Verónica Santos Jarquín

Expediente 730/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
730/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Verónica Santos Jarquín
  • Verónica Santos Jarquín y Otros.
  • C. V. S.
  • Director General del Instituto Blaise Pascale.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 730/2023, promovido por Verónica Santos Jarquín, en representación del adolescente de identidad reservada C.V.S.; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través de su Buzón Judicial, del cual correspondió conocer, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ***, en representación del adolescente de identidad reservada C.V.S., solicitó el amparo y protección contra actos del Director General del Instituto Blaise Pascale, y otras autoridades. Narró los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 3, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró convenientes (fojas 6, 9 a 11). SEGUNDO. Trámite. I. En auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, previo cumplimiento de la parte quejosa del requerimiento que se le hizo, se admitió a trámite la demanda registrada con el número 730/2023; se solicitaron los informes justificados a las responsables; se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 35 a 40); finalmente, seguido el juicio por sus etapas procesales, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa, que corresponde a la jurisdicción de este órgano judicial, en términos del Acuerdo General 23/2018, y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En primer lugar y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que determina que la sentencia que se dicte en un juicio de amparo debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados; cabe precisar que del análisis íntegro de la demanda y constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, de las autoridades responsables: La resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, por la que se ordenó la suspensión definitiva del adolescente C.V.S., del Instituto Blaise Pascale, con motivo de las investigaciones realizadas en los expedientes disciplinarios 09/2023 y 10/2023; todo lo actuado en dichos procedimientos; y las consecuencias de dicha determinación, como lo es, el no permitirle concluir el curso intersemestral de física. La negativa de expedir una carta de buena conducta al adolescente C.V.S. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, agosto de 1998, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, resulta aplicable el criterio sostenido en la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Oportunidad de presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo es oportuna, en virtud de que los actos que se combaten, a través del juicio de amparo, fueron notificados a la parte quejosa el catorce de julio de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia de notificación respectiva (foja 135), por lo que, si aquélla presentó la demanda de amparo en comento en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés (foja 1); siendo que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, es evidente que se hizo dentro del plazo legal establecido, pues dicho plazo concluiría el siete de agosto del año en curso. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Director General del Instituto Blaise Pascale, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados (fojas 84 a 94). Además, la autoridad educativa remitió como anexo a su informe, copias certificadas de las constancias relativas (fojas 95 a 145, 153 a 206), mismas que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. En consecuencia, ante las propias manifestaciones de la autoridad responsable, así como de las constancias que remitió para dar legalidad a sus actuaciones, se tienen por ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial XVII.2º. J/10 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y seis, Abril de 1994, Octava Época, página sesenta y ocho, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Por su parte, las restantes autoridades responsables 2) Directora de Preparatoria del Instituto Blaise Pascale y 3) Coordinador de Orientación Educativa y Tutoría del Instituto Blaise Pascale, no rindieron su informe justificado, no obstante haber quedado notificadas de su solicitud, como consta de los sellos de recibido (fojas 45 y 46); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman. Resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 232226, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." QUINTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, es una cuestión que debe realizarse de oficio y preferentemente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia, y, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a/J. 76/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, Tomo XIX, Junio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE". En el caso, la autoridad responsable Director General del Instituto Blaise Pascale, al rendir su informe justificado (foja 88), aduce que en el caso se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II del mismo ordenamiento, toda vez que no se le puede considerar con el carácter de responsable, ya que los actos que ésta realiza por ministerio de ley, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La aludida causal de improcedencia es parcialmente fundada, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la suspensión definitiva del adolescente quejoso y demás actos relacionados con esa determinación, que se traduce en su baja de la institución educativa, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, respecto de dicho acto reclamado se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, debido a que en el caso concreto ese acto no puede ser considerado proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Respecto a los actos emitidos por centros educativos privados (escuelas particulares), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 327/2017, determinó que la baja o cese de un alumno de una escuela de ese tipo, por regla general no constituye un acto de autoridad equivalente. En la ejecutoria relativa, fechada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, destacan las siguientes consideraciones de interés: "(.) Para resolver el presente asunto, como se había anticipado, esta Sala debe explorar la construcción de estándares de aplicación del artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para determinar las condiciones en que los actos de particulares pueden ser justiciables