Veronica Salazar Ledo
Expediente 1052/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Veronica Salazar Ledo
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se 1 Plazo del cual deben descontarse del uno al cinco de noviembre de dos mil veintitrés, por ser inhábiles. declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General, ya que la demanda fue desechada de plano. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión relacionado con este asunto, porque la demanda se desechó de plano. Carátula del expediente de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su cargo, realice las anotaciones correspondientes en las carátulas del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.
- Principal
Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número orrespondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano * Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes * Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa comprende lo que denomina como una orden de Investigación, localización, presentación y detención librada en su contra, así como su ejecución. Pero la emisión de dicho acto la atribuye únicamente a doce autoridades ministeriales, mientras que -afirma- el mismo será ejecutado por el Jefe de la Unidad Administrativa que integra la * Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. En primer lugar, se realizara el pronunciamiento respecto del acto consistente en la orden de investigación emitida contra la quejosa. La investigación que realice cualquier agente del Ministerio Público, en alguna carpeta de investigación o averiguación previa formada contra de la quejosa por hechos con apariencia de delito, encuentra desde este momento la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo. A fin de demostrarlo, es necesario indicar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de tutela constitucional sólo puede promoverlo el gobernado a quien le afecte el acto, omisión o ley que se reclama. Ello, porque el objetivo del juicio de amparo se traduce en reparar las violaciones que determinado acto, omisión o ley de autoridad, hubiera generado sobre los derechos de la quejosa. No obstante, la posible actividad que se presente en una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad -investigación- que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra la orden de investigación o integración para la eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación -que se traduce en la integración-, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obligará a actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre el acto delimitado como: la orden de investigación emitida en su contra dentro de una investigación reclamada a los agentes del ministerio público señalados como responsables, pues la investigación o integración que realice cualquier agente del Ministerio Público, en una carpeta de investigación formada contra la quejosa, no le genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Máxime que el derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales que asisten a las personas imputadas, fueron contemplados en el diseño del sistema penal acusatorio, bajo el cual se tramitan las carpetas de investigación, razón por la cual no pueden advertirse afectaciones a la quejosa, con la supuesta actividad de la responsable ordenadora, y menos ante el escenario de mera investigación o integración como se desprende de los antecedentes relatados por ésta, pues ningún acto de molestia informó que haya sido emitido en su contra. Lo cual obedece, como se dijo, a que el trámite de alguna carpeta de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos de la quejosa, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Así, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el acto antes citado Consecuentemente, de conformidad con los artículos 61, fracción XII, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa respecto del referido acto - orden de investigación, y su ejecución-, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. En segundo lugar, esta operadora jurídica realizara el pronunciamiento respecto a los actos consistentes: en la orden de localización, presentación y detención, así como su ejecución. Así, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa está circunscrito en realidad a una orden de presentación con fines de investigación emitida para la quejosa, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de ésta en una carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, permiten afirmar que estas sólo pretenden recabarle declaración a la quejosa en una carpeta de investigación. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que el acto reclamado en la demanda, converge a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un indiciado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el indiciado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al indiciado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos criminosos, aun cuando ello es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por la quejosa, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con la fracción V del diverso 107, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales3 , el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. * Por tanto, de conformidad con los 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, porque los actos que reclamó en la demanda encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el despacho ubicado en la casa marcada con el número *. Por otra parte, Braulio Ricardo Peña queda autorizado sólo para oír y recibir notificaciones, dado que no cuentan con registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número orrespondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano * Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes * Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa comprende lo que denomina como una orden de Investigación, localización, presentación y detención librada en su contra, así como su ejecución. Pero la emisión de dicho acto la atribuye únicamente a doce autoridades ministeriales, mientras que -afirma- el mismo será ejecutado por el Jefe de la Unidad Administrativa que integra la * Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. En primer lugar, se realizara el pronunciamiento respecto del acto consistente en la orden de investigación emitida contra la quejosa. La investigación que realice cualquier agente del Ministerio Público, en alguna carpeta de investigación o averiguación previa formada contra de la quejosa por hechos con apariencia de delito, encuentra desde este momento la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo. A fin de demostrarlo, es necesario indicar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de tutela constitucional sólo puede promoverlo el gobernado a quien le afecte el acto, omisión o ley que se reclama. Ello, porque el objetivo del juicio de amparo se traduce en reparar las violaciones que determinado acto, omisión o ley de autoridad, hubiera generado sobre los derechos de la quejosa. No obstante, la posible actividad que se presente en una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad -investigación- que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra la orden de investigación o integración para la eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación -que se traduce en la integración-, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obligará a actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre el acto delimitado como: la orden de investigación emitida en su contra dentro de una investigación reclamada a los agentes del ministerio público señalados como responsables, pues la investigación o integración que realice cualquier agente del Ministerio Público, en una carpeta de investigación formada contra la quejosa, no le genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Máxime que el derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales que asisten a las personas imputadas, fueron contemplados en el diseño del sistema penal acusatorio, bajo el cual se tramitan las carpetas de investigación, razón por la cual no pueden advertirse afectaciones a la quejosa, con la supuesta actividad de la responsable ordenadora, y menos ante el escenario de mera investigación o integración como se desprende de los antecedentes relatados por ésta, pues ningún acto de molestia informó que haya sido emitido en su contra. Lo cual obedece, como se dijo, a que el trámite de alguna carpeta de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos de la quejosa, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Así, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el acto antes citado Consecuentemente, de conformidad con los artículos 61, fracción XII, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa respecto del referido acto - orden de investigación, y su ejecución-, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. En segundo lugar, esta operadora jurídica realizara el pronunciamiento respecto a los actos consistentes: en la orden de localización, presentación y detención, así como su ejecución. Así, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa está circunscrito en realidad a una orden de presentación con fines de investigación emitida para la quejosa, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de ésta en una carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, permiten afirmar que estas sólo pretenden recabarle declaración a la quejosa en una carpeta de investigación. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que el acto reclamado en la demanda, converge a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un indiciado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el indiciado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al indiciado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos criminosos, aun cuando ello es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por la quejosa, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con la fracción V del diverso 107, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales3 , el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. * Por tanto, de conformidad con los 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, porque los actos que reclamó en la demanda encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el despacho ubicado en la casa marcada con el número *. Por otra parte, Braulio Ricardo Peña queda autorizado sólo para oír y recibir notificaciones, dado que no cuentan con registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias
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