Veronica Fatima González Scudiero
Expediente 576/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Veronica Fatima González Scudiero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de octubre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de siete de octubre de dos mil quince, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de octubre de dos mil quince. Visto para resolver el juicio de amparo 576/2015-II-2, promovido por ***************. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el catorce de agosto de dos mil quince y turnado a este órgano el mismo día, ***************, demandó el amparo y la protección del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien en esencia le reclamó la omisión de darle trámite a la demanda laboral presentada ante ese Tribunal el doce de junio de dos mil quince, sin que a la fecha de la presentación de la demanda se hubiera informado sobre la radicación de su pliego laboral; así como la omisión de tramitar dentro de los plazos establecidos en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 576/2015-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un actos provenientes de una autoridad jurisdiccional que realiza sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se realiza la fijación de los actos reclamados. Del análisis de la demanda y de las constancias que integran este juicio, se deduce que la impetrante reclama del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua: La omisión de la radicación de la demanda planteada, la cual fue presentada ante dicha autoridad el doce de junio de dos mil quince; La omisión de tramitar y resolver el juicio en los plazos establecidos en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal, aceptó la existencia del acto que fue atribuido a dicho Tribunal; y en apoyo a su informe remitió las copias certificadas, de los que se advierte que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (catorce de agosto de dos mil quince), aún no se notificaba a la parte quejosa el acuerdo de radicación de la demanda. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del juicio, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, de las documentales remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, así como las enviadas a solicitud de este Juzgado Federal se deduce la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la materia, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere esa porción normativa consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque; haga que cese; o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales y, por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, las copias certificadas enviadas por el Tribunal de Arbitraje Municipal, revelan lo siguientes antecedentes relevantes: El doce de junio de dos mil quince, *************** formuló demanda laboral contra el Municipio de Juárez, Chihuahua. Por acuerdo del mismo doce de junio, el Tribunal de Arbitraje Municipal requirió a la quejosa para que en un término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de dicho auto, señalará las funciones que desempeñaba en el Departamento en donde prestaba sus servicios y transcurrido el mismo, se llevaría a cabo el emplazamiento y/o notificación de dicho auto. La constancia de notificación a la parte actora, la cual se practicó el diecinueve de agosto del actual, esto es, con posterioridad a que se promovió este juicio de amparo. Por oficio recibido en este Juzgado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que la Responsable informó que la quejosa no desahogó el requerimiento que se le hizo, y por tanto procedió a llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada del auto de radicación, señalando las nueve horas con treinta minutos del veinticinco del citado mes y año, para la celebración de la audiencia de objeciones y calificación de pruebas. Mediante diverso oficio de veintiocho de septiembre de dos mil quince, la Responsable envió las constancia solicitadas, de las cuales se desprende la celebración de la audiencia de objeciones y calificación de pruebas. Esas documentales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues el Tribunal dio trámite a la demanda presentada por la quejosa ***************, contra Municipio de Juárez, Chihuahua, por auto de doce de junio de dos mil quince, mismo que le fue notificado a la quejosa el diecinueve de agosto del actual; asimismo, emplazó a la parte demandada; el veintisiete de agosto siguiente, tuvo por contestada la demanda y, por último, el veinticinco de septiembre, celebró la audiencia de objeciones y calificación de pruebas. En esta tesitura, se actualiza la causa de improcedencia de mérito respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la radicación de la demanda planteada en contra de Municipio de Ciudad Juárez, la cual fue presentada ante dicha autoridad el doce de junio de dos mil quince, cuenta habida que surgió una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, restituyendo a la amparista en el goce del derecho violado, exclusivamente en función del acto que se reclamó, es decir, sólo la omisión de radicar la demanda, pues la tutela constitucional únicamente debe entenderse que es aplicable dentro de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral y no a los subsecuentes, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en la tesis aislada 2ª.CV/2013 (10 a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley, respecto del acto consistente en la omisión de la radicación de la demanda planteada por la quejosa contra Municipio de Juárez. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sobre la base de las anteriores premisas, también deviene improcedente el juicio de amparo que se formula respecto del acto consistente en la omisión de tramitar y resolver el juicio en los plazos establecidos en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, porque en términos de la jurisprudencia antes citada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.". Ahora, en el criterio anotado, el Alto Tribunal no señaló, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS"; sin embargo, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Lo anterior, significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente de conformidad con lo establecido en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en vinculación con los diversos 215 y 228, todos de la Ley de Amparo; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados; de ahí que se impone sobreseer en el juicio también respecto del diverso acto reclamado consistente en la omisión de tramitar y resolver el juicio laboral en los plazos establecidos en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Es sustento de lo anterior, la tesis IX.1o.17 L (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 13, de Diciembre de 2014, Tomo I, materia común, página 835, del siguiente tenor: OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 576/2015-II-2, promovido por ***************, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil quince. Glósese a los autos el oficio y anexo enviado por parte de la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje del Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de veintiuno del actual, y remite las constancias que se le fueron solicitadas. Ahora bien, no obstante que la Responsable ha remitido diversas constancias del expediente 42/15, de su índice, se le requiere para que dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación envíe a este Juzgado todo lo actuado dentro del citado expediente, ello a fin de tener absoluta certeza sobre el trámite dado al escrito presentado por la parte quejosa, así como el estado procesal del juicio, y resolver conforme a derecho el presente asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibido que de no dar cumplimiento al auto inserto se le aplicará una multa por la cantidad de $7,010.00 (siete mil diez pesos, moneda nacional), que equivale a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo estatuido por el artículo 258 de la ley en consulta. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil quince. Glósese a los autos el oficio y anexo enviado por parte de la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje del Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de once del actual, y remite las constancias que se le fueron solicitadas, asimismo informa que la quejosa no desahogó el requerimiento que le formuló, y que señaló las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia de objeciones y calificación de pruebas, de lo cual toma conocimiento este Juzgado. Atento a lo anterior, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Municipio de Juárez, Chihuahua, para que informe oportunamente si se llevó a cabo la audiencia de objeciones y calificación de pruebas que fijó para el veinticinco de septiembre del año en curso, para lo cual deberá remitir las constancias que acrediten su dicho. Apercibido que de no dar cumplimiento al auto inserto se le aplicará una multa por la cantidad de $7,010.00 (siete mil diez pesos, moneda nacional), que equivale a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo estatuido por el artículo 258 de la ley en consulta. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.*
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