directamente a través del juicio de amparo. El resto del presente apartado se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se precisará el parámetro de control de la cuestión planteada y se especificará que el enunciado normativo del citado precepto de la Ley de Amparo presenta un tipo de indeterminación semántica, por el tipo de términos vagos y ambiguos utilizados por el legislador, lo que genera la pertinencia de exigir un pronunciamiento interpretativo de esta Primera Sala; en segundo lugar, se procederá a resolver la referida indeterminación del parámetro del control a través de los precedentes relevantes de este Tribunal Constitucional, especificando un estándar de escrutinio aplicable y, finalmente, se resolverá el caso concreto a partir del estándar fijado en los anteriores puntos. (.) Por tanto, la decisión que ahora se revisa se puede formular como dos preguntas: ¿Debe calificarse como acto de autoridad para el juicio de amparo el realizado por una escuela, consistente en dar de baja a un alumno por la falta de pago de las colegiaturas correspondientes? Por otra parte, ¿Debe considerarse como acto de autoridad el acto de la escuela privada retener las calificaciones o evaluaciones del menor de edad? (.) Así, esta Sala considera que la correcta interpretación del artículo 5, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo es aquella que se ubica en medio de estos dos extremos, la cual no debe abordarse mediante el método literal, sino mediante el teleológico y sistemático, esto es, a través de aquel que busca atribuir significado a un enunciado normativo mediante la consideración del fin o propósito de la medida en la que se inserta, así como mediante la consideración del resto del parámetro de control constitucional. Esta Sala considera que le determinación del constituyente permanente de junio de dos mil once de reconfigurar las principios de diseño del juicio de amparo y la legislación secundaria aprobada en consecuencia deben provocar de esta Suprema Corte la construcción de estándares de aplicación que consideren cuidadamente la importante finalidad del constituyente de ampliar la procedencia del juicio de amparo más allá de sus límites clásicos para apuntalarlo como medio efectivo de protección de los derechos humanos. Sin embargo, al garantizar un efecto útil a este propósito, esta Suprema Corte debe evitar que los jueces constitucionales sustituyan a los jueces naturales en la resolución de los conflictos entre los particulares, ya que ello rompería con el delicado equilibrio de competencias alcanzado por el principio federal y de división de poderes. Aplicado lo anterior al artículo 5, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene que cuando el enunciado prescribe que el acto del particular debe cumplir con el requisito de que "su función se determine por una norma", ello no debe interpretarse en el sentido de actualizarse cuando cualquier norma jurídica regule la actividad del particular, sino sólo cuando una norma establezca "una función" de relevancia pública, que pueda predicarse "equivalente" de autoridad. En otras palabras, no es relevante que el acto del particular pueda referenciarse a una norma jurídica que lo regula, sino que debe constatarse que dicha norma apuntale esa actuación del particular como parte de una función estatal. La finalidad es constatar que el particular no utilice una regulación neutral, para generar un acto en perjuicio de otro particular -como lo sería la regulación civil que delimita negativamente la libertad contractual de las personas-, sino que sea el producto de una actuación particular cuyo sentido se encuentra respaldado afirmativamente por el orden jurídico y, por tanto, goce de ciertos privilegios propios de una actuación estatal. Así, el elemento fundamental dentro del precepto legal lo es el término de "equivalente" al de la autoridad, pues este término hace explícita la intención del autor de la norma de habilitar un poder discrecional de la autoridad judicial -un poder de calificación o de juicio de valor- entre dos extremos: entre aquel de la igualdad sustancial y el de la diferencia sustancial, esto es, entre el razonamiento analógico y el de disociación, que, respectivamente, buscan extender la calificación de acto de autoridad a actos de particulares por su semejanza material o, bien disociar de esta clase de actos aquellos de los particulares que no muestran esta semejanza material. Por tanto, el parámetro de control de la decisión en cuestión se fija con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el cual contiene una facultad de evaluación judicial que requiere del prudente ejercicio discrecional del ejercicio de razonamiento de analogía y disociación entre los actos típicos de autoridad y los de los particulares, que por lo pronto excluye los dos extremos precisados. Así, ahora lo relevante es identificar el estándar de aplicación de dicho parámetro, el cual ahora se procede a precisar conforme a los precedentes de esta Suprema Corte. Estándar de aplicación. En este apartado se responde a la pregunta ¿cuál es el estándar que controla el juicio de valor analógico consistente en determinar si entre un acto de particular (materia de la demanda) y el típico acto de autoridad existe una "equivalencia", esto es, una semeja material, o bien, una diferencial sustantiva? Como cualquier operación de evaluación analógica o de disociación en la comparación de dos elementos normativos, lo relevante para el juzgador es determinar si entre los actos a comparar existen un principio o racionalidad común, por lo que, en primer lugar, debe determinarse cuál es el principio por detrás del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo para determinar si el mismo puede encontrarse en algunos actos de particulares. El principio relativo es el de intervención pública, que es aquel que permite a un acto específico atribuirse al ordenamiento jurídico persoficado como autoridad, en virtud de lo cual se inviste a ciertos actos con la fuerza de imponerse unilateralmente, por lo que pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de las y los particulares, sin que su actuación requiriese la autorización previa de la parte afectada o la anuencia de un órgano judicial. Mientras que las autoridades emiten este tipo de acto en ejercicio de las competencias asignadas a los órganos a los que pertenecen, los particulares podrán emitirlos por la existencia de una habilitación, delegación, permisión o cualquier otro título suficiente, que posicione y asista al particular para generar