Verónica Ivett Vazquez Pereda
Expediente 127/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Verónica Ivett Vazquez Pereda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Por recibido el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; en atención a su contenido y como lo solicita, remítanse las constancias que refiere, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el término de tres días que concede el artículo 88 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa exhibiera las copias requeridas a efecto de substanciar el recurso de revisión interpuesto, por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de julio del año en curso y se tiene por no interpuesto el medio de impugnación en comento. Ahora bien, con fundamento en los ordinales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación y ocurso de cuenta, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, exhiba tres juegos de copias idénticos en todas sus partes con el escrito original de agravios, pues son necesarios para correr traslado a las partes, esto es, dos para los Agentes del Ministerio Público de la Federación (el de la adscripción y el de la superioridad), dos para las autoridades responsables, una para la parte tercera interesada y una para agregar al presente expediente. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado en líneas que preceden, con apoyo en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se tendrá por no interpuesto el aludido recurso de revisión. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para notificar en forma personal a la parte quejosa de la sentencia engrosada el trece de junio de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL TRECE DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD. SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 127/2022, promovido por ..., por propio derecho; contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintiuno de febrero posterior, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se apersonó la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, que no acordó favorable la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de ejecución de convenio y liquidación de intereses ordinarios y moratorios en ejecución de convenio, en el juicio especial hipotecario ... . TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se dictó interlocutoria en el incidente de ejecución de convenio y liquidación de intereses ordinarios y moratorios derivado del juicio especial hipotecario promovido por ... en contra de ... . II. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró firme la interlocutoria. III. El trece de enero de dos mil veintidós, la quejosa interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria aludida; a lo que le recayó el auto de veintiuno de ese mes y año, donde se desechó por extemporáneo. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 Constitucionales, en razón de que: a) La sentencia dictada en el incidente de ejecución de convenio y liquidación de intereses ordinario y moratorios en ejecución no se funda ni motiva, pues no tomó en cuenta los pagos realizados. b) Se busca establecer en cantidad precisa y líquida una condena sin analizar el fondo de la instrumental de actuaciones. Aunado a que no puede coartarse el derecho para ofrecer las pruebas que estime necesarias para desacreditar los hechos materia del incidente, es así, puesto que la quejosa ofreció las probanzas pertinentes para cuantificar o rebatir la misma, las que se anunciaron desde el escrito de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, marcadas como 1, 2 y 4, sin que fueran admitidas ni valoradas al emitir la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. c) En determinación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la prueba consistente en el informe de ..., pues incluso exhibí el acuse y no se le otorgó término para que lo presentara. Asimismo, se presentó la apelación contra el desechamiento de la probanza, no obstante, la autoridad le indicó a la quejosa que se desistiera de la apelación, pues ya se había regularizado en la vía incidental. d) Sin causa justa se desecharon todas las pruebas ofrecidas en el escrito de contestación, por lo que se debe obligar a la responsable admita a trámite el recurso de apelación, toda vez que no se le ha notificado la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Las manifestaciones sintetizadas en los incisos b) y d) son inoperantes, como se verá a continuación. En términos generales, los conceptos de violación resultan inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Los conceptos de violación formulados en una demanda de amparo, cuando no atacan las consideraciones que dieron lugar a la determinación que se tilda de inconstitucional son inoperantes, puesto que deben estar orientados a desvirtuar las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.C, J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 621, del Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." También, sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 460, del Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. Cuando no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, y que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inoperantes, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos." Ahora bien, de la confrontación de los conceptos de violación con el contenido de la resolución reclamada, claramente, se advierte, que no se controvierten las consideraciones que la sustentan, pues en ella se le indicó que la improcedencia del recurso interpuesto fue el que lo presentara fuera del tiempo otorgado por la ley, e incluso precisó que en un diverso auto había declarado su firmeza, como se advierte de lo siguiente: "En la Ciudad de México, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. A sus autos el escrito de ..., parte demandada (.). Y en cuanto al recurso que pretende interponer, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad debiendo estarse a constancias de autos y en especial a la certificación de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que el escrito que se provee resulta extemporáneo, amén que en el auto de esa misma (sic) fecha se declaró firme a la sentencia interlocutora de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno." De lo anterior, se aprecia que con los motivos de inconformidad en estudio no se combaten esas consideraciones de la resolución reclamada. Esto es así, ya que la parte quejosa sólo se concretó a expresar que no se analizaron diversas pruebas en la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, así como lo relativo a las probanzas que no le fueron admitidas durante el trámite de la incidencia y que por ello se debe ordenar la admisión del recurso interpuesto. Cuando, en el caso, debió argumentar frontalmente porqué no fue constitucional el que se declarara firme la resolución aludida, así como que su recurso sí fue interpuesto en tiempo, conforme lo dispuesto en la legislación aplicable, así como exponer las razones por las que se debe considerar oportuna la impugnación de la determinación indicada. Por lo anterior, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. De ahí lo inoperante de los conceptos de violación. En diverso aspecto, las manifestaciones sintetizadas en los incisos a) y c) son inoperantes, en razón de que están orientados a combatir actos distintos al reclamado en el juicio en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia IV. 2o. 66 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO SUS ARGUMENTOS SE DIRIGEN A COMBATIR UN ACTO DISTINTO AL RECLAMADO. Si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que, además de desechar el recurso de reclamación, le reitera al promovente que no es legalmente factible la admisión de diversas pruebas en virtud de que, mediante distinto acuerdo, se tuvo por no presentada la demanda fiscal de nulidad, y esta última determinación no fue reclamada en el juicio de amparo, los conceptos de violación que se dirigen a cuestionar la legalidad de la decisión de tener por no presentada la demanda deben considerarse inoperantes, precisamente por no estar relacionados con el acto reclamado." Lo anterior es así, en razón de que la parte accionante de amparo en los conceptos de violación en estudio impugna la falta de valoración de medios de prueba en la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, así como la inadmisión de probanzas en la determinación de treinta de septiembre de ese año, sobre la que indica interpuso recurso, pero se desistió de él por haberle informado la autoridad que se regularizaría el procedimiento incidental. Mientras que, en este juicio de amparo, el acto reclamado es el auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós dictado en el juicio especial hipotecario de origen, donde se desechó el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que resolvió el incidente de ejecución de convenio y liquidación de intereses ordinarios y moratorios. Por lo que, es evidente la ineficacia de dichas alegaciones para demostrar su ilegalidad, en tanto que con éstos no se atacan sus consideraciones, esto es, los motivos por los cuales no era procedente desechar el recurso; puesto que, como se vio, lo que combate es la omisión del juez responsable de pronunciarse sobre pruebas en una interlocutoria, así como el desechamiento de probanzas en la determinación donde se citó a las partes para que oyeran sentencia; lo que no es dable revisar ya que esas decisiones no constituyen el acto reclamado. No es obstáculo para el sentido de esta sentencia, el hecho de que citara el criterio I.4o.C.184 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "PRUEBAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SE DEBE RECURRIR A LA REGLA DE LOS INCIDENTES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1353 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LIQUIDACIÓN DE INTERESES." en razón de que, como se explicó, el acto reclamado no versa sobre el desechamiento de pruebas, sino sobre la oportunidad de impugnar una interlocutoria en la etapa de ejecución, por lo que no le beneficia a sus consideraciones, además de que al ser una tesis aislada, no es de observancia obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado, sin que este resolutor proceda a suplir la deficiencia de la queja, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy trece de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
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