se haga valer en contra de la determinación que se dicte en el contradictorio primigenio, la cual podrá ser sujeta de tutela desde luego, si la eventual afectación adjetiva trasciende al resultado de la determinación conclusiva. En consecuencia, al encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir a trámite la demanda de que se trata, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la conclusión aquí alcanzada; esto es, que el acto combatido no genera una afectación a sus derechos sustantivos, lo cual como ya como se dijo, es notorio y manifiesto para este órgano jurisdiccional, derivado de las alegaciones realizadas bajo protesta de decir verdad -lo cual crea certeza en este juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado. En diverso aspecto, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica la parte promovente y por autorizados para los mismos efectos, incluso recibir documentos y valores a las personas señaladas en su escrito inicial. Asimismo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************. toda vez que tienen inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se autoriza a la promovente la consulta vía internet del expediente electrónico, bajo el nombre de usuario **************. En consonancia, se instruye a la secretaria del juzgado encargada del trámite de este expediente, para que a más tardar el día en que se haga la publicación de este auto, proceda a realizar las gestiones correspondientes a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el actuario del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual informa el contenido del proveído de veintisiete de junio último, pronunciado en el R.C. 250/2021-13, en la que dicho cuerpo colegiado ordenó la remisión del recurso de revisión que dio origen al citado asunto al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por los motivos que ahí detalla; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, es menester señalar que este juzgador no soslaya que el tribunal oficiante dirige su comunicación oficial al juicio de amparo 381/2022, cuando de su contenido se advierte que lo correcto es en el diverso 381/2020, sin embargo, dicho error no obsta para que se provea lo que en derecho corresponde en el sumario adecuado. Notifíquese por lista a las partes.
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