un acto de ese tipo. (.) De lo anterior se puede concluir que la actual doctrina sobre el concepto de autoridad se ha construido progresivamente y puede decirse que el legislador la ha retomado para consagrar el actual contenido del artículo 5 de la ley de la materia; en este sentido, debe reiterarse que el criterio de este Tribunal Constitucional es material y exige una evaluación del acto reclamado, por tanto, no es relevante la naturaleza del órgano o autoridad responsable -si es un órgano de la administración pública centralizada o descentralizada, por ejemplo-, ya que lo determinante es verificar si un acto de este tipo se encuentra respaldado en el ordenamiento jurídico con un poder suficiente para que a través del mismo se pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral, criterio que ahora se retoma para hacerse extensiva, cuando se interprete el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, adaptado razonablemente al sujeto emisor, esto es, un particular. El criterio de esta Primera Sala es que siempre que se encuentre presente el referido principio de intervención pública, que permita atribuir la materialidad de un acto a la personificación estatal del ordenamiento jurídico, debe entenderse que el juez o jueza de amparo se encuentra habilitada para calificar a un acto de un particular como equivalente al de una autoridad por encontrarse una semejanza material entre ambas. Por tanto, esta Sala estima que debe aplicarse un estándar material que dirija a la autoridad judicial a evaluar el contenido del acto propuesto como reclamado; así, desde ahora esta Sala corrige la metodología utilizada por el juez de Distrito, quien consideró determinante la relación contractual entre las partes para descartar que un acto en ese contexto pueda actualizar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Contrario a ese estándar formal, esta Sala estima que debe considerase secundario constatar que entre las partes existe una relación de coordinación, ya sea por la existencia de un contrato o por consentimiento de éstas; lo relevante es evaluar el acto en concreto y determinar si su contenido puede relacionarse con el cumplimiento de una norma jurídica que atribuya a dicho particular la potestad de emitir actos de que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del particular, con independencia de su voluntad y en segundo lugar, que la materialidad de esa potestad pueda calificarse como una función con relevancia pública, ya sea porque ésta pueda atribuirse como una responsabilidad del Estado, quien la ha delegado, o bien, porque tenga como contenido un servicio público, lo que debe determinarse sobre la base de la consideración de distintos factores que denoten su naturaleza pública, por ejemplo, si ese acto se encuentra rodeado de beneficios o de condiciones favorables de asistencia por parte del poder estatal. Por ende, esta Sala considera que el estándar aplicable requiere verificarse a través de la comprobación de dos pasos; sin embargo, antes de precisarlos con mayor detalle, conviene hacer algunas precisiones previas. (.) Así, esta Suprema Corte adopta el criterio de que para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos -a los cuales ya se ha hecho mención- cuya comprobación permitirá determinar si la regulación estatal creó un espacio de decisión diferenciado en favor de ese particular en relación al resto, para investirlo de un poder normativo suficiente para generar actuaciones, que potencialmente podrían generar un perjuicio a los derechos humanos, respecto de cuyo contenido las normas jurídicas no son neutras, sino que lo promueven, incentivan o lo asistes afirmativamente, haciéndolo equivalente al de una autoridad. El primer paso del estándar exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente se pueda remitir a una fuente de autoridad estatal en términos generales, en otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública -a través de alguna norma jurídica- haya otorgado los medios para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso puede denominarse del "nexo". Ello, ya que la caracterización de este primer paso es constatar que el particular responsable haya usado un medio estatal para generar una afectación constitucional en contra de la parte quejosa. Este primer paso del test es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo aquellos de los particulares cuyo fundamento es una relación de coordinación únicamente, esto es, aquellos que no tengan un nexo con una potestad normativa de naturaleza estatal. El segundo paso del test es material y, exige, que habiéndose constatado la existencia del nexo entre el acto del particular reclamado y la fuente de autoridad, con independencia si se emite en el contexto de una relación de coordinación, debe evaluarse la materialidad de dicha prerrogativa, lo que supone evaluar si la prerrogativa utilizada por el particular reviste un carácter equivalente al de autoridad, esto es, determinarse si materialmente el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal -por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden de autoridad-, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado mexicano. Este segundo paso busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse de la constatación de la función pública. Si se comprueban ambos pasos del test, entonces, la autoridad judicial debe concluir que el acto del particular actualiza el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, al concluir que existe una semejanza material relevante entre el acto del particular y uno típicamente de autoridad, por lo que de no existir otro impedimento procesal, debe declararse la procedencia del juicio de amparo en su contra. (.) Análisis del caso concreto. Habiendo precisado el estándar anterior, procede analizar el caso concreto. Como se había anticipado, en la sentencia del juez de Distrito se precisaron como actos reclamados dos distintos: 1) la expulsión y baja del ********** del menor **********, contenida en la resolución del diecinueve de enero de dos mil quince y 2) la retención de boleta de calificaciones y exámenes del quejoso en lo va del ciclo escolar 2014-2015. Ambos actos se tuvieron por ciertos por el Juez de Distrito y, como se había establecido, dicha decisión ya no es revisable Por tanto, ahora se procede a evaluar ambos actos de manera autónoma con base en el estándar de dos pasos fijados en el apartado anterior. En primer lugar, esta Sala considera que debe confirmarse el sobreseimiento por lo que respecta al primer acto, ya que