Verónica Licet Ramos Zepeda
Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Verónica Licet Ramos Zepeda
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ... ; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve ******; contra actos del Juez Primero al Cuarenta y Cuatro de Proceso Oral así como del Primero al Setenta y Cinco, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, sus Actuarios y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 993/2022. Tramítese en su versión física y electrónica, observando el artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la quejosa reclama una orden de lanzamiento respecto del inmueble ubicado en el ****** DE ESTA CIUDAD, que aduce poseer. III. El presente juicio es improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral transcrito, instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro u otros preceptos legales que determinen la improcedencia del juicio en un caso concreto. Así, resulta indispensable precisar que la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; [.]" En efecto, la fracción I del artículo 103 Constitucional, establece la facultad de los tribunales federales para conocer y resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que transgredan los derechos humanos reconocidos otorgados para su protección, por la Constitución, así como los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Amparo, fracción I, estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos otorgados para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En suma, el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que se inicia por el gobernado, contra leyes o actos de autoridad, por considerar una transgresión a sus derechos humanos, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103, 107 de la Constitución Federal, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. En ese orden, la parte quejosa, reclama una orden de lanzamiento supuestamente emitida en su contra, respecto de un inmueble que aduce tener la posesión, empero, no le consta en forma directa la intervención de una autoridad. Partiendo de la base jurídica expuesta, es oportuno puntualizar que la demanda de amparo constituye un todo, y debe analizarse en su integridad para determinar lo conducente respecto de su procedencia o improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 744, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 501 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. Tomando en consideración que la demanda de garantías constituye un todo, es incuestionable que el a quo está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se señalen como reclamados, ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el juez de Distrito deja de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa de los actos reclamados." En efecto, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la peticionaria de amparo manifiesta lo siguiente: "3.- MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI INFORMADA POR TERCERAS PERSONAS QUE CON FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022. SIENDO APROXIMADAMENTE ENTRE LAS 07:00 Y LAS 07:30 HORAS SE PRESENTO EN MI DOMICILIO, UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUIEN DIJO SER SECRETARIA ACTUARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SIN ESPECIFICAR O PROPORCIONAR DE QUE JUZGADO LO ERA, NI EL NUMERO DE EXPEDIENTE EN QUE ACTUABA Y DIJO QUE TENIA UNA ORDEN DE LANZAMIENTO Y/O DESALOJO YIO DESOCUPACIÓN EN CONTRA DE LA SUSCRITA, PARA ENTREGARA EL INMUEBLE ANTES MENCIONADO, DICIENDOME QUE S! NO LO HACIA QUE IBA A REGRESAR CON EL AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA Y ROMPIMIENTO DE CERRADURAS PARA CUMPLIR CON DICHA ORDEN EMITIDA EN UN EXPEDIENTE DEL CUAL NO QUISO DAR SU NUMERO NI OTROS DATOS YA QUE SE HABIA TRAMITADO UN JUICIO CIVIL. Y QUE LA SUSCRITA HABIA PERDIDO [.] " Los hechos narrados en la demanda, en términos de los artículos 95, 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al ordinal 2° de la Ley de Amparo, constituyen una confesión contra el propio promovente. Orienta a lo anterior, la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 857 del tomo XII, Materia Común, Diciembre 1993, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Así, de lo esgrimido por la accionante de amparo, se advierte que funda su demanda en una supuesta orden de lanzamiento del inmueble que posee, lo cual se hizo de su conocimiento por medio de terceras personas, y no propiamente por conducto de algún medio legal; de tal suerte que el reclamo no es atribuible a una autoridad, ni se ha materializado, por lo que no existe certeza de la intervención de un juzgado o ser autoridad proveniente de algún otro órgano público, pues los datos con los que cuenta, son únicamente afirmaciones que terceros le refirieron. Por tanto, es inconcuso que no hay un acto de realización inminente en contra de la peticionaria de amparo, por parte de una autoridad jurisdiccional; pues el que por terceros se enterara que supuestamente hay una orden en perjuicio del bien que dice poseer, no puede considerarse, ni presuntivamente, como un acto de autoridad en su contra. Lo anterior es así, ya que, por una parte, no reclama un acto concreto de autoridad, sino lo establece de manera especulativa; y, por otra, no se advierten hechos que estén efectivamente dirigidos a afectar su esfera jurídica; por el contrario, funda su reclamo en el aviso de terceras personas y no en un acontecimiento determinado que pueda directamente vincular a una autoridad. En ese contexto, debe decirse a la peticionaria que, la facultad para accionar el amparo, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 1° de la Ley de Amparo, le corresponde a aquella persona que resulta o pudiera resultar afectada con la emisión de una ley, su aplicación o bien la emisión, de algún acto de autoridad; lo que en el caso no acontece, pues como la quejosa manifiesta, se enteró por terceros, es decir, en ningún momento se ha enterado, por medio de una autoridad, de la existencia de un proceso en su contra, por lo que no puede decirse que exista un acto concreto, y que le conste de modo directo. En otras palabras, para que este órgano jurisdiccional se encontrara en aptitud de admitir la demanda, sin duda es necesario que exista algún acto de autoridad que hubiera determinado, en el ámbito de sus atribuciones, alguna resolución que pudiera resultar transgresora de sus derechos humanos; lo que se reitera, en la especie no ocurre, habida cuenta que la quejosa acciona en esta vía a partir del dicho de terceros. Sin que lo anterior implique prejuzgar sobre oportunidad para instar un proceso constitucional posiblemente cuando cuente con elementos mínimos para determinar si efectivamente hay un juicio en su contra, ante qué autoridad está tramitándose y los datos que le consten directamente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia con registro 232192, de la Séptima Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Primera Parte, página 135, en Materia Común, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Consecuentemente, al no haber un acto de autoridad real e inminente que afecte los derechos sustantivos de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia; por lo que lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Al respecto se cita la tesis con número de registro 230866, de la Octava Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 56, en Materia Administrativa, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. " Así como la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Primera Parte, Séptima Época, registro 232376, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." De igual forma, se cita la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 43, Séptima Parte, Séptima Época, registro 24607, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a quienes refiere. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ******; contra actos del Juez Primero al Cuarenta y Cuatro de Proceso Oral así como del Primero al Setenta y Cinco, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, sus Actuarios y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE".
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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