Veronica Marin Bautista

Expediente 433/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
433/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Veronica Marin Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 433/2023-IX. Puebla, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Causa estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el referido proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 433/2023-III. Puebla, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por Verónica Marín Bautista, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Cholula, Puebla , y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se tiene una demanda de amparo presentada por la quejosa Verónica Marín Bautista, en la que reclama: En esa tesitura, se obtiene que la quejosa reclama el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el dos de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 57/2023/Cholula. Con esa óptica, esta autoridad advierte la existencia y operatividad de una causa que vuelve inejercible la acción de tutela constitucional, puntualmente la prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, la cual refiere: De la fracción XIV en cita, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando los quejosos no lo promueven dentro de los plazos previstos para tal efecto, pues se entiende que lo ha consentido tácitamente. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque éste prevé el plazo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales: De lo anterior se obtienen cinco plazos para la presentación de la demanda: uno genérico y cuatro específicos. Sin embargo, dado que la quejosa reclama un auto de vinculación a proceso librado en su contra por una autoridad judicial, el mismo debe someterse al plazo genérico; esto, quince días. Ello, porque no se trata de una norma general, de una sentencia definitiva en materia penal, no involucra derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, ni se reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Ahora, según lo manifiestan la propia promovente -bajo protesta de decir verdad-, el acto reclamado fue emitido el dos de marzo de dos mil veintitrés y tuvo conocimiento del mismo en esa data, pues como bien lo indicó en el capítulo de hechos, dicho auto se verificó en audiencia en la cual estuvo presente, asistida de su defensor público. Cabe precisar que, de conformidad con el último párrafo del numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha notificación surtió efecto el día hábil siguiente. Por tanto, es concluyente que, según lo manifestado por la propia quejosa, el dos de marzo de dos mil veintitrés tenía pleno conocimiento de la determinación que ahora reclama, y el plazo para presentar la demanda de amparo comenzó a computarse el seis del mismo mes y año. De modo que el plazo de quince días le transcurrió del seis de marzo de dos mil veintitrés al veintiocho de marzo de dos mil veintitrés5 , tal como se puede observar en la siguiente tabla: Entonces, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintisiete de abril de dos mil veintitrés (como se desprende del sello de recepción plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla) es claro que la quejosa excedió el plazo de quince días que tenían para ello. Dicha circunstancia se convierte en un consentimiento tácito del acto reclamado, pues no se advierte ninguna circunstancia que justificara dicho retardo en la presentación de la demanda. En consecuencia de lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por Verónica Marín Bautista. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. La promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado, por ello se tiene dicho medio para tales efectos. En relación a los medios de contacto no procesal (correo electrónico y teléfono) que indica en su demanda, solo serán considerados por los actuarios judiciales, cuando la situación lo amerite para tener contacto con la quejosa, lo anterior, con fundamento en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.. Por otra parte, quedan autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo los profesionistas que indica en su demanda, porque no se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. En ese sentido, se toma conocimiento de la oposición expresa del quejoso para la publicación de sus datos personales, por tanto, los mismos deberán suprimirse de la versión pública de todos los acuerdos y resoluciones emitidos en este expediente. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y cúmplase.

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