no se supera el primero de los elementos del test. En efecto, la expulsión y baja del menor quejoso es un acto cuya generación deriva de una fuente contractual y, por tanto, se controla mediante un contenido convencional específico. Por tanto, este acto no supera el primer paso del test, ya que no se acredita el nexo entre el acto del particular y una potestad normativa atribuida al Estado. (.) Por tanto, como se observa, la determinación reclamada es el producto de la controversia de las partes sobre el sentido y contenido del contrato celebrado por ellas. Si bien es cierto que ese contrato fue suscrito en virtud de un conjunto de normas jurídicas que habilitan al colegio privado para prestar el servicio de educación básica, lo relevante es que respecto al contenido del contrato materia de la litis, el ordenamiento jurídificado es neutro, en cuanto no toma partido a favor del colegio privado, ni, por tanto, lo asiste con los beneficios o atributos del ejercicio de la función pública en las incidencias propias del acto de la celebración de ese tipo de actos contractuales, ya que la decisión de optar por una escuela privada, en lugar de una escuela pública, y las condiciones de permanencia en dicha opción, por cumplimiento de las condiciones pactadas en ese contrato, se reserva a la libertad de las personas. En este orden de ideas, esta Sala estima que es correcta la afirmación de la parte recurrente, en el sentido de que no corresponde a la autoridad de amparo pronunciarse sobre la validez de los contratos, ni sobre la corrección de los actos realizados para dar cumplimiento al mismo. La jurisdicción de control constitucional no puede sustituirse en la jurisdicción ordinaria para tomar decisiones en ese aspecto de legalidad. Esta ha sido una premisa consistente de la jurisprudencia de esta Suprema Corte que no debe variar con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Por tanto, la corrección de la decisión de la escuela privada no puede ser objeto de evaluación en este juicio constitucional y nada en esta sentencia debe interpretarse en el sentido de avalar o reprochar la decisión ahí contenida. Lo relevante para esta decisión es que el acto analizado tiene como causa generadora el contenido de un contrato celebrado con la parte quejosa, por lo que no existe un nexo entre una autoridad normativa y el acto del particular, sino una regulación neutral del Estado, por lo que no se supera el primer paso del estándar. (.) Pues bien, como se observa, la educación es un derecho social de jerarquía constitucional, el cual se garantiza a través del servicio público de educación, siendo obligatorio en el nivel básico. Para satisfacer este derecho, se dispone que el Estado -a través de sus distintos niveles de gobierno- debe prestar directamente este servicio respetando determinados principios y condiciones previstas en el artículo 3° de la Constitución Federal. Por tanto se trata de un servicio público reglado. Sin embargo, lo relevante para el análisis de este primer acto señalado como reclamado es que los particulares tienen una prerrogativa constitucional para participar en la prestación de dicho servicio público, mediante la obtención de una autorización estatal, que los habilita para ello y los integra al sistema educativo nacional, pero siendo silencioso respecto a la etapa en las que ofrecen ese servicio al mercado y las condiciones de contratación de sus servicios con los particulares, lo que evidencia la neutralidad de la Constitución respecto de este punto. Por tanto, aunque la oferta de sus servicios y la posible demanda del mismo por parte de las personas requiera necesariamente de la obtención de una autorización oficial, ésta se determine contractualmente de acuerdo a las reglas del mercado, por lo que, por regla general, no cabe reconocer a los particulares como equivalentes a las autoridades. Así, aunque conforme a lo expuesto, en la prestación del servicio público de educación básica, los particulares -que han obtenido una autorización oficial- pueden encontrarse empoderados por el ordenamiento jurídico para emitir actos equivalente a los autoridad, ello no es así en la etapa relativa al ingreso, permanencia o salida de ese servicio público, ya que respecto de ello el ordenamiento jurídico es neutro: lo reserva a la libertad contractual de las partes. (.)". De dicha sentencia surgió la tesis aislada 1a. XXII/2020 (10a.), publicada en la página 3042, del Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021960, de epígrafe y texto siguientes: "BAJA O CESE DE UN ALUMNO DE UNA ESCUELA PRIVADA DEL NIVEL BÁSICO. POR REGLA GENERAL, NO ACTUALIZA EL CARÁCTER DE ACTO DE AUTORIDAD EQUIVALENTE. Hechos: El juicio de amparo se interpuso en contra de diversos actos de una escuela privada de nivel básico, entre ellos la baja de un menor de edad. Criterio jurídico: Cuando dicho acto se emite por una escuela privada por incumplimiento de una obligación contractual pactada como condición de ingreso y permanencia -como es el pago de una contraprestación- es un acto cuya generación deriva de una fuente contractual y, por tanto, se controla mediante un contenido contractual específico, no obstante que se requiera autorización oficial para prestar los servicios. Por tanto, este acto no supera el primer paso del estándar fijado por esta Primera Sala para determinar actos de autoridad equivalentes, ya que no se acredita el nexo entre el acto del particular y una potestad normativa atribuida al Estado. Justificación: La educación es un derecho social de jerarquía constitucional, el cual se garantiza a través de su caracterización como servicio público de educación, siendo obligatorio en el nivel básico. Para satisfacer este derecho, se dispone que el Estado debe prestarlo directamente, respetando determinados principios y condiciones previstos en el artículo 3o. de la Constitución Federal. Lo relevante es que en la fracción VI de la norma constitucional se prevé que los particulares tienen una prerrogativa para participar en la prestación de dicho servicio público, mediante la obtención de una autorización estatal, que los habilita para ello y los integra al sistema educativo nacional, pero siendo silencioso respecto a la etapa en la que ofrecen ese servicio al mercado y las condiciones de contratación de sus servicios con los particulares, lo que evidencia la neutralidad de la Constitución respecto de este punto: lo reserva a la libertad contractual. Así, la decisión de optar por una escuela privada, en lugar de una escuela pública, y las condiciones de permanencia en