Verónica Tello Juárez

Expediente 1015/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1015/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
31/08/2015

Partes del expediente

  • Verónica Tello Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    MESA 4 PRAL. 1036/2013-.Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el actuario judicial adscrito llevador de este expediente, no notificó la sentencia dictada en este expediente a la comunidad tercera interesada. En esas condiciones, se comisiona al actuario judicial adscrito llevador de este expediente para que, de inmediato, notifique la resolución dictada en este expediente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    mesa 6 a pral. 1015/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiuno de agosto de dos mil quince. En atención a la razón de cuenta, se acuerda: Toda vez que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la razón de referencia, hace constar que no fue posible entregar el oficio 6356, dirigido al comandante o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, por el motivo que expone; en tales condiciones, se deja de tener como responsable en este expediente a la autoridad mencionada; ello, en atención al apercibimiento decretado por este Juzgado, en proveído de dieciséis de julio de este año (fojas 7); como así lo ilustran las tesis, cuyos datos de localización y rubros, son los siguientes: "Registro No. 167784 Localización: Novena É poca Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009 Página: 52 Tesis: 1ª./J. 111/2008 Jurisprudencia Materia(s): Común A) AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." "Octava Época Registro: 214867 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII, Septiembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 186 B) AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS." "Octava Época Registro: 215501 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 464 C) JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el mismo (fojas 36-38); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA el referido auto; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. En otro contexto, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    notificacion a la quejosa.- Número de expediente: 1290/2013 Acuerdo: MESA 3 B PRAL. 1290/2013-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de agosto de dos mil quince. Agréguese el oficio sin número del delegado de la autoridad responsable, tesorero municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huajuapan de León, Oaxaca, mediante el que informa con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo, y remite copia certificada del cheque a nombre de la quejosa Viridiana Micaela Estévez Salazar. Por lo que, con lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus derechos convenga. Transcurrido dicho plazo, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    mesa 6 a pral. 1015/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta y uno de julio de dos mil quince.Agréguese el oficio número 4760, signado por el secretario encargado del Juzgado Sexto de lo Penal, por ministerio de ley, residente en Ixcotel, Centro, Oaxaca, con el cual remite las constancias que le fueron solicitadas en auto de fecha veintiocho de julio del año en curso (foja 15), documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahogan en razón de su propia y especial natura, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva.Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad judicial de referencia, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º; se advierte que en este asunto se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:[.]XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Esto acontece, porque si bien es cierto que con fecha veintitrés de junio de dos mil quince, el juez Sexto de lo Penal, residente en Ixcotel, Centro, Oaxaca, en la causa penal número 107/2015, libró orden de aprehensión, en contra de la quejosa VERÓNICA TELLO JUÁREZ, como probable responsable en la comisión del delito de LESIONES SIMPLES, cometido en agravio de ALMA MIRIAM PÉREZ DÍAZ (foja 14); también lo es que en dicho proceso penal, con fecha veinticinco de julio de este año, decretó en contra de dicha quejosa, auto de formal prisión (fojas 22-35), por su probable responsabilidad en la comisión de ese ilícito; de ahí que con esta determinación ha operado un cambio en la situación jurídica de la procesada, aquí quejosa, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada se sustituyó jurídica y procesalmente por el indicado auto de formal prisión; lo que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada con el auto mencionado. En consecuencia, este juicio de amparo se torna legalmente improcedente, en términos de la fracción XVII del normativo 61 de la nueva Ley de Amparo, lo que impone SOBRESEERLO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal.Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". (Lo subrayado es propio de este Juzgado).Este fallo comprende el acto de ejecución que también se reclama al: 1) procurador General de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 2) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y 3) comandante o encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, residentes en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca; por cuanto que no se combate por vicios propios, sino su alegada inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión reclamada.Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia VI2°. J/7, visible a foja 690, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo II Segunda Parte-2, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS, CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios".En el entendido que el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, porque el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial"En esas condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio (foja 6).Por último, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal .NOTIFÍQUESE.

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