Verónica Herrera Cano
Expediente 499/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Verónica Herrera Cano
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto para resolver, el juicio de amparo **********/2020-IV, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda y declinación de competencia legal. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Verónica Herrera Cano, promovió demanda de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: IV.- ACTO RECLAMADO.- A.- Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: 1. Los Artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150, fracción II, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativo y retroactivo, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios de transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley abrogada. La cual fue aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, artículos que establecen en el mismo orden lo siguiente: (.) 2. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente: (.) B.- Del GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: La publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se encuentra en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 de fecha 21 de marzo de 2020, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación. Demanda que fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, donde se registró con el número de juicio de amparo 134/2020 y en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Titular de aquél órgano jurisdiccional, declinó su competencia legal para conocer de este asunto, al Juez de Distrito en turno con residencia en esta ciudad. Segundo. Derechos que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos vulnerados en su contra, los previstos en los artículos 1º, 13, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aceptación de competencia y de demanda. El oficio 939/2020, signado con firma electrónica por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, que contiene el mencionado auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, así como la demanda de referencia, fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Juárez, el dos de octubre de dos mil veinte, donde se turnó a este Juzgado. En este Juzgado, previo cumplimiento de una prevención, en auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Vista para ampliar demanda. En auto de veintisiete de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que, sí así convenía a sus intereses, ampliara su demanda de amparo, señalando como acto reclamado, del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, la promulgación del Decreto reclamado; sin embargo, en auto de veintidós de junio del mismo año, se determinó que, debido a que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo en el sentido indicado, este asunto se continuaría tramitando y se resolvería conforme a la demanda inicial. Quinto. Audiencia constitucional. Una vez integrado este juicio de amparo, se llevó a cabo la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un actos emitidos dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las constancias que integran el presente asunto, se determina que la parte quejosa reclamó: Del Congreso del Estado de Chihuahua: El Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, específicamente sus artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108, fracción IX, 109, 120 y 150, fracción II y su artículo quinto transitorio. Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua: La publicación de dicho Decreto, en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil veinte. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en sus informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman, consistentes en la expedición y publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., que contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, específicamente sus artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108, fracción IX, 109, 120 y 150, fracción II y su artículo quinto transitorio. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Cuarto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la publicación del Decreto impugnado Respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional de Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del Decreto tildado de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la quejosa reclama de la citada autoridad responsable, la publicación del Decreto reclamado, descrito en el considerando segundo, que contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que culminó con la publicación de tal ordenamiento legal. De ahí que, en relación con la publicación del Decreto reclamado, atribuida al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del juicio de amparo por no haberse reclamado la promulgación del Decreto reclamado Este juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 108, fracción III, de la propia Ley, preceptos que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Conforme al primero de los numerales citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, además de las causales ahí descritas, por alguna otra causal que se derive de la propia Ley de la materia o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que, de acuerdo al segundo, cuando se impugnen normas generales, como en el caso, la parte quejosa debe señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación. Lo anterior, porque no puede desvincularse la expedición de la norma de su promulgación, en atención a que esos actos son indisociables, dada su naturaleza; esto, con base en que el proceso de formación de una ley, si bien es verdad que en su mayor parte se produce en el Poder Legislativo, también lo es que su promulgación a cargo del Ejecutivo lleva a considerar que ambos entes del Estado comulgan con su expedición -al no hacerse observaciones-; de ahí que cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley, deben señalarse como autoridades responsables al Congreso y al titular del Ejecutivo correspondientes pues, de lo contrario, se les dejaría en estado de indefensión, al no haber acudido a juicio en defensa de la constitucionalidad de la ley controvertida, a hacer valer sus derechos contra la admisión de la demanda, o bien, a exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente o para insistir sobre las mismas o nuevas causas de sobreseimiento. Así lo estimó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis VI.3o.A.13 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5110, materia Común, Décima Época, con registro digital 2019986, del rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. EL QUEJOSO DEBE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL CONGRESO Y AL TITULAR DEL EJECUTIVO CORRESPONDIENTES, PORQUE NO PUEDE DESVINCULARSE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMA DE SU PROMULGACIÓN. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que cuando se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación; no obstante, tratándose de leyes, también deberá indicar con ese carácter a los titulares de los órganos a quienes corresponda su expedición, porque no puede desvincularse la expedición de la norma de su promulgación, en atención a que esos actos son indisociables, dada su naturaleza. Se sostiene este aserto, con base en que el proceso de formación de una ley, si bien es verdad que en su mayor parte se produce en el Poder Legislativo, también lo es que su promulgación a cargo del Ejecutivo lleva a considerar que ambos entes del Estado comulgan con su expedición -al no hacerse observaciones-; de ahí que cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley, deben señalarse como autoridades responsables al Congreso y al titular del Ejecutivo correspondientes pues, de lo contrario, se les dejaría en estado de indefensión, al no haber acudido a juicio en defensa de la constitucionalidad de la ley controvertida, a hacer valer sus derechos contra la admisión de la demanda, o bien, a exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente o para insistir sobre las mismas o nuevas causas de sobreseimiento. Por tanto, si el quejoso omite señalar como responsables a cualquiera de las autoridades indicadas, el Juez de Distrito deberá requerirlo para que lo haga y, si incumple, se sobreseerá en el juicio. El subrayado es nuestro. Por lo tanto, al actualizarse la causales de improcedencia analizadas, lo procedente conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo, es sobreseer en este asunto, respecto a los actos reclamados precisados en el considerando segundo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Verónica Herrera Cano, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído uno de junio de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, **********, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el día de hoy, se encuentra programada la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad para celebrarla, ya que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para que, si así lo desea, amplié su demanda de amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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