dicha opción, por cumplimiento de las condiciones pactadas en ese contrato, se reserva a la libertad de las personas". Ahora bien, del criterio sostenido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, es conveniente destacar los puntos siguientes: Mediante una interpretación teleológica y sistemática, la Primera Sala determinó que la expresión "su función se determine por una norma", contenida en el artículo 5º, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe entenderse no como cuando cualquier norma jurídica regule la actividad de los particulares, sino sólo cuando la norma establezca una función de relevancia pública, que pueda predicarse "equivalente" de autoridad, esto es, únicamente cuando la norma apuntale esa actuación del particular como una parte de la función estatal. El principio de intervención pública permite a las autoridades emitir actos en ejercicio de las competencias asignadas a los órganos a los que pertenecen; mientras que los particulares pueden emitirlos por la existencia de una habilitación, delegación, permisión o cualquier otro título suficiente, que posicione y asista al particular para generar un acto de ese tipo. Se destaca que para determinar la naturaleza de un acto de autoridad proveniente de los particulares, es de relevancia secundaria la existencia de una relación de coordinación; sino que lo primordial es evaluar el acto concreto y determinar si su contenido puede relacionarse con el cumplimiento de una norma jurídica que atribuya a dicho particular la potestad de emitir actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del particular, con independencia de su voluntad y en segundo lugar, que la materialidad de esa potestad pueda calificarse como una función con relevancia pública, ya sea porque ésta pueda atribuirse como una responsabilidad del Estado, quien la ha delegado, o bien, porque tenga como contenido un servicio público, lo que debe determinarse sobre la base de la consideración de distintos factores que denoten su naturaleza pública, por ejemplo, si ese acto se encuentra rodeado de beneficios o de condiciones favorables de asistencia por parte del poder estatal. Para comprobar la existencia de un acto proveniente de un particular equivalente al de una autoridad, en la referida ejecutoria se propone una metodología que se compone de dos pasos, a saber: i) el primero (denominado nexo), que consiste en comprobar que la autoridad pública -a través de alguna norma jurídica- haya otorgado los medios para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano; y que, el particular responsable haya usado un medio estatal para generar una afectación constitucional en contra de la parte quejosa. Este primer paso del test es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo aquellos de los particulares cuyo fundamento es una relación de coordinación únicamente, esto es, aquellos que no tengan un nexo con una potestad normativa de naturaleza estatal; ii) el segundo (es material) y, exige, que una vez constatada la existencia del nexo entre el acto del particular reclamado y la fuente de autoridad, con independencia si se emite en el contexto de una relación de coordinación, debe evaluarse la materialidad de dicha prerrogativa, lo que supone examinar si materialmente el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal; bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular; o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado mexicano. Este segundo paso busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse de la constatación de la función pública. Y que en el caso de actos relacionados con el ingreso, permanencia o salida de los servicios educativos otorgados por las escuelas particulares, la Ley General de Educación es neutra, ya que respecto a la etapa de ofrecimiento del servicio educativo y las condiciones de contratación con los particulares, dicha normatividad es silenciosa y, por tanto, en esos rubros se pactan contractualmente conforme a las reglas del mercado y, por lo mismo, por regla general ese tipo de actos provenientes de las escuelas particulares no deben ser reconocidos como equivalentes a los de una autoridad. Ahora bien, conforme a esas directrices, se procede a evaluar el caso concreto contenido en la demanda de amparo. Así, se tiene que la parte quejosa reclama, esencialmente, la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, por la que se ordenó la suspensión definitiva del adolescente C.V.S., del Instituto Blaise Pascale, con motivo de las investigaciones realizadas en los expedientes disciplinarios 09/2023 y 10/2023; todo lo actuado en dichos procedimientos; y las consecuencias de dicha determinación, como lo es, el no permitirle concluir el curso intersemestral de física. Al respecto, los artículos 1, 6, 31 y 146 de la Ley General de Educación, disponen: "Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. (.)" "Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior." "Artículo 31. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias." "Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios." De los citados numerales se desprende que el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Federal, se encuentra reglamentado en la Ley General de Educación, cuyo objeto es regular la educación -preescolar, primaria, secundaria y media superior- que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y se encuentra sujeta a la rectoría del Estado. Ahora, si bien, de acuerdo a la ley reglamentaria, los particulares participan en la prestación del servicio público de educación, mediante la obtención de una autorización estatal, que los habilita para ello, y los integra al sistema educativo nacional, también lo es, que dicho ordenamiento jurídico no regula expresamente las condiciones de contratación de sus servicios con los particulares, como lo es, el ingreso, permanencia o salida de las instituciones. De ahí que en el caso en concreto la baja de la Preparatoria Blaise Pascale, al no estar normada por la Ley General de Educación, no puede ser considerado proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino ese aspecto forma parte del acuerdo de voluntades celebrado entre la madre del menor y la escuela particular. El hecho que una escuela privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las escuelas particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. La consideración anterior, se hace derivar de la jurisprudencia 65/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." En efecto, de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en