Verónica Muñoz Negrete

Expediente 228/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
228/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Verónica Muñoz Negrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de ***, quien se ostenta como abogado de la persona moral denominada ***, mediante el cual solicita copia de todo lo actuado en el juicio en que se actúa; al respecto, no ha lugar a proveer de conformidad con lo solicitado, toda vez que revisadas que fueron los autos que integran el presente expediente, se advierte que el ocursante, ni la persona moral que afirma lo designó como abogado, son parte dentro del presente juicio.

  2. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo. IV. Devolución de documentos a la parte quejosa. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con el escrito inicial de demanda, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recibirlos dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así lo establecen los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual, Téngase por recibido el oficio del Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, remite las constancias certificadas que le fueron solicitadas; al respecto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y, por ende, sin efectos el apercibimiento contenido en dicho proveído. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento por cesación de efectos. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, su anexo y, de la constancias remitidas por el Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, se advierte que por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la aquí quejosa el quince de febrero de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 1928/2017 por el compareció a contestar demanda, es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que se entiende por cesación de efectos cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubieran hecho, y con ello, se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la ley de la materia. En el caso, la parte quejosa reclama la falta de proveído del escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 1928/2017 del índice del Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Ahora, por auto de veintiuno de seis de marzo de dos mil dieciocho, se previno a la parte quejosa para efecto de que narrara de forma sucinta los antecedentes del acto reclamado, así como de que precisara el mismo. De igual forma, se solicitó a la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, afecto de que informara si proveyó el escrito respecto del cual la quejosa se duele de falta de proveído y, al efecto, remitiera copia certificada del auto que en su caso hubiera recaído, la cual fue allegada mediante el oficio de cuenta. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en su artículo 2?, se advierte que en el expediente 1928/2017, del índice de la citada autoridad, con fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo que en lo que interesa reza: ".Zapopan, Jalisco, a 07 siete de marzo del año 2018 dos mil dieciocho. Por recibido el escrito presentado por Verónica Muñoz Negrete, en su carácter de parte demandada, el día 15 quince de febrero curso (sic) en la Oficialía de Partes de este Juzgado, visto su contenido, se le tiene en tiempo y forma, produciendo su contestación a la demanda instaurada en su contra y por opuestas las excepciones y defensas que de su escrito se desprenden, las cuales serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 268, 273 del Enjuiciamiento Civil del Estado." Por tanto, a la fecha en que se actúa han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" Sin que resulte necesario esperar a que cumpla la parte quejosa la prevención realizada en proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, así como a fin de que pudiera desvirtuar la causal de improcedencia que se estima aquí se actualiza, toda vez que ésta es manifiesta e indudable y a nada práctico llevaría esperar a que cumpliera. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, pues la omisión que reclama ha cesado sus efectos. Lo anterior, tiene sustento en la tesis de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE. El artículo citado establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de tres días con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga cuando, de oficio, se advierta actualizada alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley Amparo no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Sin embargo, dicho supuesto no se produce si el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa de improcedencia advertida de oficio, por actualizarse de forma manifiesta e indudable; por ende, aunque se le concediera la vista, ello no le beneficiaría, pues se retrasaría en su perjuicio la solución definitiva del asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita, toda vez que él no podría desvirtuar la causa de improcedencia destacada, si de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte, de manera patente, su existencia; de ahí que sea innecesario darle vista al quejoso por no traerle beneficio alguno" III. Reserva. Téngase por recibido el escrito de la quejosa Verónica Muños Negrete, mediante el cual, en atención a la prevención contenida en proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, realiza ampliación a los antecedentes del acto reclamado en los términos que le fueron solicitados; en ese orden se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto quede firme la presente resolución, o bien, se resuelva en definitiva el recurso que en su caso presente en contra de ésta determinación.

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