Verónica Hernández Salcedo
Expediente 1054/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2018
Partes del expediente
- Verónica Hernández Salcedo
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de garantías. Se ponen a disposición de la parte quejosa por el plazo de tres días, las copias de traslado de la demanda que exhibió anexas al presente juicio, en el entendido que de ser omisa en presentarse a recibirlas en el lapso indicado, se le tendrá por desinteresada en su conservación y se destruirán. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
aviso. por este medio de lista se notifica a la quejosa el auto que dice:; En Zapopan, Jalisco, nueve de octubre de dos mil dieciocho, Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, doy cuenta al juez con la demanda de amparo promovida por Verónica Hernández Salcedo, registrada con el número de orden 15479. Doy fe. El secretario. Zapopan, Jalisco, nueve de octubre de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Verónica Hernández Salcedo, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1054/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento, no es la última resolución en la etapa de remate. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" el anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo , establece que el juicio de garantías es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido éste; que será procedente tratándose de actos después de concluido el juicio, en los procedimientos de remate siempre y cuando sea la última resolución, siendo la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no tenga las características antes descrita y, entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII , de la ley en cita. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Se llega a esta determinación, tomando en consideración que de los preceptos legales transcritos, se advierte que, en el procedimiento de remate, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la última resolución, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Así, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de remate, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la citada resolución, que es la culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías. Debe precisarse que los actos jurisdiccionales ejecutados fuera de juicio son aquéllos que se llevan a cabo antes de la presentación de la demanda y que ayuden a preparar la acción que haya de intentarse; en cambio, los actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva o el auto que eleva el juicio a categoría de sentencia ejecutoriada, tales como los que se llevan a cabo para la ejecución de la sentencia. Las reglas de procedencia previstas en la fracción IV del artículo 107 antes citado, son aplicables a las partes en el juicio de origen, sin que se entienda en los términos restringidos del actor y al demandado, sino que tienen ese carácter los terceros que sean llamados a juicio, o los acreedores diversos al actor que sean llamados a comparecer en el procedimiento de ejecución, pues al haber sido incorporados al procedimiento de que se trate, están en aptitud de promover los recursos y medios de defensa que la ley aplicable disponga a su favor y defender sus derechos, por lo que no deben considerarse terceros extraños, de ahí que el juicio de amparo que promuevan debe sujetarse a las reglas en comento. Ahora, como acto reclamado se señala la resolución de doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente 943/2007 del índice del Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante la cual desestimó el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en el que se le desechó por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que, a su vez, promovió contra la falta de notificación del diverso proveído de veintisiete de junio del referido año, por el cual se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de emisión de dictamen valorativo del bien inmueble sujeto a subasta pública. De ahí que si el acto en estudio, no es de aquellos en los que se esté ordenando el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, es incuestionable que son actuaciones intermedias en el aludido procedimiento, por lo que, de ello, deviene la improcedencia de su demanda de garantías. Por consiguiente, el acto que aquí se impugna no se ubica en los casos de procedencia del amparo indirecto previstos por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, del cuerpo legal en consulta; lo que actualiza la causa de improcedencia invocada y hace procedente desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la norma en cita. Cobra aplicación al caso el criterio de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" Y la diversa: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial" También son aplicables las siguientes tesis: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE. EL AUTO QUE LO DESECHA, NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva se ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional " "ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO LO ES EL FALLO QUE APRUEBA O REPRUEBA EL REMATE. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia el amparo procede en dos supuestos: el primero, previsto en el párrafo segundo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y el segundo, contenido en el párrafo tercero, tratándose de remates contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Sin embargo, no debe confundirse la "última resolución" con la "resolución definitiva" a las que se refiere el precepto citado, ya que si bien ambas son pronunciadas en el periodo de ejecución de sentencia, la mencionada "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo definitivo, o se declara la imposibilidad para darle cumplimiento, como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 26 publicada en la página 20 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO."; en cambio, la "resolución definitiva" en la que se hubiere aprobado o no el remate decide un procedimiento específico de significativa importancia dentro del propio periodo de ejecución, con lo que, según sea el caso, se pudiera dar cumplimiento a la totalidad de lo condenado o sólo a parte de ello, ya que puede acontecer que además de la condena a pagar cierta cantidad de dinero, el reo se encuentre obligado a hacer determinados actos, por ejemplo, en un juicio de rescisión o terminación de arrendamiento, además de pagar las pensiones rentísticas, también tendrá que entregar la finca materia de tal contrato; al cumplimentarse el fallo dictado en un juicio hipotecario se procederá a escriturar a favor del adjudicatario el inmueble rematado, así como a la entrega voluntaria o forzosa de la posesión; también pudiera suceder que dentro del procedimiento de ejecución existieran varios remates, si el primero de ellos no fuera suficiente para cubrir la condena, de donde deriva que según lo sentenciado será el trámite a efectuar en el procedimiento de ejecución que se lleve a cabo para cumplimentar la resolución definitiva, en el que pudiera existir o no la subasta de bienes." Cabe destacar que en el caso tampoco se actualiza el supuesto excepcional de procedencia del amparo en términos del artículo 107, fracción V, de la citada ley, aplicado analógicamente, por actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional que afecten derechos sustantivos. En efecto, la procedencia del juicio de amparo respecto de actos emitidos después de concluido que no constituyan la última resolución, está condicionada a que éstos sean de imposible reparación (por afectar derechos sustantivos) y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural. Así fue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" Para mayor claridad, de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 215/2009, que dio origen a la jurisprudencia anteriormente citada se desprende que el alto tribunal consideró dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto aplicables para los actos emitidos después de concluido el juicio, a saber: 1. Si los actos carecen de autonomía propia y tienen como fin la ejecución de la sentencia, se aplica la regla genérica del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción IV, de la norma vigente), la cual dispone que en contra de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Esto independientemente que afecten derechos sustantivos, ya que bastaría con que se hiciera valer que se trata de un acto de imposible reparación para que con ello se admitiera la procedencia de todos los juicios, pasando por alto el fin que tuvo el legislador de que no se abusara del juicio de amparo, deteniendo y alargando el cumplimiento de la cosa juzgada. 2. Si los actos tienen autonomía propia y no necesariamente tienen como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia, por excepción y analogía, procede el amparo de acuerdo con la fracción V, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción V, del cuerpo legal vigente). Así, las condiciones para la aplicación del supuesto de procedencia del amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, son: a) Que los actos sean de imposible reparación, porque afecten inmediatamente derechos sustantivos. b) Que los actos no tengan una relación directa con la ejecución de lo condenado o que no tengan como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia. Así, en el caso, no se reúnen las dos condiciones para que sea aplicada la excepción prevista en el artículo 107, fracción V, de la ley invocada, habida cuenta que, de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de mérito, se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal estimó que ello ocurre cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable; y, en el caso, el acto que se reclama tiene relación con la ejecución de sentencia, pues al desestimar el recurso de revocación interpuesto por la ahora quejosa, su consecuencia únicamente sería continuar con la prosecución de la etapa de remate hasta llegar al otorgamiento de la escritura de adjudicación o a la entrega del bien rematado. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: Verónica Hernández Salcedo. a. Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio procesal el indicado en su escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Alberto Ávila Salcedo, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, asistido por Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario que autoriza y da fe. L´HHOA/isra El juez. El secretario.
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