que se sustenta el fallo recurrido, se advierte que la Segunda Sala de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: ".De acuerdo con lo ya determinado por esta Sala, los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son: ---  Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. ---  Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. ---  Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general. --- Tomando en cuenta estos elementos, debe decirse que un contrato de prestación de servicios educativos privados no genera actos de autoridad por parte de la institución, sino que origina una relación de coordinación, derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad. Esto es, los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidos de imperio ni por mandato de una norma general. --- Es verdad que el derecho humano a la educación contenido en el artículo 3o. de la Ley Suprema es de esencial importancia social, de conformidad no sólo con nuestra Constitución, sino con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales; sin embargo, la estructura jurídica creada para satisfacer tal derecho es compleja, y no sólo el Estado actúa para brindar el servicio, sino también los particulares, a quienes se autoriza a impartir educación, en los términos en que nuestra Carta Magna y las leyes respectivas lo disponen (tal como ocurre en muchos otros países). Es así que el Estado y los particulares pueden impartir educación, en términos de la Constitución Federal, pero los particulares, al hacerlo no se equiparan a una autoridad. --- La relación que surge entre un instituto educativo privado y los alumnos no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos acordado en el contrato de prestación de servicios educativos que al respecto firman, y conforme al cual la institución privada determina los requisitos inherentes al servicio que presta. Contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución educativa y alumno). --- Cuando se contrata la prestación privada de servicios educativos las partes fijan de común acuerdo una retribución económica, y quien contrata el servicio acepta someterse a las disposiciones internas de la institución educativa, en una especie de contrato privado de adhesión para recibir un servicio y no en una norma general. --- Las determinaciones que tome una universidad privada con respecto a sus alumnos trascienden en el ámbito privado a los derechos y obligaciones para con la propia institución, pues el origen está en la voluntad de las partes y en la normativa interna que fue aceptada voluntariamente por quién solicitó el servicio. --- La universidad privada no ejerce un poder público frente a sus alumnos, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Esto es así, porque: --- 1 El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley. --- 2 La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron. --- Es verdad que para impartir el servicio de educación se requiere contar con autorización del Estado, en términos de las leyes y reglamentos correspondientes; sin embargo, ese hecho no le da el carácter de autoridad a quien presta un servicio educativo privado, pues no sólo en este ramo, sino en muchos otros, el particular requiere obtener una autorización estatal para dedicarse a la actividad que le acomode, y esa condición (contar con autorización del Estado) no lo equipara a una autoridad. --- Por todo esto es que, como en un inicio se apuntó, las universidades privadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo. --- La tesis de jurisprudencia debe quedar redactada de la siguiente manera: UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Acorde con las anteriores consideraciones, es inconcuso que son infundados los argumentos de la parte quejosa que tienen como fin evidenciar que sí es acto de autoridad el reclamado a la Preparatoria Blaise Pascale, consistente en la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente disciplinario 009/2023, por el Consejo de Administración de la mencionada preparatoria, en la que se determinó la expulsión definitiva del quejoso adolescente, por realizar actos de agresión de género previstos en el artículo 63, incisos e) y f) de la normatividad interna de dicha preparatoria en perjuicio de la adolescente de iniciales M.F.R.M.; pues como ya se dijo, existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicables al caso concreto en cuanto al tema cuestionado y que da respuesta en forma integral a lo planteado en el escrito de demanda. Por tanto, se reitera que los actos reclamados en esta contienda constitucional, al emanar de una preparatoria privada como lo es el Instituto Blaise Pascale, en que se atiende lo relativo a la expulsión de dicha institución de un alumno por incumplir con la normativa interna de dicha institución, por incurrir en faltas disciplinares, no son actos de autoridad para efectos del amparo, ya que la relación entre las Instituciones educativas particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes; de ahí que, como se dijo en líneas precedentes la causa de improcedencia invocada por la responsable es fundada. Lo anterior, porque a pesar de que la prestación del servicio de educación, corresponde originalmente al Estado y se encuentra regulado en un ordenamiento legal, así como que para ello, es menester que el plantel educativo cuente con una autorización previa; tales circunstancias son insuficientes para considerar que los actos relacionados con la disciplina al interior de la escuela preparatoria, puedan ser considerados equivalentes al de una autoridad como exige el artículo 5º, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo; pues en cuanto a ese aspecto -reglas disciplinarias y baja de alumnos-, dicha ley es neutra, ya que no contiene regulación alguna al respecto. De ahí que todo lo relacionado a las reglas disciplinarias y causas de baja de un alumno, quedan comprendidas en un marco de coordinación, esto es, por virtud del acuerdo de voluntades entre la institución educativa y la madre del menor al momento de aceptar los términos y condiciones de la prestación del servicio (foja 133) En consecuencia, como no existe diverso planteamiento de improcedencia, ni éste Juzgado de Distrito advierte alguno que deba examinarse, se procede al estudio de la litis planteada. