Verónica Vera Bastida

Expediente 695/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
695/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Verónica Vera Bastida

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de veintinueve de junio anterior, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Finalmente, al obrar documentos considerados como "no originales"; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de la parte promovente los documentos catalogados como "no originales"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del Acuerdo General citado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria de este juzgado federal, por medio de la cual, informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa, ************, el auto de veintinueve de junio anterior, en el domicilio procesal que señaló, toda vez que al constituirse en dicho sitio ******************** la actuaria fue informada de lo siguiente: ******************************************************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al fedatario judicial que corresponda, para que realice la notificación de la determinación indicada, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista; hasta en tanto la citada quejosa señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista a las partes y por ese medio a la quejosa, ************* el auto de veintinueve de junio del año en curso. AUTO DE 29 DE JUNIO DE 2022: Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo, presentada por ***********, por derecho propio, contra actos del titular y actuario, ambos del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1° 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente -físico y electrónico1- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 695/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, la misma debe desecharse por los motivos que se exponen a continuación: Se arriba a dicha conclusión dado que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, se hacen consistir en los siguientes: Del Juez Décimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el auto de dos de junio del año en curso, emitido en el juicio -ordinario civil- promovido por ***************. Cabe destacar que en la determinación referida, el juez natural no admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la demandada, en contra del proveído de veintidós de mayo anterior, mediante el cual, la autoridad responsable acordó como extemporáneo el escrito de objeción de pruebas que formuló por la inconforme. Ahora, de lo expuesto por la parte quejosa en el ocurso inicial -bajo protesta de decir verdad- se deduce lo siguiente: La peticionaria es parte formal y material en el juicio de origen, tiene el carácter de demanda en el juicio. No existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, se encuentra en trámite, pues aún no se ha dictado sentencia definitiva. En esas condiciones, este Juzgado Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - -." Bien, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. 08/10/23 11:29:43 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.36.f2 JESÚS DAMIAN GONZÁLEZ RIVERA Esto es, son aquéllos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la determinación conclusiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el juicio de amparo que se intente contra esa resolución que dirima la controversia. Y, es que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sentado lo precedente, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto aquí reclamado no es de imposible reparación, toda vez que, el hecho de que no se admitiera a trámite el recurso de revocación en contra del proveído de veintidós de mayo del año en curso, mediante el cual, la autoridad responsable acordó como extemporáneo el escrito de objeción de pruebas que formuló por la inconforme, no produce efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos de ninguna de las partes, esto es, la falta de objeción de los medios de convicción allegados puede o no trascender al resultado del fallo definitivo y al constituir una violación procesal acaecida en el procedimiento natural, pueden impugnarse a través del juicio de amparo que se haga valer en contra de la determinación definitiva que se dicte en el procedimiento de origen, si la eventual afectación adjetiva trasciende en el resultado del fallo. Dicho de otro modo, en caso de que la actuación de la autoridad judicial llegara a ser considerada como violación procesal, la misma podrá impugnarse a través del juicio de amparo directo que se haga valer en contra de la determinación que se dicte en el contradictorio primigenio -previo cumplimiento al principio de definitividad-, la cual podrá ser sujeta de tutela desde luego, si la eventual afectación adjetiva trasciende al resultado de la determinación conclusiva. En consecuencia, al encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir a trámite la demanda de que se trata, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la conclusión aquí alcanzada; esto es, que el acto combatido no genera una afectación a sus derechos sustantivos, lo cual como ya como se dijo, es notorio y manifiesto para este órgano jurisdiccional, derivado de las alegaciones realizadas bajo protesta de decir verdad -lo cual crea certeza en este juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios tanto para las partes como para el propio Estado. En diverso aspecto, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica la parte promovente y por autorizados para los mismos efectos, incluso recibir documentos y valores a las personas señaladas en su escrito inicial. Asimismo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, toda vez que tienen inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se autoriza a la promovente la consulta vía internet del expediente electrónico, bajo el nombre de usuario *************** así como la presentación de promociones en términos del artículo 3 de la legislación de la materia. En consonancia, se instruye al secretario del juzgado encargado del trámite de este expediente, para que a más tardar el día en que se haga la publicación de este auto, proceda a realizar las gestiones correspondientes a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario Auxiliar de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibo del diverso con el que este juzgado le envió las constancias que remitió al presente sumario constitucional en apoyo a su informe justificado. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.

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