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se contienen en su escrito de demanda, sin que sea necesario transcribirlos pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al impetrante de amparo, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma; máxime que en el apartado correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Visible en la foja 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, conducen a determinar lo siguiente respecto del acto reclamado consistente en la negativa del Instituto Blaise Pascale de expedir una carta de buena conducta al adolescente C.V.S. Debe concederse la protección constitucional solicitada, pues tras analizar la actuación de los particulares señalados como responsables, se concluye que es violatoria del artículo 3 de la Constitución Federal que dispone: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. (.) El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativo. (.) VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo, y Inciso reformado DOF 15-05-2019 b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; (.)" En efecto, atento a la naturaleza del acto que se reclama, se concluye que el acto reclamado es violatorio del artículo 3 constitucional, pues sus efectos restringen el derecho a la educación reconocido tanto en la Constitución, como en diversos instrumentos internacionales, en favor del menor aquí quejoso. Es así, porque el derecho a la educación es un derecho social de jerarquía constitucional, cuyas exigencias normativas se consagran principalmente en el citado artículo 3º de la Constitución. La técnica de garantía de este derecho descansa en su concepción como un servicio público. En efecto, el artículo 3 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a la educación; correlativamente, establece que el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria (todas ellas conforman la educación básica), medio superior y superior, destacando que la educación básica y la media superior serán obligatorias. Asimismo, que corresponde al Estado la rectoría de la educación, y que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. De igual manera, debe precisarse que el artículo 114, fracción VI de la referida legislación establece que corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, "revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida". Por otra parte, los precitados artículos 141 y 143 de la Ley General de Educación establecen: "Artículo 141. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República. (.)". "Artículo 143. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional.". Como se observa, el artículo 141 de la referida legislación establece que los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la república, razón por la cual todas las instituciones del sistema educativo nacional -incluidas las escuelas particulares- tienen la obligación de expedir certificados y otorgar constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Por su parte, el artículo 143 establece que la regulación respectiva debe facilitar el tránsito de educandos en el sistema educativo nacional, por lo que los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje. Por tanto, debe concluirse que la generación de documentos que certifican las evaluaciones de los destinatarios del servicio de educación y constancias o cartas de buena conducta, es una prerrogativa que encuentra su origen y fundamento en la ley, por lo que la escuela privada, al no entregarlos, no despliega esa actuación en ejercicio de una acción particular regulada únicamente por el contrato de prestación de servicios que celebra con quienes pretenden acceder a ese servicio, sino que esa potestad se le otorga en la legislación, ya que es a través de dicha documentación que se facilita el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional. Al efecto, se cita la jurisprudencia 78/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 185, Registro digital: 2015300, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. SU REFERENTE NORMATIVO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro sistema jurídico las principales fuentes de reconocimiento de derechos humanos son la propia Constitución y los tratados internacionales de los que el país es parte. El derecho humano a la educación está reconocido tanto en los artículos 3o. y 4o. de la Constitución, como en diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan los artículos XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"; y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las normas citadas coinciden en lo esencial, entre otras cosas, en lo relativo a que la titularidad del derecho a la educación es de toda persona; en que el contenido de la educación básica debe estar orientado a posibilitar la autonomía de sus titulares y a habilitarlos como miembros de una sociedad democrática; en que la enseñanza básica debe ser asequible a todos sin discriminación, de manera obligatoria, universal y gratuita, y el Estado debe garantizarla; y en que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos y los particulares a impartirla, siempre y cuando respeten el contenido mínimo de ese derecho." Así, las prerrogativas asignadas por el ordenamiento jurídico a los referidos particulares para prestar el referido servicio público sólo pueden crear un espacio diferenciado en favor de estos para cumplir dicha finalidad, esto es, para lograr una mayor disponibilidad del bien básico para el mayor número posible; por tanto, debe rechazarse constitucionalmente cualquier posibilidad interpretativa de esas prerrogativas que tenga como consecuencia investir a los particulares con una autorización para imponer obstáculos a las personas o generar dificultades para ejercer el disfrute del derecho a la educación. Entonces, si el acto reclamado, es la negativa de expedir una carta de buena conducta al adolescente C.V.S. que le permita el ingreso a otra institución educativa a efecto de continuar con su educación media superior, atribuida a los particulares señalados como responsables, se traduce materialmente en una restricción que le impide acceder o disfrutar del derecho humano a la educación reconocido en favor del directo quejoso, es evidente que, es inconstitucional, pues viola el contenido de las normas que lo reconocen, al tratarse de un acto de un particular autorizado para impartirla que no respeta el contenido mínimo de ese derecho. Ello porque las instituciones educativas no pueden condicionar el acatamiento de sus obligaciones legales, por ser esto incompatible con la función constitucional que los particulares pueden realizar al lograr una autorización para la prestación del servicio, en términos de la fracción VI del artículo 3 de la Constitución. Ciertamente, como se ha establecido, la decisión de optar por una escuela privada en lugar de una pública se encuentra reservada a los particulares y el ordenamiento jurídico es neutro respecto al contenido contractual que adopten; sin embargo, debe rechazarse que los particulares puedan condicionar el cumplimiento de sus obligaciones legales, en este caso, permitir o facilitar el tránsito de los educandos a otro centro educativo. Además, la institución educativa debe actuar con perspectiva de infancia, ya que debe tomar en consideración que el adolescente quejoso es una persona en formación y que necesita el apoyo del entorno en el que se desenvuelve para alcanzar mejores condiciones personales. Pero de ninguna manera estigmatizarlo o ponerle obstáculos que le impidan continuar con su educación. En consecuencia, dada la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe concederse la protección de la justicia federal solicitada por el directo quejoso, pues de esta manera podría obtener la carta de buena conducta al adolescente C.V.S. que le permita el ingreso a otra institución educativa a efecto de continuar con su educación media superior, ya que materialmente dicho documento se convierte en una condición de tránsito necesaria en el sistema educativo nacional, y de accesibilidad al derecho a la educación, que le reconoce el artículo 3 de la Constitución Federal. Orienta el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, la tesis XXIII/2020, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, página 3056, Registro digital: 2022006, de rubro y texto: "RETENCIÓN DE BOLETAS DE CALIFICACIONES Y DEMÁS MATERIAL DE EVALUACIÓN POR PARTE DE UNA ESCUELA PRIVADA DEL NIVEL BÁSICO. SUS CONDICIONES DE VALIDEZ. Hechos: El juicio de amparo se interpuso contra una escuela privada de nivel básico por diversos actos, uno de los cuales era la retención de su documentación. Criterio jurídico: En términos del estándar establecido para aplicar el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala concluye que un acto de esta naturaleza debe considerarse como equivalente de autoridad, cuya validez se condiciona a que no viole las condiciones de acceso al derecho a la educación. Justificación: El referido acto supera el primer paso del estándar, consistente en verificar la existencia de un nexo entre el ordenamiento jurídico (una fuente normativa de naturaleza estatal) y el reclamado, ya que la retención de los documentos que avalan las calificaciones de un menor se realiza con base en una habilitación normativa que posiciona a la escuela privada con el poder de generar dichas evaluaciones y disponer de las mismas, desde su posición única de prestador del servicio público de educación básica. Igualmente, se cumple con el segundo paso, que requiere determinar si el nexo jurídico entre el acto del particular y una fuente normativa de naturaleza estatal tiene una relevancia de función pública, ya que es una función pública -propia de la autoridad- validar los estudios de las personas, como parte de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. Ahora bien, para determinar la validez de dicho acto, en primer lugar, debe comprobarse si con la retención la escuela privada busca cumplir con el contenido de una norma jurídica que regula las condiciones de su autorización para prestar el servicio; de no ser el caso, debe declararse su invalidez; en el supuesto de que se cerciore de la existencia de una norma que respalde esa decisión, debe determinarse si el contenido de esa decisión es compatible con la función constitucional asignada al particular, que es la de ampliar las posibilidades de acceso de las personas a ese bien básico, en términos del fin del artículo 3o. constitucional, resultando inválidos aquellos que tengan como efecto o consecuencia obstaculizar la libertad de las personas para decidir optar por cualquiera de las modalidades de oferta del servicio de educación básica.". OCTAVO. Efectos. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, los particulares señalados como responsables deberán poner en disposición inmediata del adolescente de identidad reservada C.V.S., por conducto de Verónica Santos Jarquín, la carta de buena conducta que le permita el ingreso a otra institución educativa a efecto de continuar con su educación media superior, en la cual, en su caso, podrán asentar alguna observación respecto a la necesidad de acompañamiento que le permita superar cualquier condición que pudiera afectarle. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio promovido por ***, en representación del adolescente de identidad reservada C.V.S., en términos del considerando quinto de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, en representación del adolescente de identidad reservada C.V.S., contra el acto atribuido al Director General del Instituto Blaise Pascale, y otras autoridades, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ********************, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, remite copia de un escrito signado por el adolescente quejoso ********************; lo cual, se considerará en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos signados por ***********, madre de la adolescente tercera interesada M.F.R.M., y el Director General del Instituto Blaise Pascale, mediante los cuales, comunican las acciones de incumplimiento por parte del adolescente quejoso C.V.S., respecto de las medidas decretadas en la resolución interlocutoria de siete de agosto del año en curso. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable remitiendo en sobre cerrado diversas constancias, así como un dispositivo USB, para acreditar su dicho; por tanto, se ordena agregar dicho sobre cerrado a los autos, dado el carácter confidencial de la información remitida, a fin de proteger los datos personales de los adolescentes en el presente incidente de suspensión. Vista Ahora, previo a analizar si la parte quejosa se encuentra cumpliendo las medidas que le fueron fijadas para que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida en el presente incidente, con los escritos y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, manifieste lo que a sus derechos convenga. Notifíquese por lista electrónica y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el Director General del Instituto Blaise Pascale, por el que, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, realiza diversas manifestaciones, las cuales, se considerarán en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista electrónica.

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